Protección contra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO

Chillán, seis de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS: 1°.- Que, comparece el abogado don José Francisco Rodríguez Moraga, Rut NUM000, quien actuando en representación convencional de don nombre reservado, Rut NUM001, empleado administrativo, domiciliado en domicilio reservado, interpone recurso de protección de garantías constitucionales en contra de ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO, Rut RUT reservado, representada legalmente por su actual alcalde don Patricio Suazo Romero, ambos con domicilio en domicilio reservado, por las acciones y omisiones arbitrarias e ilegales cometidas en contra de su representado, y que en definitiva implicaron que se le haya aplicado la medida de destitución en virtud de un sumario administrativo, proceso que fue tramitado en forma arbitraria e ilegal, vulnerándose con ello las garantías constitucionales contempladas en los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere el recurrente, y como fundamento de la acción constitucional por él interpuesta, que las actuaciones arbitrarias e ilegales emanadas del Municipio recurrido han afectado derechos fundamentales de su representado, de manera que el objeto de la acción interpuesta se circunscribe exclusivamente a la revisión de la legalidad de la decisión impugnada, y no al examen del mérito de la causa, comprendiendo, además, el análisis de la razonabilidad de las medidas adoptadas y la debida observancia del principio de proporcionalidad, los que en el presente caso fueron desatendidos.

Indica que su representado ha prestado servicios para la Municipalidad de San Ignacio desde el día 1° de noviembre de 2023, desempeñándose en el cargo de Administrativo de la Dirección de Finanzas, en calidad de funcionario a contrata, hasta la fecha, habiendo sido incluido en la nómina de funcionarios municipales que habrían viajado al extranjero durante el período de licencia médica entre los años 2023 y 2024.

Expresa que, en razón de lo anterior, mediante Decreto NUM002, de fecha 26 de mayo de 2025, se dispuso la instrucción de un sumario administrativo, citándosele a declarar el día 02 de junio del año en curso, instancia en que reconoció que en el mes de abril de 2024 se le otorgó una licencia médica de 11 días por diagnóstico de estrés laboral, período dentro del cual permaneció en Argentina durante cuatro días, retornando posteriormente al país.

Señala que el cargo único que se le formuló consistió en “Falta grave al principio de probidad administrativa”, por haber hecho uso de licencia médica para viajar al extranjero, hecho que vulnera lo dispuesto en el artículo 61 letra g) del DFL N°29 del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto Administrativo, que dispone que “Serán obligaciones de cada funcionario el observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado”, y artículo 54 y 55 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Manifiesta que habiendo contestado en tiempo y forma el cargo formulado, se le notificó personalmente con fecha 22 de agosto del presente año la aprobación de la vista fiscal, la cual proponía la aplicación de la medida de destitución, y debido a lo anterior, con fecha 29 de agosto del año en curso, su representado interpuso recurso de reposición, debidamente fundado en derecho y acompañando medios probatorios claros y suficientes. Sin embargo, mediante Decreto NUM003, de fecha 03 de septiembre de 2025, y notificado el día 04 del mismo mes y año, se le comunica la medida definitiva de destitución, en razón de haberse rechazado el recurso de reposición deducido.

Aduce el recurrente que el procedimiento sumarial tramitado al efecto, tanto en su forma como en el fondo, adoleció de series irregularidades, constituyendo una actuación carente de respeto hacia las garantías básicas del trabajador y los protocolos administrativos exigibles, careciendo la decisión adoptada de fundamentos jurídicos sólidos que justifiquen la extrema sanción de destitución impuesta a su representado.

Desde la perspectiva anterior, sostiene que las actividades que se reprochan son permitidas realizar conforme lo indica la Circular N°3646 de 2021, de la Superintendencia de Seguridad Social, atendido el carácter de patología mental de la enfermedad diagnosticada, incurriendo el fiscal en una clara confusión entre lo que es un reposo absoluto y un reposo total, agregando que la licencia médica en ningún apartado exige un reposo absoluto, entendiéndose por esto último la inmovilización total del cuerpo asemejado a una hospitalización y es contrario al reposo relativo. En cambio, el reposo total se refiere a la facultad de ausentarse de toda la jornada laboral completa, y es contrario al reposo parcial, de manera que en tales circunstancias no existe infracción grave al principio de probidad al no tratarse de una atipicidad administrativa, por inconsistencia en la descripción de la conducta que se imputa y de la normativa que se invoca.

Desde otro ángulo, aduce que su representado ha actuado completa y absolutamente de buena fe, sin ninguna intención de transgredir normativa legal alguna, siendo sus actos coincidentes con su informe médico, el que señala que el señor nombre reservado puede salir de su domicilio, así como le es permitido realizar actividades sin que ellas de por sí signifiquen una infracción al reposo médico.

Termina manifestando que, en el caso de su representado, no se respetó el principio de proporcionalidad al aplicarle la sanción más gravosa que el ordenamiento jurídico contempla para un funcionario público, cual es, la medida disciplinaria de destitución, vulnerándose asimismo la garantía de igualdad ante la ley, aduciendo que a otros funcionarios públicos, y por los mismos cargos formulados al señor nombre reservado, solo se les ha sancionado con una baja en sus remuneraciones por tres meses.

