Recurso de protección

Chillán, quince de abril dos mil veintiséis.

Visto: 1°.- Que, comparece el abogado don Fabián Huepe Artigas, en representación de don nombre reservado e interpone recurso de protección contra el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, califica como acto ilegal y arbitrario la resolución de fecha 8 de enero de 2026 que rechazó el recurso de apelación administrativa confirmando su calificación en Lista Condicional con puntaje 3.25 y manteniendo la suspensión de sus funciones.

Expone que el señor nombre reservado se desempeña como encargado de bodega de la Oficina Zonal de Chillán de la Corporación Administrativa del Poder Judicial con una trayectoria de 23 años de servicio, destacando una conducta funcionaria intachable. Añade que históricamente ha obtenido calificaciones sobresalientes y que en el período evaluado alcanzó un 100% de cumplimiento en las Metas de Desempeño Colectivo, lo que demuestra objetivamente la calidad de su desempeño. Sin embargo, el 27 de noviembre de 2025 fue notificado de la precalificación que lo situó en Lista Condicional con nota 3.25, la que se funda en criterios subjetivos como “desinterés” o “falta de proactividad” y contradicen los antecedentes objetivos de desempeño. Frente a ello, dedujo recurso de apelación administrativa, el que fue rechazado en primera instancia por la comisión respectiva y posteriormente ratificado por la Directora Interina de la institución, decisión que además implicó su suspensión inmediata de funciones conforme al Reglamento de Personal.

Agrega que, interpuso recurso de apelación ante el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, acompañando diversos documentos que acreditan su desempeño eficiente, tales como informes y certificados de jueces y otros funcionarios. Dicho recurso fue rechazado el 8 de enero de 2026, agotándose la vía administrativa, manteniéndose la calificación y la suspensión de funciones.

Enfatiza que existe una contradicción entre las conclusiones de la autoridad y la realidad objetiva de su desempeño, además, no se acompañó respaldo fáctico, documental o técnico que justifique la calificación impugnada. Asimismo, aquella carece de fundamentación suficiente, constituyendo un acto administrativo de gravamen que afecta directamente su situación laboral, privándolo del ejercicio de sus funciones y de sus remuneraciones.

A su juicio, la resolución impugnada adolece de un vicio de nulidad radical al contravenir el artículo 37° del Reglamento de Personal de la CAPJ y los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, toda vez que no contiene una exposición de los hechos y fundamentos de derecho que justifiquen la drástica disminución en el puntaje de su representado. La autoridad ha sustituido la obligación de motivar por la mera emisión de juicios de valor subjetivos, tales como "falta de proactividad" o "desinterés", los cuales no constituyen una descripción fáctica de conductas reprochables.

En cuanto a las ilegalidades y arbitrariedades, denuncia principalmente la falta de motivación del acto administrativo, la contradicción con los antecedentes objetivos de desempeño y la vulneración de los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Sostiene que se aplicó una medida desproporcionada respecto de los supuestos hechos imputados. La decisión desconoce su trayectoria y carece de coherencia con los antecedentes disponibles, constituyendo un acto arbitrario que rompe la confianza legítima en el actuar de la Administración.

Afirma que la recurrida ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 19 números 2; 3 inciso 5° y 24 de la Constitución Política de la República.

Finalmente, solicita: 1.- Que se deje sin efecto, en todas sus partes y de manera inmediata la resolución que rechazó el recurso de apelación administrativa de su representado, así como la calificación de 3.25 en Lista Condicional asignada para el periodo 2024-2025. 2.- Que se ordene el cese inmediato de la suspensión de funciones que afecta a su mandante, disponiéndose su reintegro total a sus labores habituales como encargado de Bodega de la Oficina Zonal de Chillán, sin que esta interrupción pueda afectar su antigüedad o carrera funcionaria. 3.- Que se ordene el pago íntegro de todas las remuneraciones, asignaciones y beneficios económicos que su representado haya dejado de percibir durante el tiempo en que se mantuvo la suspensión ilegal de sus funciones, con los reajustes e intereses que correspondan. 4.- Que se ordene a la recurrida proceder a una nueva calificación de su representado para el periodo respectivo, la cual deberá realizarse de manera fundada y razonable, considerando obligatoriamente los antecedentes objetivos aportados, tales como el cumplimiento del 100% de las Metas de Desempeño Colectivo y los informes de excelencia emitidos por las autoridades y funcionarios de la jurisdicción. 5.- Que se ordene a la Corporación Administrativa del Poder Judicial eliminar de la hoja de vida del funcionario cualquier registro o anotación derivada del proceso calificatorio que hoy se anula, a fin de que su trayectoria de 23 años permanezca incólume. 6.- Que se declare que la Administración debe sujetarse estrictamente a los principios de razonabilidad y proporcionalidad consagrados en el artículo 11 de la Ley 18.575 en sus futuros actos. 7.- Que se condene a la parte recurrida al pago de las costas de la causa, por haber dado motivo plausible a la interposición de esta acción constitucional ante la flagrante vulneración de derechos fundamentales. En subsidio, la o las medidas que adopte esta Corte a fin de reestablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al afectado. En definitiva, pide se adopten todas las medidas necesarias para otorgar la debida protección a su mandante y asegurar el respeto a su estabilidad laboral y dignidad profesional, haciendo prevalecer la realidad de los hechos por sobre el capricho administrativo. 2°- Que, informa el abogado don Cristian Castillo García, en representación de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, solicitando el rechazo del recurso.

