Protección contra Ministerio Público

Chillán, cinco de agosto de dos mil veinticuatro Visto:

1°. - Que, comparece nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Ministerio Público, Fiscalía local de Chillán, representada por la fiscal regional, doña Nayalet Mansilla Donoso, con domicilio en domicilio reservado, y en contra nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado.

Expone que hace aproximadamente cuatro meses comenzó a trabajar como distribuidor y chofer de productos en Cecinas Chillán, enviándolo a rutas con otros colegas, entre ellos el recurrido, nombre reservado, refiriendo que el 6 de mayo del año en curso, a pesar de irlo a buscar a las 6 de la mañana, no quiso cumplir con su labor, encontrándose ebrio, por lo que tuvo que cumplir con la ruta solo. Al retorno, indica que el recurrido quiso que le fuera a dejar el camión hasta su casa, a lo cual no accedió, puesto que se encontraba muy cansado al haber cumplido con la ruta la cual duró aproximadamente 24 horas, indicándole que se lo iría a dejar al día siguiente, todo ello se lo informó vía mensajería por la aplicación WhatsApp, frente a lo cual el recurrido lo insultó e increpó.

Hace presente que la misma situación se dio el 21 de mayo en que dicha persona le solicitó ir a dejarle el camión al recurrido, dejando las llaves con su señora, frente a lo cual, el recurrido, le dice que había dejado el camión con daños en la parte trasera, propinándole groserías por llamada, y amenazándolo de muerte. Indica que la empresa está enterada de los hechos, frente a lo cual lo habría enviado de vacaciones.

Tras los hechos descritos, señala que dejó la correspondiente denuncia ante Carabineros, y que el 10 de junio del año en curso, se le notifica que se archivara el proceso, habiendo comunicado el Ministerio Público la facultad de no iniciar la investigación.

Estima vulneradas las garantías constitucionales contenidas en el artículo 19 N° 1, 2, 3 y 4, las que cita en su escrito, e indicando que el recurrido tendría prontuario criminal, corriendo el riesgo de perder su vida, y ver afectada su integridad física, toda vez que el recurrido tiene conocimiento de donde vive y trabaja.

Finaliza solicitando tener por presentado el recurso, y ordenar el desarchivo de la causa penal y que se siga adelante con su tramitación, ordenándose el alejamiento total del recurrido, y que no le siga maltratando psicológicamente.

2°.- Que, informa don nombre reservado, Fiscal Regional de Ñuble, indicando que con fecha 21 de mayo del año en curso, se presentó ante la Segunda Comisaría de Carabineros de Chillán, una denuncia por parte del recurrente de autos, generándose en Fiscalía la causa RUC 2400585705-2, por el delito de amenazas simples. Señala que revisados los antecedentes, se concluyó que los hechos no eran constitutivos de delitos, por estimar que las expresiones proferidas por el denunciado, si bien eran ofensivas o temerarias, no revestían las características de seriedad y verosimilitud necesarias para constituir el tipo penal de amenazas, no constituyendo, en base a lo aportado por el recurrente, una amenaza concreta, teniendo también en consideración el contexto en que se desarrollaron los hechos, atendido a que eran compañeros de trabajo.

En base a lo expuesto, y en conformidad al artículo 168 del Código Procesal Penal, con fecha 4 de junio del año en curso, indica que se comunicó al Juzgado de Garantía de Chillán, el ejercicio de la facultad para no iniciar investigación, decisión que fue aprobada bajo el RIT 3749-2024.

Concluye que en la especie no ha existido por parte del Ministerio Público ningún acto u omisión arbitraria o ilegal, habiéndose solo ejercido la facultad legal contenida en el artículo 168 antes mencionado. Hace presente, que en virtud del mencionado artículo, la víctima puede provocar la intervención del Juez mediante la interposición de la querella respectiva, siendo aquella la vía para reclamar de la facultad ejercida por la Fiscalía, y no la acción de protección.

3°.- Que, a su turno informa nombre reservado, indicando que es efectivo que con el recurrente son compañeros de trabajo, y que si bien es cierto que compartieron varios viajes al sur a fin de cumplir las labores encomendadas por el empleador, y que es cierto que el 6 de mayo del año en curso no pudo realizar la ruta respectiva, pero no por los motivos que indica el recurrente, sino que se encontraba enfermo debido a un resfrío.

En cuanto a las supuestas amenazas de muerte y mensajes enviados, aludidos por el recurrente, señala que nunca fue un hecho serio como para configurar delito de amenazas, puesto que al momento de enviar los referidos mensajes se encontraba en estado de ebriedad, estando molesto por la actitud del recurrente al no ir a dejar el camión, que era lo que habían acordado, y que además el camión venía en malas condiciones, mencionando diversos problemas que previamente había tenido con el recurrente, como el no pago de TAG, siendo siempre la actitud del recurrente negar todos los hechos, todo lo cual conllevó a que enviara los referidos mensajes.

