Protección contra Ilustre Municipalidad de Chillán

Chillán, veinte de octubre de dos mil veintiséis.

Visto: 1°.- Que comparece don nombre reservado, arquitecto, cédula nacional de identidad N° NUM000, quien, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Chillán, persona jurídica de derecho público R.U.T. RUT reservado, representada legalmente por su Alcalde don Camilo Francisco Benavente Jiménez, cédula de identidad N° NUM001, o por quien lo subrogue o represente legalmente, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Señala que la recurrida, mediante el Decreto Alcaldicio N° NUM002, de fecha 27 de agosto de 2025, que le fuera notificado con fecha 8 de septiembre de 2025, le aplicó la medida disciplinaria de “Suspensión en el empleo por dos meses con goce de un cincuenta por ciento de la remuneración”, contemplada en el artículo 120 letra c) en relación con el artículo 122 A, ambos de la Ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, acto que se pronuncia respecto de la vista fiscal derivada de un sumario administrativo.

Se interpuso oportunamente en contra de este Decreto Alcaldicio recurso de reposición (único posible de interponer), recurso que fue resuelto casi un año después mediante Decreto Alcaldicio N° NUM003, dictado con fecha 31 de julio de 2026 y que le fuera notificado con fecha 4 de agosto de 2026. En este último acto administrativo, acto terminal del procedimiento sumarial, se le aplica la medida disciplinaria de “una multa equivalente al veinte por ciento (20%) de su remuneración mensual, por un mes, dejándose constancia de ello en la hoja de vida del funcionario, lo que tendrá aparejado una anotación de demérito de cuatro (4) puntos en el factor de calificación correspondiente”, contemplada en el artículo 120 letra c) en relación con el artículo 122 A, ambos de la Ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

Expresa que tales Decretos Alcaldicios (Decreto Alcaldicio N° NUM002, de fecha 27 de agosto de 2025, y Decreto Alcaldicio N° NUM003, de fecha 31 de julio de 2026) son los actos terminales del sumario administrativo que fue ordenado instruir inicialmente por la Ilustre Municipalidad de Chillán mediante D.A. N° NUM004, de fecha 7 de mayo de 2020, en el marco de la licitación pública ID N° NUM005, denominada “Recambio Masivo de Alumbrado Público a Tecnología Led, Comuna de Chillán”, en el cual se le inculpaba por actos relacionados exclusivamente con su participación accidental en la Comisión Evaluadora de ofertas y elaboración del informe final de fecha 21 de febrero de 2020.

Posteriormente, por Resolución Exenta N° NUM006, de fecha 20 de mayo de 2020, la Contraloría Regional de Ñuble ordenó la instrucción de un sumario por los mismos hechos, acumulando en una sola investigación los hechos que dieron origen al procedimiento iniciado en la Municipalidad de Chillán antes señalado.

Con fecha 16 de febrero de 2021, el Fiscal de dicho sumario formuló cargos en su contra, los que le fueron notificados en la misma fecha. Luego, mediante Decreto Alcaldicio N° NUM002, de fecha 27 de agosto de 2025, el Alcalde resolvió aplicar a su respecto la medida disciplinaria de “Suspensión en el empleo por dos meses con goce de un cincuenta por ciento de la remuneración”. En contra de dicha resolución se interpuso oportunamente recurso de reposición, el que fue resuelto mediante Decreto Alcaldicio N° NUM003, de fecha 31 de julio de 2026, notificado con fecha 4 de agosto de 2026, el cual le impone la medida disciplinaria de multa, rechazando en forma arbitraria su alegación sobre prescripción de la acción disciplinaria, no obstante tratarse de una circunstancia objetiva referida al simple cumplimiento del plazo señalado en la ley.

Sostiene que tanto el Decreto Alcaldicio N° NUM002 y el Decreto Alcaldicio N°NUM003, de fecha 31 de julio de 2026, que le fuera notificado el 4 de agosto de 2026 contra los que se recurre, se encuentran enmarcados en el Derecho Administrativo Sancionador, conforme a lo cual rige y es vinculante el principio de legalidad establecido en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, razón por la cual cabe concluir que los organismos de la Administración no sólo pueden, sino que deben declarar de oficio la prescripción de la acción disciplinaria, dictando al efecto el acto administrativo que corresponda, en todos aquellos casos en que de los antecedentes del procedimiento sumarial aparezca que ha transcurrido el plazo de prescripción señalado por la ley para hacer efectiva la responsabilidad administrativa, sin que el funcionario haya sido sancionado. Este aspecto dice relación con una circunstancia objetiva, que es el simple cumplimiento del plazo o término señalado en la ley.

