Protección contra Consejo para la Transparencia

Chillán, catorce de octubre de dos mil veinticinco.

Visto: 1°.- Que, comparece don nombre reservado, funcionario público, director de control de la Municipalidad de Ninhue, interponiendo recurso de protección en contra del Consejo para la Transparencia, representado por su director general don David Ibaceta Medina.

Expone que el recurrido, mediante Resoluciones Exentas N° E378, de fecha 25 de abril de 2025, y N° E545, de fecha 04 de agosto del mismo año -notificada esta última con fecha 19 de agosto-, resolvió sancionarlo con una multa ascendente al treinta y cinco por ciento de su remuneración mensual, decisión que califica de ilegal y arbitraria, por constituir una extralimitación de las facultades sancionatorias previstas en la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública.

Señala que la investigación sumaria en que se fundan tales resoluciones tuvo su origen en un reclamo por infracción de normas de transparencia activa, rol C8575-23, respecto de la cual el Consejo otorgó un plazo al municipio de Ninhue para subsanar la supuesta omisión en la actualización de antecedentes en el portal institucional. No obstante, el encargado de transparencia, señor nombre reservado

nombre reservado, omitió notificar oportunamente al alcalde y al director de control, situación que fue reconocida expresamente por él en el procedimiento disciplinario, lo que impidió al recurrente supervisar y corregir en tiempo la observación efectuada por el órgano fiscalizador.

Indica que, pese a dicho reconocimiento, el Consejo dictó Resolución Exenta N° 334, de 15 de julio de 2024, instruyendo investigación sumaria rol S89- 24, en la cual finalmente imputó responsabilidad tanto al alcalde como al recurrente, aplicando sanciones pecuniarias en virtud del artículo 47 de la Ley N° 20.285, en su caso el 35% de su remuneración mensual, correspondiente al mes de febrero de 2025. Añade que con fecha 6 de mayo de 2025, dedujo recurso de reposición en contra de la Resolución Exenta N° E378, solicitando su absolución del cargo formulado y, en subsidio, la rebaja del porcentaje de multa aplicada. Sin embargo, el Consejo, mediante Resolución Exenta N° E545, de fecha 4 de agosto de 2025, resolvió rechazar la reposición interpuesta.

Afirma que dicha aplicación resulta improcedente, desde que la norma citada solo autoriza sancionar con multa al jefe superior del servicio u órgano requerido, calidad que corresponde en la especie al alcalde y no al director de Control. Añade que su responsabilidad administrativa, como funcionario municipal, se rige por el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, contenido en la Ley N° 18.883, y que cualquier infracción en el cumplimiento de sus funciones debió haberse tramitado por la vía prevista en dicho estatuto, bajo la competencia exclusiva del alcalde o, en su caso, de la Contraloría General de la República.

Alega, en consecuencia, que el Consejo para la Transparencia incurrió en una interpretación extensiva e indebida de sus facultades, vulnerando con ello el principio de legalidad que rige a los órganos de la Administración del Estado.

Estima que el actuar del recurrido afecta directamente sus derechos fundamentales, en particular: a) la igualdad ante la ley, artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, por cuanto se lo ha asimilado arbitrariamente a la calidad de jefe superior del servicio; b) el derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y a un justo procedimiento, artículo 19 N°3, del mismo texto, al aplicarse una sanción disciplinaria sin sujeción al estatuto legal que le resulta aplicable; y c) el derecho de propiedad en sus diversas especies, artículo 19 N°24 de la carta magna, en tanto se le impone una multa equivalente al 35% de su remuneración mensual, afectando su patrimonio sin fundamento legal suficiente.

Destaca, asimismo, que la sanción impuesta desconoce el principio de proporcionalidad en materia disciplinaria, toda vez que se prescindió de las atenuantes derivadas de los antecedentes del caso y de la responsabilidad reconocida por el funcionario encargado de transparencia, trasladando injustamente la carga a quien no detentaba la calidad de jefe superior del servicio.

