JUNTA DE VECINOS LOMAS DEL VALLE con BARRACA nombre reservado EIRL

Chillán, catorce de agosto de dos mil veinticuatro.

Vistos:

1°.- Que, comparece el abogado Diego Gómez Mendoza, con domicilio en domicilio reservado, en representación de la Junta de Vecinos Lomas del Valle, representada legalmente por doña nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo acción de protección en contra de nombre reservado, empresa representada legalmente por don nombre reservado por vulnerar ésta con su actuar, las garantías previstas en el artículo 19 Nº 1, 9 y 24 de nuestra Carta Fundamental.

Señala que la Junta de Vecinos Lomas del Valle está domiciliada en domicilio reservado, localidad que colinda con la barraca nombre reservado E.I.R.L.; que desde su llegada a la villa sus habitantes han sufrido ruidos molestos, contaminación atmosférica y daños en sus hogares provenientes de actos ilegales de la fábrica.

Respecto a los ruidos molestos, señala que esta situación ha sido denunciada a seguridad ciudadana, ante el Juzgado de Policía Local de Chillán, ante la Ilustre Municipalidad de Chillán y ante el Ministerio de Medio Ambiente, sin resultado favorable; que se han interpuesto dos denuncias ante la Superintendencia del Medio Ambiente, fundadas en infracciones a la norma de emisión de ruidos molestos por operación de la recurrida; que la SMA ha realizado mediciones de ruidos y en tres oportunidades ha constatado la superación de la norma de ruidos hasta en 14 decibeles, siendo multada producto de estos hechos, además de infringir el artículo 22 del Decreto N° 202/ 2446/2014.

Añade que agrava la situación el hecho que no obstante que el giro del negocio es la compra y venta de maderas, se realiza la elaboración y producción de la dicho material, cuyo proceso contamina el aire con el polvillo que emana de la barraca, generando un daño respiratorio irreversible a los integrantes de la junta de vecinos, dando como única solución la instalación de una malla para filtrar dichas partículas, que no es efectiva. Esta situación ha generado que los integrantes de la junta de vecinos, su grupo familiar y mascotas estén obligados a permanecer dentro de sus casas, aislados, a fin de evitar respirar estas toxinas.

Expresa que el almacenamiento de maderas y sus derivados ha traído consigo que roedores y arácnidos ronden por el domicilio de sus representados; que debido al acopio de materiales las panderetas de las casas que colindan con la barraca se han visto quebradas. Precisa las afectaciones físicas que han sufrido algunos miembros de la junta de vecinos y que las consecuencias no son sólo físicas sino también psicológicas.

En cuanto al derecho, señala que la acción arbitraria e ilegal de la recurrida consiste en la producción de ruidos molestos por sobre los decibeles aceptados por la normativa ambiental y daños a la propiedad. Lo anterior, sumado al hecho de que el recurrido realice funciones anexas a las autorizadas por su patente municipal, lo que es contrario a derecho, evadiendo el permiso otorgado por la Municipalidad de Chillán, con el único fin de obtener un beneficio pecuniario a costa de la integridad psíquica y física de sus representados.

Reclama como garantías constitucionales afectadas, de conformidad a lo expuesto previamente, el derecho a la vida e integridad física y psíquica, el derecho a la protección de la salud y el derecho de propiedad, contemplados en los números 1, 9 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Finaliza solicitando a esta Corte acoger a tramitación el recurso, ordenando a la recurrida tomar las medidas necesarias para el cese inmediato de las actividades de la empresa Barraca nombre reservado E.I.R.L. ordenando su clausura definitiva o temporal en el caso que remedie el nivel de contaminación acústica emitida, contaminación atmosférica y ajuste a derecho el giro de su patente municipal.

