RESTAURANTE Y SERVICIOS GASTRON.MERP SPA con ADMINISTRADORA DE FRANQUICIAS QUIDEL LIMITADA

8 Chillán, quince de julio de dos mil veinticuatro.

Visto:

1°.- Que, comparece el abogado don Pedro Céspedes Cortés en representación de Restaurante y Servicios Gastronómicos MERP Spa, persona jurídica de derecho privado, representada legalmente por don nombre reservado, ingeniero, todos con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de, Arauco Chillán Spa, representada legalmente por doña nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, de la ciudad de Chillán, y de Administradora De Franquicias Quidel Ltda., persona jurídica de derecho privado, representada por don nombre reservado, ingeniero, ambos con domicilio en domicilio reservado, en la Comuna de Las Condes, Santiago, por la serie de conductas que pasa a exponer y que estima transgreden las garantías constitucionales del recurrente.

Como antecedentes de hecho de la acción interpuesta refiere que, la sociedad recurrente es franquiciada, arrendataria, y explotadora legalmente de las marcas comerciales, equipos y el local comercial de la marca comercial RESTAURANTE PLATÓN, local comercial, del giro restaurante y comida rápida, ubicado en el patio de comidas de Centro Comercial Arauco Chillán, local 420, esta ciudad; contando con más de cinco años de experiencia, representando la marca “Platón” en diversas zonas del país, habiendo invertido a la fecha más de trescientos millones de pesos.

Además, indica que, con fecha 24 de septiembre de 2019 se suscribió un contrato de sub arriendo entre su representada MERP SPA Y QUIDEL LMITADA (FRANQUICIA PLATÓN), en el local ya señalado, para explotar la marca “Platón”; a esto añade que, su representada celebró contrato de franquicia con el mismo grupo controlador de platón, esto es, Main Group, y con la misma fecha Fermag Limitada, suscribió contrato de subarriendo para la franquicia y explotación de Platón Chillán, para la explotación del mismo local comercial ya identificado. Manteniendo así, contratos vigentes de franquicia, y sub arriendo sobre el local comercial 420, dentro del Centro Comercial Arauco Chillán, para la explotación de Restaurante Platón. Hace presente que, en ningún caso, celebró contrato o mantiene vínculo alguno con Arauco Chillán, sino que su contrato de sub arriendo es con la recurrida Administradora de Franquicias Quidel Limitada.

Luego, señaló que considerando el difícil periodo socio económico vivido por la contingencia nacional y mundial, desde octubre de 2019, periodo de estado de catástrofe, desde marzo de 2020; más de cinco meses que pasó sin la posibilidad explotar comercialmente su franquicia, y a fin de continuar funcionando, realiza una operación de renegociación de los términos del contrato de sub arriendo suscrito con Quidel Limitada por la explotación del local ubicado en Arauco Chillán, con el objeto de poder dar cumplimiento al pago del subarriendo, franquicia, royalty, pagos de proveedores, y sus más de 20 trabajadores, aun cuando no existió de parte de esta última una condonación por paralización o descuento por la crisis ocurrida.

De lo anterior, indica que, se inició un proceso de negociación para el cierre del contrato vigente, el que termina en septiembre de 2024, así como también la posibilidad de renovación del mismo, conversaciones que se mantuvieron hasta el día 12 de junio de 2024, mediante correos electrónicos, para vender la franquicia a una tercera persona, y con ese monto pagar las deudas existentes; sin embargo, mientras el representante de la recurrente, don nombre reservado, estaba esperando la respuesta a la contrapropuesta enviada por correo electrónico a don nombre reservado, representante legal de uno de los recurridos, Quidel Limitada, se produjo el día 12 de junio en la noche, cuando el local comercial se encontraba cerrado, el corte sorpresivo intempestivo e ilegal por parte de Arauco Chillán de la luz eléctrica del local comercial, así como de la oficina, e instalaciones administrativas, sin mediar aviso o explicación alguna. El Centro Comercial Arauco Chillán, a través de un funcionario no identificado, en forma unilateral, verbal, y sin documento, comunicación, notificación, procedimiento o comprobante alguno, procedió a notificar por teléfono a la jefa de local sub arrendados por su representado, que desde ese momento procedía cortar la luz eléctrica del local sub arrendado por el recurrente, sin dar razón o comunicación por escrito alguna, señalando de manera verbal que Administradora de Franquicias Quidel Limitada había dado dicha instrucción. Debiendo en consecuencia despachar a sus domicilios al día siguiente tanto a los trabajadores como a los clientes, provocando un daño incalculable, a su imagen, a su propiedad, y al derecho a ejercer su actividad económica.

