Protección contra Comisión Médica Central

Chillán, treinta de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS: 1°.- Que comparece don nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Comisión Médica Central, dependiente de la Superintendencia de Pensiones, representada por su Presidenta Dra. nombre reservado nombre reservado, por la omisión y demora que actualmente persiste en la resolución de la apelación interpuesta respecto del Dictamen de Invalidez NºNUM000 de fecha 11 de noviembre de 2025.

Expone el actor que inició su trámite de calificación de invalidez ante la Comisión Médica Regional de Chillán en junio de 2025, organismo que, con fecha 11 de noviembre de 2025, emitió el Dictamen de Invalidez N°NUM000, correspondiente al expediente N°NUM001. En dicho pronunciamiento se determinó un menoscabo del 51% de su capacidad de trabajo, calificando su condición como invalidez parcial transitoria, con fecha de devengamiento a contar del 13 de junio de 2025.

Añade que, con fecha 26 de noviembre de 2025, las compañías de seguros Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. y Compañía de Seguros Confuturo S.A. interpusieron reclamo ante la Comisión Médica Central en contra del referido dictamen regional. El motivo de la apelación deducida por los entes aseguradores se fundó en un supuesto “menoscabo sobrevalorado”, consignándose en el propio formulario que dicha impugnación no modificaba la invalidez otorgada, sino únicamente el grado de menoscabo fijado.

Sostiene que la recepción formal de dicha apelación por parte de la Comisión Médica Central fue registrada por la Superintendencia de Pensiones con fecha 27 de noviembre de 2025 mediante el Oficio Ordinario N°NUM002, iniciándose desde ese momento la tramitación ante el órgano colegiado y desde esa fecha dicha entidad ha omitido expedir y notificar el acto administrativo terminal que ponga fin al procedimiento, manteniéndolo paralizado por un período extraordinariamente prolongado que se extiende por más de nueve meses hasta la presentación del presente recurso. Hace presente que el Decreto Ley N°3.500 establece que dicho órgano colegiado debe resolver la apelación dentro de diez días hábiles o, si dispone nuevos peritajes, dentro de un plazo que no puede exceder de sesenta días.

Indica que, la Superintendencia de Pensiones emitió el Oficio Ordinario N°NUM005, de 22 de junio de 2026, mediante el cual se refirió expresamente a la situación del recurrente. En dicho documento, la autoridad fiscalizadora reconoció la existencia de una “latencia importante” en la tramitación de este tipo de apelaciones y señala que existe una alta demanda de solicitudes y apelaciones.

Además, informó que, atendido el tiempo transcurrido, se comunicó con la Comisión Médica Central para solicitar la agilización del caso del recurrente y la emisión de la resolución correspondiente.

Pese a la intervención del ente fiscalizador y a un nuevo reclamo presentado por el actor en agosto de 2026 ante la Superintendencia de Pensiones, la omisión denunciada persiste al momento de interponer la acción cautelar. Afirma que, según información verbal obtenida en el servicio de atención telefónica de las Comisiones Médicas, la causa se mantiene en etapa de “revisión y análisis”, sin fecha cierta de dictamen.

Señala que el acto u omisión específico que impugna consiste en la falta de resolución oportuna e inactividad injustificada en el procedimiento de apelación administrativo interpuesto. Aclara expresamente que no pretende que esta Corte reemplace la evaluación médica ni determine el grado de invalidez, sino que ordene a la autoridad competente concluir el procedimiento pendiente y dictar la resolución que en derecho corresponda.

Califica la omisión denunciada como ilegal y arbitraria, por cuanto vulnera los plazos reglamentarios y legales vigentes y carece de sustento racional, sometiendo al afiliado a una indefensión e incertidumbre prolongada. Fundamenta la acción en la vulneración de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 numerales 2 y 24 de la Carta Fundamental. Arguye que someter su procedimiento previsional a un retardo indeterminado e inexcusable le impone un trato disímil desprovisto de justificación razonable en relación con el común de los administrados, afectando al mismo tiempo sus derechos de naturaleza previsional y patrimonial al mantener en la incertidumbre el otorgamiento definitivo de su pensión de invalidez.