2º.- Que informa el abogado Eduardo Fonseca Fernández, en representación convencional de Barraca nombre reservado E.I.R.L, empresa del giro de su denominación, representada por nombre reservado, factor de comercio, ambos domiciliados en domicilio reservado y sostiene primeramente que el establecimiento comercial, lleva funcionando más de 20 años en el mismo lugar, ubicado en camino Las Mariposas, kilómetro 3, con patente comercial otorgada por la Municipalidad de Chillán - calificada para zona Industrial - Zona ZH-7 del Plan Regular comunal de la comuna de Chillán, que permite actividades e infraestructura residencial, equipamientos, talleres y bodegas industriales con calificación de inofensivas por parte de la Seremi de Salud y giro autorizado por el Servicio de Impuestos Internos de compraventa y elaboración, materiales de construcción, casas prefabricadas: a) fabricación de partes y piezas de carpintería para edificio y construcción; b) venta al por mayor de madera en bruto y productos primarios de la elaboración y c) venta al por menor de artículos de ferretería y materiales de construcción.

Agrega que retrotrayéndose a la época e inicio de actividades e instalación de esta empresa, donde de acuerdo al Plan Regulador para la actual región de Ñuble, se permitía y permite en la actualidad la actividad que desarrolla la recurrida, que por lo demás se ha mantenido inalterable hasta la fecha y sólo con el asentamiento en los últimos años de casas y viviendas aledañas al límite norte, se han generado presuntos inconvenientes para los recurrentes quienes reclaman por ruidos molestos, los que en definitiva no son fruto de una actividad arbitraria e ilegal, pues sólo en algunas ocasiones se podría haber superado el límite de 60 decibeles, como presión sonora, que motivó la intervención de la Superintendencia de Medio Ambiente, en septiembre de 2022 y octubre de 2023. Añade que todas las máquinas que funcionan al interior de la barraca lo hacen acorde a la normativa que determina para estos efectos el Ministerio de Vivienda y Urbanismo que permite aminorar el ruido, que a su vez está determinada según la materialidad de los elementos que componen el revestimiento de las instalaciones. Todas ellas funcionan al interior de un galpón con muros de albañilería sin estuco que reduce considerablemente los decibeles en ruido, es decir, para una frecuencia de 100Hz su índice de reducción es de 26.8 decibeles. A mayor abundamiento, el muro divisorio en deslinde norte de la Villa Lomas del Valle, se construyó con ladrillos cerámicos de 290 mm por 140 mm de ancho y 94 de alto, que permite reducir aún más el ruido ambiental.

Explica que la única fuente de ruido era una máquina chipeadora apostada al interior de las instalaciones, que desde algunas semanas atrás no funciona y en la actualidad ha sido eliminada completamente cumpliendo con los plazos auto impuestos y en especial con el Plan y Medidas de Mitigación asumidos para con la Superintendencia de Medio Ambiente que ha intervenido hasta la fecha al amparo de la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado y la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Estas medidas de mitigación consistieron básicamente en dar comienzo a la reinstalación de las faenas productivas de la empresa a un nuevo terreno adquirido el 15 de noviembre de 2021, donde se iniciaron los trabajos preliminares como son el cerramiento, nivelación, relleno de terreno, compactación y otros trabajos y permisos administrativos afines; eliminación de extractor de aserrín; cambio de cintas transportadoras a goma e insonoras; disminución de las horas de trabajo de las máquinas; eliminación de la jornada laboral del día sábado; implementación de medidas paliativas como encapsulamiento de las máquinas entre otras. Todas estas medidas de mitigación han surtido el efecto deseado y planificado por los expertos que han intervenido en este tema y prueba de ello son las mediciones que la propia autoridad administrativa ha venido realizando en terreno.

Hace presente que a raíz de reiteradas denuncias y fiscalizaciones se ha sancionado a su representada con multas, en especial por funcionar sin una patente comercial afín a la actividad, situación que generó se emitiera por parte de la Municipalidad de Chillán un decreto de Clausura N° 811/2024 a contar del 01 de julio de 2024. Esta actividad a su vez se ve refrendada en el oficio Municipal N° 8579 de fecha 28 de mayo de 2024 que determina no efectuar la clausura debido a que el contribuyente solo ejerce la actividad que indica su patente, la cual se encuentra al día y por su lado el oficio N° 11.113/ 2024 de fecha 10 de julio del presente año, que recoge a su vez el informe del departamento de fiscalización de fecha 08 de julio, consigna que el Contribuyente Barraca nombre reservado E.I.R.L Rut: RUT reservado, no está ejerciendo actividad comercial diferente a la establecida en su patente, que dio origen al decreto de clausura N° 811, eliminando definitivamente la máquina denominada Chipeadora. En conclusión, con fecha 11 de julio de 2024, se emite el Decreto Municipal N° 8672 que determina el alzamiento de la clausura.

