nombre reservado con I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN

Chillán, veinticinco de noviembre de dos mil veinticinco.

Visto:

1°.- Que comparecen doña nombre reservado y doña nombre reservado, ambas domiciliadas Chillán, dirigentes y socias fundadoras de la Agrupación de Pequeños Emprendedores, quienes interponen Recurso de Protección contra la Municipalidad de Chillán, representada por el alcalde Camilo Benavente Jiménez, por los actos ilegales y arbitrarios que afectan gravemente sus garantías constitucionales, solicitando su debida protección.

Respecto de doña nombre reservado, señala que se desempeñó desde el 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2024 como coordinadora de la Feria Diagonal Las Termas, en representación de la Agrupación de Pequeños Emprendedores de Chillán. Que el 13 de junio de 2024, en reunión con funcionarios municipales, la directora de finanzas Sra. nombre reservado le exigió, de forma prepotente, labores que no le correspondían al cargo, y al negarse, la excluyó de la feria. Agrega que, desde dicho momento comenzó a sufrir actos de represalia por sus reclamos contra la Municipalidad, consistentes en retención y retraso de sus remuneraciones, eliminación arbitraria de nóminas, negativa a renovar contrato y exigencia de continuar trabajando en 2025 sin remuneración. Indica que su último sueldo fue pagado con graves irregularidades en julio de 2025, sin incluir el aguinaldo firmado en esa fecha. Ante ello, y sin obtener solución, ha sufrido medidas de castigo institucional y represalias directas, que le afectan su estabilidad económica y dignidad como trabajadora.

En cuanto a la recurrente doña nombre reservado, expresa ser miembro fundador de la misma Agrupación y trabaja en la feria Diagonal Las Termas, siendo el sustento económico la venta de productos reciclados y recolección. Añade que el 9 de agosto de 2025, alrededor de las 7:50 de la mañana, dos inspectores municipales, se instalaron a centímetros de su puesto amenazándola con chocar con el vehículo si no cedía espacio, moviendo su mercadería y elementos de trabajo de manera violenta. Estima que dichas agresiones forman parte de un patrón de hostigamiento por parte de los funcionarios municipales, quienes realizan constantes amenazas veladas y directas, manteniéndolas en un estado de temor e inseguridad, configurándose o un ambiente de acoso laboral e intimidación institucionalizada.

Estiman que la situación ya descrita se agrava por la aplicación arbitraria de normas, siendo injusto y lesivo para el sustento de los emprendedores locales a quienes se les hostiliza e impide trabajar, cuando la Municipalidad permite y facilita el trabajo a feriantes de otras ciudades a eventos masivos, como en la Fiesta de la Longaniza de Chillán. Alude que el alcalde, en vez de priorizar y proteger el empleo local, genera una competencia desleal que perjudica directamente a los vecinos de Chillán, actos que constituyen violencia sistemática por parte de funcionarios municipales, comparable a prácticas de acoso institucional, en que, bajo pretexto de fiscalización, son desplazados del espacio de trabajo legítimamente asignado, actos reiterados que configuran represalias por los reclamos que realizados contra la Municipalidad en defensa de sus derechos como feriantes, colocando en riesgo su integridad, seguridad personal y sustento económico.

Por los actos descritos, estiman vulneradas las garantías constitucionales del artículo 19 N°1, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, por los actos de violencia y amenazas por parte de funcionarios de seguridad, que ponen en riesgo su integridad y salud emocional, privándolos además de ejercer su trabajo en la feria, y desconocer sus remuneraciones y beneficios económicos devengados, atentando contra la mercadería y herramientas de trabajo.

Sostiene que las decisiones y conductas de la recurrida y sus funcionarios constituyen represalias indebidas contra feriantes que ejercen legítimos reclamos, excediendo de atribución legal, sumando violencia económica, física y psicológica, y discriminación arbitraria entre trabajadores locales y foráneos, lo que constituyen actos arbitrarios e ilegales contrarios al principio de juridicidad (artículo 7 de la Constitución) y al principio de igualdad ante la ley.

Denuncia que la recurrida ha incurrido en una negativa y omisión arbitraria e ilegal para conceder el permiso de trabajo en la feria a la recurrente Sra. nombre reservado, pese a los años en que se desempeñaba y cumplir su espacio con los requisitos exigidos, siendo dicha exclusión injustificada al no obedecer a criterios objetivos o acto de fiscalización regular, sino que constituye una represalia directa por los reclamos y denuncias que ha realizado en contra la autoridad municipal en defensa de sus derechos y de los demás feriantes, lo que configura un uso abusivo del poder público, contrario al principio de igualdad ante la ley y a la protección constitucional del derecho al trabajo.

