nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION REGIONAL

Chillán, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno.

Visto:

1°.- Que, comparece el abogado don Arnoldo Enrique González Jeria en representación de doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, representado legalmente por su Director Nacional don Fernando Barraza Luengo y don nombre reservado, Director Regional del Servicio de Impuestos Internos de Ñuble, en virtud de las consecuencias que afectan a la recurrente derivada de la Resolución exenta Numero 74 de 20 de julio de 2020 que dispone la emisión de boletas electrónicas y a la decisión a la Petición Administrativa presentada el 13 de enero de 2021 donde el Servicio dispone de un plazo de 6 meses para resolver dicha petición, plazo que excede la puesta en marcha del nuevo sistema de emisión tributaria a partir del 01 de marzo de 2021.

Refiere el recurrente, y como fundamento de la presente acción constitucional, que su representada es una persona de 85 años de edad, la que es propietaria del local comercial Bazar Kena en la comuna de San Ignacio, comercio que junto a su esposo don nombre reservado, de 89 años de edad, administran desde su apertura el año 1993. Que en cumplimiento a la ley 20.727 de 2014, el Servicio de Impuestos Internos instruyó mediante Resolución Exenta N° 74 de 20 de julio de 2020, procedimiento para emitir boletas electrónicas y boletas no afectas o exentas electrónicas de ventas y servicios, contemplando ciertas excepciones para aquellos contribuyentes que no puedan emitir boletas electrónicas, esto en función de la presentación de una petición administrativa, solicitando exceptuarse de la obligación de emitir documentos tributarios en formato electrónico, por encontrarse en alguna de las situaciones de excepción, conforme la Ley 20.727 de 2014, aportando los antecedentes que fundamenten su petición. Estas excepciones son; Falta de conexión eléctrica; No tener acceso a internet o conexión de datos; Y quiebra o liquidación, conforme lo consigna el formulario N° 4430 del SII para solicitar la excepción a la norma.

Señala que en virtud de lo anterior, se efectuaron por parte de la recurrente las consultas pertinentes ante el SII, por la causal de incapacidad para manejo de medios tecnológicos por presentar la contribuyente de 85 años y su esposo de 89 años carencia de manejo de datos y máquinas para la emisión de boleta electrónica en su comercio, siendo orientado a seguir con el procedimiento establecido, indicándole que el motivo aducido no estaba contemplado en la norma. Consecuente con lo informado, se efectuó con fecha de 13 de enero de 2021, petición administrativa N° 77321370927 solicitando la excepción en comento siendo cerrada en forma arbitraria, dando curso a la petición administrativa N° N°77321439197, enviando para tal efecto mensaje indicando que el Servicio dispone un plazo de 6 meses para resolver, situación que excede al plazo que el propio Servicio dispone en su Resolución Exenta. En virtud de anterior, estima que queda claramente acreditado que la norma impuesta no contempla excepciones derivadas de la capacidad de personas en comprender o usar tecnología para emitir boletas como también el Servicio no flexibiliza la condición de que contribuyentes de esta condición continúen operando con el sistema de timbraje, tal como lo vienen efectuando durante años.

Expresa que para propietarios de comercios pequeños y de avanzada edad, la implantación de esta norma tiene un serie de consecuencias, entre ellas; Obliga a los contribuyentes a declarar y a pagar sus impuestos por la vía de Internet, lo cual significa que quedan también obligados a contratar los servicios de un proveedor que habilite los enlaces comunicacionales electrónicos para el adecuado funcionamiento del sistema, aumentando con ello costos fijos que no estaban considerados. Asimismo, obliga a los contribuyentes y a sus contadores a incorporarse a un sistema que no tuvo marcha blanca ni el Servicio dispuso de material para que pudiese operar de manera eficaz; y por último, el obligar, en el caso de la recurrente, a tener que cerrar el negocio que le ha permitido sustentar sus gastos de manera honrada por más de 30 años por no poder usar la tecnología que le está siendo impuesta.