Respecto a la oportunidad de la acción, el actor alega que la omisión impugnada tiene carácter actual y continuada, por lo que el plazo de 30 días corridos previsto en el Auto Acordado se renueva de manera permanente en tanto subsista la falta de resolución.

Concluye pidiendo que se tenga por interpuesta la acción constitucional, se acoja en todas sus partes y se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, ordenando a la Comisión Médica Central emitir el dictamen que resuelva la apelación en el plazo que determine esta Corte y disponer cualquier otra medida que se estime necesaria para asegurar una resolución efectiva y oportuna del procedimiento pendiente. 2°.- Que, a folio 5, evacúa el informe requerido, la Dra. nombre reservado

nombre reservado, en su calidad de Presidenta de la Comisión Médica Central, mediante Oficio Ordinario N° NUM003.

Inicia su exposición dando cuenta de las evaluaciones médicas y sociolaborales realizadas en el contexto de la solicitud de calificación de invalidez presentada por el recurrente, antecedentes que tuvo en consideración la Comisión Médica Regional de Chillán, para que en Sesión N°NUM004 de 11 de noviembre de 2025, estimara configurado el impedimento trastorno por estrés postraumático, al cual asignó un menoscabo de un 49%, a lo cual se adicionó el factor complementario de educación, alcanzando un menoscabo global de un 51%. En consecuencia, mediante Dictamen de Invalidez N°NUM000, resolvió declarar la invalidez parcial transitoria del recurrente.

Reconoce haber recibido la reclamación de las compañías de vida adjudicatarias del seguro de invalidez, el 26 de noviembre de 2025 en contra del Dictamen N°NUM000 emitido por la Comisión Médica Regional de Chillán, por considerar que el impedimento había sido sobrevalorado.

Agrega que mediante Oficio Ordinario N°NUM005 de 22 de junio de 2026 emitido con ocasión de una denuncia formulada por el recurrente ante la Contraloría General de la República, derivada a la Superintendencia de Pensiones, se informó que existe una alta demanda de solicitudes de calificación y reclamaciones de invalidez y que, pese a las medidas implementadas, subsiste una latencia significativa en la tramitación de dichos asuntos y solicitó a la Comisión una agilización del caso.

Informa que el expediente de calificación del recurrente fue sometido a una evaluación preliminar por parte de la médica asignada al caso, restando únicamente su conocimiento y resolución en sesión conjunta con los demás integrantes de la Comisión Médica Central.

En cuanto al marco normativo, manifiesta que el artículo 4° del Decreto Ley N°3.500 de 1980 establece quienes tendrán derecho a una pensión de invalidez, transcribiendo la disposición citada. A continuación, refiere que la Comisión Técnica de Invalidez, a través de las Normas para la Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez de los Trabajadores Afiliados al Nuevo Sistema de Pensiones ha definido que se debe entender por impedimento y menoscabo laboral, incorporando dichos conceptos.

Indica que debe existir una relación de causa y efecto entre el impedimento y el menoscabo laboral permanente para poder otorgar una pensión de invalidez.

Luego, distingue entre impedimentos en estado de no configuración y en estado de configuración, señalando los requisitos de cada uno de dichos estados.

Manifiesta, en relación con los dictámenes que se pronuncian sobre las solicitudes de calificación de invalidez, que conforme al artículo 11 del Decreto Ley N°3.500 de 1980 que transcribe, son reclamables mediante resolución fundada por el solicitante afectado, por el Instituto de Previsión Social y por las compañías de seguro, ante la Comisión Médica Central. La misma disposición establece la integración de dicha Comisión y el procedimiento aplicable. Asimismo, indica que la entidad contará con un plazo de diez días hábiles, contado desde la fecha en que reciba los nuevos exámenes o análisis, o desde que reciba el reclamo, en su caso, para emitir su fallo.