En razón de lo anterior, pide tener por interpuesto el presente recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de San Ignacio, y, en definitiva, acogerlo en todas sus partes, declarando que se deja sin efecto la sanción de destitución aplicada mediante Decreto NUM003, de fecha 03 de septiembre de 2025, por ser dicha determinación arbitraria e ilegal. 2°.- Que, informando el abogado don Luis Patricio Parejas Mardones, en representación de la Ilustre Municipalidad de San Ignacio, solicita el rechazo del presente recurso de protección fundado en que el ex funcionario, don nombre reservado, mientras se desempeñaba en funciones municipales, y encontrándose con licencia médica por un período de once días, salió del país con destino a la República Argentina, sin contar con la autorización médica ni administrativa para ausentarse del país durante su período de reposo laboral total, configurándose de esta manera un incumplimiento grave de sus deberes funcionarios, al quebrantar el deber de observancia de la probidad administrativa y de respeto a las normas sobre licencias médicas, toda vez que la salida del país durante un período de reposo absoluto implica desobedecer las condiciones del beneficio y afecta directamente la fe pública y la confianza en la administración, vulnerándose lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Desde otro ángulo, sostiene el letrado que la licencia médica de la cual gozaba el recurrente, no era de carácter psiquiátrico, sino que se trataba de una licencia por enfermedad o accidente común, cuya característica del reposo son laboral total, con lugar de reposo en el domicilio señalado explícitamente en la licencia.

Aduce que el actuar del recurrente afectó de manera grave al principio de probidad administrativa, y además atentó gravemente la confianza depositada en el funcionario, por lo que la sanción aplicada es proporcional con el daño ocasionado a la fe pública, existiendo una debida fundamentación en el acto administrativo impugnado.

Señala que en todos los casos informados por Contraloría General de la República, e investigado en los respectivos sumarios administrativos llevados a efecto por su representada, se evaluó caso a caso la aplicación de la sanción respectiva de acuerdo al mérito y circunstancias del proceso, existiendo diversas sanciones, entre otras, incluso sobreseimientos y absoluciones, de manera que ha existido absoluta objetividad al momento de resolver cada uno de los casos, por lo que no se han vulnerado garantías y derechos fundamentales consagrados por la Constitución Política de la República.

Concluye el letrado informante que los hechos por los cuales se aplicó la medida de destitución al recurrente, constituyen vulneración grave del principio de probidad administrativa, al incumplir el reposo médico absoluto y salir del país sin autorización, desnaturalizando el propósito del beneficio. Indica, además, que la sanción aplicada es jurídicamente procedente y proporcional, ajustándose a la legislación vigente y a la doctrina de la Contraloría General de la República, no advirtiéndose vulneración de derechos fundamentales del recurrente, pues se le garantizó el derecho a defensa y contradicción, por lo que solicita el rechazo del presente recurso. 3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquel que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, algunas de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 4.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 5°.- Que, del examen de los antecedentes acompañados y lo argumentado por las partes, fluye de manera evidente que la acción cautelar de protección ha sido dirigida formalmente en contra del Decreto NUM003, de fecha 03 de septiembre de 2025, que aplicó la medida disciplinaria de destitución a don nombre reservado, dictada por la Ilustre Municipalidad de San Ignacio, mediante la cual se rechazó el recurso de reposición deducido por el recurrente respecto de la aprobación del sumario administrativo y la ratificación de la medida disciplinaria de destitución. 6°.- Que, sin embargo, del análisis cronológico de las actuaciones administrativas que constan en autos, se verifica que la sanción de destitución fue propuesta inicialmente en la vista fiscal notificada con fecha 22 de agosto de 2025. Posteriormente, el 29 de agosto de 2025 se interpuso recurso de reposición, y con fecha 04 de septiembre del año en curso, se le notificó la resolución que rechazó dicho recurso, confirmando la medida de destitución del señor nombre reservado, lo que se materializó mediante la dictación del Decreto NUM003. 7°.- Que, en consecuencia, resulta claro que el Decreto NUM003 no constituye un acto administrativo autónomo e independiente, sino una resolución de carácter formal que rechazó un recurso de reposición por haberse agotado previamente las instancias previstas en la normativa estatutaria. Así, no existe en el presente caso un nuevo acto ilegal o arbitrario actual que justifique la intervención de esta Corte mediante la presente acción cautelar. 8°.- Que, por otra parte, es criterio reiterado de nuestros tribunales superiores que el recurso de protección no constituye una vía idónea para revisar el mérito o la legalidad de actuaciones administrativas desarrolladas dentro de procedimientos disciplinarios, cuando éstos se han tramitado conforme a las normas legales y reglamentarias vigentes, con respeto del debido proceso. La acción de protección no tiene por objeto establecer derechos controvertidos ni ejercer control jurisdiccional general sobre actos administrativos, sino cautelar derechos preexistentes frente a actos u omisiones manifiestamente ilegales o arbitrarios que los afecten de modo actual y directo. 9.- Que, además, el ordenamiento jurídico contempla mecanismos específicos para cuestionar la legalidad de los actos administrativos que impongan medidas disciplinarias, a través de los recursos contemplados en el propio Estatuto Administrativo, y, eventualmente, mediante acciones contencioso- administrativas ante los tribunales competentes. En este sentido, la existencia de un procedimiento disciplinario regulado y finalizado mediante resoluciones que agotaron la vía recursiva correspondiente, impide que la presente acción de protección pueda prosperar, atendido su carácter subsidiario y excepcional. 10°.- Que, por consiguiente, y habiendo sido tramitado el procedimiento administrativo conforme a las normas legales aplicables, con respeto al derecho a defensa del recurrente, y sin evidenciarse en autos un acto administrativo actual de naturaleza ilegal o arbitraria que justifique el otorgamiento del amparo solicitado, esta Corte estima que no concurren los requisitos para acoger la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrada por el abogado José Francisco Rodríguez Moraga, en representación de nombre reservado, en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del abogado integrante don Juan Antonio De La Hoz Fonseca, quien no firma por no haber integrado sala el día de hoy.

No firma la Magistrada señora nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por haber cesado en el cargo de Ministra Suplente.

ROL 733-2025-PROTECCIÓN.