Estima que de los hechos relatados se colige que se han visto afectadas a lo menos las siguientes garantías constitucionales; 1. El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Art.19 numeral 1 de la Constitución Política de Chile, ya que la resolución del Servicio implica la imposibilidad de continuar ejerciendo la actividad económica, y por lo tanto perjudica directa y gravemente la salud psíquica de la contribuyente de 85 años de edad y de su esposo de 89 años de edad, por cuanto no tienen otra opción o alternativa que cerrar su comercio en zona rural que les proporcionó el sustento por varios años. 2. El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen. Art.19 numeral 21 de la Constitución Política de Chile, ya que la resolución perturba y priva el poder desarrollar la actividad económica de la requirente, quien al no estar en condiciones de operar tecnología, no le permite continuar con su actividad económica viéndose discriminada por su edad y condición de impericia en uso de tecnología. 3. La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica. Art.19 numeral 22 de la Constitución Política de Chile, ya que, a juicio del recurrente, existe discriminación en la Resolución del Servicio al no contemplar excepciones para que contribuyentes que no están en la condición de usar tecnología disponible puedan continuar con el sistema manual de emisión de boletas, tal como lo han estado realizando hasta la fecha, lo que amenaza la continuidad de su comercio, situación que se contrapone con los valores que promueve el Servicio de Equidad y Respeto.

Termina solicitando que esta Corte, conforme lo expuesto con antelación, se sirva tener por interpuesto fundado Recurso de Protección a favor de la recurrente, admitirlo a tramitación, para que el imperio del derecho sea restablecido y se dé lugar a lo expuesto en la presentación de este recurso y se autorice a la recurrente seguir con el sistema de emitir boletas en forma manual. De la misma forma y de acuerdo a los antecedentes expuestos, disponer que el Servicio de Impuestos Internos, amplié la normativa referida a la emisión de boletas electrónicas y considerar como excepción a dicha norma la falta de capacidad en el uso de tecnología para operar dispositivos electrónicos y de telefonía digital.

2º.- Que, informando la abogada doña María Marcela Muñoz Foglia por el Servicio de Impuestos Internos, refiere que el presente recurso ha sido interpuesto en forma extemporánea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema del año 2015, sobre Tramitación del Recurso de Protección, por cuanto del libelo de este, se aprecia que la acción interpuesta está dirigida formalmente en contra de la Resolución Ex. Nº 74, la que fue emitida por dicho Servicio con fecha 02 de julio de 2020, y publicada en el Diario Oficial con fecha 07 de julio de 2020, oportunidad desde la cual se debe considerar, lo que es conocido por todos; por tanto, habiéndose deducido la presente acción con fecha 25 de febrero de 2021, se advierte que ésta es extemporánea, toda vez que ha transcurrido con creces el plazo de 30 días corridos contados desde que la actora tuvo conocimiento cierto de la resolución impugnada. Sin perjuicio de lo anterior, estima que es importante aclarar que la obligación de emitir boletas de venta y servicio exclusivamente en formato electrónico y sus excepciones, no emanan de la resolución impugnada como señala el recurrente, sino de la propia ley, en particular el inciso primero, del artículo 54, de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, que es el que consagró tal deber, ello en virtud de la reforma efectuada por medio de la dictación de la Ley N° 21.210, publicada en el Diario Oficial con fecha 24 de febrero de 2020.

Agrega que, además, no existe por parte del Servicio de Impuestos Internos un acto u omisión arbitrario o ilegal, ya que este, como órgano del Estado, debe someter su accionar a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, actuando válidamente dentro de sus competencias y en la forma que prescriba la Ley, según lo dispuesto en el inciso primero, del artículo 6º, de la Constitución Política de la República. Lo anterior, en estricta relación con el artículo 7°, del mismo cuerpo normativo, y concordante con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley N° 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado; artículos 1 y 6 del Código Tributario; artículo 1 de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, artículo 3, 52, 53 y 54 de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, de lo cual se colige que la resolución impugnada no puede constituir un acto arbitrario o ilegal, como señala la recurrente, por cuanto se limita a desarrollar el procedimiento para dar cumplimiento a la obligación establecida por el legislador, de emisión exclusiva de los documentos tributarios electrónicos que indica; todo ello con el único objeto de facilitar su cumplimiento por parte de los contribuyentes.