Añade que en este caso, la acción u omisión por la que se le inculpaba decían relación con la fecha en que fue convocado accidentalmente en calidad de Subrogante a firmar el acta de evaluación de la propuesta pública ID NUM005, lo que ocurre el 21 de febrero de 2020.

Así consta a fojas 119 a 151 y a fojas 335 a 610 del Expediente Sumarial que en un otrosí solicita se traiga a la vista. En consecuencia entre esa fecha (21 de febrero de 2020) de la acción u omisión y el primer acto administrativo que le aplica una sanción, Decreto Alcaldicio N° NUM002 de fecha 27 de agosto de 2025 y notificado el 8 de septiembre de 2025, transcurrieron 5 años, seis meses y seis días (2014 días en total), con lo que el plazo de prescripción había transcurrido íntegramente.

Y que en su caso, los hechos por los cuales ha sido sancionado no son constitutivos de delito y respecto de ellos no se ha ejercido en su contra la acción penal. En efecto, no tiene la calidad de imputado ni se han ejercido acciones penales en su contra en causa penal alguna, por lo que no resulta aplicable a su respecto la excepción señalada.

En cuanto al artículo 155 de la Ley N° 18.883, señala lo siguiente: a) A su respecto no operó la causal de interrupción por “incurrir nuevamente en falta administrativa”. Al efecto, acompaña el certificado actualizado emitido por la directora Dirección de Administración y Finanzas y la jefa de personal, en el cual señala que no hay nuevas sanciones. b) En cuanto a la suspensión de la prescripción por el hecho de la formulación de Cargos, el plazo de prescripción de 4 años, se suspendió efectivamente el 16 de febrero de 2021, fecha en que se formularon cargos en su contra como consta en las páginas 5369 a 5373 del expediente. c) En este caso, sin embargo, operó la contraexcepción del artículo 155 inciso segundo: “Si el proceso administrativo se paraliza por más de dos años, o transcurren dos calificaciones funcionarias sin que haya sido sancionado, continuará corriendo el plazo de la prescripción como si no se hubiere interrumpido. Y en este caso, es un hecho Objetivo que el proceso administrativo se paralizó por tres años, 6 meses y 11 días, como consta del examen del expediente sumarial.

En dicho expediente consta que entre el 15 de junio de 2021 (en que se agregan nuevos antecedentes por parte del Sr. nombre reservado a FOJAS 6154) y el 26 de diciembre de 2024, fecha en que se emite la VISTA FISCAL (fojas 6254), el procedimiento estuvo efectivamente paralizado, circunstancia atribuible exclusivamente al Fiscal tramitador de dicho sumario y a su superior jerárquico, que no adoptó oportunamente las medidas tendientes a su prosecución. Así, no existe duda que el proceso administrativo se paralizó por más de dos años, y en consecuencia, por Aplicación del art. 155 de la Ley 18.883, el plazo de prescripción continuó corriendo el plazo de la prescripción como si no se hubiese interrumpido, con lo que el plazo de prescripción debe entenderse íntegramente cumplido.

Agrega que ha operado adicionalmente la causal de “transcurrir dos calificaciones sin que haya sido sancionado, ya que entre la formulación de cargos y la vista fiscal han transcurrido a su respecto, a lo menos 4 periodos de calificación sin sanción (6 si se considera el período 2024-2025 y 2025-2026).

Indica que la procedencia de declarar de Oficio o a petición de parte la prescripción es un criterio validado por Contraloría, invocando los Dictámenes N°s 34.407, de 24 de julio de 2008, y 41.973, de 12 de julio de 2012.

Expone que no obstante todo lo señalado, al pronunciase sobre el recurso de reposición interpuesto, el Alcalde de Chillán ha omitido su obligación de declarar una prescripción manifiesta y arbitrariamente interpreta y aplica torcidamente los artículos citados, negando aplicar la prescripción de la acción disciplinaria e insiste en aplicar a su respecto una medida disciplinaria respecto de acciones respecto de los que ha operado una causal de extinción de responsabilidad administrativa, razón por la cual, deviene en arbitraria e ilegal.

