Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

Chillán, diecinueve de noviembre dos mil veinticinco.

Visto: 1°.- Que comparece don Daniel Ignacio Castro Espinoza, abogado, en representación de doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), por haber vulneración garantías constitucionalmente protegidas de su representada.

Expone que la SUSESO dictó la Resolución Exenta N° NUM000, de 14 de agosto de 2025, confirmando lo resuelto el 14 de abril de 2025 por la COMPIN Región Metropolitana, esto es, el rechazo de ocho licencias médicas extendidas a nombre de la recurrente.

Precisa que los folios involucrados y sus períodos son: NUM001 (1-30 oct. 2020), NUM002 (31 oct.–29 nov. 2020), NUM003 (30 nov.–29 dic. 2020), NUM004 (30 dic. 2020–28 ene. 2021), NUM005 (29 ene.–27 feb. 2021), NUM006 (28 feb.– 29 mar. 2021), NUM007 (30 mar.–28 abr. 2021) y NUM008 (29 abr.–28 may. 2021).

Señala que todas fueron licencias de reposo total por 30 días, emitidas por el traumatólogo nombre reservado, especialista en patologías osteoarticulares, consignándose como diagnóstico principal el pinzamiento femoroacetabular y coxartrosis de cadera derecha; ello fue ratificado por el profesional en informe de junio de 2025, que asienta que los ocho folios correspondían a esa patología como causa del reposo.

Alega que, pese a lo anterior, en las resoluciones administrativas se clasificaron cinco de esas licencias como si fueran por lesiones de hombro; en otras dos, donde sí se reconoció relación con cadera, se aplicó la causal “sin antecedentes que respalden diagnóstico”, y en la restante también se hizo figurar hombro aplicando la glosa “reposo injustificado”, sin detallar fundamentos del rechazo.

Sostiene que existe error de clasificación al desplazar el diagnóstico principal (cadera) a un diagnóstico secundario (hombro), así como falta de motivación y negligencia en la revisión de la carpeta clínica, pues los formularios dejaban claro el diagnóstico principal y no se practicaron exámenes complementarios, interconsultas ni evaluaciones funcionales antes de resolver.

Refiere además que, con posterioridad a esos rechazos, desde mayo de 2021 en adelante se aprobaron de forma continua licencias por cadera de la misma paciente —algunas extendidas por el mismo médico—, lo que evidencia una incongruencia entre el rechazo inicial y el reconocimiento posterior del mismo diagnóstico como causa legítima de reposo.

En el recurso se describen asimismo antecedentes personales y laborales de la recurrente, edad, origen en Ñuble, historia de cirugías e infiltraciones, períodos de kinesioterapia, situación de cesantía y cargas familiares, para hacer visible el impacto de las decisiones administrativas, afirmándose que la negativa reiterada ha generado desprotección económica y afectación psíquica.

Como fundamentos de derecho, invoca el principio de legalidad (arts. 6 y 7 CPR) y el deber de motivación del art. 11 de la Ley N° 19.880, señalando que las resoluciones carecen de razonamiento técnico suficiente y que no se ponderaron debidamente los antecedentes médicos; añade que, conforme a la exigencia administrativa y jurisprudencial, antes de rechazar corresponde recabar informes objetivos (exámenes, interconsultas, visitas, etc.), lo que afirma no ocurrió en su caso.

Alega vulneración de los derechos del art. 19 N° 1 (vida e integridad física y psíquica), N° 2 (igualdad ante la ley), 19 N° 24 (propiedad), el derecho a la seguridad social (Artículo 19 N°18) y el derecho a la protección de la salud (Artículo 19 N°9), por la afectación de su salud, el trato desigual, la falta de motivación y la privación de prestaciones económicas asociadas a la incapacidad laboral.

Finaliza su presentación, solicitando que esta Corte, se sirva tener interpuesto la presente acción de protección, disponiendo se restablezca el imperio del Derecho y se ordene acoger el recurso, declarar que el acto recurrido es arbitrario e ilegal, instruir a la COMPIN la reconsideración de los hechos con las diligencias que correspondan y dictar un nuevo pronunciamiento fundado, adoptando además las medidas necesarias para la debida protección de las garantías de su representada, o aquellas que esta Corte estime pertinentes en mérito de lo obrado. 2°- Que, comparece don ROBERTO BARRAZA SAAVEDRA, abogado, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), solicitando el rechazo del recurso.

En primer término, alega improcedencia de la acción de protección, porque la materia dice relación con el derecho a la seguridad social (art. 19 N° 18 CPR), no se encuentra amparado por el catálogo del art. 20, destacando que la autorización/rechazo de licencias, las reconsideraciones y apelaciones, así como el Subsidio por Incapacidad Laboral (DFL N° 44/1978), pertenecen al campo de la seguridad social y cuentan con procedimientos especiales de doble instancia y control técnico (ISAPRE/COMPIN/SUSESO), quedando fuera del ámbito de esta acción cautelar.

