nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE

1 Chillán, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno.

Visto:

1°.- Que comparece don nombre reservado, quien deduce Recurso de Protección en favor de Inversiones Yuval Limitada, representada por doña nombre reservado y don nombre reservado, en contra de la Tesorería Regional de Chillán, entidad pública de cargo de don Juan Paulo Lara González o quien a su vez la represente.

El recurrente expuso, en síntesis, que la recurrente, es una empresa de 320 trabajadores y muy estable financieramente, pero pese a su buena administración, la crisis social y posteriormente la sanitaria, las condiciones económicas de la empresa se vieron afectadas, lo que provocó que cayera en mora en el pago de sus Impuestos con el Fisco de Chile.

Añade que, mediante resolución N° 25603-2021, en expediente administrativo N° 1094-2019 Coelemu, se procedió al embargo de todos los fondos de la cuenta corriente de la empresa, por la suma de $ 99.181.609 del Banco Santander Chile, oficina Concepción. Asimismo y en otros expedientes administrativos la recurrida mediante otras resoluciones resolvió trabar embargos sobre bienes de propiedad de Inversiones Yuval, en especial sobre rentas, utilidades o los créditos, derechos y/o dineros que a cualquier título se devenguen o se deban pagar, ceder y/o enajenar, actualmente o en el futuro, por la empresa Inversiones Yuval Limitada, notificando en este caso a sus principales mandantes en la ciudad de Concepción CGE Distribución y Compañía General De Electricidad.

Posteriormente, el recurrente expresó que los fondos embargados en la cuenta corriente estaban destinados al pago de salarios de sus 320 trabajadores por lo que han estado sin sueldo casi 2 meses.

Luego manifestó que, en el marco de la Pandemia Covid-19 en Chile, el 25 de marzo de 2020, el Presidente de la República ingresó un proyecto de ley que busca establecer un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales y para los plazos y ejercicio de las acciones que se indican, por lo que estima, arbitrario e ilegal que prosigan con la ejecución de cobranza por morosidad, dejando a su representada y sus trabajadores en la más completa indefensión. Además, dicho actuar, los obligó a suspender las operaciones de la empresa, toda vez que, estando embargados a hoy y a futuro sus activos en las compañías mandantes no le permitirá de ninguna manera cumplir con sus compromisos de pagos. Dice, que ello, vulnera las garantías establecidas del debido proceso, la libertad de trabajo y su protección y; el derecho de propiedad respecto de mis representados, señalados en el artículo 19 Nos. 3, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Termina, solicitando que, esta Corte acoja el presente recurso ordenando la suspensión de todas las ejecuciones de cobro de la mora en los expedientes administrativos respecto de Inversiones Yuval Limitada RUT NRUT reservadoS80-9 y se ordene la restitución de todos los fondos embargados incluyendo los dineros embargados desde la cuenta corriente N° [cuenta reservada] por la suma de $ 99.181.609 del Banco Santander Chile, oficina Concepción, con expresa condena en costas de la presente acción.

2°.- Que comparece, en calidad de tercero coadyuvante, el abogado don Juan Arturo Pedreros Vera, en representación, de Inversiones Yuval Ltda., refiere el concepto doctrinario de los terceros coadyuvantes y añade que su representada se encuentra en idéntica situación jurídica con el recurrente de autos, nombre reservado, de manera que su no intervención armónica con él puede ocasionar en el futuro nuevos juicios y procedimientos judiciales idénticos sobre las mismas materias que se someten a este recurso de protección Rol 753-2021. Y ello, con el riesgo que en dichos eventuales procedimientos futuros se dicten sentencias contradictorias con la que se pronuncie en el de autos.

Posteriormente, señala que el giro de su representada es comercial y específicamente al área de la parte eléctrica industrial, ingeniería en general, mantenimiento e instalación de obra gruesa eléctrica, en zonas rurales, urbanas, comunas de la región de Ñuble y Maule, con un alto nivel de productividad, de crecimiento y de competitividad. Añade que, el “estallido social”, y ahora 2020 y 2021, “pandemia de Covid-19 o Coronavirus”, trajo como consecuencia pérdidas económicas lo que repercute en el pago para con sus trabajadores, y también en el pago de sus obligaciones mercantiles y de impuestos por cierto. Dice que su representada no desconoce la mora en el pago de sus impuestos, que ha habido convenios, y que siempre se ha ido pagando las deudas con Tesorería.

Luego, manifiesta que, como se expresa en autos, conforme a resolución Nº25603-2021, emanadas de Tesorería Regional de Ñuble, expediente administrativo Nº 1094-2019, de Coelemu, se ha procedido a embargar todos los fondos de la cuenta corriente de su representada por la suma de $99.181.609. Agrega que, mediante otras resoluciones la recurrida, resolvió trabar embargos sobre otros bienes de propiedad de su representada, y además pidió y ordenó oficiar a otras Sociedades para la retención de utilidades, rentas, o cualquier otro título que se devengue a favor de su representada, específicamente ordenó comunicar y notificar a CGE, Compañía General de Electricidad para tales efectos de que ésta última retenga rentas.

