Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

Chillán, uno de diciembre de dos mil veinticinco.

Visto: 1°.- Que comparece doña Carola Cifuentes Saldaña, abogada, en representación de doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) por actos que califica como ilegales y arbitrarios.

Expone que la recurrente trabaja en un Pronto Copec, con turnos rotativos, y padece episodio depresivo moderado y trastorno de estrés postraumático asociado a violencia intrafamiliar, lo que le genera crisis de pánico e ideación suicida. Indica que recibe tratamiento en el Programa de Salud Mental del CESFAM Michelle Bachelet, con controles médicos, psicológicos y de trabajador social, junto con prescripciones de Sertralina, Quetiapina y Clonazepam, medicamentos cuyos efectos secundarios dificultan su capacidad para trabajar.

Señala que el rechazo de licencias por COMPIN y SUSESO mediante Resolución Exenta N.º NUM000 de 03 de septiembre de 2025, que comprende las licencias médicas N.º NUM001, NUM002, NUM003 y NUM004, la ha dejado sin ingresos, obligándola a endeudarse para sostenerse junto a su hija menor, afectando gravemente su salud física y emocional. Relata que además fue sometida a cirugía por síndrome del túnel carpiano, cuyas licencias traumatológicas sí fueron autorizadas, pero no así las licencias psiquiátricas objeto del recurso.

Afirma que la Caja de Compensación Los Andes no ha pagado el subsidio por las licencias autorizadas debido a lagunas previsionales generadas justamente por los rechazos previos de licencias psiquiátricas. Acompaña certificados de AFP, Fonasa y Caja Los Andes, en que se acredita la existencia de lagunas entre noviembre de 2024 y junio de 2025.

Respecto del acto recurrido, transcribe el contenido de la resolución impugnada, en la cual SUSESO indica que el reposo no está justificado, que no existen antecedentes clínicos suficientes ni evaluación por especialista en psiquiatría, y que los tratamientos no muestran ajustes progresivos. La recurrente sostiene que esto es incorrecto, pues acompañó informes médicos, psicológicos y sociales que describen diagnóstico, tratamiento, evolución, sintomatología, objetivos terapéuticos y limitaciones funcionales.

Alega que la resolución carece de debida fundamentación, incumpliendo los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880 y el artículo 21 del Decreto Supremo N.º 3, ya que la autoridad no ordenó diligencias complementarias —como peritaje médico o requerimiento de antecedentes adicionales— a fin de resolver fundadamente.

Indica que el acto recurrido vulnera las garantías constitucionales de los artículos 19 N.º 1 (vida e integridad física y psíquica), N.º 2 (igualdad ante la ley), N.º 3 (igual protección e igual aplicación de la ley), N.º 9 (protección de la salud), N.º 18 (seguridad social) y N.º 24 (propiedad), por cuanto se le niega acceso al subsidio por incapacidad laboral, afectando su subsistencia y su derecho a las prestaciones de seguridad social.

Solicita acoger el recurso, declarar que el acto impugnado es ilegal y arbitrario, ordenar a la recurrida autorizar las licencias médicas cuestionadas y disponer el pago inmediato de subsidio y cotizaciones, además de cualquier otra medida necesaria para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la recurrente, con costas. 2°- Que comparece doña Romina Andrea Ugalde Rañileo, abogada, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando en primer término que se declare la improcedencia del recurso de protección, por cuanto la materia dice relación con el derecho a la seguridad social del artículo 19 N.º 18, garantía que no se encuentra amparada por la acción cautelar del artículo 20 de la Constitución. Señala que la autorización o rechazo de licencias médicas, así como el pago del subsidio por incapacidad laboral, son materias propias del sistema de seguridad social, expresamente excluidas del ámbito del recurso de protección.

Subsidiariamente, informa sobre el fondo del asunto. Explica detalladamente el marco jurídico aplicable a las licencias médicas, citando el DFL N.º 1 de 2005 del Ministerio de Salud, el DS N.º 3 de 1984, el DFL N.º 44/78 y normativa asociada. Sostiene que la licencia médica es un derecho temporal destinado a permitir la recuperación del trabajador, y que su autorización debe ajustarse a parámetros técnico-médicos establecidos en la normativa.

Indica que la Sra. nombre reservado reclamó ante SUSESO luego de que COMPIN rechazara cuatro licencias psiquiátricas de enero de 2025 por reposo no justificado. Expone que mediante Resolución Exenta NUM000, SUSESO confirmó el rechazo, tras concluir -conforme a informes médicos internos- que los antecedentes no acreditan incapacidad laboral más allá de los 148 días ya autorizados, que no existe evaluación por psiquiatría adulta, que no se describen ajustes terapéuticos ni disfuncionalidad relevante, y que informes psicológicos no cumplen requisitos técnicos establecidos en las guías clínicas referenciales.

