nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURDAD SOCIAL

Chillán, treinta de julio de dos mil veinticuatro.

Visto:

1°.- Que, comparece la abogada Pía Sandoval Manosalva, en favor de nombre reservado, interponiendo acción de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), persona jurídica de derecho público, representada por doña nombre reservado, por los actos arbitrarios en que dicho servicio ha incurrido y que afectan las garantías fundamentales de la recurrente.

Expone que el 28 de mayo del año en curso, la recurrente toma conocimiento de la Resolución Exenta N° R-01-IBS-84168-2024, de igual fecha, por la cual la Superintendencia de Seguridad Social, a través de su Departamento Contencioso, Unidad Médica, rechaza su solicitud de reconsideración respecto del Dictamen N° R-01-UME-125482-2023, de fecha 26 de septiembre de 2023, mediante el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN Región de Ñuble, en orden a mantener el rechazo de las licencias médicas N°s 80062011-2, 81241683-9, 81241686-3, 83325075-2, 83325081-7, extendidas por un total de 150 días a contar del 12 de diciembre de 2022, por reposo no justificado.

Expone la letrada, que debido a problemas de salud presentados por la hija de la recurrente a mediados del año 2022 por el virus respiratorio sincicial y teniendo solo 19 días de nacida, el inmunólogo le prescribió licencias y le señala que perseverara en la lactancia materna de libre demanda, con lo cual se transfiere inmunoglobinas (sic) A. Por ello tuvo que quedarse en casa al cuidado de su hija y dejar de trabajar, todo lo cual consta en los documentos acompañados en el recurso. Las referidas licencias fueron entregadas en razón de la condición de salud de su hija, considerando además que tal situación de salud se encuentra reconocida por el MINSAL como enfermedad grave de menor de un año bajo el código D80.2, destacando que el objetivo fundamental es perseverar en la lactancia materna a fin de dar protección inmunitaria de la lactante. Sin embargo, fueron rechazadas por la COMPIN, no obstante haber acompañado toda la documentación pertinente a fin de acreditar la necesidad de reposo, agregando que existen licencias médicas anteriores autorizadas.

Señala la recurrente, que del tenor de la resolución que contiene el rechazo, se desprende que no existe un análisis de los antecedentes aportados, ni de los antecedentes médicos que ya eran de conocimiento de la COMPIN, cuestionando además que la recurrida ponga de cargo de la paciente la obligación de recabar información más específica, en vez de adoptar ella misma las medidas necesarias, ya que cuenta con las facultades legales para ello.

Agrega que no se explica el cambio de criterio al rechazar las licencias, toda vez que la recurrente tenía licencias previamente autorizadas, manteniéndose la misma situación de hecho, sin señalar los antecedentes que se tuvieron en cuenta para tal cambio. En tal contexto denuncia falta de motivación en el acto administrativo. Al respecto indica que se debe tener presente lo dispuesto en el Reglamento de autorización de licencias médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, cita lo dispuesto en sus artículos 16, 21 y 22, de todo lo cual se desprende que la recurrida, como ente fiscalizador, pudo haber solicitado al profesional de salud, que emitió las licencias cuestionadas, que complementara la información a fin de justificar la necesidad de reposo, pero que al contrario, optó simplemente por rechazar las licencias, no constando la revisión de todos los antecedentes aportados. Cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema en apoyo de lo expuesto.

Indica que el acto recurrido es una decisión adoptada por la Administración que debe cumplir con todos los requisitos del acto administrativo, mencionando al respecto el principio de imparcialidad contenido en el artículo 11 de la ley 19.880 y lo dispuesto en el artículo 41 de la misma norma legal, a fin de destacar que es un requisito de todo acto administrativo su debida fundamentación, estándar que en la especie no se cumple, pues no entiende el motivo del rechazo de las licencias, en virtud de todos los antecedentes aportados.

Estima vulneradas las garantías constitucionales contenidas en el artículo 19 N°s 1, 2 y 24, cita lo dispuesto en los artículo 1 y 5 de la Constitución Política de la República y los artículos 11 y 13 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el artículo 23 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, y el artículo 19 N°9 de la Constitución, a fin de referirse al derecho a la protección de la salud.

Finaliza solicitando se tenga por interpuesto el recurso de protección, y en definitiva se acoja, restableciendo el imperio del derecho, ordenando a la recurrida dejar sin efecto la Resolución Exenta N° R-01- IBS-84169-2024, de fecha 28 de mayo de 2024 y en su lugar acoger el reclamo deducido, dictaminando que se autorizan la licencias médicas N°s 80062011-2, 81241683-9, 81241686-3, 83325075-2, 83325081-7, extendidas por un total de 150 días a contar del 12 de diciembre de 2022, adoptando cualquier otra medida que se estime necesaria para restablecer el imperio del derecho y asegurar el debido resguardo y respeto a las garantías fundamentales de la recurrente, con costas.