Por otra parte, alega la extemporaneidad de la acción, pues de la simple lectura del libelo se percibe que la recurrente ha denunciado los hechos que ahora motivan su acción proteccional, a la Superintendencia de Medio Ambiente, la que ha iniciado los respectivos procedimientos e investigaciones sin agotar su actuar administrativo a la fecha, por mediaciones de ruidos los días 23 de septiembre de 2022 y 12 de octubre de 2023.

Asimismo, reclama la pérdida de eficacia del recurso, tomando en consideración que la única fuente de ruido era la máquina chipeadora, que ha sido desmantelada y retirada del lugar de funcionamiento, sumado al cumplimiento de todas y cada una de las medidas de Mitigación y compromisos para con la Superintendencia de Medio Ambiente. Añade a ello, el carácter cautelar de la presente acción, por lo que las alegaciones de la actora deberían ser conocidas en un juicio de lato conocimiento.

Finaliza solicitando tener por evacuado el informe y rechazar con costas el recurso de autos.

3º.- Que, a folio cuatro de estos autos, consta Oficio de la Jueza señora Rebeca Aguayo Ríos del Segundo Juzgado de Policía Local de la ciudad de Chillán en que informa respecto a la existencia de procesos o denuncias entre las partes por los hechos del recurso. A saber:

1.-Causa Rol Nº5.602-2023 a la que dio origen el parte Nº 100373 de la Inspección Municipal de fecha 27 de junio de 2023, en que se denunció a nombre reservado por “realizar construcción en la vía pública sin permiso municipal consistente en un radier de 10 por ocho metros aproximadamente, en domicilio reservado, infringiendo el artículo 148 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, donde fue sancionada con fecha 04 de julio de 2023 con una multa de 5 Unidades Tributarias Mensuales, las que fueron pagadas en la misma fecha, archivándose la causa.

2.- Causa Rol N° 209-2024 a la que dio origen el parte Nº 106007 de la Inspección Municipal de fecha 10 de enero de 2024, denunciando a la barraca recurrida, por realizar actividad comercial distinta a la autorizada en su patente municipal en el kilómetro 3, camino a las Mariposas, infringiendo el artículo 26 de la Ley 3063. Presenta en la causa patente definitiva industrial para el giro de compra y venta de maderas en camino a Tanilvoro, los Guindos, Lote C al día, haciendo presente que ignoraba que su patente no autorizaba la elaboración de madera y que tramitaría de forma inmediata aquello, por lo que se le sancionó con una multa de 2 Unidades Tributarias Mensuales, con fecha 29 de enero de 2024, la que pagó en la misma fecha, archivándose la causa.

4º.- Que, a folio cinco de estos autos, consta Oficio Nº 195/2024, de fecha 19 de junio de 2024, suscrito por el Juez Subrogante Patricio Acuña Basualto, del Primer Juzgado de Policía Local de la ciudad de Chillán, que informa que ese tribunal ha conocido y resuelto las siguientes causas:

1. Causa Rol Nº 17715-2023, iniciada mediante parte Nº 104689, de fecha 20 de noviembre de 2023, cursado por ejercer actividad comercial distinta a la que autoriza su patente municipal, la que se encuentra fallada con fecha 27 de noviembre de 2023, aplicándose una multa de 2,5 Unidades Tributarias Mensuales, equivalente a $160.540, pagada el 06 de diciembre de 2023.

2. Causa Rol Nº2501-2014, iniciada mediante parte Nº 106016, de fecha 15 de febrero de 2024, cursado por ejercer actividad comercial sin patente municipal, la que se encuentra fallada con fecha 01 de marzo de 2024, aplicándose una multa de 3 Unidades Tributarias Mensuales, equivalente a $194.540, pagada el 04 de marzo de 2024.

