nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACION

Chillán, cinco de julio de dos mil veinticuatro Visto:

1°.- Que, comparece el abogado Jorge Manuel Lena Salgado, en representación de nombre reservado, ciudadana china, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, representado por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, en virtud de la omisión ilegal y arbitraria por parte de la autoridad administrativa, en el pronunciamiento concreto y oportuno de la solicitud de residencia definitiva presentada por la recurrente el 15 de abril de 2021, lo que vulnera su derecho de igualdad ante la ley.

Expone que la recurrente ingresó a Chile, a fin de establecerse, trabajar y desarrollar un proyecto de vida, iniciando su proceso de regularización en el año 2021, cumpliendo a cabalidad con todos los requisitos que exigidos por el Servicio Nacional de Migraciones, alegando el incumplimiento del servicio, ante la falta de respuesta en la solicitud ingresada por la parte recurrente, habiendo transcurrido más de 3 años y 2 meses, sin que a la fecha de interposición del recurso haya obtenido un acto terminal a su solicitud, manteniéndola en constante incertidumbre, vulnerando la igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Indica que la omisión en que ha incurrido la autoridad administrativa, no se ajunta a la normativa vigente en conformidad a la ley N° 19.880, la cual establece el plazo dentro del cual los procedimientos administrativos deben ser resueltos, vulnerándose también el principio de celeridad consagrado en su artículo 7. Agrega que la falta de respuesta le ha acarreado perjuicios a la recurrente en su diario vivir, tales como la apertura, solicitud o renovación de productos bancarios, actos notariales, postulación a subsidio, entre otros, además al no contar con el acto administrativo terminal, sus familiares directos no pueden postular a la reunificación familiar, amenazando la protección de la familia.

En cuanto al derecho y tras referirse a la procedencia de la acción de protección señala que en virtud de lo dispuesto en el artículo 27 de la ley 19.880, se impone una obligación a los órganos de la Administración del Estado para cumplir con la tramitación de un procedimiento administrativo, citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de la Contraloría General de la República al respecto, concluyendo que no se puede asumir que los plazos de los órganos se encuentren suspendidos o ampliados con la sola concurrencia del hecho fortuito o fuerza mayor, sino que el Jefe Superior del Servicio debe dictar una resolución o acto administrativo fundado en tal sentido, no siendo suficiente argumento por parte del Servicio Nacional de Migraciones el caso fortuito o fuerza mayor. Además destaca que en virtud de lo dispuesto en el artículo 24 se prescribe que las decisiones definitivas deben expedirse dentro de los veinte días siguientes contados desde la petición del interesado, se certifique que el acto se encuentra en estado de resolverse, plazos que se condicen con los principio de celeridad y conclusión que establece la ley.

Alega que las garantías y derechos constitucionales resultan afectadas por la omisión arbitraria e ilegal de la recurrida en el excesivo tiempo de tramitación en dar respuesta a la solicitud, citando asimismo jurisprudencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, destacando lo dispuesto en los artículo 4, 7, 9 y 27 de la ley 19.880, sobretodo en cuanto al principio de celeridad que rige a los Órganos de la Administración. Por último indica que el artículo 14, define el principio de inexcusabilidad, en el sentido de que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y notificarla, cualquiera sea su forma de iniciación, citando abundante jurisprudencia al respecto.

Finaliza solicitando tener por interpuesto el recurso de protección, disponiendo las medidas necesarias para restablecer y salvaguardar el imperio del derecho, y que en definitiva se ordene al Servicio Nacional de Migraciones a emitir pronunciamiento respecto de la solicitud ingresada conforme a derecho y a los requisitos establecidos.

2°.- Que, informa el abogado Fabián Espinoza Durán, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, interponiendo en primer lugar excepción de cosa juzgada, fundado en que con fecha 9 de mayo de 2023, se presentó ante esta Corte acción de protección, conocida bajo el Rol 938-2023 Protección, la cual se encuentra fallada ostentando la triple identidad respecto de la acción presentada en estos autos, y que en conformidad a los artículos 175 y siguientes del Código de Procedimiento Civil solicita se dé lugar a la excepción, rechazando el recurso en todas sus partes.