Precisa que, dichos dineros estaban destinados al pago de salarios, sueldos, remuneraciones laborales de los más de 300 trabajadores y que además, las rentas que se devenguen en lo sucesivo, especialmente provenientes CGE.

Sostiene que el Actuar de Tesorería General de la República, de la región de Ñuble, ha perturbado y amenazado el derecho de propiedad que tienen sobre sus dineros todos los trabajadores de la empresa recurrente correspondientes a su sueldo por remuneración mensual, a la luz de los antecedentes, y de lo prescrito en el DS 104 de marzo de 2020, la ley 21.226 que aborda, particularmente, el ejercicio de derechos en los juicios y la presentación de acciones judiciales, la ley 21.227 que Protege los ingresos y la relación laboral de los trabajadores cuando los actos de la autoridad, como cuarentenas o cierres de empresas, impidan al trabajador prestar sus servicios, brindándoles la posibilidad de acceder a una suspensión temporal de sus contratos, la ley 21.242 que entrega un beneficio transitorio para garantizar mayor cobertura a los trabajadores de menores ingresos que emiten boletas de honorarios y establece un tope de beneficio para aquellos de mayores ingresos, entre otras leyes aplicables, que vulnera los derechos fundamentales del articulo 19 Nos. 3, 16 y 24.

Finalmente, pide a esta Corte, lo tenga como parte en la prosecución del presente recurso por estimar que efectivamente su representada Inversiones Yuval Ltda, tiene derechos conculcados respecto del recurso de protección de ingreso a esta Corte Nº 753 – 2021, y asimismo sea acogido el recurso en todas sus partes con costas.

3°.- Que, al informar el presente recurso de protección, el abogado Juan Paulo Lara González, Director Regional de la Tesorería de Ñuble, pide que éste sea rechazado, con costas, toda vez que por mandato legal, contenido en el artículo 168 del Código Tributario, que señala “La cobranza administrativa y judicial de las obligaciones tributarias que deban ser cobradas por el Servicio de Tesorerías, de acuerdo con la ley, se regirá por las normas de este Título.”, a continuación, todo el título V contiene normas sobre el procedimiento a que debe ajustase el Tesorerías para llevar a cabo este cometido, en lo que se denomina “cobro ejecutivo de obligaciones tributarias”. Añade que, en virtud del mandato antes referido, es que el Servicio de Tesorerías dio inicio a diversos procesos en contra del recurrente, con la finalidad de obtener el pago de los impuestos adeudados, a saber: 10047-2018, 10009-2019, 10038-2019, 10094-2019, 10101-2019, 10102- 2019, 10027-2020, 10029-2021 todos de la comuna de Coelemu. La deuda que mantiene con Tesorerías asciende al día de hoy a la suma de $959.295.545, suma que solo considera el valor neto y sus reajustes, si consideramos los intereses y reajuste la deuda actualizada es de $1.499.574.972. Añade que ha solicitado 31 convenios de pago, de los cuales solo ha dado cumplimiento a 1, es decir, Tesorerías le ha dado la posibilidad de pagar con facilidades y no ha cumplido ninguno de los compromisos adquiridos.

En cuanto a las alegaciones del recurrente que “resulta arbitrario e ilegal que hoy en día los recurridos y más aún en tiempos de pandemia prosigan con la ejecución de la cobranza por morosidad en contra de Inversiones Yuval Limitada, dejando a esta en la más completa indefensión”, señala que ellas son falsas, ya que existe obligación legal para Tesorería llevar adelante el cobro de las obligaciones tributarias, obligación que no puede obviar ni retrasar por ninguna circunstancia, ni menos por la actual situación de excepción Constitucional. Ello porque ni la Ley 21.226 ni el auto acordado de la Corte Suprema, han relevado a la Tesorería de su mandato legal de cobro, es decir, no se encuentra dentro de aquellos tribunales que deben suspender sus audiencias, ni la tramitación de sus juicios, esto es, no existe norma legal que haya incluido al servicio de Tesorerías dentro de aquellos tribunales que pueden suspender sus juicios. Añade que aun cuando estuvieran incluidos dentro de lo que ley considera Tribunales Especiales, el legislador ha dejado de forma facultativa la posibilidad de suspender los juicios, así lo señala en el artículo 2 de la ley 21.226 y aun cuando se suspendieren ellos solo dice relación a las audiencias, lo que en el caso de marras no aplica, ya que la traba del embargo no es una audiencia. Ninguno de los supuestos opera aquí, tanto es así, que si no damos cumplimiento a nuestra obligación de llevar adelante el proceso de cobro, nos exponemos a serias sanciones.