Respecto de los fundamentos del Decreto Alcaldicio N° NUM003, expone que la recurrida sostiene que en caso de paralizarse el procedimiento por más de dos años, el plazo de Prescripción de 4 años (que se cuenta desde la fecha de la acción u omisión) comienza nuevamente a correr, pero no “Como si no se hubiera interrumpido”, como obliga el art. 155, sino que comienza nuevamente a correr “cumplidos dos años desde que se suspende dicho plazo” (Formulación de cargos). Y que con la interpretación Municipal, el plazo de prescripción no sería de 4 sino que de 6 años. La ilegalidad y arbitrariedad de la recurrida es entonces manifiesta, ya que no puede, contra texto expreso, ampliar un plazo de extinción establecido por ley.

Añade que a ello se suma que la reposición fue resuelta 317 días después de su interposición, a pesar del plazo de cinco días del artículo 139 de la Ley N°18.883, sin pronunciamiento oportuno sobre la suspensión solicitada. La secuencia vulnera los principios de celeridad, conclusividad e inexcusabilidad y refuerza el carácter irracional de la ejecución tardía.

Cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, señalando que en sentencia de 2 de abril de 2024, dictada en el Rol N°1.923-2024, la Tercera Sala de la Excma. Corte Suprema aplicó el artículo 155 de la Ley N°18.883 a una sanción municipal y resolvió que, transcurridas dos calificaciones sin sanción, el plazo debía computarse desde el acaecimiento del hecho, prescindiendo del efecto suspensivo generado por los cargos. Acogió el recurso de protección, dejó sin efecto la sanción y ordenó retrotraer sus efectos. Y que el criterio ha sido reiterado, entre otros, en los roles N°18.823-2019, N°64.524-2023 y N°10.657- 2024. En este último, fallado el 8 de mayo de 2025, la Excma. Corte volvió a declarar que la imposición de una medida cuando la acción disciplinaria estaba prescrita constituye una actuación ilegal que vulnera el artículo 19 N°2 de la Constitución.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, alega, respecto de la igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2, que la sanción de una persona cuando la acción disciplinaria se encuentra prescrita le impone un gravamen que no soportan otros funcionarios situados bajo la misma regla legal. La diferencia carece de fundamento admisible y contradice directamente la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre el artículo 155 de la Ley N°18.883. Y respecto del derecho de propiedad del artículo 19 N° 24, que la ejecución amenaza con privarlo del veinte por ciento de sus remuneraciones durante un mes y afectar los derechos patrimoniales derivados de su vínculo estatutario. Aunque la estabilidad en el empleo público se encuentra sujeta a la ley, no puede afectarse mediante una sanción prescrita o ejecutada sin competencia suficientemente establecida.

Termina solicitando se acoja el recurso y se adopten las medidas necesarias para el restablecimiento del derecho, en especial: 1.- Declarar que los Decretos Alcaldicios N° NUM002 de 27/08/2025 y el Decreto Alcaldicio N°NUM003, de 31 de julio de 2026 son ilegales y arbitrarios respecto del recurrente y dejarlos sin efecto. 2.- Declarar u Ordenar a la Municipalidad de Chillán declarar extinguida por prescripción la acción disciplinaria respecto de los hechos materia de los cargos formulados el 16 de febrero de 2021, o adoptar las medidas necesarias para retrotraer y dejar sin efecto la aplicación y ejecución de la sanción. 3.- Ordenar a la Municipalidad de Chillán abstenerse de ejecutar la sanción, practicar descuentos o efectuar anotaciones definitivas basadas en los actos recurridos; y, si hubiese comenzado la ejecución, restituir la parte de las remuneraciones dejadas de percibir, según corresponda. 4.- Adoptar las providencias que esta Corte estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de su persona, como afectado, con costas. 2°.- Que evacua informe doña Alejandra Jiménez Constanzo, abogada, en representación de la Ilustre Municipalidad de Chillán, solicitando su íntegro rechazo, con costas, por no existir actuación ilegal ni arbitraria imputable a la Municipalidad que haya privado, perturbado o amenazado ilegítimamente el ejercicio de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente.

Expone que la acción se sustenta, en lo esencial, en dos premisas que la recurrida controvierte: primero, que la responsabilidad administrativa del recurrente se encontraría prescrita por aplicación de los artículos 153, 154 y 155 de la Ley N° 18.883; y, segundo, que el Decreto Alcaldicio N° NUM003, de 31 de julio de 2026, constituiría un acto terminal actualmente eficaz y ejecutable, susceptible de producir desde ya el descuento remuneratorio y la anotación de demérito que se impugnan. Ninguna de esas conclusiones permite configurar, en el estado actual del procedimiento, una actuación ilegal o arbitraria de la Municipalidad.