En cuanto al fondo indica que con fecha 6 de julio de 2018, ingresa al país la recurrente en calidad de turista, y que con fecha 10 de julio de 2018 solicita por 1° vez la categoría temporaria, sujeta a contrato de trabajo, otorgándose visa temporaria por el lapso de 1 año, con fecha 5 de octubre de 2018 mediante Resolución Exenta N° 4.210 del Departamento de Extranjería y Migración. Posteriormente el 15 de abril del año 2021 la recurrente solicita el beneficio migratorio de Permanencia Definitiva, solicitud que se encuentra actualmente en trámite. Hace presente que el certificado de antecedentes penales acompañado en la solicitud original, no cumplía con los requisitos legales ni reglamentarios, lo cual ha contribuido a que no haya un pronunciamiento final, es así que mediante comunicación electrónica de fecha 24 de julio de 2023, se le informa a la recurrente los documentos que debe subsanar, cumpliéndose lo ordenado con fecha 7 de septiembre de 2023. Agrega que no obstante lo señalado, al no cumplir, la recurrente, con el tiempo mínimo de residencia para su tipo de visa, el 24 de octubre de 2023 mediante comunicación electrónica se le indica la notificación previa de rechazo, la cual adjunta como imagen a su escrito.

Continua indicando que el 30 de octubre de 2023 la recurrente acompaña nuevamente una fotografía de su visa, estando en análisis por el Servicio, en definitiva la solicitud de la recurrente se encuentra actualmente en trámite, en etapa de Revisión Jurídica desde el 8 de mayo del año en curso, acompañando imagen al efecto, y que en consecuencia la vigencia de la cedula de la recurrente se extiende por el solo ministerio de la ley.

En cuanto al derecho y tras citar las normas que regulaban el beneficio de permanencia definitiva previamente a la entrada en vigencia de la ley N° 21.325, señala en cuanto a la solicitud de residencia definitiva que, al encontrarse en trámite la solicitud de la recurrente, ella puede acceder a un certificado que acredita tal situación, en los términos del artículo 1 N°25 de la ley N° 21.325, y del artículo 45 del Decreto N° 296, pudiendo renovar cada seis meses dicho certificado a través del portal del servicio, el certificado en cuestión, mientras se encuentre válido, extiende la validez de su cédula de identidad, pudiendo desenvolverse en los mismo términos que un beneficiario de residencia definitiva, no existiendo afectación a la garantía constitucional de igualdad ante la ley.

Hace presente que la ley N° 21.325, ha establecido una serie de normas protectoras, que tienen por objeto asegurar el legítimo ejercicio de los derechos de todos los extranjeros solicitantes de permiso de residencia definitiva, citando al respecto lo dispuesto en los artículos 38, 43 y 45 de la norma antes mencionada, en concordancia a lo anterior, se refiere a lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en la causa Rol N° 115.064-2022, la cual cita en su escrito.

Destaca que la recurrente, mantiene a la fecha de informe condición migratoria regular en el país y cuenta con un documento de identificación vigente y válida para ser presentado ante cualquier organismo público o privado, descartando cualquier vulneración de sus garantías fundamentales. No obstante lo indicado, no desconocen que otras entidades públicas y privadas han desconocido la recta aplicación de la ley N| 21.325, es por ello que el Servicio Nacional de Migraciones, velando por el efectivo cumplimiento de la función pública, ha remitido los respectivos oficios ordinarios a diversas instituciones, a fin de solicitar que en el ámbito de sus atribuciones reconozcan como vigentes las cedulas de identidad para extranjeros que les sean exhibidas conjuntamente con un comprobante de residencia definitiva en trámite o prórroga de residencia temporal en trámite, detallando en su escrito los oficios y fechas en que fueron remitidos.

