Protección contra Municipalidad de Chillán

Chillán, cinco de septiembre de dos mil veinticuatro Visto:

1°.- Que, comparece el abogado don Miguel Ángel Calderón Flores, en representación de don nombre reservado, chileno, casado, capataz, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo acción de protección contra la Inspección Provincial del Trabajo nombre reservado, por haber vulnerado con su actuar, las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 Nos. 2 y 3 de nuestra Carta Fundamental.

Señala que, con fecha 29 de mayo del año 2023, el recurrente presentó una denuncia de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales, ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán, el cual fue conocido bajo el Rit T-85-2023. La demanda fue presentada de forma conjunta con la acción declarativa de vínculo laboral e indemnización de perjuicios. En dicha causa se dictó sentencia definitiva con fecha 2 de enero de 2024, que acogió la acción declarativa de vínculo laboral y la indemnización por daño moral.

Luego, con fecha 1 de febrero del año en curso, se inició el procedimiento de cobranza laboral, bajo el Rit C-38-2024 y más tarde, el día 13 de febrero, se le hizo llegar copia del contrato al actor. En dicho instrumento se establece el cargo de capataz de cuadrilla polifuncional, responsable de labores de aseo de la Dirección de Aseo y Ornato de la Ilustre Municipalidad de Chillán; que la vigencia de la relación laboral sería desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de dicho año; en la cláusula cuarta se hace referencia al “pago de honorarios”; la cláusula décima refiere que no será de responsabilidad de la Municipalidad de Chillán, cualquier accidente, hecho fortuito u otro que acontezca en el desempeño de sus funciones; y en la cláusula decimosexta, alude a la causa RIT T-85-2023 del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán, haciendo expresa alusión a la antigüedad laboral del actor.

Por lo expuesto, el 13 de febrero formuló incidente en la causa de cobranza, donde se acusaba el intento de eludir el fallo por parte de la Municipalidad, cuestión que fue rechazada por el Tribunal. Ante ello, interpuso denuncia en la Inspección del Trabajo, por incumplimiento a la obligación del artículo 9 del Código del Trabajo, denuncia que la institución derivó a la Contraloría Regional de nombre reservado, el organismo contralor se pronunció al respecto el día 5 de abril del año en curso, manifestando su abstención por ser un asunto sometido a conocimiento de los tribunales de justicia.

Añade que presentaron nuevamente solicitud de tramitación de denuncia por infracción a lo dispuesto en el artículo 9 del Código del Trabajo ante la Inspección, institución que resolvió nuevamente mantener su postura y no dar tramitación a la solicitud, ni entrar a pronunciarse de ninguna forma, sino que absteniéndose de conocer por estimar que carece de competencia legal para hacerlo.

Sostiene que dicho actuar es ilegal, pues de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5 N°1, letra c) del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en cuanto señala que, dentro de las obligaciones de la Dirección del Trabajo, se encuentra velar por la correcta aplicación de las leyes del trabajo en todo el territorio de la República, misma obligación que pesa sobre la Inspección Provincial del Trabajo. Asimismo, alega la arbitrariedad del Ordinario N° 195 de 2024, ya que no entrega un fundamento de peso para lograr entender la decisión.

En ese sentido, hace presente que la misma Dirección del Trabajo ha resuelto tener facultades para fiscalizar y tramitar mediaciones respecto a las municipalidades, lo que se materializó mediante Dictamen Ordinario N° 5546-105 que reconoció las facultades de los inspectores del trabajo para, inclusive, multar a los municipios en ciertos casos que refieran a accidentes de trabajo, suspensión de las faenas o infracción al deber de informar a vuestra institución. En el caso particular, es conveniente recordar que el juicio laboral rol T-85-2023, que terminó con la referida sentencia firme, se originó, precisamente, a raíz de un accidente de trabajo con riesgo vital.

En cuanto al derecho, indica como vulneradas las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 Nos. 2 y 3 de nuestra Carta Fundamental.

Finaliza solicitando a esta Corte, tener por interpuesto el presente recurso, le de curso y tramitación y al mismo tiempo la recurrida sea condenada en costas.

2°.- Que, al informar el abogado don Sergio Hernán Álvarez Gebauer, en representación de la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado, señaló primeramente que las mismas recurrentes reconocen que su empleador y respecto del cual, su representada, la Dirección del Trabajo, rechazó ambas presentaciones de denuncia en su contra por carecer de competencia para fiscalizar las actuaciones de otro Servicio Público, como lo es, la Municipalidad de Chillán, derivado de las reclamaciones de sus dependientes.

