nombre reservado con nombre reservado
- Fecha
- 30 de junio de 2022
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Chillán, Rol N° 741-2022, sentencia de 30 de junio de 2022
Resumen
Se rechaza el recurso de protección porque no se acreditó que los recurridos hubieran removido cercos ni restado terreno a la recurrente; el informe policial resulta insuficiente y las discrepancias de superficie deben ventilarse en otras sedes.
Texto íntegro
Chillán, treinta de junio de dos mil veintidós.
Visto:
1°.- Que, comparece el abogado JUAN PABLO GONZÁLEZ MONTES, en representación de doña nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de don nombre reservado, doña nombre reservado, y en contra de don nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario de los recurridos consistentes en el cierre y ocupación ilegal de parte del predio de mi representa.
Lo funda en que su representada, decidió enajenar el inmueble de su propiedad denominado LOTE 2, ubicado en la comuna de Pinto, percatándose que el cerco NORTE se encuentra desplazado hacia el interior de su terreno, por el colindante del LOTE 11, por lo que dicho cambio redujo la superficie total del su terreno. Además, del LOTE 2 se ve comprometido el deslinde NORTE del LOTE 1. En el lugar, pudo entrevistarse con doña nombre reservado, quien indicó ser la nueva propietaria del LOTE 11, toda vez que había firmado una promesa de compraventa y se encontraba tramitando un crédito hipotecario para adquirirlo.
Añade que su representada con la señora nombre reservado conversaron para efectos de que un topógrafo les diera su opinión respecto a las superficies que deben tener cada uno de los lotes y en definitiva fijar el deslinde definitivo, a lo cual la recurrida accedió. Según el informe, a la parcela 2, le faltan 23,25 mts. Los metros faltantes se concuerdan con la prolongación de las parcelas del lado oriente 7, 6 y 5. La parcela 11, en el momento de la venta no fue profesionalmente tipografiada, por lo cual los cercos están confeccionados en forma arbitraria, incluso arrojó una mayor superficie que la que figura en la escritura. Y que al remitírselo a la recurrida esta contesta lo siguiente: “Señora nombre reservado. Tal como le informe el dueño del terreno es nombre reservado, usted debe conversar con él, yo tengo un contrato de arriendo por 10 años. No puedo autorizar restitución de un cerco en una propiedad que no me pertenece. Por lo demás el informe acredita que la propiedad tiene los metros escriturados. Saludos cordiales. nombre reservado”.
Más adelante, indica que, el 12 de marzo 2022, su representada toma conocimiento que los recurridos estaban modificando y/o reforzando el nuevo cerco en el deslinde NORTE de su terreno, donde se apersona nombre reservado, quien en forma arbitraria, categórica y prepotente dice a la señora nombre reservado que NO puede estar en su terreno, que haga abandono del lugar, y que no tiene ningún derecho a estar ahí, que mantendrá el cerco y que “esto lo resolverán los tribunales de justicia”, así mismo, en ese momento doña nombre reservado toma contacto telefónico con ella y le indica que a pesar del informe topográfico, no autoriza la reposición del cerco original y no accederá a ninguna otra solicitud, ni a la devolución de la superficie de 642 metros cuadrados que indica el informe topográfico, tras la consecuencial modificación de deslinde, y que debe entenderse con nombre reservado. Posteriormente intenta conversar con el recurrido nombre reservado, para exigir explicaciones del cierre efectuado, enseñarle los planos, mostrarle el lugar donde están los vestigios del cerco original y además de reiterar lo concluido por el perito topográfico don nombre reservado, recibiendo como respuesta, de manera tajante “que se retirara del terreno en forma inmediata, que estaba invadiendo propiedad privada y que llamaría a Carabineros de Chile para que la sacaran del lugar”.
Señala que de lo expuesto anteriormente, se desprende que los recurridos niegan y desconocen que su representada es dueña y poseedor inscrito de un inmueble ubicado en domicilio reservado que tiene los siguientes deslindes especiales: NORTE, en 23 metros con parcela 11 y 3,60 metros con parcela número 10; SUR, en 26,10 metros con camino a las Termas; ORIENTE, en 84 metros con LOTE 3; y en el PONIENTE, en 82,50 metros con LOTE N°1, cuyo rol de avalúo del Servicio de Impuestos Internos corresponde al número 907-097 de la comuna de Pinto. El dominio a nombre de la recurrente corre inscrito a fojas 7423, N°4633 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Chillán, correspondiente al año 2020 y plano agregado bajo el número 1089, de fecha 03 mayo 2013 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Chillán.