En subsidio, informa sobre el fondo: consta que la Sra. nombre reservado recurrió ante SUSESO por presentación de 06.06.2025, solicitando reconsideración del Dictamen N° NUM009, que confirmó lo resuelto por COMPIN R.M. al mantener el rechazo de los folios NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, NUM006, NUM007 y NUM008, extendidos por 240 días a contar del 01.10.2020, por reposo no justificado.

Con el mérito de los antecedentes, la SUSESO concluyó que el reposo no se encontraba justificado, por no acreditarse incapacidad laboral temporal durante el período reclamado y por constar que la patología ha sido declarada irrecuperable; añadió la TPI ejecutoriada el 10.09.2020 con 25 % de menoscabo, insuficiente para pensión bajo el D.L. N° 3.500, de modo que no se justifica prolongar reposo más allá de 900 días (fundamentos contenidos en la Resolución Exenta N° NUM000, de 14.08.2025).

Cita además el extracto de “FICHA MÉDICA… FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN: REPOSICIÓN”, señalando, entre otros, que la paciente es mujer de 37 años, con 929 días de reposo autorizado, LM prolongada desde 2016 por varios diagnósticos; que el nuevo IMC no detalla compromiso funcional, plan terapéutico, evolución ni pronóstico, sin tratamiento realizado, con TPI rechazada al 25 % (ejecutoriada 10-09-2020), por lo cual se sugiere rechazar, no justifica.

Concluye que la SUSESO actuó dentro de sus competencias, con fundamentación y notificación conforme a la Ley N° 19.880, limitándose a control de legalidad y razonabilidad del obrar de COMPIN, sin sustituir la valoración médica, y solicita rechazar el recurso con costas. 3°.- Que, comparece doña nombre reservado, en representación de la COMPIN Ñuble, haciendo presente que las licencias médicas incluidas en el recurso fueron tramitadas ante la COMPIN metropolitana. 4°.- Que, informó al efecto, don nombre reservado, en su calidad de mandatario judicial del Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, y a su vez en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana.

Expresa que su representada confirmó el rechazo de las licencias N°s NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, NUM006, NUM007, NUM008, extendidas por un total de 240 días a contar del 1 de octubre de 2020, por reposo no justificado, haciendo presente que la justificación del rechazo por parte de su representada quedó ingresada en el expediente administrativo y registrada en la cartola médica del usuario, rechazo el que se fundamentó en que “… paciente con antecedentes de controles en policlínico de traumatología de Hospital de San Carlos, operada en tres ocasiones de su hombro derecho además presenta dolor lumbar degenerativo, pero presenta TPI (tramite pensión de invalidez) rechazado por bajo porcentaje en el año 2020 no acredita real rol terapéutico de este reposo ni posibilidades de reintegro laboral.”.

Manifiesta que la recurrente dedujo recurso de reposición en contra del rechazo de las licencias médicas referidas en el informe, manteniéndose el rechazo, ya que aportó los mismos antecedentes médicos y clínicos previamente evaluados. Añade que, la Superintendencia de Seguridad Social (última instancia administrativa), a través de su Resolución Exenta N° NUM010, el 14 de abril de 2025 rechazó el reclamo presentado por la recurrente, confirmando nuevamente el rechazo de las licencias médicas, concluyéndose: “Que, las licencias médicas N°s NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, NUM006, NUM007, NUM008, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que, según los antecedentes médicos y administrativos analizados, no es posible acreditar la existencia de incapacidad laboral temporal durante el periodo de reposo reclamado, por cuando su patología ha sido declarada irrecuperable.

Que, cabe agregar que el trámite de invalidez ejecutoriado con fecha 10 de septiembre de 2020 , concluyó en un porcentaje de menoscabo de su capacidad de trabajo igual a 25 %, el que si bien, reconoce la presencia de lesiones crónicas e irreversibles, estas no son suficientes para acceder a una pensión de invalidez, en los términos señalados en el D.L. N° 3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por lo que no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado continuo de 509 días, y acumulado de 1777 días, por diversas afecciones.”