Por su parte, el artículo 38 del Decreto Supremo N°57 establece las funciones de la Comisión Médica Central, entre las cuales se encuentran la de conocer los reclamos fundados que se presenten en contra de los dictámenes de invalidez emitidos por las Comisiones Regionales.

Argumenta que no ha existido una omisión caprichosa ni una negativa a ejercer las atribuciones que legalmente se le han conferido, tratándose de un procedimiento técnico y especializado, que exige el análisis de los antecedentes médicos, psicológicos y sociolaborales pertinentes, resguardando los derechos e intereses tanto del afiliado como de las entidades legitimadas para reclamar.

Añade que el caso del recurrente ya fue objeto de una evaluación preliminar por la médica asignada, restando su conocimiento y resolución en sesión conjunta con los demás integrantes de la Comisión Médica Central para adoptar el pronunciamiento final.

Sostiene que, la pendencia de la reclamación no ha supuesto la alternación de la calificación de invalidez, manteniéndose la declaración de invalidez parcial transitoria del recurrente, mientras no se dicte el acto definitivo.

Afirma que enfrenta una alta demanda de solicitudes de calificación y reclamaciones de invalidez, lo que explica la demora en la resolución de la reclamación, lo cual, junto a las actuaciones desarrolladas en el caso, no permiten inferir un trato diferenciado, una discriminación arbitraria ni una intención de postergar indebidamente el pronunciamiento que corresponde emitir. En consecuencia, no se configuraría una actuación arbitraria ni una afectación concreta e ilegítima de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente.

Concluye solicitando se tenga por cumplido lo ordenado, rechazando el recurso de protección deducido por cuanto no existe ni ha existido en su actuar ilegalidad o arbitrariedad.

Finalmente hace presente que atendida la naturaleza de los antecedentes que se acompañan, los cuales contienen datos personales y sensibles del recurrente, solicita que se disponga por esta Corte la reserva de dichos documentos y se limite el acceso a las partes e intervinientes estrictamente necesarios para la adecuada tramitación de estos autos, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 N°4 de la Carta Fundamental y en la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada. 3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo. 4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías – preexistentes– protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 6°.- Que, para la adecuada resolución del presente arbitrio, resulta necesario tener presente que el recurrente alega, en síntesis, una omisión ilegal y arbitraria por parte de la Comisión Médica Central respecto al pronunciamiento sobre un recurso de reclamación interpuesto por las aseguradoras Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. y Compañía de Seguros Confuturo S.A. en contra del Dictamen de Invalidez N°NUM000 de 11 de noviembre de 2025 fundado en un supuesto “menoscabo sobrevalorado”, sin impugnar la invalidez otorgada, habiendo transcurrido más de nueve meses desde su interposición sin contar con resolución, no obstante, contemplarse para su fallo un plazo de 10 días o de 60 días en caso de solicitarse peritajes.

Por su parte, la Comisión Médica Central recurrida argumenta que no ha existido una omisión caprichosa ni una negativa a ejercer las atribuciones que legalmente se le han conferido, tratándose de un procedimiento técnico y especializado, que el caso del recurrente ya fue objeto de una evaluación preliminar por la médica asignada, restando su conocimiento y resolución en sesión conjunta con los demás integrantes de la Comisión Médica Central para adoptar el pronunciamiento final. Agrega que enfrenta una alta demanda de solicitudes de calificación y reclamaciones de invalidez, lo que explica la demora en la resolución de la reclamación, lo cual, junto a las actuaciones desarrolladas en el caso, no permiten configurar una actuación arbitraria ni una afectación concreta e ilegítima de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente. 7°.- Que la omisión que motiva la interposición del presente recurso consiste en la inactividad procedimental de la Comisión Médica Central, la cual no ha emitido el dictamen que ponga término al recurso de reclamación interpuesto en noviembre de 2025 en contra del Dictamen de Invalidez N°NUM000. 8°.- Que, de modo previo al examen del fondo, corresponde declarar que la presente acción ha sido deducida oportunamente, por cuanto la omisión alegada reviste el carácter de continuada e incide en un trámite administrativo que permanece pendiente y sin resolución al momento de la interposición. 9°.- Que el marco normativo que rige la calificación de invalidez en el sistema previsional de pensiones se encuentra establecido en el Decreto Ley N°3.500 de 1980, norma que encomienda dicha función técnica a las Comisiones Médicas Regionales y a la Comisión Médica Central.