Pide, tener por interpuesto recurso de protección y se declare que los actos denunciados constituyen represalias ilegales y hechos de violencia ejercidos por funcionarios municipales, ordenándose que se adopten medidas inmediatas para restablecer el imperio del derecho, y cesen de inmediato acto de represalia, violencia o intimidación por parte de funcionarios municipales hacia las recurrentes; además, se les garantice el uso seguro y exclusivo de los espacios de trabajo en la feria resguardando la seguridad personal y patrimonial de las recurrentes y demás miembros de la agrupación; se ordene a la Municipalidad que priorice y proteja el empleo local, estableciendo criterios transparentes y no discriminatorios para la asignación de puestos en ferias y eventos públicos; y las medidas efectivas de protección de la integridad física, psíquica y derecho al trabajo y sustento.

2°.- Que, informando el recurso, comparece el abogado Pablo Sandoval Aparicio, en representación de la Municipalidad de Chillán, solicitando su rechazo en todas sus partes, en virtud de los fundamentos que expone.

Luego de referirse al recurso deducido en su contra, señala que el 26 de octubre de 2021, se firmó el acuerdo “Feria Libre Diagonal Las Termas”, suscrito entre la Municipalidad, y diversos representantes de agrupaciones, entre ellos la recurrente doña nombre reservado, Presidenta de Pequeños Emprendedores, estableciendo los días y horarios de funcionamiento, siendo viernes, sábado y domingo entre las 07:00 am y las 15:00, y los compromisos acordados entre las Agrupaciones de Feriantes, la Municipalidad de Chillán y la Junta de Vecinos respectiva. Además, agrega que se establecieron sanciones en caso de incumplimiento, con multas, retiro del registro de socios del gremio y retiro del permiso respectivo.

Refiere que la recurrente nombre reservado, efectivamente mantuvo un convenio de honorarios con su representada, con la función específica: “Apoyo en terreno para las actividades asociadas a mujeres emprendedoras de la comuna. Por lo anterior, deberá coordinar las ferias que se instalen en terreno, como un ejemplo aquellas ubicadas en Diagonal las Termas”. Señala que quienes suscriben dicho convenio firman una declaración indicando si ejercen o no algún tipo de actividad económica adicional, sea de carácter Público o Privado, y en el caso de doña nombre reservado, señaló no tener, otro tipo de actividad económica.

Alude que, en el año 2024, desde la Dirección de Administración y Finanzas de la recurrida, se advirtió que la recurrente, quien mantenía el convenio de honorarios, administrando la Feria Diagonal Las Termas, tendría un puesto en donde realizaba venta de productos, actividad que resulta incompatible, no obstante, la recurrente continuó con sus funciones, pero conforme a lo establecido en los convenios de este tipo se decidió la no renovación el 31 de diciembre del 2024.

Destaca que, a pesar de que la recurrente alega como acto ilegal y arbitrario la no concesión del permiso para la venta, fue ella quien renunció a participar de la feria ante la incompatibilidad entre tener un convenio de honorarios con su representada y a su vez ser administradora de la feria. Sin embargo, su cónyuge con posterioridad obtuvo un permiso en la misma feria en donde desempeña actividades económicas de venta de productos.

Conforme a lo expuesto, estima que no existe vulneración de derechos o garantías constitucionales porque en todo momento su representada ha cumplido con el acuerdo pactado y con la normativa imperante del ordenamiento jurídico. Alude además, a los supuestos pagos no realizados por su representada, lo que no corresponde, siendo efectivo el último pago realizado en julio del presente año, lo que no debe relacionarse con su representada, sino con instituciones ajenas como COMPIN, por la demora en emitir la resolución respectiva para poder efectuar el pago. Ante esta situación, la recurrente emitió su boleta de honorarios en abril del presente, obligando a su representada a realizar una modificación presupuestaria, con lo cual se pudo efectuar su pago en el mes de julio del presente.

Alega que, de los hechos expuestos en el recurso, se observa que la acción es extemporánea al invocarse hechos ocurridos entre el año 2022 y el 31 de diciembre de 2024, y hacer referencia a cuestiones relacionadas con el término de su Convenio de Honorarios, lo que no tiene relación alguna con el tenor de la Acción de Protección, por lo que estima no ser la vía idónea, lo que sustenta citando jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Concepción.

En cuanto a la otra recurrida, doña nombre reservado, quien dio cuenta de lo ocurrido el 09 de agosto del año en curso, respecto al furgón que se instaló cerca de su puesto amenazándola con chocarla y mover su mercadería y elementos de trabajo de manera violenta, señala que tales hechos no pueden ser revisados por esta vía, siendo correspondiente realizar una denuncia o querella de acuerdo al artículo 296 del Código Penal, ya que en la eventualidad constituir un delito de amenazas. Por otra parte, respecto a la discriminación en la Fiesta de la Longaniza, señala que la recurrente no indicó si solicitó permiso para trabajar en dicho evento o como podría existir un nexo causal entre el asunto principal con lo relatado.