En cuanto a la duración del procedimiento administrativo indica que en virtud de lo dispuesto en el artículo 27 de la ley 19.880 el plazo podrá ser superior a seis meses cuando existe caso fortuito o fuerza mayo, entendiéndose como tal el aumento exponencial de los flujos migratorios al país, lo cual significó un retraso considerable para la autoridad migratoria, además el plazo entra en la categoría de los “no fatales”, no existiendo tampoco una sanción de caducidad asociada al transcurso del plazo, así también lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema, citando jurisprudencia al respecto, y concluyendo que su actuar se ha ajustado a derecho, procediendo a citar lo dispuesto en los artículo 57 y 45 del Código Civil.

Señala que la acción interpuesta por la recurrente no cumple con los requisitos constitucionales para su interposición, toda vez que no existe una conducta ilegal o arbitraria desplegada por el servicio, quedando claramente establecido que la mera tardanza en la resolución de la solicitud presentada no puede ser identificada como una conducta que perturbe sus garantías fundamentales, citando abundante jurisprudencia al respecto.

Finaliza solicitando tener por evacuado el informe requerido, y que con su mérito se rechace la acción constitucional de protección en todas sus partes respecto de la extranjero recurrente, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de la autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como el rechazo a la condena en costas al Servicio.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, previo a entrar al fondo del asunto, resulta necesario pronunciarse sobre la excepción de cosa juzgada planteada por el Servicio Nacional de Migraciones, en relación a los autos Rol N°938-2023-Protección del ingreso de esta Corte, en el que la misma recurrente, acusa como arbitrario e ilegal la omisión en el pronunciamiento de la recurrida respecto de su solicitud de permanencia definitiva promovida en 2019 y que fuera ingresada por el servicio en 15 de abril de 2021, una vez subsanadas las omisiones observadas.

Que, la cosa juzgada es una institución jurídica que impide volver a discutir un asunto respecto del cual ya existe un pronunciamiento judicial, en ese sentido, para que se verifique, el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil exige tres requisitos: identidad legal de personas, identidad de la cosa pedida e identidad de la causa de pedir.

Que, tenida a la vista la causa Rol N° Rol N°938-2023 ya referida, se constata que existe la identidad requerida en la norma citada precedentemente, sin embargo, es menester tener en consideración que tratándose de un recurso de protección, la Cosa Juzgada solo reviste un carácter formal y provisional, atendida la naturaleza cautelar de la acción.

A mayor abundamiento, a la fecha de interposición de este recurso la omisión denunciada se mantiene, pese a haber trascurrido más de un año entre el ingreso del recurso anterior y éste.

Que, estimar que no puede revisarse la situación por aplicación de la institución de cosa juzgada, implica denegar la protección constitucional a una situación de eventual vulneración o amenaza respecto de derechos constitucionales resguardados mediante esta acción.

7°.- Que, el recurrente, en síntesis sostiene que la omisión arbitraria e ilegal del recurrido consiste en el excesivo tiempo de tramitación en dar respuesta a la solicitud de Permanencia Definitiva -hoy Residencia Definitiva- realizada por la solicitante el 15 de abril de 2021.

El recurrido, en tanto, sostiene que el retraso es una consecuencia de la solicitud inicial contenía un certificado de antecedentes que no cumplía los requisitos legales ni reglamentarios, por lo que con fecha 24 de julio de 2023 se le comunica que debía acompañar documentos adicionales, cuestión que se cumple el 7 de septiembre de 2023, manteniéndose en consecuencia la solicitud en trámite.

8°.- Que, de acuerdo a lo recientemente relatado, no puede soslayarse la forma y demora del Servicio Nacional de Migraciones en tramitar la petición de la señora nombre reservado, en consideración a que, pese a haberse ingresado la solicitud en abril de 2021, recién en julio de 2023, más de dos años después, se le comunica que debe acompañar documentos adicionales, lo que conlleva que la solicitud de Residencia Definitiva ingresada según los propios antecedentes allegados por la parte recurrida el 15 de abril de 2021, N° 22466536, lleva más de cuatro años en tramitación sin haberse emitido una resolución definitiva.