Estima que el actuar de los recurridos es ilegal y arbitrario que constituye una perturbación al legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales invocados, especialmente ante la alteración del statu quo, por medio de la auto tutela en los actos de los recurridos que implica una trasgresión al derecho constitucional de igualdad de protección ante la ley, previsto en el artículo19 N°3 de la Constitución Política de la República, y en cuyo inciso 4º prohíbe arrogarse facultades jurisdiccionales o de policía, dentro de las cuales se encuentran las vías de hecho que se dan cuenta y que se traducen en la privación, perturbación y amenaza del legítimo ejercicio que el dominio confiere a su titular, garantía establecida en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra carta fundamental y que los recurridos procedieron a efectuar una modificación predial para apropiarse por la por la fuerza y en total clandestinidad y sin autorización de autoridad alguna de parte del inmueble de propiedad de mi representada, desplazando el cerco perimetral existente y construyendo uno nuevo para dichos efectos, aprovechando que son los únicos que residen en el sector turístico de las Trancas y que la recurrente mantiene residencia en la comuna de Chillán.
Finalmente pide que esta Corte acoja la presente acción de protección en todas sus partes ordenando, como medida para restablecer el imperio del derecho: 1° Que, los recurridos procedan a reestablecer el cerco del deslinde NORTE del inmueble de mi representada en forma inmediata a su posición original en base a lo que por derecho le corresponde, cesando de esta manera con el acto arbitrario e ilegal, restituyendo la superficie (642 metros cuadrados) de terreno o lo que conforme a derecho se disponga, lo que se deberá cumplir dentro del plazo de 5 días desde que quede firme y ejecutoriada la resolución que lo ordene; 2° Que, se abstengan de realizar cualquier nuevo acto tendiente a realizar futuras modificaciones prediales; y 3° Que, se condene a los recurridos al pago de las costas de la presente causa.
2°.- Que, al informar don nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, solicita el total rechazo de la referida acción constitucional, con costas, en virtud a que lo indicado en el libelo de la recurrente, resulta del todo falso y carente de sustento fáctico.
Argumenta en primer lugar, que en la acción constitucional de autos, no se indica cual es el supuesto actuar ilegal y arbitrario que esta parte habría realizado, tampoco se indica en qué fecha se ejecutaron los supuestos hechos que vulneraron los derechos constitucionales de la recurrente. Añade que, de la simple lectura del libelo, se desprende que la contraria lo involucra en un asunto totalmente ajeno, por el solo hecho de que doña nombre reservado , al momento de contestar un correo electrónico a la recurrente, cuestión que consideran como ilegal y arbitraria, le da una información que no es certera, indicándole que soy el propietario del predio identificado como Lote 11, sector H de la hijuela 3 del Fundo Los Pretiles, ubicada en la comuna de Pinto, el cual colinda con el predio de la recurrente. Lo cual no es efectivo, ya que el inmueble referido fue propiedad de la Sociedad de Turismo Nuevandorra Limitada o Nuevandorra Ltda., sociedad de la cual es representante legal y que adquirió el terreno en cuestión, previo aporte social que realizó esta, según consta en escritura pública de fecha 5 de julio de 2004, extendida en la Notaría de Talca de Don nombre reservado. Agrega que, posteriormente, el día 27 de agosto de 2021, compareció, en calidad de representante legal de la Sociedad a la celebración de un contrato de promesa de compraventa del Lote 11 sector H de la hijuela 3 del Fundo Los Pretiles, actuando como promitente vendedor. La promitente compradora fue doña nombre reservado, quien en dicha oportunidad compareció en representación de Espacio Lafken SpA. Y luego, con fecha 30 de diciembre de 2021, las mismas partes dan cumplimiento a lo acordado en el contrato de promesa, celebrando la compraventa definitiva del terreno que se ha venido mencionando, en la notaría de don nombre reservado, Notario Público Interino de la Primera Notaría de Chillan. Según da cuenta la cláusula 3° de la escritura de compraventa, la propiedad fue vendida ad corpus, en el estado que se encontraba al momento de la celebración del contrato y que la compradora declaró conocer y aceptar, con todos sus derechos, usos, costumbres y servidumbres, activas y pasivas, libre de todo gravamen, prohibición embargo o litigio. Conforme lo señalado, la venta del terreno se verificó conforme la cabida que consta en las escrituras, sin que esta parte haya ejecutado acción alguna tendiente a aumentar fraudulentamente el tamaño de la misma.