Como cuestión previa, señala que el Decreto Alcaldicio N° NUM003 fue remitido al trámite de toma de razón ante la Contraloría General de la República, por cuanto al resolver la reposición el Alcalde adoptó una decisión sancionatoria distinta de la propuesta originalmente por el órgano contralor. Mientras dicho control preventivo no concluya, el acto no puede producir los efectos materiales que el recurrente le atribuye.

Indica que el artículo 133 bis de la Ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República, establece que, en los sumarios instruidos por ese órgano en municipalidades, corresponderá al Contralor General proponer a la autoridad administrativa que haga efectiva la responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados. Agrega la norma que, si la autoridad administrativa impone una sanción distinta, deberá hacerlo mediante resolución fundada sujeta al trámite de toma de razón por la Contraloría.

Sostiene que en consecuencia, mientras la Contraloría General de la República no se pronuncie definitivamente sobre el Decreto Alcaldicio N° NUM003, la Municipalidad no se encuentra habilitada para materializar el descuento del veinte por ciento de la remuneración ni para hacer efectiva definitivamente la anotación de demérito derivada de esa sanción. Y que de este modo, la acción atribuye al decreto consecuencias jurídicas que el ordenamiento todavía no permite ejecutar. No existe, por tanto, una privación patrimonial consumada derivada del acto recurrido; y tampoco existe una amenaza ilegal o arbitraria, puesto que la falta de ejecución obedece precisamente al mecanismo de control de juridicidad previsto por el legislador.

Precisa que lo anterior no supone negar la competencia constitucional de esta Corte para conocer de actos u omisiones ilegales o arbitrarios. Se trata simplemente de advertir que, en el estado actual del procedimiento, la alegación de afectación patrimonial se formula respecto de efectos que todavía no se han producido ni pueden producirse válidamente mientras el trámite de toma de razón permanezca pendiente.

Agrega que el Decreto N° NUM002 se limitó, en lo que respecta al recurrente, a aplicar la sanción que había sido propuesta por el órgano contralor.

Posteriormente, el Decreto N° NUM003 volvió a examinar los antecedentes con motivo del recurso de reposición y, lejos de agravar la situación del funcionario, redujo la entidad de la medida disciplinaria atendiendo a su concreta participación en los hechos.

En cuanto a la prescripción, expone que el Decreto N° NUM003 consideró, en particular, que la formulación de cargos constituye una causal legal de suspensión del plazo de prescripción. Esa circunstancia impide efectuar un cómputo puramente lineal desde la fecha de los hechos hasta la dictación del acto sancionatorio, como propone el recurrente. Agrega que el acto recurrido también tuvo presente la doctrina administrativa contenida, entre otros, en los dictámenes N° 10.075, de 2011; N° 42.741, de 2011; N° 39.563, de 2011; N° 52.491, de 2012; y N° 55.419, de 2015, citados en el propio decreto. Conforme a la interpretación administrativa allí utilizada, la formulación de cargos suspende el cómputo de la prescripción y, cuando se configura alguno de los supuestos legales que hacen cesar la suspensión, el plazo continúa corriendo con consideración del período que correspondía computar antes y después de ella.

Afirma que por consiguiente, la tesis del recurso, según la cual bastaría comparar la fecha de los hechos con la fecha de la sanción prescindiendo de los efectos jurídicos producidos por la formulación de cargos, no es la única interpretación posible de los artículos 154 y 155.

El municipio resolvió la controversia mediante una interpretación expresamente fundada en el texto estatutario y en jurisprudencia administrativa identificada en el decreto. Y que ello es particularmente relevante en sede de protección. La arbitrariedad no se configura por la sola existencia de una controversia interpretativa. El Decreto N° NUM003 expone el marco normativo aplicado, identifica las actuaciones que inciden en el cómputo y razona por qué no se tuvo por extinguida la potestad disciplinaria. Puede existir desacuerdo con dicha conclusión, pero no ausencia de fundamento.

Respecto de la duración del procedimiento, señala que los plazos procedimentales deben ser respetados y la Administración se encuentra obligada a actuar con celeridad. Sin embargo, la infracción de un plazo de tramitación no equivale, por sí misma y en ausencia de una norma que así lo establezca, a la inexistencia del procedimiento o a la nulidad automática de todas sus actuaciones.