Indica que no obstante lo dispuesto en el artículo 1 del Código del Trabajo y el artículo 1 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 del año 1967, Estatuto Orgánico de la Dirección del Trabajo, donde pareciera que no se encontraría impedida de fiscalizar al servicio público denominada Ilustre Municipalidad de Chillán, lo cierto es que al ser la Dirección del Trabajo un órgano del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 98 y 99 de la Constitución Política de la República, así como lo previsto en el Decreto N° 2421, de fecha 07 de julio de 1964, que fija el texto refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República; el artículo 1 de la Ley N° 18.834 y el artículo 21 de la Ley 18.575, no existe relación alguna entre las facultades que la Dirección del Trabajo posee, respecto de los dependientes o funcionarios que presten servicios en distintos Servicios Públicos, incluido la Municipalidad de Chillan, y el artículo 5 N°1 letra c) del DFL 2 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, señalada por las recurrentes, se refiere únicamente a que determinadas normas del Código del Trabajo, le son aplicables a funcionarios dependientes de determinados servicios públicos, pero en parte alguna dicha ley, establece que el ente que representa le corresponde la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral a esos trabajadores, funcionarios públicos.

Por otra parte, añade que cabe tener presente que la misma Dirección del Trabajo ha resuelto tener facultades para fiscalizar y tramitar mediaciones respecto a las municipalidades, lo que ha quedado resuelto mediante el Dictamen ORD. Nº5546/105 que reconoció algunas facultades de los inspectores del trabajo para, inclusive, multar a los municipios en ciertos casos que refieran a accidentes de, trabajo suspensión de las faenas o infracción al deber de informar a vuestra institución.

Expresa que lo establecido en dicho dictamen, donde la Superintendencia de Seguridad Social, por Oficio Ordinario Nº6314, emitió informe al Servicio en cuanto las Inspecciones del Trabajo tendrían competencia para fiscalizar a los Servicios Públicos y a las Municipalidades en caso de suceder en ellos accidentes del trabajo fatales y graves, atendido que las facultades que se les han conferido en los incisos 4º y 5º del artículo 76 de la ley Nº16.744, no han distinguido entre entidades privadas o públicas en las cuales deban ejercer sus atribuciones de fiscalización, por lo que deberían entenderse incluidas, sin extenderse a si se podría sancionarlas con multa de haber incumplimientos a las exigencias que las mismas normas establecen, es una excepción.

Señala que no existe conexión en la norma legal en que se apoyan las recurrentes y la facultad fiscalizadora de la Dirección del Trabajo, por lo que es que su representada no ha vulnerado garantía constitucional alguna que diga relación con dependientes de la Municipalidades. De todos modos, indica que, recepcionada la solicitud, se efectuó el respectivo examen de admisibilidad, de conformidad a lo dispuesto por la circular N°38, de 17 de junio de 2022, del Departamento de Relaciones Laborales, declarándose inadmisibles, en atención a lo dispuesto por el Dictamen N°000358, de 06 de enero de 2020, de la Contraloría General del República. Cita jurisprudencia administrativa.

Añade que, conforme a lo dispuesto por el Órgano de Control, la Dirección del Trabajo, se encuentra impedida de conocer la reclamación administrativa efectuada, en atención a que la parte reclamada, es un servicio público desconcentrado, ya que el municipio forma parte de la administración del Estado.

Reclama además la improcedencia del recurso atendido a que no se cumplen los presupuestos previstos en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, ya que la recurrida se encuentra exenta de toda ilegalidad y arbitrariedad, debido a que son incompetentes para revisar la situación laboral ocurrida entre el actor y su ex empleador.

Finaliza solicitando a esta Corte tenga por informado el recurso de protección y sea rechazado, con costas.

3°.- Que, a folio dieciséis de estos autos, consta Oficio de fecha 08 de agosto de 2024, remitido por la Contraloría Regional de nombre reservado, donde se informa que a través de Oficio N° E471538, de 5 de abril de 2024, el órgano contralor se abstuvo de emitir pronunciamiento respecto al requerimiento del Jefe de la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado, quien remitió la denuncia ingresada por el señor nombre reservado, en contra de la Municipalidad de Chillán.

Exponen que dicha denuncia se relacionaba con la solicitud de la entidad edilicia al señor nombre reservado a fin de concretar la firma de un contrato de honorarios, para regularizar su situación laboral y así dar cumplimiento a la sentencia definitiva y ejecutoriada en causa RIT T-85-2023 del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán.