Plantea que conforme a lo señalado, considerando la fecha de presentación del recurso y teniendo en cuenta que el plazo de interposición de esta acción constitucional es de 30 días corridos y fatales, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos, resulta del todo ilógico que su parte hubiese ejecutado alguna acción de consistente en el cierre y ocupación ilegal de parte del predio de la recurrida, ya que, como se ha indicado desde el 2004 se aportó el terreno a la sociedad Nuevandorra Ltda. y posteriormente, fue vendido a dona nombre reservado. Dado lo cual, resulta palmario que no posee legitimación pasiva para responder ante las pretensiones que solicita la recurrente, pues de ningún modo podría concurrir a restablecer un cerco de un inmueble del que no soy propietario desde el año 2004 o abstenerme de realizar algún acto tendiente a realizar modificaciones prediales en el futuro.
Finalmente, reitera que en caso alguno ha realizado actos u omisiones arbitrarias o ilegales que importen la privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de los derechos y garantías señaladas en el artículo N° 19 de la Constitución Política de la República y que se encuentran resguardadas por la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Carta Magna. Por lo demás, insisto en que la recurrente no indica cual fue la acción u omisión de esta parte que provocó perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de sus derechos, involucrándome en un problema de terceros, al cual es totalmente ajeno.
3°.- Que, al informar doña nombre reservado, y don nombre reservado, solicitan el rechazo del recurso, fundado en que de su parte no existe, ninguna conducta que cause privación, perturbación, amenaza o afectación de alguna garantía constitucional de la recurrente, fue ésta quien con una actitud lindante con la autotutela, pretendió mover los cercos que marcan los diferentes lotes existentes. Fue ella quién irrumpió en terreno ajeno a trasladar los postes y cercos, alegando que su terreno tiene mayor extensión, cuestión que ella determinó por sí y ante sí. Conducta que acreditan con certificado emitido por el Presidente de la Junta de Vecinos, don nombre reservado. Añadiendo que dicha actitud no es nueva ya que, conforme nos relatan los lugareños, hace muchos años que está permanentemente realizando actos agresivos para con los propietarios anteriores y actuales de los lotes colindantes pretendiendo correr los cercos. Tergiversa los hechos y pretende engañar a esta Corte.
Por otro lado, plantea que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver el conflicto jurídico planteado en esta causa, existe una colisión entre el derecho de propiedad de la recurrente nombre reservado y el derecho de propiedad de la compareciente nombre reservado. siendo esta última dueña del inmueble que la recurrente invadió. Cortó los cercos existentes, desmalezó y puso estacas nuevas en el terreno que despejó hacia el interior de mi predio, lo cual, no es otra cosa que una actitud de autotutela a lo menos, aunque en realidad perfectamente la podemos acusar de usurpación y destrucción de propiedad privada y por último ejercer acciones civiles por sus actos. El recurso de protección requiere de un derecho indubitado (garantía constitucional señalada por el artículo 20 de la Constitución) y un tercero que cause privación, perturbación, amenace o afecte esa garantía constitucional de la recurrente en forma arbitraria e ilegal. En el caso que nos ocupa, existen dos legítimos propietarios, dos derechos de dominio indubitados y una situación fáctica existente hace muchos años que la recurrente pretende alterar por sí y ante sí. El determinar quién tiene la razón en cuanto a los deslindes es materia de un procedimiento distinto al recurso de protección, es en un juicio de lato conocimiento y con las pruebas científicas y técnicas pertinentes, que un tribunal podrá establecer si los deslindes están mal situados como pretende la recurrente o están en una posición correcta como es nuestra pretensión.