Finalmente, pide tener por interpuesto recurso de protección en contra de lo obrado por el Consejo para la Transparencia, mediante las Resoluciones Exentas N° 378, de fecha 25 de abril y N° 545, de fecha 04 de agosto, ambas de 2025, declararlo admisible y acogerlo, disponiendo que se dejen sin efecto tales resoluciones y ordenar que se resuelva su absolución de los cargos formulados en el proceso disciplinario S89-24. 2°.- Que, al informar, el Director General del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina, reseña el recurso de protección e indica que el procedimiento disciplinario se originó en el reclamo Rol C8575-23, deducido por infracción a normas de transparencia activa, constatándose que la Municipalidad de Ninhue no mantenía disponible en su portal institucional la información exigida por la Ley N° 20.285. En atención a ello, mediante Resolución Exenta N° 164, de 2 de abril de 2024, el Consejo otorgó un plazo de cinco días hábiles al municipio para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones, bajo apercibimiento de instruir procedimiento disciplinario.

Añade que, vencido el plazo sin que el municipio aportara antecedentes suficientes, el Consejo dictó la Resolución Exenta N° 334, de 15 de julio de 2024, disponiendo la instrucción de investigación sumaria Rol S89-24 en contra del alcalde don Luis Alberto Molina Melo y del director de control don nombre reservado, en su calidad de autoridades responsables del cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa.

Precisa que en el desarrollo de dicha investigación se confirió traslado para efectuar descargos, los que fueron debidamente analizados por la dirección jurídica del Consejo, concluyendo que las omisiones constatadas constituían incumplimientos injustificados de la normativa sobre transparencia activa, configurándose la hipótesis prevista en el artículo 47 de la Ley N° 20.285.

En mérito de lo anterior, el Consejo Directivo, en sesión ordinaria N° 1.501, de fecha 4 de febrero de 2025, acordó aplicar sanción de multa tanto al alcalde como al director de control, resolviendo finalmente mediante Resolución Exenta N° 378 de fecha 25 de abril de 2025. Añade que el recurso de reposición deducido por el actor, con fecha 6 de mayo de 2025, fue rechazado mediante Resolución Exenta N° 545, de 4 de agosto de 2025, tras analizar nuevamente sus alegaciones y descargos, concluyéndose que no existían nuevos antecedentes que justificaran alterar lo resuelto.

Señala que el presente arbitrio debe ser rechazado porque el Consejo ha actuado dentro del marco de sus atribuciones, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 33, letra a), 45, 47 y 49 de la Ley N° 20.285, que le otorgan la facultad de fiscalizar el cumplimiento de las normas de transparencia activa, instruir procedimientos disciplinarios y aplicar las sanciones correspondientes en caso de infracción.

Además, dice que esta acción está siendo usada como un recurso ordinario de última ratio, alterando la especial naturaleza que tiene la acción de protección, que consiste en concebirla como una vía de tutela urgente y directa de los derechos de las personas necesitadas de tutela jurisdiccional, sin que se limite simplemente a cautelar instrumentalmente un proceso principal, como sería en este caso, pues el verdadero objeto de impugnación no es el acto administrativo que rechazó el recurso de reposición deducido por la parte recurrente, sino que la formulación de cargos en su contra, argumento jurídico de fondo, que corresponde a lo planteado en las diversas etapas procesales de la investigación sumaria por la parte recurrente de autos.

Reitera que las resoluciones impugnadas se encuentran debidamente fundadas, se dictaron previa tramitación de un procedimiento disciplinario legalmente regulado, y con pleno respeto del derecho a defensa del actor, quien fue notificado de cada actuación y tuvo la posibilidad de presentar sus descargos.

Indica que la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones ha confirmado la procedencia de las sanciones aplicadas en el marco del artículo 47 de la Ley de Transparencia, rechazando recursos de protección en que se alegaban vulneraciones análogas a las invocadas en autos.

Sostiene que tales precedentes han establecido que el Consejo para la Transparencia actúa dentro de su esfera de competencia al sancionar incumplimientos de transparencia activa, y que la revisión sobre la proporcionalidad de la multa aplicada no es materia propia de la acción constitucional de protección, sino del procedimiento administrativo en que se dicta la resolución.