Y que en este caso, además, no aparece que la extensión temporal haya provocado indefensión material al recurrente. Éste conoció los cargos, ejerció su derecho a formular descargos, dedujo reposición contra la sanción y obtuvo una revisión sustantiva de su situación, revisión que incluso determinó una reducción importante de la medida disciplinaria inicialmente aplicada.

En cuanto a las garantías invocadas, sostiene que en el presente caso no se demuestra que otro funcionario situado en idéntica posición jurídica y fáctica, con igual participación, idénticos cargos y los mismos antecedentes disciplinarios relevantes, haya recibido un trato diferente sin fundamento. Y que no existe, en consecuencia, una privación actual de remuneraciones derivada del acto cuestionado. Y una eventual afectación futura sólo podría producirse si el acto supera el control de juridicidad y entra válidamente en vigor, circunstancia que al momento de evacuarse este informe se encuentra pendiente.

Respecto del Decreto Alcaldicio N° NUM002, señala que al resolver esa reposición, el Decreto N° NUM003 acogió parcialmente la impugnación y sustituyó la medida originalmente aplicada por una sanción menos gravosa. Por ello, ambos decretos no pueden ser entendidos como dos sanciones autónomas y simultáneamente ejecutables. El segundo acto corresponde precisamente a la decisión recaída en la impugnación administrativa deducida contra el primero.

Concluye que en estas condiciones, no concurren los presupuestos establecidos por el artículo 20 de la Constitución para que prospere la acción cautelar intentada, razón por la cual el recurso debe ser rechazado en todas sus partes. 3°.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo. 4°.- Que es requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 5°.- Que según se desprende del contenido del recurso, los actos que el recurrente denuncia como ilegales y arbitrarios corresponden al Decreto Alcaldicio N° NUM002, de fecha 27 de agosto de 2025, que le aplicó la suspensión del empleo por dos meses con goce del cincuenta por ciento (50%) de la remuneración, y al Decreto Alcaldicio N° NUM003, de fecha 31 de julio de 2026, notificado el 4 de agosto de 2026, que rechazó la alegación de prescripción de la acción disciplinaria y acogió parcialmente su reposición, sustituyendo dicha medida por una multa equivalente al veinte por ciento (20%) de su remuneración mensual, por un mes, con anotación de demérito de cuatro (4) puntos.

