nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

Chillán, diecinueve de noviembre de dos mil veinticinco.- Vistos:

1°.- Que, comparece la abogada doña Linda Nataly Quintero Mogollon, actuando por sí y en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, y residente definitiva en Chile, e interpone recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., con el fin de que se restablezca el imperio del derecho y se ordene a la recurrida reconocer la validez de la documentación acompañada y dar curso a la solicitud de devolución de fondos previsionales.

Manifiesta la letrada que su representada, a pesar de tener residencia definitiva en el país, ha visto descontada parte de su remuneración, así como descontadas y enteradas sus cotizaciones previsionales, no obstante haber suscrito en su contrato de trabajo una cláusula de exención previsional acogiéndose a la Ley N° 18.156. Indica el recurrente que con fecha 04 de septiembre de 2025 ingresó la solicitud de retiro de fondos, acompañando la documentación exigida por la normativa vigente, como su contrato de trabajo, título profesional apostillado, cédula de identidad para extranjeros y el Certificado del sistema de seguridad social de su país.

Sostiene además que, la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A. notificó la "detención" de la solicitud el 29 de septiembre de 2025. El motivo de la detención fue que la Constancia Electrónica de Cotizaciones, emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) el 01 de septiembre de 2025, no permite acreditar la cobertura previsional para los riesgos de enfermedad, vejez, invalidez y muerte durante todo el periodo en que prestó servicios en Chile, y que, además, la constancia no señalaba que la cobertura por enfermedad comprendía prestaciones médicas y pecuniarias.

Expresa que, ante el reclamo ingresado ante la Superintendencia de Pensiones, la recurrida reiteró la exigencia de que la certificación del sistema de seguridad social correspondiente debe estar debidamente legalizada o apostillada, citando para ello los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Indica la abogada que la falta de apostilla o legalización se debe a una imposibilidad material por la ausencia de representación consular de Venezuela en el país, lo que constituye un caso fortuito, siendo además que el propio Sistema de Apostilla Electrónica de Venezuela no contempla la apostilla para este tipo de instrumento. Argumenta que la recurrente sigue afiliada al sistema de seguridad social venezolano (IVSS), lo que es verificable en línea, y que la constancia electrónica cumple con lo exigido en la Ley N° 18.156.

Finalmente, acusa que la detención de la solicitud constituye un acto arbitrario e ilegal al imponer trabas formales desproporcionadas y requisitos adicionales no previstos en la ley, lo que vulnera las garantías constitucionales de la igualdad ante la ley (Art. 19 N°2), el derecho de propiedad (Art. 19 N°24) y la garantía del Art. 19 N°26, impidiendo el ejercicio legítimo del dominio sobre sus fondos previsionales.

2°.- Que, informa el abogado don Daniel Santoni, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., solicitando el rechazo íntegro del recurso de protección con expresa condena en costas. Argumenta que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, sino que fue ideada para prestar amparo inmediato ante derechos preexistentes e indubitados.

Manifiesta el letrado que la Administradora no ha actuado de forma arbitraria ni ilegal, sino que ha dado estricto cumplimiento a la Ley N°18.156 y a la normativa del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones (SP).

Sostiene además que la recurrida, en efecto, rechazó la solicitud de devolución de fondos en calidad de técnico extranjero, ya que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encuentra vencida de acuerdo a las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones.

Expresa que, conforme a la sistemática jurisprudencia administrativa de la SP, las certificaciones electrónicas emitidas por el IVSS que no hayan sido legalizadas o apostilladas no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) de la Ley N° 18.156.

Indica además la recurrida que el documento presentado no señala las coberturas con que cuenta el afiliado ni permite inferir un determinado periodo de cobertura, pues se limita a mencionar de forma genérica las prestaciones que otorga el sistema previsional venezolano.

Argumenta el abogado que el destino de los fondos en la cuenta de capitalización individual es financiar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, conforme al Decreto Ley N° 3.500, siendo la Ley N° 18.156 una norma de carácter excepcionalísima que exige el cumplimiento copulativo y riguroso de sus requisitos.