Señala que sobre la base de lo anteriormente expuesto, se aprecia que no existe por parte de dicho organismo un acto ilegal o arbitrario, en los términos expuestos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República; que prive, perturbe o amenace alguna de las garantías constitucionales por ella consagradas. Sostiene, en razón de lo anterior, que el actuar de dicha repartición se enmarca en todo momento dentro de las potestades que éste detenta, todo lo cual ha sido llevado a cabo, de conformidad con las facultades que le otorga la ley, en base a la normativa vigente, así las cosas, no es la Res. Ex. N° 74, ni otro acto del Servicio el que establece la obligación de emitir boletas de manera electrónica, ni las causales para eximirse de ella, sino que dicha obligación y sus causales de exclusión son dispuestas por la Ley, cuyo apego o no a los principios o garantías constitucionales, no es ni puede ser objeto de un recurso de protección, por cuanto el constituyente ha dispuesto de otras vías para ello.

Desde otra perspectiva, aduce que pretender que dicho Servicio considere una situación excepcional que la ley no contempla, y con ello exima a la recurrente de una obligación genérica establecida para un mismo segmento de contribuyentes, resultaría exigir a dicho Organismo que obre contra la ley, excediéndose de sus facultades y propiciando una discriminación no prevista por la normativa legal.

Finaliza solicitando a esta Corte que, atendido los fundamentos de hecho y derecho expuestos, rechace la presente acción, por cuanto, en primer lugar, ha sido interpuesta de manera extemporánea; y, en segundo lugar, carece de sustento, por ser la ley y no el acto impugnado, el que establece la obligación a la que no quiere acogerse la recurrente, no existiendo por parte del órgano en cuestión, actuaciones ilegales o arbitrarias que puedan conculcar las garantías constitucionales que se indican como infringidas, por lo que en mérito de lo anterior, solicita tener por evacuado el informe y rechazar el recurso de autos, con expresa condena en costas.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

4°.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que ésta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, conforme al relato efectuado por la recurrente en su presentación, lo hechos denunciados mediante el presente recurso dicen relación con una eventual vulneración de las garantías constitucionales contempladas en los numerales 1, 21 y 22 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, referido al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas; el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, y el derecho a la no discriminación arbitraria, respectivamente, lo que tendría su origen en la dictación de la Resolución Exenta S.I.I Nº74 de 20 de julio de 2020, la que instruye el procedimiento para emitir boletas electrónicas y boletas no afecta o exenta electrónica de ventas y servicios, al igual que la Resolución Exenta Nº77321104916, de 24 de febrero último, expedida por el Servicio de Impuestos Internos, y mediante la cual no se accedió a la solicitud de la recurrente en orden a que se le eximiera de la obligación de emitir boleta en formato electrónico.

7°.- Que, en cuanto a la petición de la recurrida en orden a que el recurso de autos sea declarado inadmisible por extemporáneo, ello no aparece así de lo actuado en este recurso, toda vez que la determinación y decisión contenida en la Resolución Exenta S.I.I Nº74, si bien es cierto data del 20 de julio de 2020, no lo es menos que los efectos y consecuencias que de dicha resolución se desprenden, se han mantenido en el tiempo con todos sus efectos, y conforme ha sido resuelto invariablemente por la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores, la acción no precluye mientras los efectos del acto que se considera vulneratorio continúen produciéndose, razón por la cual se desestimará este capítulo de alegación.

8º.- Que, para la adecuada resolución del presente arbitrio, y en lo que respecta al fondo de la acción deducida, necesario es advertir que de los antecedentes aportados por las partes en la presente acción constitucional, se puede concluir que el acto impugnado, esto es, tanto la Resolución Exenta S.I.I Nº74 de julio de 2020, como asimismo la Resolución Exenta Nº77321104916 de febrero último, se enmarcan dentro de la legalidad, específicamente en el ámbito de las disposiciones contenidas en la ley Nº 21.210, la que estableció la obligatoriedad de emitir boletas de ventas y servicios en formato electrónico, la que a su vez modificó el artículo 54 de la ley 20.727, de 2014.

9º.- Que, por todo lo antes razonado se concluye que el acto que se ha impugnado por la presente vía, se encuentra ajustado a la normativa legal vigente, y en uso de las atribuciones que la propia ley otorga al Servicio de Impuestos Internos, todo lo cual excluye la posibilidad de tipificar como ilegal y arbitrario el actuar de la recurrida, conclusión ésta que lleva necesariamente a desestimar la acción constitucional en análisis.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado don Arnoldo Enrique González Jeria en representación de doña nombre reservado, en contra del Servicio de Impuestos Internos.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante don Juan Antonio De la Hoz Fonseca.

Rol N° 73 - 2021 PROTECCIÓN.