El actor sostiene que, a la fecha de la sanción, la acción disciplinaria se encontraba prescrita conforme a los artículos 153 letra d), 154 y 155 de la Ley N° 18.883, por haberse paralizado el sumario por más de dos años y haber transcurrido más de dos calificaciones funcionarias sin ser sancionado, de modo que el plazo debía computarse desde la ocurrencia de los hechos, todo lo cual vulnera sus garantías del artículo 19 N°s 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Por su parte, la recurrida solicitó el rechazo de la acción, en primer término, por estimar que el Decreto N° NUM003 no puede producir los efectos que el recurrente le atribuye mientras se encuentre pendiente el trámite de toma de razón, por lo que no existiría una afectación actual ni una amenaza ilegal o arbitraria. En cuanto al fondo, sostuvo que, conforme a la tesis de cómputo que defiende, fundada en los dictámenes de la Contraloría General de la República invocados en el acto recurrido, la acción no se encontraba prescrita, y que la existencia de una controversia interpretativa no configura arbitrariedad. 6°.- Que con el mérito de lo expuesto por las partes y de los antecedentes acompañados, no objetados, se tienen por establecidos los siguientes hechos: a) Que los hechos imputados al recurrente se refieren a su desempeño como integrante subrogante, en calidad de Director SECPLA (S), de la comisión evaluadora de la licitación pública ID N° NUM005, cuya acta de evaluación de las ofertas y propuesta de adjudicación, suscrita por él, es de fecha 21 de febrero de 2020. b) Que por Decreto Alcaldicio N° NUM004, de 2020, se instruyó sumario administrativo, acumulado al ordenado por la Contraloría Regional de Ñuble mediante Resolución Exenta N° NUM006, de 2020. c) Que la etapa indagatoria se declaró cerrada el 15 de febrero de 2021 y los cargos fueron formulados al recurrente el 16 de febrero de 2021, siéndole notificados personalmente. d) Que a solicitud del recurrente, el procedimiento se suspendió desde el 23 de febrero hasta el 11 de marzo de 2021, conforme a la Resolución N° NUM007, de fecha 8 de abril de 2020, que establece un régimen de excepción en la tramitación de sumarios instruidos por la Contraloría General de la República, y que con posterioridad presentó descargos con fecha 19 de mayo de 2021, según consigna el considerando XLI de la Vista Fiscal. e) Que la Vista Fiscal se emitió el 26 de diciembre de 2024, proponiendo levantar parcialmente el cargo N° 1 y mantener el cargo N° 2 formulados al recurrente. El considerando 15 del Decreto Alcaldicio N° NUM003 reconoce que, entre la notificación de la formulación de cargos y la del Decreto N° NUM002, "transcurrieron más de dos años en que el sumario estuvo paralizado", fijando la reanudación del cómputo de la prescripción el 16 de febrero de 2023. f) Que por Resolución Exenta N° NUM008, de 30 de junio de 2025, el Contralor Regional de Ñuble aprobó el sumario y la Vista Fiscal y propuso aplicar al recurrente la medida de suspensión del empleo por dos meses con goce de un cincuenta por ciento de la remuneración. g) Que por Decreto Alcaldicio N° NUM002, de 27 de agosto de 2025, notificado el 8 de septiembre de 2025, se aplicó al recurrente dicha medida. h) Que el 15 de septiembre de 2025 el actor dedujo reposición, alegando el exceso de plazo del procedimiento, la prescripción de la acción disciplinaria y, en subsidio, la falta de proporcionalidad de la sanción. i) Que por Decreto Alcaldicio N° NUM003, de 31 de julio de 2026, notificado el 4 de agosto de 2026, se rechazó la prescripción, se acogió parcialmente la reposición y se aplicó al recurrente una multa equivalente al veinte por ciento de su remuneración mensual, por un mes, con anotación de demérito de cuatro puntos en el factor de calificación correspondiente, ordenándose en su numeral 5 la toma de razón por la Contraloría General de la República conforme al artículo 133 bis de la Ley N° 10.336, decreto que ingresó a trámite en la Contraloría General de la República con fecha 7 de agosto de 2026, encontrándose pendiente dicho trámite según el informe. j) Que según los Certificados N°s NUM009, de 12 de septiembre de 2025, y NUM010, de 27 de agosto de 2026, de la Directora de Administración y Finanzas y Jefa del Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Chillán, el recurrente no ha sido objeto de aplicación de medida disciplinaria o sanción entre el 6 de febrero de 2021 y el 27 de agosto de 2026. 7°.- Que en cuanto a la alegación de la Municipalidad recurrida, consistente en que el Decreto Alcaldicio N° NUM003, de fecha 31 de julio de 2026, mediante el cual la autoridad municipal resolvió el recurso de reposición del actor, se encuentra pendiente de toma de razón y que, mientras ese control no concluya, no puede producir los efectos que el recurrente le atribuye, esta será desestimada, puesto que, en concepto de esta Corte, se confunde la eficacia del acto administrativo sancionatorio con la existencia de la potestad disciplinaria que lo sustenta. En efecto, según el Dictamen de la Contraloría General de la República N° E220260/2022, que la propia recurrida invoca, es con la toma de razón que el acto de término produce "su total trámite y genera los efectos que le son propios"; es decir, dicho trámite determina el momento desde el cual la decisión puede ejecutarse, pero el Decreto N° NUM003 ya fue dictado y notificado al afectado el 4 de agosto de 2026, y en él, en concreto, la autoridad municipal ejerció la potestad disciplinaria. 8°.- Que en consecuencia, el Decreto N° NUM003, por esta vía impugnado, en concepto de estos sentenciadores, no es un acto jurídico administrativo de trámite, ya que, según su contenido, desestimó la alegación de prescripción (considerandos 15 a 17 y 25), acogió parcialmente la reposición (numeral 1) y aplicó al recurrente, a título de medida disciplinaria, una multa equivalente al veinte por ciento de su remuneración mensual, por un mes, con anotación de demérito de cuatro puntos (numeral 2). La situación difiere, por tanto, de aquella en que la Excma. Corte Suprema ha declarado improcedente esta acción respecto de "actos intermedios que, por tanto, no contienen una decisión definitiva y forman parte de un procedimiento complejo como lo es una sanción disciplinaria, cuya decisión final está supeditada al resultado de un sumario administrativo que en la especie, aún no se encuentra afinado" (Rol N° 240.918-2023, considerando tercero), pues en la especie, el sumario está concluido y la decisión de fondo fue adoptada. En efecto, en ese fallo, la improcedencia se fundó en que el acto de mero trámite carecía de "la aptitud de privar, perturbar o amenazar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales cautelados mediante este recurso" (considerando cuarto), aptitud que sí reviste una decisión sancionatoria definitiva como la recurrida. 9°.- Que conforme a lo razonado, la amenaza que habilita la tutela no es una eventualidad abstracta, sino que emana de un acto sancionatorio concreto: una decisión adoptada por la autoridad competente, de contenido determinado, la multa equivalente al veinte por ciento de la remuneración mensual, por un mes, con anotación de demérito de cuatro puntos, notificada al afectado el 4 de agosto de 2026 y remitida al trámite de toma de razón que ordena su numeral 5°. La recurrida no ha renunciado a esa decisión, sino que sostiene su legalidad y solicita el rechazo íntegro del recurso, limitándose a afirmar que se encuentra obligada "a abstenerse de ejecutar la nueva sanción hasta que el órgano contralor se pronuncie". Dicha amenaza es cierta y actual, y se vincula con la garantía de igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, en los términos que se expondrán. 10°.- Que ahora bien y, en cuanto al fondo, el artículo 153 letra d) de la Ley N° 18.883 contempla "la prescripción de la acción disciplinaria" como causal de extinción de la responsabilidad administrativa, y el artículo 154 dispone que la acción disciplinaria de la municipalidad contra el funcionario "prescribirá en cuatro años contados desde el día en que éste hubiere incurrido en la acción u omisión que le da origen". A su turno, el artículo 155 establece en su inciso primero que la prescripción de la acción disciplinaria "se interrumpe, perdiéndose el tiempo transcurrido, si el funcionario incurriere nuevamente en falta administrativa, y se suspende desde que se formulen cargos en el sumario o investigación sumaria respectiva"; agregando su inciso segundo que "si el proceso administrativo se paraliza por más de dos años, o transcurren dos calificaciones funcionarias sin que haya sido sancionado, continuará corriendo el plazo de la prescripción como si no se hubiese interrumpido". 11°.- Que conforme al contenido del recurso y del informe respectivo, se desprende que la controversia se centra en el efecto del inciso segundo del artículo 155 transcrito en el motivo anterior. Así, la recurrida sostiene que, configurado alguno de los supuestos que hacen cesar la suspensión, "el plazo continúa corriendo con consideración del período que correspondía computar antes y después de ella", criterio conforme al cual el Decreto N° NUM003 reanudó el cómputo el 16 de febrero de 2023 y sumó a ese período el transcurrido entre los hechos y la formulación de cargos (considerandos 15 y 16).