3. Causa Rol Nº 2502-2024, iniciada mediante parte Nº 106015, de fecha 15 de febrero de 2024, cursado por causar ruidos que exceden el nivel máximo permitido, la que se encuentra fallada con fecha 01 de marzo de 2024, aplicándose una multa de 2 Unidades Tributarias Mensuales, equivalente a $129.586, pagada el 04 de marzo de 2024.

5º.- Que, a folio catorce consta oficio Nº 5361/2024, de fecha 25 de julio del año en curso, firmado por el Alcalde de esta ciudad, en representación de seguridad ciudadana, donde acompaña antecedentes sobre existencias de denuncias y procesos sobre los hechos de este recurso.

6º.- A folio veinte, consta oficio Nº 1919, de fecha 01 de agosto de 2024, remitido por doña nombre reservado, Superintendenta del Medio Ambiente, informa, respecto de la Unidad Fiscalizable “nombre reservado” asociado al titular, Barraca nombre reservado E.I.R.L. ubicado en Camino Las Mariposas S/N, Km. 3, ciudad de Chillán, Región de Ñuble, lo siguiente: Dicho establecimiento corresponde a una “Fuente Emisora de Ruidos”, al tratarse de actividades productivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6°, números 1 y 13 del D.S. N° 38/2011 MMA. Por lo tanto, se encuentra obligada a dar cumplimiento a los límites máximos permisibles contenidos en dicha norma de emisión. Al respecto, la Superintendencia ha recepcionado doce denuncias entre el año 2022 y 2024, principalmente por ruidos molestos producto del funcionamiento de maquinarias del aserradero y cortes de trozos.

Manifiesta que en relación con las denuncias 270‐XVI‐2022 y 298‐XVI‐2023, personal de fiscalización del Servicio realizó actividades de fiscalización ambiental con fechas 23 de septiembre de 2022 y 12 de octubre de 2023. Los hallazgos y conclusiones de dichas actividades constan en los Informes de Fiscalización Ambiental respectivos, IFA DFZ‐2022‐2367‐XVI‐NE y IFA DFZ‐2022‐2367‐XVI‐NE.

Indica que con motivo de lo anterior, con fecha 23 de enero de 2024, esa Superintendencia inició un procedimiento sancionatorio y le formuló cargos al titular en el siguiente tenor: “La obtención, con fechas 23 de septiembre de 2022 de un Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) de 66 dB(A), y, la obtención, con fecha 12 de octubre de 2023, de unos NPC de 68 dB(A) y 74 dB(A), todas las mediciones efectuadas en horario diurno, en condición externa la primera, y en condición interna con ventana abierta las siguientes y en receptores sensibles ubicados en Zona II”, circunstancias que constituyen una infracción al artículo 7, del D.S. N° 38/2011 MMA. El procedimiento fue individualizado bajo el número de expediente D‐012‐2024. Luego, a través de la resolución exenta N°2/ROL D‐012‐2024, la Superintendencia incorporó al procedimiento sancionatorio en comento, las denuncias 23‐XVI‐2024 y 28‐XVI‐2024, puesto que los denunciantes estarían alegando ruidos molestos de la misma naturaleza que los indicados en las denuncias mencionadas previamente.

Añade que posteriormente, a través de la Resolución N° 839, de fecha 23 de mayo de 2024, la Superintendencia resolvió el procedimiento administrativo sancionatorio, rechazó los descargos efectuados por el titular y tuvo por acreditado el cargo formulado, ordenando en virtud de ello la aplicación de una multa en contra del titular por 5,8 Unidades Tributarias Anuales. Dicha resolución fue notificada al titular con fecha 04 de junio de 2024, y de acuerdo a la información disponible en Tesorería General de la República hasta la fecha no se ha registrado pago de la multa, habiendo vencido el plazo para ello.

Respecto de las denuncias 114‐XVI‐2024, 116‐XVI‐2024, 117‐XVI‐2024, 118‐XVI‐2024, 120‐XVI‐ 2024, 121‐XVI‐2024, 122‐XVI‐2024, 128‐XVI‐2024, recibidas en los meses de junio y julio del año 2024, indica que el 27 de junio y 01 de julio se efectuó nuevamente actividades de fiscalización en la recurrida; que los hallazgos y conclusiones de dichas actividades constan en el Informe de Fiscalización IFA DFZ‐ 2024‐2053‐XVI‐NE; que dicho Informe de Fiscalización se encuentra reservado; que los resultados de las actividades de fiscalización ambiental se encuentran actualmente en análisis para efectos de verificar o descartar infracciones de competencia de la Superintendencia de Medio Ambiente.