Señala que, se le informa posteriormente al recurrente que, no devolverían la luz hasta que su representado firmara todos los contratos, o resciliación de los mismos, garantías y otros documentos en las condiciones establecidas por los mismos, y que efectivamente había dado la orden de cortar el suministro eléctrico sin previo aviso; corte que fuera ejecutado por la recurrida Arauco Chillán, con quien no tiene relación contractual, civil o comercial alguna, auto tutelando la resolución de un conflicto mediante una presión indebida, con el sólo objeto de aceptar de manera matonesca las condiciones de salida supuestamente negociadas con los recurridos. A su presentación acompaña un acta Notarial y certificación de fotografías, de fecha 13 de junio, expedida por el Notario Público don nombre reservado, que constata lo precedentemente expuesto.

En cuanto al derecho, desarrolla latamente el principio de juridicidad, a la luz de los artículos 6, 7 y 38 de la Carta Fundamental, estimando transgredidas las garantías constitucionales del artículo 19 números 2 y 3 inciso cuarto, e indica que el procedimiento ejecutado por Centro Comercial Arauco Chillán, en todo momento se caracterizó por impedir sustancialmente el ejercicio adecuado de los derechos de libertad económica, el desarrollo de una actividad lícita, la libertad de trabajo, del artículo 19 n° 16, y el derecho de propiedad de su representado. En este sentido cita jurisprudencia, causa rol 218-2018, rol 24-2009, ambos de la Iltma. Corte de Apelaciones de Copiapó. Añade que mediante el acto verbal, informal e ilícito que en esta acción se impugna, se está privando a su representada de manera ilegal y arbitraria de la Garantía Constitucional prevista en el artículo 19 Número 21, en cuanto se priva al recurrente, de la ejecución y desarrollo de las actividades propias de su giro comercial, en los términos definidos por la propia empresa y sus trabajadores, expresado en los diversos contratos de subarriendo, compra de establecimientos comerciales, contrato de trabajo suscritos entre el recurrente y sus trabajadores, así como el derecho de propiedad que tiene el recurrente respecto de estos establecimientos comerciales, más allá de la relación que el mismo tenga con su sub-arrendadora. Agrega que el acto recurrido entraba el desarrollo económico libre de la empresa, su gestión y desarrollo.

Sostiene que el acto que en esta acción se intenta invalidar es ilegal, puesto que las recurridas actúan fuera de ley, sin facultades o atribuciones que le permitan limitar la propiedad, aún más actúan contra texto constitucional expreso que lo prohíbe. Suma que, desde el momento mismo en que los contratos comerciales fueron suscritos por su representada, en especial, aquel denominado sub arriendo, éstos y su contenido relacional, del cual se desprenden derechos y obligaciones, ingresaron al patrimonio de su representada, por lo que nos encontramos frente a derechos adquiridos respecto de estos. Plantea que, este caso trata de un acto particular expropiatorio del derecho de propiedad sobre los derechos emanados de los contratos e instrumentos vigentes de mi representado con Quidel Limitada y que no ha sido el legislador quien ha privado de este derecho a mi representada, sino que ha sido a través de un acto particular ilegal, de un tercero, Centro Comercial Arauco Chillán, que ninguna relación tiene con el recurrente, lo que contraviene la reserva legal de la materia. Cita jurisprudencia en este sentido.

Finaliza, en mérito de lo expuesto y normas citadas, solicitando a esta Corte, se acoja la presente acción y se declare que, el acto realizado por Centro Comercial Arauco Chillán y Administradora De Franquicias Quidel Limitada, el corte de luz permanente sobre el local sub arrendado por su representado, con fecha 12 de junio de 2024 a las 22:00 pm, y que se mantiene hasta la interposición del presente recurso de protección, conforme con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, y demás normas constitucionales y legales invocadas, en particular artículo 19 N°2, N°3, inciso 4°, N° 21, N° 16, inciso 1°, N° 21, N° 24 y N° 26; es arbitrario e ilegal, debiendo dejarse sin efecto; con costas.

2°.- Que, al informar la abogada doña Daniella Zepeda Vivanco, en representación de Administradora de Franquicias Quidel Limitada, refiere en primer lugar que, hay incongruencias sustanciales en el recurso al tenor de lo señalado por el propio recurrente que hacen imposible su prosecución.