Sin embargo, la Excma. Corte Suprema, en sentencia Rol N° 18.823-2019, de fecha 2 de marzo de 2020, resolvió que, acreditado que la funcionaria había sido calificada en dos períodos consecutivos, "se debe aplicar lo consignado en el inciso segundo de la última norma antes citada, que dispone que si en el proceso administrativo transcurren dos calificaciones funcionarias sin que haya sido sancionado, continuará corriendo el plazo de la prescripción como si no se hubiese interrumpido, cuestión que en términos semejantes a lo establecido en el artículo 96 del Código Penal, debe entenderse referido a que no se ha suspendido. Ergo, el plazo debe computarse desde el acaecimiento del hecho, abstrayéndose del efecto suspensivo generado por la formulación de cargos" (considerando sexto), concluyendo que los hechos acaecidos más de cuatro años antes de la resolución sancionatoria "no podían ser objeto de sanción administrativa" (considerando séptimo). El mismo criterio ha sido reiterado por la Excma. Corte Suprema, en términos similares, en las sentencias Rol N° 64.524- 2023, de fecha 13 de mayo de 2024 (considerando quinto), recaída en una medida de suspensión del empleo con goce del cincuenta por ciento de la remuneración;

Rol N° 10.657-2024, de fecha 8 de mayo de 2025 (considerando quinto), recaída en una medida de destitución impuesta por la Contraloría General de la República;