2°.- Que, informa el abogado Sebastián De La Puente Hervé, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, alegando en primer lugar la improcedencia de la acción de protección, por cuanto la materia dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, garantizado y reconocido por la Constitución Política de la República en el artículo 19 N°18, no amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

Sobre al fondo indica que por Resolución Exenta Nº R-01-UME-125482-2023 de 26 de septiembre de 2023, previa solicitud de informe y del estudio de los antecedentes del caso, su representada concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 80062011-2, 81241683-9, 81241686-3, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos aportados no fundamentan enfermedad grave del hijo menor de un año que requiera cuidado materno exclusivo. En efecto, el diagnóstico de Deficiencia Primaria de Inmunoglobulina A no es posible hacerlo antes de los 4 años, en los cuales la deficiencia selectiva de Inmunoglobulina A podría ser transitoria, por un desarrollo más lento de las células productoras de Inmunoglobulina A en la infancia, confirmando en consecuencia el rechazo de las licencias médicas N°s 80062011-2, 81241683-9, 81241686-3, y no emitiendo pronunciamiento respecto a las licencias médicas N°s 83325075-2, 83325081-7, ya que no se adjuntan las Resoluciones de los Recursos de Reposición realizados ante la COMPIN respectiva.

Posteriormente, de acuerdo a lo que consta en el expediente administrativo PAE código R-47542-2024, la interesada recurrió a su representada el día 17 de octubre de 2023, solicitando la reconsideración del dictamen N°R-01-UME-125482-2023, de 26 de septiembre de 2023, mediante el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s 80062011-2, 81241683-9, 81241686-3, 83325075-2 y 83325081-7, extendidas por un total de 150 días a contar del 12 de diciembre de 2022 emanado de la ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A., por no comprobar enfermedad grave hijo menor de 1 año. De acuerdo a lo expuesto, por medio de la Resolución Exenta Nº R-01-IBS-84169-2024, de 28 de mayo de 2023, previa solicitud de informe y del estudio de los antecedentes del caso, su representada concluyó que: “…el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 80062011-2, 81241683-9, 81241686-3, 83325075-2, 83325081-7, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el informe médico aportado, no describe historia clínica del paciente, síntomas y signos presentados, que hicieron sospechar la patologia. Por otra parte, el diagnóstico de Deficiencia primaria de Inmunoglobulina A no es posible hacerlo antes de los 4 años, debido al lento desarrollo de esta Inmunoglobulina antes del año de vida. Un resultado de IgA bajo por sí solo, no es indicativo de enfermedad”. Concluye la referida Resolución que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s 80062011-2, 81241683-9, 81241686-3, 83325075-2, 83325081-7, de acuerdo a lo anteriormente expuesto.”

Tras referirse al marco legal, a fin de explicar la cobertura existente y distinguir entre incapacidades laborales permanentes y temporales, sostiene el informante que respecto de estas últimas procede la licencia médica, regulada en el DFL N°1 del año 2005, y el DS N° 3 de 1984, ambos del Ministerio de Salud, concluyendo que la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral. Por su parte el permiso por enfermedad grave del niño menor de un año, es un derecho de las mujeres trabajadoras cuando la salud de su niño menor de un año requiera atención en el hogar con motivo de una enfermedad grave, circunstancia que debe ser acreditada mediante certificación médica, citando al respecto el artículo 199 del Código del Trabajo, para posteriormente referirse a lo informado por las profesionales del Servicio con fecha 13 de septiembre de 2023 y 12 de abril de 2024, detallando íntegramente el expediente respectivo y concluyendo que de los antecedentes médicos, se puede establecer que el reposo temporal otorgado por las licencias médicas reclamadas, no se encuentra medicamente justificado, siendo procedente el rechazo.

Indica que la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social se ajunta a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, cumpliendo el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, en conformidad al numeral 18 de su artículo 19, refiriéndose asimismo a las funciones esenciales de la recurrida, impuestas en virtud de la ley 16.395, y que además, con la entrada en vigencia de la ley N° 20.585, debe cumplir las funciones asignadas con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional y del Fondo Nacional de Salud.

Hace presente que los pronunciamientos en materia de licencias médicas, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social. Además, el procedimiento para la autorización de las licencias médicas está previsto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, contemplándose expresamente causales de rechazo. De acuerdo a dicho procedimiento el afectado por el rechazo de una licencia médica dispuesto por una COMPIN, puede solicitar la reconsideración de tal resolución, caso en el cual, tras analizar los nuevos antecedentes, si es que los hay, y reestudiado el caso, confirme su resolución, el trabajador puede reclamar ante la Superintendencia, la cual revisará, de acuerdo al marco legal antes indicado, lo actuado por la COMPIN.

Sostiene que el presente recurso excede los límites de aplicación de la acción de protección, la cual se constituye como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistente, lo cual no cumple la recurrente ya que tras las diversas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de las licencias médicas reclamadas, no existiendo un actor arbitrario o ilegal, cita lo resuelto por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en causa Rol N° 19213-2014, y por la Excma. Corte Suprema, en causa Rol N° 33.059-2020 y Rol N° 59.628-2020, concluyendo que los dictámenes de la Superintendencia de Seguridad Social impugnados encuentran correlato fáctico en los antecedentes que obran en los expedientes administrativos que se acompañan, respaldando la conclusión de los mismos.