Conforme a lo expuesto se sostiene que las actuaciones realizadas por la COMPIN RM, se enmarcan en los parámetros objetivos que se han dispuesto por la ley, y las normativas vigentes, y siempre en búsqueda de asegurar que el uso de las licencias médicas cumpla verdaderamente su finalidad terapéutica y de carácter transitorio, mientras el trabajador recupera su salud para volver a ejercer sus funciones laborales. 5°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo. 6°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías - preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 7°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 8°.- Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social, se rechazará la misma, dado que de la sola lectura del recurso se desprende que los derechos y garantías eventualmente vulnerados no son aquellos señalados en el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política, sino las comprendidas en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por lo que deberá desestimarse dicha alegación. 9°.- Que, en cuanto al fondo, la recurrida Superintendencia de Seguridad Social señala que procedía confirmar el rechazo de las licencias reclamadas, por cuanto del estudio de los antecedentes del caso, se concluyó que el reposo no se encontraba justificado, ello debido a que los antecedentes aportados no permiten establecer la incapacidad laboral más allá del periodo de reposo ya autorizado. En un sentido similar, la recurrida COMPIN justifica el rechazo de las licencias por considerar que el reposo es muy extenso y que, al tratarse de una patología crónica, éste pierde su rol terapéutico y recuperador, desnaturalizando su finalidad. 10°.- Que, de lo relatado por las recurridas Superintendencia de Seguridad Social y la COMPIN, el fundamento de fondo del rechazo de las licencias médicas presentadas por la recurrente se basaría esencialmente en que esta última no ha aportado los antecedentes suficientes que justifiquen mantener el reposo otorgado, no obstante que ésta acompañó todos los documentos que los profesionales correspondientes le proporcionaron, quienes han determinado mantener su reposo. Se reprocha a la recurrente que los informes médicos —que no son elaborados por ella— son insuficientes para justificar las licencias médicas, teniendo presente que la actora argumenta que las licencias médicas comprendidas en el recurso fueron extendidas por patologías de cadera y hombro, sin perjuicio de ello, solo se analizó la dolencia relativa a hombro, cuestión que tiene como consecuencia que el rechazo de las licencias sea infundado, por cuanto no se analizó el reposo otorgado a la luz de todas las patologías que originaron la incapacidad laboral. 11°.- Que, a mayor abundamiento, si la parte recurrida estimaba que los antecedentes proporcionados por la recurrente —que desde luego son elaborados por los profesionales a los que tuvo que acudir y que no dependen en su redacción ni detalle por la afectada— eran insuficientes, perfectamente pudo adoptar las medidas necesarias para disponer que se aclararan estos informes o practicar ellos mismos las pericias o informes complementarios a fin de aclarar sus dudas. Al efecto, el artículo 21 del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, dispone en lo pertinente que, "Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin [...] podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; [...] d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento [...] e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica". 12°.- Que, de lo señalado precedentemente, es claro que la decisión adoptada por las recurridas no está apoyada en motivos que avalen la confirmación del rechazo de las licencias médicas, ya que se limita a rechazarlas por la extensión del tiempo del reposo y la cronicidad del diagnóstico, sin fundamentar técnicamente por qué ya no está justificado, agregando que el fundamento del rechazo es precisamente que no cuenta con suficientes antecedentes de convicción, poniendo de cargo de la recurrente la falta de informes complementarios, en circunstancias que se pudieron tomar las medidas necesarias para que ellos fueran precisados, o incluso disponerse la práctica de tales informes a fin de resolver de mejor manera el asunto sometido a su decisión, si tenía dudas acerca de la prolongación del reposo de la recurrente. 13°.- Que, de lo dicho, la recurrida ha infringido la normativa pertinente para resolver acerca del rechazo de las licencias médicas y su decisión ha infringido lo dispuesto en los artículos 11 y 41 de la ley 19.880 que exige que las resoluciones administrativas sean fundadas y que en ella se expresen los fundamentos de hecho y de derecho que afectaren los derechos del recurrente, infringiendo asimismo la normativa contemplada en el Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en particular su artículo 21 que le otorgaba facultades para el mejor acierto de las autorizaciones y rechazos, lo que no hizo. 14°.- Que, la Excma. Corte Suprema la Excma. Corte Suprema también ha razonado en un sentido similar, al indicar que “…la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la preceptiva que gobierna la cuestión, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición actual de salud del recurrente…”, agregando que “… tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, son componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para objetivar el diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad del ente recurrido, con la subsecuente falta de pago de la licencia médica correspondiente”. (C.S. 15/05/2024, Rol 16212-2024, considerando 6°). 15°.- Que, en consecuencia, y siguiendo el mismo predicamento del Máximo Tribunal, el actuar de la recurrida no se ajustó a la normativa que regula la materia, tanto por no explicitar las razones que motivaron su decisión, como al no disponer que los órganos administrativos involucrados en la materia realicen un peritaje coetáneo e idóneo al periodo de reposo de las licencias médicas rechazadas, afectando con ello el derecho a la integridad física y psíquica y el derecho de propiedad de la recurrente. 16º.- Que, finalmente, y atendido los argumentos ya señalados, deberá acogerse la presente acción constitucional, pero solo en cuanto deberá disponer la recurrida que se practiquen aquellos exámenes o se emita aquel informe amplio y fundado que le permitan tener mayores elementos de convicción para emitir una resolución fundada.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara:

I.- Que, SE RECHAZA la alegación de improcedencia deducida por la recurrida.

II.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Daniel Castro Espinoza en favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), sólo en cuanto deberá disponer dicha Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez que encargue un nuevo informe médico, en los términos del artículo 21 del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, acerca de todas las dolencias de que dan cuenta las licencias médicas referidas en el recurso en relación a la capacidad de la parte actora, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen las licencias médicas materia de autos, y cumplido ello, se pronuncie nuevamente acerca de las licencias médicas denegadas, que han sido objeto del presente arbitrio constitucional.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Guillermo Arcos Salinas.

No firma el abogado señor Guajardo, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por no haber integrado hoy.

R.I.C. N°721-2025-PROTECCIÓN.