Precisa que, en la actualidad, los feriantes de la Diagonal La Termas son en su totalidad de la comuna de Chillán, puesto que uno de los requisitos excluyentes para optar a un permiso es tener domicilio en la comuna según el acuerdo firmado por la agrupación de Feriantes con la recurrida. Añade que las discriminaciones y arbitrariedades que supuestamente habrían ocurrido, no son efectivas porque la recurrente doña nombre reservado, cuenta con un permiso al día para vender sus Productos en la Feria debiendo cumplir con el lugar y horario dispuesto para ello de lo contrario, los funcionarios de Seguridad Municipalidad deben cumplir con el compromiso adoptado por mi representada, para con los feriantes.

Reitera la extemporaneidad del recurso, por haberse sustentado en hechos ocurridos, por un lado, en el caso de doña nombre reservado entre el año 2022 y el 31 de diciembre de 2024, y en el de doña nombre reservado, el de 09 de agosto del presente año, por lo que el plazo comenzó a correr desde aquella época, y habiéndose ingresado el recurso 03 de octubre de 2025, este se encontraba fuera de plazo, por lo que a la fecha de accionar ya habían transcurrido más de 30 días. Por otra parte, considera que el presente recurso constituye un uso abusivo e irreflexivo de una acción constitucional de la más alta importancia en nuestro ordenamiento jurídico, además de ser extemporánea, solicitando a esta Corte además del rechazo, la condena en costas a las recurrentes.

Finaliza solicitando tener por evacuado el informe solicitado y, con el mérito de los antecedentes expuestos y que acompañan, se rechace en todas sus partes el recurso de protección por carecer de fundamento jurídico y no existir actos u omisiones ilegales o arbitrarias que le sean imputables que afecten derechos fundamentales de las recurrentes o de quienquiera, solicitando además, se condene expresamente en costas a la recurrente, por hacer un uso abusivo e irreflexivo de una acción constitucional de la más alta relevancia.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que respecto a la extemporaneidad alegada por la recurrida, ella será desestimada en razón que las recurrentes señalan que a partir de Julio de 2025, en el caso de nombre reservado, y de Agosto de 2025, en el caso de nombre reservado, han sufrido hostigamiento.

7°.- Que, según se lee en su recurso, lo pretendido por las recurrentes es el cese de actos de represalia, violencia o intimidación por parte de funcionarios municipales; además, se les garantice el uso seguro y exclusivo de los espacios de trabajo en la feria resguardando; se ordene a la Municipalidad que priorice y proteja el empleo local, estableciendo criterios transparentes y no discriminatorios para la asignación de puestos en ferias y eventos públicos; y toda otra medida efectiva de protección de la integridad física, psíquica y derecho al trabajo y sustento.

8°.-Que, en ese orden de ideas, de acuerdo a los antecedentes expuestos por los intervinientes, apreciados de acuerdo a las reglas de la sana crítica, lo cierto es que ninguna de las afectaciones denunciadas se encuentran acreditadas en autos, constando únicamente los dichos de las recurrentes; en consecuencia, no existen pruebas fehacientes de los hechos que sirven de fundamento al presente recurso, de manera que no puede darse por acreditado un acto arbitrario o ilegal de parte de la Municipalidad de Chillán que amenace, altere o prive a las actoras del legítimo ejercicio de los derechos y garantías protegidos por la Constitución Política de la República e invocados por las recurrentes.

Lo anterior, sin perjuicio del derecho que les asiste a recurrir a los procedimientos establecidos por la ley al efecto para el conocimiento y resolución de los conflictos que manifiesta le aquejan, pues, la determinación de los derechos que les asisten así como el establecimiento de los perjuicios que la acción de la recurrida les ha acarreado, requieren del ejercicio de acciones judiciales o administrativas, con la posibilidad de que cada interesado rinda prueba para acreditar sus dichos, se logre determinar la responsabilidad atribuida según se alega, cuestión que, desde luego, excede las posibilidades que puede ofrecer la acción constitucional de protección, no siendo, en consecuencia, esta acción extraordinaria de carácter constitucional la vía idónea para conocer y resolver este asunto, no pudiendo por tanto prosperar el presente recurso.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado y doña nombre reservado, contra la Municipalidad de Chillán.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del ministro Guillermo Arcos Salinas.

Rol N° 769-2025. Protección.-