Expone que la Corporación Administrativa del Poder Judicial es una corporación de derecho público encargada de la administración de recursos del Poder Judicial cuya dirección corresponde al Consejo Superior y que cuenta con normativa interna, en particular el Reglamento de Personal, que regula el sistema de calificaciones de los funcionarios. En dicho sistema se consideran diversos factores, tales como responsabilidad, capacidad, conocimientos, iniciativa, eficiencia, afán de superación, relaciones humanas y atención de público, los cuales deben evaluarse conforme a antecedentes objetivos.

Indica que el recurrente ha construido su argumentación sobre la base del cumplimiento de metas y opiniones de terceros, lo que no constituye el único parámetro de evaluación, toda vez que la calificación considera múltiples factores.

Añade que el señor nombre reservado omitió antecedentes relevantes de su historial, detallando sus calificaciones anteriores y los fundamentos de estas, incluyendo deficiencias en conocimientos, iniciativa, cumplimiento de funciones y relaciones laborales.

Explica que en el período evaluado el recurrente fue calificado en Lista Condicional debido a diversas falencias en su desempeño, tales como incumplimiento de funciones, falta de iniciativa, errores reiterados en sus labores, desconocimiento de procedimientos y dificultades en sus relaciones laborales.

También se consignan anotaciones de demérito derivadas del incumplimiento de instrucciones, falta de respuesta a requerimientos y retrasos en la ejecución de tareas. Detalla diversas situaciones concretas consideradas en la evaluación, tales como desorden en la administración de bodegas, incumplimiento en la entrega de información, atrasos en la gestión de activos, falta de respuesta a correos electrónicos, incumplimiento de compromisos adquiridos con su jefatura y la necesidad de que otros funcionarios asumieran sus labores para cumplir con los objetivos institucionales, lo que generó sobrecarga laboral y dificultades en el funcionamiento del servicio.

Agrega que, las decisiones adoptadas por la Comisión Calificadora y el Consejo Superior se encuentran debidamente fundadas en antecedentes objetivos, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Personal. Por otra parte, el recurrente no ejerció recursos en instancias anteriores respecto de ciertas evaluaciones ni de anotaciones de demérito, lo que da cuenta de la regularidad del proceso.

Sostiene que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en la actuación de su representada por cuanto la calificación se efectuó dentro de las facultades que le son propias, considerando los antecedentes de desempeño del funcionario y conforme a un procedimiento reglado. Asimismo, descarta la vulneración de garantías constitucionales, señalando que el acto impugnado constituye el resultado de un proceso de evaluación regular y debidamente sustentado.

En consecuencia, solicita el rechazo del recurso de protección en todas sus partes por no existir acto u omisión ilegal o arbitrario vulneratorio de derechos que pueda reprocharse a su representada. 3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo. 4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías - preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 6°.- Que, del recurso, el informe de la recurrida y los antecedentes allegados por las partes, emana que don nombre reservado, se desempeñaba en la Corporación Administrativa del Poder Judicial Zonal Chillán como funcionario a contrata en labores de bodeguero, vinculación a la que se puso término a contar del 9 de enero de 2026 mediante Resolución Exenta N°NUM000 de 16 de enero del año en curso, dictada por la Ministra señora Gloria Ana Chevesich Ruiz, Presidenta de la Excelentísima Corte Suprema. Según se lee en la aludida resolución, el motivo del término de la contrata es “haber sido incluido en Lista Condicional por segundo año consecutivo, durante los periodos calificatorios 2024 y 2025”. 7°.- Que, en el contexto descrito conviene precisar que la acción cautelar en análisis se dirige contra la decisión del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial de 8 de enero de 2026 que rechazó la apelación interpuesta por el actor, confirmándose la calificación 2025 en lista condicional y puntaje 3.25.