Indica que, sobre la materia, de acuerdo con el artículo 6°, inciso 3, de la Ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, dicho organismo de Control no intervendrá, ni informará los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso, o que estén en conocimiento de los Tribunales de Justicia. En ese sentido, al tenor de lo resuelto en los dictámenes N°15.698 de 2011 y N°6.679 de 2018, ambos del ente contralor, la abstención igualmente opera en los casos en que se haya dictado una sentencia de término sobre el asunto objeto de la litis, por cuanto el citado precepto de la Ley N° 10.336 tiene por objeto evitar que la entidad fiscalizadora dictamine acerca de las materias entregadas al conocimiento del Poder Judicial, garantizando que no se interfiera el ejercicio de las atribuciones que privativamente competen a ese poder del estado.

4°.- Que, al analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

5°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

6°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

7°.- Que, la recurrente estima que la decisión de la Inspección del Trabajo de abstenerse de fiscalizar el cumplimiento de la obligación de escrituración del contrato de trabajo por parte de la Municipalidad de Chillan constituye un acto arbitrario e ilegal que vulnera las garantías señaladas en su escrito.

A su turno la recurrida explica que sus facultades legales no alcanzan a abarcar la fiscalización del cumplimiento de obligaciones laborales por parte de las Municipalidades u otras entidades públicas, salvo en el caso excepcional de los accidentes del trabajo, siendo competente en la especie la Contraloría General de la República.

Por su parte, el ente contralor, requerido por esta Corte, informó que no inició fiscalización en el caso de autos, debido a que los hechos se encuentran sometidos al conocimiento de un órgano jurisdiccional, y que en ese contexto le está vedado intervenir conforme lo dispuesto en su ley orgánica.

8°.- Que, del análisis de los antecedentes aportados, y cuerpos legales citados, es menester tener por establecido, que el recurrente obtuvo mediante sentencia ejecutoriada la declaración de existencia de un vínculo de naturaleza laboral con la Ilustre Municipalidad de Chillán, que dicha sentencia se encuentra actualmente en etapa de ejecución, sin que el Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad haya dispuesto en la etapa declarativa la orden de extender el respectivo contrato de trabajo, así como tampoco accedió a tramitar en la etapa de cumplimiento la solicitud del recurrente de apercibir a dicha Municipalidad de cumplir con la parte de la sentencia que declara la existencia de una relación de naturaleza laboral.

Que, no consta que el recurrente haya impugnado la resolución que desestimó su petición, o haya intentado otras acciones enderezadas a obtener la escrituración del contrato de trabajo que le une a la señalada Municipalidad.

9°.- Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 2421, que fija el texto Refundido de la ley de Organización y Atribuciones De La Contraloría General De La República, que dispone: “La Contraloría General de la República, independiente de todos los Ministerios, autoridades y oficinas del Estado, tendrá por objeto fiscalizar el debido ingreso e inversión de los fondos del Fisco, de las Municipalidades, de la Beneficencia Pública y de los otros Servicios que determinen las leyes; verificar el examen y juzgamiento de las cuentas que deben rendir las personas o entidades que tengan a su cargo fondos o bienes de esas instituciones y de los demás Servicios o entidades sometidos por ley a su fiscalización, y la inspección de las oficinas correspondientes; llevar la contabilidad general de la Nación; pronunciarse sobre la constitucionalidad y legalidad de los decretos supremos y de las resoluciones de los Jefes de Servicios, que deben tramitarse por la Contraloría General; vigilar el cumplimiento de las disposiciones del Estatuto Administrativo y desempeñar, finalmente, todas las otras funciones que le encomiende esta ley y los demás preceptos vigentes o que se dicten en el futuro, que le den intervención”.

En concordancia con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 18.695 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que indica “Las Municipalidades serán fiscalizadas por la Contraloría General de la Republica de acuerdo con su ley Orgánica Constitucional”.

Puede concluirse, que la recurrida, Inspección del Trabajo, no es competente para ejercer la fiscalización que la recurrente requiere.

De la normativa citada precedentemente aparece con claridad que el órgano fiscalizador es la Contraloría General de la República, quien al informar reconoce en dicha competencia una limitante, esto es, que los asuntos se encuentren sometidos a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios.

10°.- Que, conforme se viene razonando, la recurrida se encuentra impedida de fiscalizar la situación denunciada, resultando su actuar ajustado a derecho, no constitutivo de un actuar arbitrario o ilegal que vulnere o amenace las garantías señaladas por el recurrente, cuestión que determina que el presente arbitrio habrá de ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la excelentísima Corte Suprema, sobre la materia, se resuelve, que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Miguel Ángel Calderón Flores, en representación de don nombre reservado, contra la Inspección Provincial del Trabajo nombre reservado.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción del ministro Claudio Arias Córdova.

No firma el abogado señor Huepe, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por no haber integrado hoy.

Rol N°763-2024-Protección.-