9°.- Que, en relación a la demora del Servicio de Nacional de Migraciones, si bien es cierto que la E. Corte Suprema ha señalado que el plazo de seis meses del artículo 27 de la Ley 19.880 no es fatal, ha dicho igualmente que “debe interpretarse la norma en el sentido que obliga a la Administración a pronunciarse o concluir un procedimiento en un plazo razonable. En este sentido, el Servicio Nacional de Migraciones debe pronunciarse en un plazo razonable a fin de evitar mantener en la incertidumbre a los peticionarios”. (Considerando Décimo del fallo Rol N°251.682- 2023 de 20 de marzo de 2024).

10°.- Que, en este sentido también ha sostenido el Máximo Tribunal que “aun cuando el término del artículo 27 ya citado se aplica con matices a la Administración por cuanto no basta para la ineficacia del procedimiento su sólo transcurso, sino también un análisis adicional de razonabilidad o justificación del exceso, ello no puede significar que el administrado quede entregado al arbitrio del órgano en cuanto a la duración del proceso. Dicho de otro modo, el cumplimiento del señalado término de seis meses, si bien no será suficiente por sí sólo para determinar una pérdida de eficacia del procedimiento, marca un hito a partir del cual podrá examinarse la razonabilidad y justificación de su extensión temporal, a la luz de los principios que deben regir la actuación administrativa, obligatorios para la Administración y que, además, tienen expresa consagración legislativa, según ya se expuso”. (Corte Suprema Rol N° 137.685-2022, de 28 de febrero de 2023).

11°.- Que, en el caso en estudio, aun cuando es entendible que el Servicio Nacional de Migraciones pueda tener una demora en resolver, atendida la carga y cantidad de solicitudes que llegan para su tramitación, no parece razonable que desde la fecha de presentación de la solicitud de la recurrente hasta esta fecha hayan transcurrido más de cuatro años, sin haber tenido resolución, no existiendo tampoco en estos autos antecedentes que de alguna manera pudieran justificar la demora del Servicio antes señalada, sin haberse emitido una resolución definitiva.

Tal demora no puede en ningún caso ser considerada como razonable, ya que el legislador estableció un plazo de seis meses para el término de los procedimientos administrativos, no siendo justificado exceder dicho plazo en los términos verificados en el caso de marras, sin estar tampoco acreditada de forma específica y concreta una causal de caso fortuito o fuerza mayor como la indicada en el mismo precepto. Ello implica infringir el principio de celeridad y conclusivo del procedimiento administrativo, establecidos en los artículos 7° y 8° de la ley 19.880, así como la exigencia de razonabilidad de las decisiones de la Administración y la prohibición de abuso o exceso de potestades de la misma, según disponen los artículos 53 y 2° de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

12°.- Que, según todo lo ya analizado, es posible concluir que la demora o dilación del Servicio Nacional de Migraciones es injustificada o irrazonable, afectando el legítimo derecho constitucional de la recurrente para obtener una respuesta a su solicitud, y por ende, su igualdad ante la ley establecida en el artículo 19° N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo dentro de un plazo razonable una respuesta formal, en la que se contengan los fundamentos conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

13°.- Que, como consecuencia de todo lo señalado precedentemente, la presente acción constitucional necesariamente deberá ser acogida, debiendo la autoridad recurrida emitir su decisión dentro de un plazo razonable, como se indicará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Jorge Manuel Lena Salgado en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, continuador del Departamento de Extranjería y Migración dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sólo en cuanto se dispone que la autoridad recurrida deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de solicitud de Residencia Definitiva N° 22466536 presentada por la parte recurrente el 15 de abril de 2021 dentro del plazo de noventa días corridos contados desde la notificación de esta sentencia.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Señor Fiscal nombre reservado don nombre reservado.

PROTECCIÓN ROL 724-2024