Luego, indica que, el recurrente no se encuentra al día en sus obligaciones de franquiciado conforme a su contrato, que se acompaña, a diferencia de lo que indica en el cuerpo de su recurso, siendo notificado por su representado de dicho incumplimiento y, también notificado, del término de la franquicia, en consecuencia, no es el recurrente actualmente franquiciado de la marca como pretende serlo, dilatándose la entrega del local comercial sin pagar la renta ni los servicios asociados, encontrándose explotando un contrato de marca y franquicia sin tener derecho a ello y, utiliza esta cautela constitucional para mantenerse ilegalmente en dicho uso y, arbitrariamente percibiendo ingresos en perjuicio de esta parte; suma que el recurrente realmente nunca ha sido víctima de amenazas de ningún tipo, su representada no tiene la potestad de cortar la luz, lo cual depende única y exclusivamente de los dueño del local. Así las cosas, de la lectura del recurso, no se vislumbra un acto de esta parte que lesione al recurrente.

En cuanto al derecho, en primer término plantea que, la presente acción es improcedente por falta de preparación, no habiendo el recurrente utilizado todos y cada uno de los recursos que la ley en sentido amplio le provee para la defensa de los derechos supuestamente conculcados; añade que, previo a esta acción cautelar los hechos relatados se someten a una acción judicial en los términos de la ley 18.101.

Sostiene respecto al corte de luz, en lo que toca a su parte solo es posible declarar y reconocer que ésta se encuentra impaga; encontrándonos no frente a un acto arbitrario, sino en presencia de una resolución adoptada con merito a fundamentos de hecho acorde a la racionalidad exigida a un hombre medio y con fundamento que, aunque pudieren ser calificados de injustos, son aplicados a criterio de racionalidad que por su sola presencia excluyen la arbitrariedad que exige como requisito o supuesto de procedencia el presente recurso. Cita doctrina nacional al respecto.

Concluye solicitando a esta Corte el rechazo del recurso, con costas.

3°.- Que, al informar los abogados Ignacio Figueroa Egas, Marcela Millar Godoy y Chantal Thibaut Mackenney, en representación de Arauco Chillán SpA, señalan como antecedentes que, el 29 de enero de 2014, se celebró un contrato de arrendamiento entre Plaza El Roble S.A., sociedad de la cual Arauco Chillán es continuadora legal, como parte arrendadora y Quidel, como parte arrendataria, sobre el Salón o Local de Uso Comercial, ubicado en domicilio reservado. El bien dado en arrendamiento, objeto de esta acción de protección, es el individualizado como SUC N°420, situado en la ampliación del Centro Comercial Plaza El Roble. Luego, el Contrato indicaba que el arrendamiento iniciaría el 24 de marzo de 2014 y terminaría el 30 de septiembre de 2019, plazo que se renovaría en automáticamente por términos iguales y sucesivos. Éste fue sujeto de dos modificaciones, suscribiéndose la última de ellas el 26 de octubre de 2020, la que hasta la actualidad se encuentra vigente, y que junto con la obligación de pagar las rentas, la Arrendataria se obligó en la cláusula VII del Contrato al pago oportuno de los “servicios públicos”, es decir, agua, electricidad, gas entre otros. Asimismo se pactó, en la clausula VIII del referido contrato que, si el Arrendatario no pagaba los servicios públicos, Arauco Chillán estaría facultado a cortar los servicios básicos dando un aviso de 48 horas.

Así las cosas, la relación contractual de esta parte es con Quidel Ltda., teniendo una deuda por servicios de electricidad por un monto de $5.210.222; es por esto que, conforme expresamente lo facultan las cláusulas 2.6 de la modificación del Contrato, Arauco Chillán decidió hacer uso de su derecho, suspendiendo el suministro eléctrico del SUC N°420.

De lo anterior sostienen, como razones para rechazar la presente acción que el Contrato de arrendamiento y sus respectivas modificaciones se han celebrado siempre entre Arauco Chillán SpA y Administradora de Franquicias Quidel Limitada, luego, el recurrente, es un tercero respecto de quien no tienen la obligación de suministrar electricidad, mucho menos de manera gratuita, careciendo esta parte de legitimación pasiva. Añaden que, Arauco Chillán no ha incurrido en ningún acto u omisión arbitraria o ilegal, solo ejerció el derecho que le corresponde como arrendadora de un inmueble cuyo suministro eléctrico está siendo utilizado de manera ilegítima por un tercero. Esta suspensión no reviste el carácter de arbitraria o ilegal que la recurrente pretende conferirle, pues existen razones que la justifican; a saber, el Contrato y el incumplimiento del pago de los servicios públicos. Plantea que para cumplir con todos los procedimientos y protocolos establecidos en la modificación de contrato suscrita por las partes, Arauco Chillán envió el 10 de junio de 2024 una carta certificada y notariada de Aviso-Notificación a Quidel, mediante la cual la requirió de pago y le comunicó que, de no realizar el pago dentro de las veinticuatro horas contadas desde la fecha del envío de dicha comunicación, se procedería a suspender el suministro eléctrico.