Finalmente, concluye que no existe un acto ilegal o arbitrario, puesto que la negativa a la devolución responde a la aplicación de la legislación vigente y los criterios técnicos de la SP, existiendo en la especie un derecho controvertido, lo que torna improcedente la acción de protección para su solución.

3°.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

4°.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, para la adecuada resolución del presente arbitrio, resulta necesario tener presente que la recurrente alega, en síntesis, que la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A. actuó de manera ilegal y arbitraria al detener su solicitud de devolución de fondos, imponiendo requisitos no establecidos en la Ley N° 18.156 (apostilla y acreditación de cobertura específica) que son de cumplimiento imposible, conculcando su derecho de propiedad sobre dichos montos. Por su parte, la recurrida argumenta que su actuar se ajusta a la Ley N°18.156 y a la jurisprudencia administrativa y criterios técnicos de la Superintendencia de Pensiones, y que la controversia suscitada por la falta de acreditación fehaciente de los requisitos legales hace que el derecho no sea indubitado, resultando la acción de protección improcedente.

7°.- Que, analizado los antecedentes y argumentos planteados por las partes, la acción constitucional impetrada no puede prosperar. Si bien la recurrente invoca la vulneración a sus garantías constitucionales y en particular su derecho de propiedad sobre los fondos previsionales, el núcleo de la discusión radica en el estricto cumplimiento de los requisitos establecidos en una norma de carácter excepcionalísimo, como es la Ley N°18.156, y la valoración y suficiencia probatoria de la documentación extranjera presentada para acreditar la cobertura previsional, lo que claramente implica que se está ante la presencia y discusión de derechos controvertidos y no de derechos indubitados, siendo esto último lo exigible para conocer y eventualmente acoger dicho arbitrio constitucional.

8°.- Que, en efecto, al examinar los antecedentes aportados por las partes, se colige que el Administradora de Fondos de Pensiones fundamenta su negativa en criterios técnicos de la Superintendencia de Pensiones, que exigen que la certificación de afiliación a un sistema previsional extranjero cumpla con formalidades específicas de legalización o apostilla, además de consignar fehacientemente la cobertura de los cuatro riesgos requeridos por la ley. La recurrida sostiene, con sustento en dicha jurisprudencia administrativa, que la documentación aportada no permite acreditar la existencia de un derecho indubitado al retiro de los fondos, toda vez que se discute el cumplimiento formal y material de las exigencias probatorias.

9°.- Que, la existencia de criterios técnicos y de jurisprudencia administrativa y judicial que sustentan la posición de la Administradora recurrida, aunque sean controvertidos por la parte recurrente en cuanto a su aplicación o interpretación, transforma la materia en una controversia de carácter legal y no en un derecho indubitado que requiera la tutela urgente que esta vía constitucional proporciona. El recurso de protección no constituye una instancia de declaración de derechos, sino de protección de aquellos que, siendo preexistentes e incuestionables, se ven amenazados, perturbados o privados.

10°.- Que, en atención a que la contienda versa sobre el cumplimiento estricto y la valoración de la prueba de requisitos exigidos por una ley especial (N°18.156), la disputa se torna en un asunto propio de un juicio de fondo, donde las partes pueden esgrimir con amplitud sus alegaciones y rendir la prueba necesaria para dilucidar la controversia, lo que excede con creces la finalidad y el ámbito de esta acción constitucional.

11°.- Que, consecuentemente, al no configurarse en la especie un acto u omisión manifiestamente ilegal o arbitrario, toda vez que la recurrida actúa en virtud de una interpretación legal sustentada en la normativa y criterios técnicos emitidos por la autoridad competente (Superintendencia de Pensiones), el presente recurso no cumple con los requisitos necesarios para prosperar y deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por la abogada doña Linda Nataly Quintero Mogollon, en representación de doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Fabián Huepe Artigas, quien no firma por no haber integrado sala el día de hoy.

R.I.C. N°771-2025 -PROTECCIÓN.