Señala que se encuentra profundamente arrepentido de la situación al no controlar sus dichos, pidiendo las disculpas correspondientes al recurrente, haciendo presente que si bien anteriormente tuvo problemas con la justicia, cumplió con las penas respectivas, y que ese solo hecho no lo hace un delincuente, sintiendo discriminación por parte del recurrente, al aludir a aquellos hechos, reiterando que nunca ha sido su intención dañarlo física ni psicológicamente.

Indica que sus empleadores están en conocimiento de la situación, por lo que ya no los mandan juntos a ninguna ruta, a fin de evitar cualquier problema.

Finaliza solicitando tener por evacuado el informe, y reiterando las disculpas al afectado, comprometiéndose a no tener ningún contacto con él, a no ser que sea estrictamente necesario en virtud del trabajo en común.

4°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

5°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

6°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

7º.- Que, en relación a la actuación del Ministerio Público es un hecho no discutido que a raíz de una denuncia formulada por el recurrente se inició una investigación penal en los autos RUC 2400585705-2, por el delito de amenazas simples en contra de su compañero de trabajo don nombre reservado, quien también figura como recurrido en este procedimiento, hechos conocidos por la Fiscalía Local.

En el citado contexto, la normativa procesal penal faculta expresamente al ente persecutor para no iniciar una investigación en tanto no se hubiere producido la intervención del juez de garantía, cuando los hechos relatados en la denuncia no fueren constitutivos de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitieren establecer que se encuentra extinguida la responsabilidad penal del imputado. Decisión que será siempre fundada y deberá someterse a la aprobación del juez de garantía competente, como se verificó en este caso en que la aprobación se concedió el día 4 de junio último, en los autos RIT 3749-2024 del juzgado de garantía de esta ciudad.

8º.- Que, frente a la anotada decisión, el ordenamiento jurídico concede a la persona afectada o víctima una herramienta para revertir la medida a través de la presentación de la respectiva querella, la que en el evento de ser declarada admisible por el juez, obliga a la Fiscalía a proseguir con la investigación conforme a las reglas generales, lo anterior al amparo de lo preceptuado en el artículo 169 del Código Procesal Penal, facultad que de acuerdo a los antecedentes allegados, no fue ejercida por el recurrente.

9º.- Que, bajo este contexto, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad en el ejercicio de la facultad por parte de la fiscalía local, que haya generado algún tipo de afectación real, o amenaza en el efectivo ejercicio de las garantías que se estiman conculcadas, desde que el ente persecutor, se encontraba autorizado por ley para proceder de la manera referida, y su decisión contó además con suficientes fundamentos fácticos, de modo que resulta incuestionable que en relación al Ministerio Público, el recurso no podrá prosperar.

10º.- Que, la acción constitucional que se analiza se dirigió también contra el autor de las expresiones materia de la denuncia penal don nombre reservado, quien al momento de informar reconoce haber tenido un comportamiento inadecuado frente a su compañero de trabajo y haber enviado los aludidos mensajes, lo que justifica en un supuesto estado de ebriedad que le habría impedido controlar su reacción, comentando que incluso pidió disculpas al Sr. nombre reservado.

Ahora bien, no obstante haberse descartado la concurrencia de antecedentes que justifiquen la existencia de un delito de amenazas, por no ser verosímiles, ni serias, lo cierto es que, ha quedado demostrado que en el contexto de una relación de compañeros de trabajo, el aludido, se condujo de forma inadecuada, carente de racionalidad y proporcionalidad, ante divergencias o conflictos suscitado entre ambas partes, que fueron aptas para perturbar la integridad psíquica de quien recurre a esta magistratura, quien legítimamente ha percibido como plausibles de concretarse aquellos dichos, derecho fundamental protegido por el recurso de protección, y que autoriza a esta Corte a adoptar las medidas tendientes a proteger al afectado, restableciendo la vigencia de la garantía conculcada, y precaver que dicha situación acontezca en el futuro.

11º.- Que, de lo dicho esta Corte de Apelaciones procederá a acoger parcialmente el recurso, como se dispondrá a continuación.

Por lo señalado, y teniendo en consideración lo previsto en los artículos 19 Nº1, 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado que Regula el Recurso de Protección de Garantías constitucionales, se declara:

Que, se acoge sin costas, el interpuesto a folio 1, por don nombre reservado, en contra de don nombre reservado, solo en cuanto se ordena al nombrado a abstenerse de ejecutar actos en desmedro de la integridad psíquica del sr. nombre reservado, rechazándose en todo lo demás, el recurso intentado.

Notifíquese y Regístrese.

Redactada por la ministra suplente Carolina Vásquez Epuñan.

Rol 741-2024. Protección.