Finalmente, pide el rechazo del presente recurso, por no ser esta acción constitucional la vía idónea para intentar modificar actuaciones procesales y las conclusiones arribadas en la investigación sumaria S89-24, o la pertinencia de imponer eventuales sanciones en contra de la parte recurrente; y, por último, al no concurrir en la especie ningún acto u omisión ilegal que afecte, amenace, perturbe, prive o vulnere en forma ilegal o arbitraria los derechos constitucionales de la parte recurrente, resolviendo en definitiva, rechazar el recurso de protección, declarando que este Consejo no ha incurrido en actuaciones u omisiones ilegales ni arbitrarias en la tramitación y resolución final de la investigación sumaria rol S89-24. 3º.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo. 4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de garantías constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 6°.- Que el recurrente alega vulneración de las garantías constitucionales del artículo 19 números 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República, en síntesis, fundado en que la recurrida ha excedido sus facultades al sancionarlo, por cuanto, en razón de su cargo no podía serlo de acuerdo a la ley 20.285; que no es él el directamente responsable de los hechos por los que se le sancionó; y que las resoluciones que impugna no cumplen con el deber de fundamentación.

La recurrida, a su turno, sostuvo que esta no es la vía para resolver la cuestión planteada; que en su calidad de director de control de la Municipalidad de Ninhue el recurrente sí puede ser sancionado y que, en todo caso, no ha existido actuar ilegal o arbitrario de su parte, por lo que tampoco se han vulnerado garantías del recurrente. 7°.- Que, en primer término cabe precisar que, como se ha resuelto reiteradamente, a través de esta vía no puede revisarse el mérito y la valoración probatoria desarrolladas por los resolutores en el marco de un sumario administrativo o investigación disciplinaria, o sumaria. Así se ha fallado por la Excma. Corte Suprema, entre otras, en las causas Rol 23.089-2014, 37.436-2015, y, más recientemente, en procesos Rol 59.309-2024 y 28.904-2025.

Lo anterior, ciertamente, no obsta al control de la legalidad y razonabilidad, pues su eventual infracción sí pudiera constituir un acto arbitrario o ilegal, capaz de vulnerar garantías fundamentales del recurrente, por lo que tales aspectos sí pueden ser examinados en esta sede. 8°.- Que, el artículo 1° de la Ley 20.285, luego de señalar que su objetivo es regular el principio de transparencia de la función pública, el derecho a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo así como las excepciones a la dicha publicidad, efectúa algunas definiciones.

Luego, en el artículo 2° establece que sus disposiciones son aplicables, entre otros organismos, a las municipalidades y el artículo 4° señala que las autoridades y los funcionarios de la administración del Estado, deben dar estricto cumplimiento al principio de transparencia de la función pública.

Por su parte, el artículo 45 prescribe: “La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, que hubiere denegado infundadamente el acceso a la información, contraviniendo, así, lo dispuesto en el artículo 16, será sancionado con multa de 20% a 50% de su remuneración.” Y el artículo 47 establece que el incumplimiento injustificado de las normas sobre transparencia activa se sancionará con multa de 20% a 50% de las remuneraciones del infractor.

A su turno, el artículo 9° establece que: “Las reparticiones encargadas del control interno de los órganos u organismos de la Administración, tendrán la obligación de velar por la observancia de las normas de este Título, sin perjuicio de las atribuciones y funciones que esta ley encomienda al Consejo y a la Contraloría General de la República.” 9°.- Que, conforme a las normas antes citadas y transcritas, el recurrente, en su calidad de director del departamento de control de la Municipalidad de Ninhue, ejerce una jefatura que lo hace responsable del cumplimiento de las normas sobre transparencia activa.

En tal sentido, la Excma. Corte Suprema ha señalado: “Que, de acuerdo con una interpretación sistemática de los artículos 9 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se deduce que los responsables de la infracción a las normas del Título III de la Ley de Trasparencia sobre trasparencia activa, son tanto el jefe superior de servicio, como la jefatura o autoridad responsable de mantener el sitio de trasparencia, así como la autoridad encargada del control interno, en razón de que el citado artículo 45 de la Ley, no singulariza la responsabilidad en las infracciones a la trasparencia activa, exclusivamente en el jefe de servicio, desde que plantea alternativas, no excluyentes, atendido el deber contenido en la infracción y el objetivo encaminado a su resultado.” (SCS, 16 de agosto de 2023, Rol 64.721-2023).

