LAS BRISAS RYM SPA con SERVICIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTIAGO

Chillán, uno de octubre de dos mil veintiséis.

Visto:

1°.- Que, comparece don Hugo Joaquín Molina Núñez, abogado, cédula de identidad número RUT reservado, en representación de don nombre reservado, empresario, cédula de identidad número RUT reservado, y de Las Brisas RyM SpA, rol único tributario número 78.120.003-4, interponiendo acción de protección en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, rol único tributario número 61.002.000-3, representado legalmente por su director nacional, don Omar Humberto Morales Márquez, cédula de identidad número RUT reservado, por el actuar ilegal y arbitrario consistente en la omisión de notificar el motivo del rechazo de una solicitud de transferencia vehicular, privando y perturbando los derechos constitucionales de igualdad ante la ley y propiedad, contemplados en el artículo 19 números 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, por escritura pública de fecha 12 de junio de 2025, otorgada en la Notaría de Chillán de don nombre reservado bajo el repertorio 1.386/2025, don nombre reservado constituyó la sociedad recurrente aportando a esta, como pago del capital ascendente a la suma de doce millones quinientos mil pesos, el camión marca Ford, modelo Cargo 1721, año 2002, placa patente única UR.8622-K, cuyo traspaso fue requerido el 6 de noviembre de 2025 mediante la Solicitud N° 1462 de la oficina de Pinto. Afirma que han transcurrido 9 meses y 16 días sin materializarse la inscripción, constatando en el sistema electrónico que la misma se encuentra rechazada, pero sin que el Servicio haya notificado a la Notaría ni a su parte el motivo de dicho rechazo, circunstancia corroborada mediante comunicación de fecha 24 de julio de 2026 de la referida Notaría.

Adicionalmente, y en el curso del presente arbitrio, el recurrente amplía sus fundamentos alegando la ilegalidad sustantiva del reparo esgrimido por la autoridad, basado en la exigencia de una Tarjeta RUT del SII, documento plástico que cesó su vigencia el 31 de diciembre de 2017, hace más de 3.170 días, de acuerdo con la Resolución Exenta N° 56 del Servicio de Impuestos Internos.

En cuanto al derecho, acusa la vulneración de los artículos 39, 39 bis, 41 y 45 de la Ley N° 18.290 de Tránsito, así como de los artículos 2, 3, 5 y 11 del Decreto Supremo N° 22 de 2021 que aprueba el Reglamento del Registro de Vehículos Motorizados, alegando además una infracción a los principios de celeridad y economía procedimental consagrados en los artículos 4, 7 y 9 de la Ley N° 19.880, sosteniendo que esta omisión y la exigencia de documentación derogada importan una discriminación arbitraria y una privación de la presunción de propiedad que el registro otorga.

Termina pidiendo que se acoja la acción de protección, ordenando al Servicio de Registro Civil e Identificación inscribir en el Registro de Vehículos Motorizados el camión marca Ford, modelo Cargo 1721, año 2002, color blanco, placa patente UR.8622-K, a nombre de Las Brisas RyM SpA, o en subsidio, notificar y poner en conocimiento de los recurrentes el motivo en virtud del cual se rechazó la transferencia, con expresa condena en costas.

2°.- Que, informa don nombre reservado, en su calidad de nombre reservado, en representación del Servicio de Registro Civil e Identificación mediante Oficio Ord. N° 4728 de fecha 03 de septiembre de 2026, solicitando el rechazo de la acción impetrada en todas sus partes.

Expone que el Servicio actúa sometido al principio de legalidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República y en el artículo 20 del D.F.L. N° 1/19.653. Agrega que el vehículo placa patente única UR.8622-K se encuentra inscrito a nombre de don nombre reservado, registrando una última solicitud de transferencia N° 1462 de fecha 06 de noviembre de 2025, la cual fue rechazada mediante la Resolución Exenta N° 66314 de fecha 04 de diciembre de 2025, fundada en el motivo: "Debe acompañar tarjeta Rut del SII íntegra", acto que fue despachado a la Dirección Regional Ñuble el día 08 de enero de 2026. Sostiene que dicha resolución fue remitida a la Oficina de Pinto para su recepción e instrucción, encontrándose disponible permanentemente para conocimiento del usuario, perdiendo la solicitud su validez al dictarse el acto de rechazo.