7°.- Que, analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

8°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

9°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

10°.- Que, la pretensión de la parte recurrente es paralizar de forma temporal o definitiva las actividades de la Barraca nombre reservado EIRL ubicada en km 3 camino a las Mariposas de esta ciudad, hasta que se remedie el nivel de contaminación acústica y atmosférica y se ajuste en los hechos el giro de su patente municipal, atendido que dichas actuaciones, que califica de ilegales y arbitrarias, vulnerarían sus garantías constitucionales, el derecho a la vida e integridad física y psíquica, el derecho a la protección de la salud y el derecho de propiedad.

11°. - Que, en primer término, cabe hacerse cargo de la alegación de extemporaneidad formulada por la recurrida quien argumenta que las fiscalizaciones a la Barraca se han producido en septiembre de 2022 y octubre de 2023, siendo la presente acción, a su juicio, extemporánea.

Respecto a este punto se debe tener presente que los hechos en que se funda el recurso deben estimarse de efectos permanentes, atendido que con ellos se produciría una afectación que se prolonga en el tiempo y por tanto el plazo para recurrir de protección se renovaría constantemente, razón por la cual dicha alegación debe ser desestimada.

12°.- Que, por otro lado, de los oficios remitidos por los Juzgados de Policía Local, la Municipalidad de Chillán y la Superintendencia del Medio Ambiente se desprende que la recurrida ha sido denunciada en múltiples ocasiones, siendo sancionada y multada por infringir la normativa de ruidos y por ejercer una actividad diversa a su giro.

13°.- Que, de los oficios mencionados, cobra especial relevancia aquel rolante a folio 20, emanado de la Superintendencia del Medio Ambiente, que además de dar cuenta de las sanciones ya aplicadas a la recurrida, informa de nuevas denuncias que dieron lugar a nuevas fiscalizaciones con fecha 27 de junio y 1 de julio del año en curso, respecto de las cuales existe una investigación, con documentos de carácter reservado, que se encuentra en etapa de análisis, para efectos de verificar o descartar infracciones de competencia de dicha Superintendencia.

14°.- Que, el artículo 54 de la ley 19.880 que Establece Las Bases de Los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado dispone: “Interpuesta por un interesado una reclamación ante la Administración, no podrá el mismo reclamante deducir igual pretensión ante los Tribunales de Justicia, mientras aquélla no haya sido resuelta o no haya transcurrido el plazo para que deba entenderse desestimada. Planteada la reclamación se interrumpirá el plazo para ejercer la acción jurisdiccional. Este volverá a contarse desde la fecha en que se notifique el acto que la resuelve o, en su caso, desde que la reclamación se entienda desestimada por el transcurso del plazo. Si respecto de un acto administrativo se deduce acción jurisdiccional por el interesado, la Administración deberá inhibirse de conocer cualquier reclamación que éste interponga sobre la misma pretensión”.

15°.- Que, conforme al mérito de los antecedentes allegados resulta evidente que los hechos materia del presente recurso han sido denunciados a la Superintendencia del Medio Ambiente y que esa entidad fiscalizadora ha dado inicio a un procedimiento administrativo, efectuando las inspecciones de rigor, cuyos resultados se encuentran en actual análisis a fin de resolver acerca de las infracciones que son de su competencia.

En consecuencia y conforme a la norma citada en el motivo precedente, encontrándose pendiente el procedimiento administrativo correspondiente, la presente acción constitucional no puede prosperar.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Diego Gómez Mendoza, en representación de la Junta de Vecinos Lomas del Valle, en contra de Barraca nombre reservado E.I.R.L.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la ministra señora Erica Pezoa Gallegos.

No firma el abogado señor Ortega, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por no haber integrado hoy.

Rol N°727-2024 PROTECCIÓN.