El artículo 11 del mencionado decreto como los artículos 22 y siguientes del Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°57 de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, establecen un procedimiento específico tanto para que cada afiliado presente su solicitud de invalidez ante la Comisión Médica Regional correspondiente para su evaluación y calificación, como también para los reclamos y recursos que ameriten los dictámenes pronunciados por dichas Comisiones Médicas Regionales para ante la Comisión Médica Central. 10°.- Que el artículo 11 del Decreto Ley N°3.500 de 1980 dispone perentoriamente que la Comisión Médica Central dispondrá de un plazo de diez días hábiles para emitir su fallo, contado desde que reciba la apelación o desde que reciba los nuevos exámenes u ordenaciones que hubiere dispuesto, los cuales deben practicarse dentro de un plazo no superior a sesenta días.

Que de los antecedentes recabados en autos consta de manera fehaciente que el recurso de apelación fue ingresado a fines del mes de noviembre de 2025, habiendo transcurrido más de nueve meses a la fecha de la vista de la causa sin que el organismo recurrido haya pronunciado su dictamen de término. 11°.- Que la actuación de la Administración del Estado se encuentra sujeta a los principios de celeridad y conclusivo, consagrados en los artículos 7 y 8 de la Ley N°19.880, obligando a los órganos públicos a actuar de oficio y dictar resolución resolviendo el fondo del asunto dentro de plazos razonables.

Que la Comisión Médica Central ha pretendido justificar la dilación denunciada invocando una excesiva carga de trabajo institucional y el alto volumen de solicitudes de calificación de invalidez a nivel nacional, sin embargo, estos sentenciadores estiman que las deficiencias de gestión interna, la congestión operacional o la sobrecarga de trabajo de los órganos de la Administración no constituyen una causa de justificación suficiente ni una eximente legal para la inobservancia de los plazos legales.

La carga pública de soportar la paralización de un trámite no puede ser trasladada al ciudadano afectado. 12°.- Que, en consecuencia, al haber transcurrido un lapso que excede con creces los límites de razonabilidad y los plazos expresamente dispuestos en el artículo 11 del Decreto Ley N°3.500 de 1980, la omisión en que ha incurrido la Comisión Médica Central, al no dictar pronunciamiento respecto a la reclamación interpuesta en contra del Dictamen de Invalidez N°NUM000, resulta ilegal.

Que, asimismo, la demora del organismo recurrido constituye un acto arbitrario, por cuanto la dilatación del procedimiento carece de un sustento de racionalidad jurídica, desatendiendo incluso los requerimientos de agilización formulados por la propia Superintendencia de Pensiones.

Que la referida omisión arbitraria e ilegal vulnera la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al someter al recurrente a una dilación indebida y carente de motivo justificado. Asimismo, conculca el derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, por cuanto incide directamente sobre la certidumbre y el goce definitivo de los derechos de índole previsional que corresponden al trabajador.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara que se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Comisión Médica Central, disponiéndose que la referida entidad deberá resolver el recurso de reclamación interpuesto en contra del Dictamen de Invalidez N°NUM000, de la Comisión Médica Regional de Chillán, dictando el correspondiente dictamen de término dentro del plazo fatal de 30 días corridos, contados desde que la presente sentencia se encuentre firme y ejecutoriada.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la abogada integrante Vanessa Elizondo Cerda.

No firma la ministra Erica Pezoa Gallegos, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse ausente con cometido funcionario.

Rol N°733-2026 – Protección.