Rol N° 226.435-2023, de fecha 19 de febrero de 2025 (considerando quinto); y Rol N° 103.070-2023, de fecha 11 de marzo de 2024 (considerando décimo), este último respecto de la regla análoga del estatuto del personal de las Fuerzas Armadas. En todos ellos se acogió la acción de protección. 12°.- Que en la especie, concurre el supuesto de paralización del procedimiento administrativo por más de dos años previsto en el inciso segundo del artículo 155 de la Ley N° 18.883, toda vez que, el considerando 15 del propio Decreto Alcaldicio impugnado (N° NUM003) declara expresamente que entre la formulación de cargos y la sanción "transcurrieron más de dos años en que el sumario estuvo paralizado", y la recurrida, por su parte, no controvierte dicha paralización en su informe, en el que no da cuenta de actuación sumarial alguna entre la presentación de los descargos el 19 de mayo de 2021 y la emisión de la Vista Fiscal el 26 de diciembre de 2024. Tampoco se ha alegado ni acreditado la interrupción del plazo por haber incurrido el funcionario en una nueva falta administrativa, constando, por el contrario, en los Certificados N°s NUM009 y NUM010 referidos en la letra j) del motivo 6°, que no ha sido objeto de medida disciplinaria alguna entre el 6 de febrero de 2021 y el 27 de agosto de 2026, quedando dicha hipótesis también, comprendida por el inciso segundo del tantas veces referido artículo 155. 13°.- Que habiéndose constatado la paralización del procedimiento sumarial por más de dos años y la consecuente pérdida del efecto suspensivo de la formulación de cargos en virtud del artículo 155 inciso segundo de la Ley N° 18.883, el plazo de prescripción de cuatro años debe computarse en forma continua desde el acaecimiento de los hechos. En la especie, los cargos formulados al recurrente se refieren a su calidad de integrante de la comisión evaluadora, cuya acta de evaluación suscribió el 21 de febrero de 2020, fecha que el propio Decreto N° NUM003 tiene presente al examinar la alegación (considerando 11) y que la recurrida no ha controvertido. Pues bien, el plazo legal de prescripción de cuatro años previsto en el artículo 154 de la Ley N° 18.883 se cumplió el 21 de febrero de 2024, esto es, con anterioridad a la emisión de la Vista Fiscal (26 de diciembre de 2024), a la dictación de la Resolución Exenta N° NUM008 de la Contraloría Regional de Ñuble (30 de junio de 2025), a la dictación del Decreto Alcaldicio N° NUM002 (27 de agosto de 2025, notificado el 8 de septiembre de 2025) y a la dictación del acto impugnado mediante Decreto Alcaldicio N° NUM003 (31 de julio de 2026, notificado el 4 de agosto de 2026). De ello se sigue que la responsabilidad administrativa del funcionario se encontraba extinguida por la prescripción de la acción disciplinaria de la municipalidad, cualquiera que sea el hito que se adopte como término del cómputo. 14°.- Que así las cosas, la imposición de una medida disciplinaria respecto de conductas cuya acción se encontraba prescrita vulnera la garantía de igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República. Como ha resuelto la Excma. Corte Suprema, tales medidas "configuran actuaciones ilegales que conculcan la garantía constitucional de la igualdad ante la ley que asiste a los afectados, al habérseles impuesto un gravamen que no resulta aplicable a otros funcionarios que, puestos en igual posición, han recibido el trato estrictamente determinado por la ley, en obediencia al principio de legalidad que rige la actuación de la Administración" (Rol N° 226.435-2023, considerando séptimo). Esa afectación recae sobre el acto sancionatorio concreto descrito en el motivo 9°. 15°.- Que atendido lo resuelto, resulta innecesario pronunciarse sobre la garantía del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, sobre la alegación relativa a la demora en la resolución de la reposición y sobre la proporcionalidad de la sanción sustitutiva.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Chillán, y en consecuencia:

I.- Se deja sin efecto el Decreto Alcaldicio N° NUM003, de fecha 31 de julio de 2026, y el Decreto Alcaldicio N° NUM002, de fecha 27 de agosto de 2025, en lo que respecta al recurrente.

II.- Se declara que la acción disciplinaria en contra de don nombre reservado, por los hechos investigados en el sumario administrativo instruido por Decreto Alcaldicio N° NUM004, de 2020, acumulado al ordenado por Resolución Exenta N° NUM006, de 2020, de la Contraloría Regional de Ñuble, se encuentra prescrita.

III.- La recurrida deberá dictar, dentro de décimo día, el acto administrativo que declare extinguida la responsabilidad administrativa del recurrente por la causal del artículo 153 letra d) de la Ley N° 18.883, absteniéndose de ejecutar la multa y la anotación de demérito dispuestas, y comunicar lo resuelto a la Contraloría General de la República.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del abogado integrante don Cristian Coloma Fuentes.

No firma el ministro señor Arcos, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente haciendo uso de feriado legal.

ROL N° 763-2026.PROTECCIÓN