Reitera que no existe acto ilegal o arbitrario, pues su representada se limitó a resolver dentro del ámbito de sus competencias, sin existir vulneración o amenaza al derecho a la vida, integridad física y psíquica, a la protección de salud o a su derecho de propiedad. En cuanto a este último hace presente que, el otorgamiento de una licencia médica por un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso, agregando que los requisitos a fin de tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se establecen en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, citando al respecto jurisprudencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso en causa Rol N°557-2015 y de la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta en causa Rol N° 2526-2020.

Finaliza solicitando se rechace la acción de protección interpuesta en todas sus partes, con costas.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6º.- Que, en cuanto a la improcedencia de la acción por tratarse de posibles vulneraciones del derecho a la seguridad social y no estar este bajo la protección constitucional que se pide, ella será desestimada, desde que consta que el arbitrio ha sido deducido por estimarse infringidas las garantías contenidas en los numerales 1,2 y 24 del artículo 19 del Constitución Política de la República, los cuales se encuentran dentro del catálogo establecido en el artículo 20 del mismo cuerpo legal.

7°.- Que, en lo atingente al fondo, es necesario tener presente lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, preceptúa: “La COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa.

En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”. Asimismo, en su artículo 21 indica que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b) Disponer que se visite a la trabajadora en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional de la trabajadora;

d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud de la trabajadora;

e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.”

8°.- Que, conforme a los antecedentes que fueron aportados, fluye de manera evidente que la decisión de la recurrida, en cuanto a confirmar el rechazo del pago de las licencias médicas objeto de este recurso, no se apoya en ningún elemento de convicción objetivo que lleve a estimar racionalmente que el reposo ordenado no se encuentra justificado, carencia que la priva de contenido, sin que sea dable discernir que aquella se basta a sí misma, si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender la razón por la cual se le niega el derecho a dicho reposo.

9°.- Que, desde otra perspectiva, conforme a la normativa relacionada, la recurrida puede recabar los antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, lo cual no ha ocurrido en la especie, sin que se hayan agregado otros antecedentes relevantes que lleven a estimar improcedente la orden de reposo, toda vez que no se han dispuesto nuevos exámenes o evaluaciones actualizadas para determinar la condición de salud de la hija de la recurrente, lo que torna arbitraria la actuación de la recurrida y vulnera la garantía de igualdad ante la ley, debiendo adoptarse, en consecuencia, las medidas que restablezcan el imperio del derecho.

10°.- Que, por lo demás, parece insoslayable reflexionar que, de acuerdo a la normativa precedentemente reseñada, es factible sostener que la COMPIN directamente o a instancias de la Superintendencia, con miras a acatar el mandato legal consistente en resolver las apelaciones promovidas por los afiliados contra los decretos del régimen de salud, puede recabar los antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, cometido omitido injustificadamente en el presente caso.

11°.- Que, en consecuencia, la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la reglamentación que rige la materia sometida al conocimiento de esta Corte, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición de salud de la hija de la recurrente.

En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido a la paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, son componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para dar mayor certeza al diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad de la recurrida, con la posterior falta de pago de las licencias médicas correspondientes.

12°.- Que, en razón de lo expuesto se torna del todo arbitrario desestimar el pago de licencia médica concedida por facultativo sin ningún motivo adicional suministrado por la entidad criticada, simplemente sobre la base de la ponderación de los antecedentes tenidos a la vista, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar frente a la paciente cualquier duda, en especial, sometiéndola a evaluaciones médicas accesorias. En tal evento, ante términos tan definitivos para las personas, cabe exigir un mínimo de diligencia a la autoridad, sobre quien pesa la obligación de actuar de oficio y con respeto por los principios de no discriminación, objetividad y rigurosidad en su proceder.

13°.- Que, de esta manera, se advierte que la negativa del pago de las licencias médicas que indica la actora, implica de parte de la autoridad el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, al ejercitar sus derechos, en concreto, máxime si en la presente situación se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas.

14°.- Que, conviene mencionar, que sobre la materia analizada en el caso de marras, la Excelentísima Corte Suprema, en sentencia de fecha 4 de enero de 2021 dictada en causa Rol N°131.287-2020, estableció lo siguiente: “Sexto: Que, en consecuencia, la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la preceptiva que gobierna la cuestión, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición actual de salud del hijo menor de un año de la recurrente. En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido al hijo de la actora a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, son componentes que debieron ponderarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para objetivar el diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad de los entes recurridos, con la subsecuente falta de pago de las licencias médicas correspondientes”.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el deducido por la abogada Pía Sandoval Manosalva, en favor de nombre reservado, interponiendo acción de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), persona jurídica de derecho público, representada por doña nombre reservado, debiendo la recurrida disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio de la recurrente, encargue un informe pericial médico acerca de las patologías que da cuenta el recurso, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen las licencias médicas materia de autos y, cumplido ello, se pronuncie nuevamente acerca de las licencias médicas denegadas.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la Ministra Paulina Gallardo García.

No firma el abogado señor Ortega, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por no haber integrado hoy.

Rol N°740-2024- PROTECCIÓN.

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