En lo medular el arbitrio denuncia la falta de motivación del acto administrativo, la contradicción con los antecedentes objetivos de desempeño y la vulneración de los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Estima el actor que la resolución impugnada adolece de un vicio de nulidad radical al contravenir el artículo 37° del Reglamento de Personal de la CAPJ y los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, toda vez que no contiene una exposición de los hechos y fundamentos de derecho que justifiquen la drástica disminución en el puntaje de su representado. Reclama que la autoridad ha sustituido la obligación de motivar por la mera emisión de juicios de valor subjetivos, tales como "falta de proactividad" o "desinterés", los cuales no constituyen una descripción fáctica de conductas reprochables. 8°.- Que, para resolver el asunto sometido a la decisión de esta Corte, debe tenerse en cuenta que el Reglamento del Personal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, dispone en su artículo 1º que “El personal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial se regirá por las normas legales especiales dictadas a su respecto, las disposiciones del Código Orgánico del Tribunales aplicables a los empleados del Poder Judicial, los Autos Acordados de la Corte Suprema, el presente reglamento y los principios generales del derecho administrativo.

A este Reglamento estará afecto el personal de la Corporación Administrativa destinado al Departamento de Bienestar y otras unidades dependientes de la Corporación, así como los empleados judiciales que prestan servicios en la Corporación Administrativa, siempre que ello no afecte alguna disposición legal a su respecto.” 9°.- Que la evaluación de desempeño de los funcionarios de la Corporación Administrativa, se encuentra regulada en el Titulo Segundo, artículos 21 y siguientes del reglamento reseñado en el motivo precedente.

Conforme al artículo 27, el proceso anual de evaluación de desempeño del personal no directivo de la Corporación Administrativa considerará las siguientes etapas: Constitución de la Comisión Precalificadora y solicitud de informes de desempeño a jefaturas, Revisión de informes de desempeño y asignación de puntajes por parte de la Comisión, Notificación de la precalificación, Reclamo a la precalificación, Calificación por el órgano calificador, Notificación de la calificación e Impugnación de la calificación. A su vez, según el artículo 37 cada acto de evaluación o calificación se fundará en antecedentes objetivos y considerará, además de las anotaciones aplicadas en la respectiva hoja de vida, el cumplimiento de metas o compromisos de desempeño, a través de informes objetivos de desempeño que consideren antecedentes relativos a indicadores de gestión, cumplimiento de plazos y procedimientos, entre otros. La calificación se efectuará considerando la naturaleza de la función que corresponda ejecutar y su volumen.

Añade el artículo 43, que el personal que figure en Lista Deficiente o, por segundo año consecutivo, en Lista Condicional, quedará removido de su cargo una vez que se le notifique la calificación respectiva. Por otra parte, y en lo concerniente a la cesación de funciones, el artículo 144 en su letra g), prescribe que el personal cesará en su cargo por calificación deficiente, lista condicional por segundo año consecutivo. Además, el artículo 160, establece que “El empleado que sea calificado en Lista Deficiente o, por segundo año consecutivo, en Lista Condicional, quedará inmediatamente removido de funciones en la fecha en que la calificación que origina la remoción quede a firme o ejecutoriada.

El empleado podrá apelar la calificación aplicada por el Director, mediante escrito fundado dirigido al Consejo Superior. En caso que el Consejo resuelva modificar la calificación quedando el empleado en una lista distinta a la Deficiente o, por segundo año consecutivo, en Lista Condicional, éste deberá reintegrarse a sus funciones una vez notificada la recalificación.” 10°.- Que, de las disposiciones transcritas, emana que el actor en su calidad de funcionario a contrata de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, se encontraba sometido a la calificación anual de su desempeño, procedimiento debidamente regulado en el Reglamento del Personal, normativa que contempla expresamente los medios de impugnación y los órganos competentes, tanto aquellos a quienes les corresponde efectuar la evaluación conforme a los factores determinados, como los que deben resolver las apelaciones que deduzcan los funcionarios. 11°.- Que, en el proceso de evaluación correspondiente al año 2025, el señor nombre reservado atendidos los fundamentos consignados en su hoja de calificación, fue incluido en Lista Deficiente con una nota 3.25, decisión que fue confirmada en última instancia por el órgano recurrido, el que, al dictar la resolución de 8 de enero pasado actuó dentro de las atribuciones que le confiere el artículo 46 del Reglamento del Personal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. 12°.- Que, como corolario de lo expuesto y razonado, debe descartarse la ilegalidad y arbitrariedad denunciadas por el actor, toda vez que el proceso de calificación exige la debida fundamentación de cada uno de los factores evaluados, cumpliéndose en la especie con dicha obligación, emitiendo el recurrido la resolución final teniendo en cuenta todos los antecedentes registrados en la hoja de vida del funcionario. 13°.- Que, por dicho el presente arbitrio cautelar de urgencia no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado don Fabián Huepe Artigas en representación de don nombre reservado contra el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la ministra Paulina Gallardo García.

No firma el Ministro Claudio Arias Córdova, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse haciendo uso de feriado legal.

Rol N°77-2026.- Protección.