En el ámbito normativo, ampara su proceder en el artículo 39 del DFL N° 1 de 2009 de la Ley de Tránsito, en relación al artículo 1 y 11 del Decreto Supremo N° 22 de 2020, y el artículo 8 de la Ley N° 19.880 respecto a la obligación de dictar un acto decisorio terminal. Argumenta que la información relativa al estado del trámite y motivos de rechazo se encontraba a disposición del recurrente en el enlace institucional de la entidad una vez transcurridos 15 días hábiles desde el ingreso de la solicitud, dando estricto cumplimiento al mandato de escrituración y tramitación electrónica impulsado por la Ley N° 21.180 que incorporó el artículo 16 bis a la Ley N° 19.880. Afirma, por consiguiente, que no existe mandato legal para el Servicio de notificar de forma directa al ministro de fe que inició el trámite ni al particular, careciendo de responsabilidad al respecto, no concurriendo en la especie una vulneración a las garantías del artículo 19 N° 2 y 24 de la Carta Fundamental.

Termina pidiendo se tenga por evacuado el informe requerido, y tener a bien rechazar el presente Recurso de Protección, con expresa condenación en costas.

3º.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, el arbitrio constitucional interpuesto se funda en la supuesta omisión y dilación injustificada del Servicio de Registro Civil e Identificación en tramitar y notificar el rechazo de la solicitud de transferencia N° 1462 de 6 de noviembre de 2025 del vehículo placa patente única UR.8622-K, y adicionalmente, según se dedujo en el curso de este procedimiento, en la ilegalidad de la causal sustantiva esgrimida en la Resolución Exenta N° 66314 de 4 de diciembre de 2025, que denegó dicha inscripción exigiendo acompañar de forma íntegra la Tarjeta RUT del Servicio de Impuestos Internos.

7°.- Que, del mérito de los antecedentes allegados al proceso, se constata que el Servicio recurrido dio oportuna respuesta a la solicitud N° 1462 mediante la dictación de la Resolución Exenta N° 66314 de fecha 4 de diciembre de 2025, acto administrativo que rechazó derechamente la transferencia requerida. Al haber sido incorporado dicho instrumento a estos autos por la recurrida y haber tomado el recurrente cabal conocimiento de los fundamentos esgrimidos en el mismo -como lo demuestra su presentación impugnando el fondo de la causal registral-, la omisión inicial denunciada consistente en la falta de respuesta y de notificación del motivo de rechazo ha desaparecido fácticamente. Consecuencialmente, el objetivo cautelar de obtener un pronunciamiento y conocer los motivos del reparo se ha cumplido íntegramente durante la tramitación de esta acción, operando el decaimiento de esta pretensión principal por pérdida de oportunidad, lo que obsta a la adopción de medidas de urgencia en tal sentido.

8°.- Que, en lo concerniente a la impugnación de fondo formulada contra la exigencia documental contenida en la referida Resolución Exenta N° 66314, es menester asentar que el legislador ha contemplado una vía jurisdiccional especial y específica para reclamar de los rechazos de inscripción emanados del Registro de Vehículos Motorizados. En efecto, el artículo 49 de la Ley N° 18.290 de Tránsito establece expresamente que el interesado podrá reclamar de dicha resolución denegatoria ante el Juez de turno en lo civil, constituyendo este un procedimiento de lato conocimiento idóneo y apto para debatir la legalidad de la calificación registral efectuada por el Servicio. Existiendo esta acción ordinaria consagrada en la ley para la resolución íntegra del conflicto planteado, la presente acción constitucional de emergencia pierde su carácter cautelar y de urgencia. Por consiguiente, ante la procedencia de una vía judicial específica dispuesta para conocer del diferendo, esta Corte suscribirá la decisión de no emitir pronunciamiento respecto del fondo del asunto, preservando la competencia del órgano judicial ordinario.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado y Las Brisas RyM SpA en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del abogado Carlos Arzola Burgos, quien no firma por no haber integrado hoy.

R.I.C. 737-2026-Protección. -