SERVICIOS INFORMATICOS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA DORADUS SPA con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN

Chillán, nueve de agosto de dos mil veinticuatro.

Visto:

1°.- Que, comparece el abogado don Andrés Gustavo Suazo Sandoval, en representación de Servicios Informáticos de Seguridad y nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Municipalidad de Chillán, representada por el Alcalde, don Camilo Benavente Jiménez, o quien le subrogue o reemplace, por la omisión, que estima ilegal y arbitraria, de no tramitar hasta su conclusión los actos administrativos necesarios para conceder una patente municipal.

Refiere que Servicios Informáticos de Seguridad y nombre reservado, se constituyó como Sociedad por Acciones, ante Notario Público con fecha 20 de octubre de 2023, su extracto fue publicado en la edición N° 43.690 del Diario Oficial, e inscrita a fojas 345 número 259 del Registro de Comercio del 2023 del Conservador de Bienes Raíces de Chillán. Luego, con fecha 30 de enero de 2024, suscribió contrato de arrendamiento a fin de contar con el debido local y domicilio tributario, arrendando la oficina virtual N° 14, de domicilio reservado de la comuna de Chillán; y que, con fecha, 8 de febrero de 2024, se realizó ante el Servicio de Impuestos Internos la iniciación de actividades, declarándose todo el capital por enterar, consistente en $1.000.000 pagados dentro de 40 meses contados a partir de la constitución de la sociedad.

Señala que con fecha 23 de febrero de 2024, se presentó vía correo electrónico solicitud de patente municipal, a través del Estudio Zapata, de la comuna de Las Condes, gestiones que fueron denegadas por los funcionarios del Departamento de Administración y Finanzas de la unidad competente lo cual derivó en la presentación de una carta con fecha 30 de abril de 2024, que transcribe en lo pertinente, al correo electrónico de la Directora de la unidad con copia al Director de Control Interno de la recurrida, sin obtener respuesta.

Expone que, el acto ilegal y arbitrario del recurrido consiste en no dar cumplimiento al principio conclusivo de los procesos administrativos de acuerdo al artículo 8 de la ley 19.880, y profundizando aún más, añade que, el asunto cala en una ilegalidad más grande, al incumplir la Municipalidad recurrida la obligación de conceder la patente requerida cuando se ha dado cumplimiento a todos los requisitos exigidos por la ley, a la luz del artículo 26 de la ley de rentas municipales; es del caso que, la ley no ha obligado a que el capital sea efectivamente aportado al patrimonio social, sino solo requiere la declaración tal como se refleja y se ha hecho en el SII, habiendo entonces cumplido con todos los requisitos legales encontrándose la recurrida en la obligación inmediata de otorgar la patente solicitada.

Así las cosas, estima como vulneradas las siguientes garantías constitucionales, la igualdad ante la ley, del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, existiendo una diferencia arbitraria al no otorgarse la patente municipal en condiciones que a cualquier otro administrado si se le hubiese otorgado, siendo el requisito del capital efectivamente enterado un capricho administrativo que no tiene asidero; la prohibición de ser juzgado por Comisiones Especiales, del N° 3 del artículo 19 de la norma citada, pues la ley 18.695 no ha conferido a la Directora de Administración y Finanzas potestades resolutorias especiales, solo la responsabilidad del funcionamiento de la unidad conforme a la ley y a los reglamentos internos vigentes, por ende, el hecho de que ésta o sus funcionarios dependientes no procedan con la tramitación de la solicitud deviene en la omisión ilegal señalada; la libertad de empresa, del artículo 19 N° 21 de la Carta Fundamental, toda vez que, raíz de la decisión arbitraria e ilegal de la recurrida se impide a la recurrente poder ejercer el emprendimiento para el cual se constituyó la sociedad y se arrendó el inmueble sin justificación razonable, ya que cumple con los requisitos establecidos en la ley para funcionar; y añade también, el derecho de propiedad, del artículo 19 N° 24, en el sentido que, se ha impedido ejercer actividades económicas por no contar con todos los correspondientes permisos.

Finaliza solicitando a esta Corte, se acoja la presente acción contra la recurrida Municipalidad de Chillán, y se proceda a interrumpir su omisión ilegal y arbitraria de no conceder la patente municipal solicitada, y en su lugar ésta sea concedida, y se adopten todas las medidas que se estime necesarias a fin de reestablecer el imperio del derecho y así otorgar la debida protección del afectado, con costas.