En consecuencia, la alegación del actor en cuanto a que se ha afectado la igualdad ante la ley por hacerlo responsable, al igual que el jefe superior del servicio, no tiene asidero. 10°.- Que en cuanto a la facultad del recurrido para aplicar sanciones y el procedimiento seguido al efecto, cabe indicar que el artículo 33 letra a) de la Ley 20.285 establece que el Consejo de la Transparencia tiene competencia para fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de dicha ley y aplicar las sanciones en caso de infracción a las mismas.

Asimismo, el artículo 49 establece que las sanciones previstas en el título VI serán aplicadas por el Consejo, previa instrucción de una investigación sumaria o sumario administrativo, ajustándose a las normas del Estatuto Administrativo. 11°.- Que, conforme a lo señalado en los motivos precedentes, atendida la materia de que se trata, es el Consejo para la Transparencia -y no el alcalde o la Contraloría General de la República, como postula el recurrente- el organismo encargado de imponer las sanciones por incumplimiento de las normas sobre transparencia activa contempladas en la Ley 20.285 y previa sustanciación de una investigación sumaria o un sumario administrativo.

Así, al constatarse en el caso de marras que la sanción impuesta al recurrente lo fue, por la autoridad competente, previa instrucción de una investigación sumaria, en que tuvo la posibilidad de efectuar sus descargos, allegar pruebas y recurrir en contra de la resolución de término, la alegación de haberse transgredido la garantía del debido proceso no puede prosperar. 12°.- Que, en otro orden de ideas, para resolver acerca de la supuesta arbitrariedad de las resoluciones reclamadas, resulta indispensable examinar si éstas se encuentran debidamente fundadas, tanto en lo formal, como en los antecedentes y elementos del proceso, y si la conclusión a la que se arribó se aviene con los elementos de juicio disponibles y es proporcional a las circunstancias que se dieron por probadas; es decir, si está dotada de razonabilidad. 13°.- Que, en el sentido antes anotado, la lectura de las resoluciones reclamadas permite constatar que se encuentran suficientemente motivadas.

En efecto, la Resolución Exenta N° E378, de fecha 25 de abril de 2025, contiene todas las consideraciones fácticas que determinaron en definitiva la imposición de la sanción, entre ellas, que se recibió un reclamo en contra de la Municipalidad de Ninhue por infracción a las normas sobre transparencia activa; que se otorgó un plazo único y extraordinario para que la municipalidad cumpliera con las referidas normas, bajo apercibimiento de iniciar la respectiva investigación sumaria; que el municipio no cumplió y a raíz de ello se inició la correspondiente investigación sumaria; que se recibieron las declaraciones del encargado informático, del alcalde y del director de control, formulándose en definitiva un cargo único a estos dos últimos.

La misma resolución además contiene los descargos formulados por el alcalde y por el director de control -recurrente en estos autos- y las razones por las cuáles no es posible acceder a la absolución pedida. Luego, se reconoce la atenuante de irreprochable conducta anterior y en virtud de ello no les impone la multa en su máximo.

Por su parte, la Resolución Exenta N° E545 / 04-08-2025, de 4 de agosto de 2025, que rechazó el recurso de reposición presentado en forma conjunta por el director de control y el alcalde de la Municipalidad de Ninhue, efectúa una detallada cita de los antecedentes del proceso y luego en el motivo 11°, se hace cargo de todas y cada una de las alegaciones formuladas, descartándolas. 14°.- Que, conforme a lo que se viene señalando, las resoluciones impugnadas en el presente arbitrio están suficientemente motivadas, fundadas en antecedentes del proceso y en las normas legales pertinentes, cumpliéndose por tanto el estándar de razonabilidad exigible en esta sede.

Finalmente, la sanción impuesta se ajusta a lo dispuesto en el artículo 47 de la ley 20.285, a la atenuante que le favorece y es menor que la impuesta al alcalde, en atención a su menor jerarquía en la planta municipal.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto nombre reservado, Director de Control de la Municipalidad de Ninhue en contra del Consejo para la Transparencia.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la Ministra señora Erica Pezoa Gallegos.

ROL 740-2025 PROTECCION.