Acompaña transcripción de informes médicos internos, detallando diagnósticos, tratamientos, ausencia de atención GES, falta de escalas funcionales (GAF/FPA), uso de antidepresivos de primera línea sin ajustes, falta de interconsultas y ausencia de psicoterapia estructurada. Indica que la paciente ya recibió reposo prolongado (más de 148 días) por la misma patología psiquiátrica, y que no se acredita una mejoría esperable con reposo adicional.

Señala que los antecedentes clínicos no cumplen con los requisitos de las guías para licencias psiquiátricas prolongadas, y que la resolución impugnada es plenamente concordante con el procedimiento legal y técnico. Expone además las facultades fiscalizadoras de SUSESO según la Ley N.º 16.395 y otras normas, explicando que la institución actuó dentro del ámbito de sus competencias.

Alega que no existe acto ilegal ni arbitrario, pues la decisión está debidamente motivada y fundada en antecedentes médicos suficientes. Añade que no se ha vulnerado ninguna garantía constitucional: ni la vida, ni integridad física o psíquica, ni igualdad ante la ley, ni salud, ni seguridad social, ni propiedad, refiriéndose expresamente a los artículos 19 N.º 1, 2, 9, 18 y 24, indicando que las resoluciones fueron dictadas aplicando los mismos criterios para todos los usuarios, sin discriminación.

Solicita, en definitiva, que se declare la improcedencia del recurso y, subsidiariamente, que se tenga por evacuado el informe y se rechace el recurso en todas sus partes, con costas. 3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo. 4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías - preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 6°.- Que la alegación de improcedencia de la acción formulada por la SUSESO, por tratarse de posibles vulneraciones del derecho a la seguridad social y no estar este bajo la protección constitucional que se pide, será desestimada, desde que consta que el arbitrio ha sido deducido por estimarse infringidas, al menos, las garantías contenidas en los numerales, 1, 2, 3, y 24 del artículo 19 del Constitución Política de la República, que sí se encuentran dentro del catálogo establecido en el artículo 20 del mismo cuerpo legal. 7°.- Que, en síntesis, la recurrente, nombre reservado, reclama en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por el acto arbitrario e ilegal que imputa, consistente el rechazo de cuatro licencias médicas que indica. 8°.- Que, atendida la situación planteada por la recurrente, debe tenerse en consideración lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto Supremo N°3, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

Asimismo, el citado Decreto, en su artículo 21, indica que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica” 9°.- Que, la Superintendencia de Seguridad Social, sostuvo en la resolución recurrida, “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 148 días de reposo ya autorizados por la misma patología. Que, los antecedentes adjuntos no describen disfuncionalidad o ajuste progresivo y oportuno de farmacoterapia acorde a la extensión de reposo. No certifican evaluación por especialista en Psiquiatría de Adultos.

Que, esta conclusión es concordante con la RESOLUCIÓN EXENTA N° NUM005 de esta Superintendencia, que confirmó el rechazo de las licencias previas a las ahora reclamadas”. 10°.- Que, en el contexto señalado, aparece que, sin considerar necesario solicitar nuevos informes médicos, los profesionales de la Superintendencia de Seguridad Social, evacuaron sus conclusiones con los antecedentes ya aportados, sin que se decretara y evacuara una nueva evaluación de la recurrente, con el objeto de verificar su estado actual de salud, procediendo al rechazo de su reclamo, y con ello, al pago del subsidio. 11°.- Que, conforme a lo señalado previamente, la conducta de la recurrida no se ajusta a la reglamentación que rige la materia sometida al conocimiento de esta Corte, por cuanto su decisión no aparece suficientemente fundada, al no haber decretado nuevos exámenes o disponer una evaluación médica, con el propósito de esclarecer la condición actual de salud de la actora, diligencias imprescindibles para dar mayor certeza al diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad de la recurrida, con la posterior falta de pago de la licencia médica. 12°.- Que, es así como se torna del todo arbitrario desestimar el pago de la licencia médica concedida sin ningún motivo adicional suministrado por la entidad criticada, simplemente sobre la base de la ponderación de los antecedentes tenidos a la vista, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar, frente al paciente, cualquier duda, en especial, sometiéndola a evaluaciones médicas accesorias. 13°.- Que, de esta manera, se advierte que la negativa del pago de la licencia médica que indica la actora implica de parte de la autoridad el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, al ejercitar sus derechos, en concreto, si como en este negocio se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas.

Finalmente, el rechazo de la licencia médica, mediante resoluciones carentes de fundamentación suficiente, ha privado a la actora del subsidio por enfermedad, afectándose de esta manera su derecho de propiedad, protegido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías constitucionales, se acoge, sin costas, el deducido por nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, sólo en cuanto se ordena que esta deberá disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio de la recurrente, encargue un informe pericial médico, acerca de la patología de que da cuenta el recurso, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen las licencias médicas materia de autos (números NUM001, NUM002, NUM003, y, NUM004) y, cumplido ello, se pronuncie nuevamente acerca de su procedencia.

Notifíquese.

Redacción a cargo de la ministra Erica Pezoa Gallegos.

No firma el abogado señor Guajardo, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por no haber integrado hoy.

ROL 770-2025 PROTECCIÓN.