Añade, que señala el artículo 3 de la ley 21.226 que no se podrán decretar diligencias que puedan causar indefensión en razón de las restricciones impuestas por la autoridad sanitaria. Este último punto es muy importante por cuanto, el acceso a ejercer su defensa siempre ha estado resguardado ante Tesorería, cuentan con una ventanilla virtual que funciona las 24 horas del día durante todo el año, para que los contribuyentes realicen presentaciones, alegatos o defensas. Además en el caso particular del recurrente Inversiones Yuval Limitada, se han realizado a los menos 2 reuniones por la plataforma ZOOM con la finalidad de ofrecerles las alternativas de negociación de que disponen, en las cuales, ellos no han señalado ninguna propuesta seria de arreglo de su situación de deuda. Precisa, que no existe normativa que nos autorice a suspender el procedimiento de cobro, salvo, la suscripción de un convenio de pago el cual suspende inmediatamente los apremios decretados, conforme lo dispone el artículo 192 inciso 3° del Código Tributario.

Finalmente, indica que el actuar de su representada, no ha sido ilegal; porque están estrictamente apegados a la normativa vigente, y no ha sido arbitrario ni antojadizo por cuanto han ponderado el historial de comportamiento de pago del deudor, dando cumplimiento al mandato legal de cobrar las obligaciones tributarias morosas y por sobre todo hemos resguardado en todo momento el derecho a la defensa del deudor.

4°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

5°.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías –preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

6°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que ésta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

7°.- Que, en suma, la recurrente estimó que se le vulneraron por parte de la Tesorería Regional Ñuble las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 Nos. 3, 16 y 24 de nuestra Carta Fundamental, fundada en que se procedió a embargar, mediante resolución Nº 25603-2021, del expediente administrativo Nº1094-2019, de Coelemu, todos los fondos de su cuenta corriente, por la suma de $99.181.609, destinados al pago de salarios, sueldos y remuneraciones laborales de los más de 300 trabajadores, además, de otros bienes de su propiedad, ordenando asimismo, oficiar a otras sociedades para la retención de utilidades, rentas, o cualquier otro título que se devenguen en su favor, especialmente provenientes CGE, motivo por el cual solicitó se ordenara la suspensión de todas las ejecuciones de cobro de la mora en los expedientes administrativos respecto de su representada ordenándose la restitución de todos los fondos embargados.

8°.- Que, para resolver la controversia resulta necesario señalar que el juicio ejecutivo tributario es de características especiales, en que el tesorero provincial (regional) no actúa como órgano administrativo sino que como juez sustanciador y por ende dentro de sus facultades jurisdiccionales que le son propias (artículo 170 inciso primero del código tributario), y en tal calidad despacha mandamiento de ejecución y embargo detentando por lo tanto las facultades para pronunciarse sobre la ejecución. Así las cosas, la ley 19.880 sobre procedimiento administrativo, no le es aplicable en el juicio ejecutivo reglado en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario. Tampoco es un acto administrativo las diligencias relativas al embargo normadas en el referido cuerpo legal.

9°.- Que, de lo expuesto aparece que el mismo asunto que sirve de fundamento a la acción constitucional deducida en estos autos se encuentra hoy ventilada ante el Tesorero Provincial de Ñuble en su calidad de juez sustanciador, en los expedientes administrativos de cobranza de Impuestos n°10047-2018, 10009-2019, 10038-2019, 10094-2019, 10101-2019, 10102-2019, 10027-2020, 10029-2021 todos de la comuna de Coelemu, por lo que la materia en examen está sometida al procedimiento adecuado que otorga a las partes las máximas garantías a fin de hacer valer sus pretensiones y derechos.

De esta forma, y encontrándose la situación controvertida bajo el imperio del derecho, el presente recurso extraordinario ha perdido su real objetivo atendida su índole y naturaleza, razón por la que no puede prosperar.

10°.- Que, teniendo además, en consideración que las actuaciones jurisdiccionales efectuadas al amparo de las disposiciones legales de los artículos 168 y siguientes del Código Tributario relativo al cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias de dinero (Código Tributario libro III, título V) son de naturaleza jurisdiccional y en ningún caso de índole administrativa, no es posible que por esta vía esta Corte ordene el alzamiento de los embargos recaídos sobre los activos del deudor en un procedimiento ejecutivo de índole jurisdiccional.

11°.- Que, por lo razonado precedentemente se rechazará el presente recurso de protección.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección se declara que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en favor de Inversiones Yuval Limitada, representada por doña nombre reservado y don nombre reservado y del abogado don Juan Arturo Pedreros Vera, en representación, de la misma empresa, como tercero coadyuvante, en contra de la Tesorería Regional de Ñuble, representada por su Director Regional, el abogado don Juan Paulo Lara González.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Ministro Claudio Arias Córdova.

No firma el Ministro señor Silva, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente haciendo uso de feriado legal.

ROL 753-2021-PROTECCION.-