Añade que, ella como los propietarios precedentes compraron sus respectivas parcelas con los deslindes ya establecidos y señalando en sus respectivas escrituras de compraventa lo siguiente:” La venta del inmueble se hace como cuerpo cierto, en el estado que se encuentra…” o bien “la venta del inmueble se realiza como especie o cuerpo cierto, en el estado que se encuentra y la parte compradora declara conocer y aceptar…”. Ese estado o cuerpo cierto era con los deslindes y cercos que la recurrente ahora pretende modificar por sí y ante sí, conducta que también ha manifestado en oportunidades anteriores, como el año 2.011, 2.014 etc. En definitiva no se reúnen los requisitos para la procedencia de un recurso de protección en su contra, por no existir acciones arbitrarias e ilegales por nuestra parte, por no existir derechos indubitados por parte de la recurrente en cuanto a los deslindes y por ser ella la que incurrió en actos que vulneran nuestro derecho de propiedad, por lo que el recurso deberá ser rechazado, también por esta razón. Si la recurrente persiste en su idea de que los deslindes existentes desde siempre, no corresponden de acuerdo con los títulos, deberá interponer las acciones legales de lato conocimiento que si son procedentes 4°.- Que, del informe de Carabineros de Chile, se desprende que se constató que conforme a documentación que exibió la recurrente, que efectivamente al costado norte de la propiedad le habrían corrido el cerco hacia el sur, invadiendo un terreno de aproximadamente 27,24 metros al costado oriente, 23 metros al norte y 22,53 metros al poniente. Adjunta croquis del lugar.
5°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, amenace ese atributo.
6º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.
7º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.
8°.- Que lo alegado por la recurrente, en síntesis, es que es titular del denominado lote 2 en la comuna de Pinto, y que se percató que en el cerco norte hubo un desplazamiento hacia su predio, lo que redundó en una merma de más de 600 metros cuadrados, que a su vez beneficiaron al lote 11, de los recurridos. Todo lo anterior afecta las garantías que indica.
El Recurrido nombre reservado, por su parte, sostuvo la improcedencia de la acción a su respecto, pues, no es dueño del lote 11, y tampoco ha hecho alteración alguna en él, mientras lo fue en el pasado.
Los recurridos nombre reservado, y nombre reservado, a su turno, denuncian que es la actora quien quiso remover los cercos por existir una menor cantidad de metros en su terreno, según sus solos dichos. Niegan haber realizado movimiento alguno y alegan no ser esta la vía para resolver la discusión planteada.
9°.- Que, conforme al mérito de todas las alegaciones formuladas, la única cuestión que podría ameritar el acogimiento de la presente acción, sería la acreditación clara, en orden a haber removido cercos los recurridos, y que aquello hubiese restado terreno a la actora. Pues, todos los reclamos relativos a la falta de correspondencia en la superficie de los predios, según sus títulos y las mediciones en terreno, así como, la supuesta negativa de la recurrida a someterse al veredicto de un topógrafo, son materias que ciertamente escapan a los fines de esta acción, estrictamente cautelar, y deben, por tanto, ser planteadas, en las sedes que correspondan.
10°.- Que así depurado los márgenes del debate, procede anotar que la recurrida ha negado cualquier alteración en los cercos que separan las propiedades, de modo que sobre la recurrente recaía la carga de acreditar esa situación de hecho. Y si bien acompañó varios antecedentes, no existe ninguno que de cuenta de tal actuar ilícito; sólo el informe policial de folio 18 se refiere al punto controversial.
11°.- Que, dicho informe, si bien da cuenta de una supuesta alteración de deslindes, lo cierto es que resulta del todo insuficiente para dejarlo asentado. En efecto, en primer término, Carabineros carece de conocimientos y equipamiento técnico necesarios, para determinar, indubitadamente, como se requería, una situación como esa. Además, dijo haber tenido a la vista croquis entregados por la actora, quien además, según se consigna, lo acompañó en el recorrido por el predio, ignorándose, cualquier antecedente de esa diligencia, en la que como se dijo, solo participó la recurrente, con su versión de los hechos. Y por último, las fotografías que aparecen en el acta respectiva, no demuestran para nada que hubo un desplazamiento en los cercos, por lo que el hecho no está afincado, y en todo caso, carece de todo correlato.
Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas el recurso interpuesto por JUAN PABLO GONZÁLEZ MONTES, en representación de doña nombre reservado, en contra de don nombre reservado, doña nombre reservado, y en contra de don nombre reservado.
Notifíquese y Regístrese.
En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.
Redacción a cargo del Fiscal Judicial, Sr. nombre reservado.
ROL 741-2022-PROTECCIÓN.