2°.- Que, al informar el abogado don Gabriel Osorio Vargas, en representación de la recurrida Municipalidad de Chillán, junto con referirse a los antecedentes del recurso, y analizar los requisitos de la acción de protección, señala que, en el caso, con fecha 16 de febrero de 2024, el recurrente envió mediante correo electrónico la documentación inicial para pedir el informe de uso interno de patente a la dirección de obras, para determinar si la actividad comercial puede ser desarrollada en la dirección en la que se entregaría la patente; luego, con fecha 16 de abril de 2024, se envió correo al recurrente, señalando que, si bien los documentos que se acompañaron cumplirían las exigencias, quedaba pendiente el tema referente al capital inicial en la declaración de iniciación de actividades en el Servicio de Impuestos Internos, pues, en la declaración de inicio de actividades, el Contribuyente informó un capital enterado de cero y un capital por enterar de un millón de pesos, en consecuencia, se le explicó que no puede tener el capital en cero para el inicio de actividades, sino que debe modificar el capital inicial, para el giro de la patente provisoria, en concordancia con el artículo 24 de la ley de rentas municipales.

De lo anterior, refiere que, se entiende por capital propio el inicial declarado por el contribuyente si se tratare de actividades nuevas, como es el caso, y para ello, el Servicio de Impuestos Internos aporta a cada Municipalidad, la información sobre el capital propio declarado, el rol único tributario y el código de la actividad económica; en consecuencia, y fin de poder realizar el cálculo e inmediatamente otorgar la patente referida, sostiene que, el recurrente, sólo debe actualizar el capital enterado inicial, trámite que se hace en línea, ante el Servicio de Impuestos Internos, por ende, no se ha dictado un acto administrativo terminal, a la espera de dicha actualización, y otorgar la patente provisoria en conformidad a la ley.

Por otro lado, indica que, no se ha afectado, privado, perturbado o amenazado el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas; en cuanto a la igualdad ante la ley, plantea que, el recurso adolece de una total ausencia de una descripción de hechos que demuestren de forma concreta, como esta parte ha incurrido en dicha privación, perturbación o amenaza; respecto a que supuestamente se habría alzado la Dirección de Administración y Finanzas en una comisión especial, plantea que, tampoco se desarrolla la manera de ocurrencia de éste hecho, siendo, confuso que se alegue una supuesta comisión especial frente a la ausencia de decisión, en el marco de un procedimiento administrativo inconcluso; en la misma falta de desarrollo se incurre al invocar como supuestamente vulnerado el derecho a la libertad económica y el derecho de propiedad.

Concluye, en mérito de lo expuesto, solicitando a esta Corte se tenga por evacuado el informe, y sea rechazado el recurso en todas sus partes, con costas.

3º.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que ésta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6º.- Que, el acto de carácter ilegal y arbitrario que se atribuye a la recurrida, Municipalidad de Chillán, corresponde a no tramitar hasta su conclusión los actos administrativos necesarios para conceder la patente municipal solicitada por la actora Servicios Informáticos de seguridad y nombre reservado.

7º.- Que, del mérito de los antecedentes que obran en autos, y de los mismos dichos de la recurrente, aparece que la Municipalidad efectuó observaciones a la solicitud de patente, consistentes en la rectificación del patrimonio informado por la actora ante el Servicio de Impuestos Internos, por cuanto al comunicar “capital por enterar”, informó un capital inicial de cero, como indicó la recurrida, lo que imposibilita hacer el cálculo previsto en el artículo 24 del Decreto Ley Nº 3.063 sobre Rentas Municipales a efectos de determinar el valor de la patente municipal solicitada y así poder dar curso a la petición formulada al ente edilicio.

8º.- Que, de lo recién expuesto, se observa que la recurrida no ha impuesto un requisito no previsto en la ley, o ha incurrido en omisión alguna, sino que ha pedido se rectifique la forma en que se declaró el capital por parte de la empresa recurrente, pues de otro modo, no puede hacer el cálculo necesario a efectos de continuar con la tramitación de la solicitud.

9°.- Que, atendido lo razonado precedentemente, no es posible dar por establecida la existencia de un acto ilegal o arbitrario que afecte alguno de los derechos fundamentales que la recurrente alega como vulnerados.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado don Andrés Suazo Sandoval, en contra de la Municipalidad de Chillán.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción del ministro Claudio Arias Córdova.

No firma la ministra señora Pezoa, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse en cometido funcionario.

R.I.C. N°735-2024 -PROTECCIÓN. -