Por otra lado, indican que, la falta de comunicación entre Administradora de Franquicias Quidel Limitada y Restaurante y Servicios Gastronómicos MERP SpA no es oponible a Arauco Chillán, y no convierte en arbitrario o ilegal el procedimiento contractual establecido entre Arauco Chillán y Quidel, el que ni siquiera ha sido impugnado por dicha compañía.

Así las cosas, refieren que no existen las perturbaciones citadas por la recurrente, pues Arauco Chillán no está obligada a entregar un suministro de electricidad fuera de los términos de un contrato legalmente celebrado, cuestión que en este caso no existe con la Recurrente, suma que, ni siquiera existe entre la Recurrente y su subarrendadora dado que se ha puesto término al contrato de franquicia y subarrendamiento. Añade que, la acción de Arauco Chillán no es constitutiva de auto tutela, por lo que no se vulnera la garantía constitucional del debido proceso, pues, no está ejerciendo ninguna atribución ajena al Contrato que celebró con el Arrendatario, ni que esté prohibida por la ley, tan solo, es el ejercicio de una facultad contractual que se encuentra sujeta a una condición, a saber, el incumplimiento en el pago de los servicios públicos, como la electricidad.

Sostienen que, el real objeto del recurrente, con la interposición de la presente acción tiene por finalidad dilatar el cumplimiento de una obligación contractual que Servicios Gastronómicos se ha negado a cumplir, correspondiente a la restitución del inmueble ocupado por ella y del pago de los montos adeudados a Quidel. Por otra parte, no se justifica una intervención jurisdiccional rápida que ampare los supuestos derechos vulnerados de Servicios Gastronómicos, toda vez que la materia que presenta el recurso corresponde a un juicio de lato conocimiento o declarativo de derechos. En subsidio de lo expuesto, citan y transcriben el artículo 1946 del Código Civil, desprendiéndose que la acción y las infracciones a derechos fundamentales alegados por la recurrente, resultan solamente imputables a Administradora de Franquicias Quidel Limitada, quien al momento de tomar conocimiento del requerimiento de pago enviado por su representada, debió inmediatamente informar a la recurrente, situación que, si no se concretó, no es responsabilidad de Arauco Chillán.

Finalizan solicitando el rechazo de la presente acción con costas, pues corresponde a un mecanismo que ha utilizado el recurrente para intentar mantener una situación de hecho que de por sí es ilícita y arbitraria, y que perjudica a su representada, a saber, explotar comercialmente un local sin pagar sus obligaciones y siendo subsidiado por un privado, con quien no tiene vínculo contractual alguno, en sus suministros básicos, eléctrico, cuestión completamente improcedente.

4°.- Que, conforme a las alegaciones efectuadas en la vista del recurso, como medida para mejor resolver, se solicitó a Centro Comercial Arauco Chillán informara si la recurrente continuaba arrendando el local comercial señalado en su recurso de protección, informando a folio 25, don nombre reservado, Center Manager Arauco Chillán, que la compañía Restaurante y Servicios Gastronómico MERP SpA, la que era subarrendataria de Administradora de Franquicias Quidel Limitada, se retiró del Salón de Uso Comercial N°420 el día 01 de julio de 2024, según lo he podido constatar.

5º.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

6º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

7º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que ésta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

8°.- Que, la recurrente funda su acción, en síntesis, en el actuar de carácter arbitrario e ilegal imputado a las recurridas, consistente en el corte de la luz eléctrica respecto del local comercial que arrienda en el Centro Comercial Arauco Chillán, que vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, el debido proceso, la libertad de contratación, la libertad de empresa y/o realizar una actividad económica y su derecho de propiedad, acto de auto-tutela contra el que reclama.

9°.- Que, de lo señalado y los antecedentes acompañados, se desprende que los efectos perniciosos que han sido denunciados en el recurso han desaparecido, pues según informó Centro Comercial Arauco Chillán, la recurrente ha dejado el local comercial que subarrendaba en dicho establecimiento, de manera que, bajo este supuesto, ninguna medida puede ser adoptada en esta sede cautelar, al haber desaparecido la afectación denunciada, lo que conlleva la pérdida de oportunidad de este recurso.

En razón de lo expresado, se estima innecesario hacer pronunciamiento con relación con las garantías constitucionales que se dice conculcadas por el actor.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por el abogado don Pedro Céspedes Cortés, en representación de Restaurante y Servicios Gastronómicos MERP Spa, contra Arauco Chillán SpA, representada por doña nombre reservado, y de la Administradora de Franquicias Quidel Ltda., representada por don nombre reservado.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción del Ministro Claudio Arias Córdova.

Rol N° 731-2024 PROTECCIÓN.-