nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURDAD SOCIAL

Chillán, once de septiembre de dos mil veinticuatro.

Visto:

1°.- Que, comparece el abogado don Mauricio Javier Contreras San Martín, entablando acción constitucional de protección a favor de doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Ñuble, por el accionar ilegal y arbitrario cometido y que en su concepto vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 números 18 y 24 de la Constitución Política de la República.

Refiere primeramente que la Sra. nombre reservado ha presentado las siguientes licencias médicas: N° 4-14909658 (Pediátrica); N° 4-15220204 (Pediátrica); N° 4-15543127 (Pediátrica); N° 4-15793887 (Pediátrica); N° 4-16064268 (Pediátrica); N° 4-16238755 (Psiquiátrica); N° 4-16690180 (Psiquiátrica); N° 4-16417544 (Psiquiátrica). Precisa que las licencias médicas pediátricas fueron extendidas por mantener el hijo de su representada, de actuales 1 año y 8 meses, las patologías denominadas alergia alimentaria múltiple, no IgE mediado y proctocolitis alérgica de tipo FPIAP. Por otra parte, las licencias médicas psiquiátricas fueron cursadas por presentar la recurrente un trastorno mixto de las conductas y emociones, con desregulación emocional y conductual, sobre la base de una personalidad vulnerable y al estrés con rasgos obsesivos.

Señala el letrado que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Ñuble rechazó por “reposo no justificado” todas las licencias médicas previamente singularizadas, extendidas por un total de 195 días a contar del 02 de junio 2023; que su representada recurrió en forma y plazo ante la Superintendencia de Seguridad Social, reclamando porque la COMPIN Región de Ñuble confirmó el rechazo de las licencias médicas.

Añade que la recurrida Superintendencia de Seguridad Social dictó las resoluciones exentas N° R-01-UME-147585-2023, N° R-01-UME-147066-2023, N° R-01-S-43817-2024, N° R-01-IBS-74265-2024 y N° R-01-IBS-74299-2024, mediante las cuales se le informa a la parte recurrente que se confirman los rechazos por no encontrarse justificado el reposo.

Sostiene que el actuar de la recurrida no se ajustó a la normativa que regula la materia, ya que no indicó las razones que motivaron sus decisiones y tampoco ejecutaron aquellas medidas expresamente contempladas por la ley para determinar la condición de salud de doña nombre reservado y su hijo, y así resolver fundadamente y en relación a sus circunstancias particulares y únicas, y no de manera generalizada y abstracta, como estima que fue en los hechos, lo que torna el acto de la recurrida en arbitrario e ilegal.

Argumenta que las resoluciones de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, a través de las cuales se rechazó las licencias médicas de la parte recurrente, resultan arbitrarias, contrarias a derecho y absolutamente antojadizas, no sólo porque dichas resoluciones carecen de la debida fundamentación y motivación como actos administrativos, sino que además, refleja un actuar absolutamente extemporáneo o tardío por parte de la institución recurrida y de la Unidad de Licencias médicas, los cuales disponen de un plazo de siete días hábiles desde la fecha en que el respectivo formulario se reciba en sus oficinas para pronunciarse sobre las referidas presentaciones, en conformidad al artículo 24 y siguientes del reglamento de autorización de licencias médicas, situación que no ocurrió en este caso. Cita también los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880.

Invoca como vulneradas las garantías y derechos constitucionales consignados en el artículo 19 N° 18 y 24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la seguridad social y el derecho de propiedad, respectivamente.

Termina solicitando que esta acoja el recurso de protección, ordenando se autoricen las singularizadas licencias médicas, con expresa condenación en costas.

2°.- Que, al informar, el abogado don Claudio Ferrada Alarcón, Presidente de la COMPIN Ñuble, refiere que la recurrente desde el 29 de marzo hasta el 01 de junio del año 2023 estuvo con licencias diagnóstico K52.2 codificación CIE 10 correspondiente a Colitis y otras alergias alimentarias las cuales fueron aprobadas; que el 06 de junio del año en cuestión se solicita exámenes que acrediten reposo prolongado; que hasta el 04 de Julio no presentó antecedentes por lo cual se rechazó las licencias; que esta conducta se mantuvo, causando que a contar del 17 de julio de 2023 se volvieran a rechazar las licencias presentadas.

Agrega que, el 17 de julio de 2023, el Médico contralor recibe Informe de nutricionista, sin adjuntar informe médico, gastroenterólogo o exámenes médicos que justifiquen el reposo prolongado. La conducta se mantuvo por parte de la usuaria, por lo cual no hubo antecedentes que justificaran su reposo prolongado por el tipo de Licencia Pediátrica. El 10 de octubre de 2023 y ante cambio de diagnóstico, se solicita Informe Médico Complementario, el cual fue evaluado por el Médico Contralor manteniendo el rechazo, ya que los antecedentes aportados no fundamentan el reposo. Esta conducta se mantuvo en sus posteriores licencias de carácter psiquiátricas.

Señala que lo que la recurrente pretende por medio de este procedimiento de emergencia de rango constitucional, es revertir lo decidido por el organismo administrador del derecho denominado licencia médica, en este caso la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), Ñuble, respecto de la improcedencia de orden médico de autorizar estas licencias médicas extendidas por un total de 176 días a contar del 02 de junio de 2023. Esta sola circunstancia hace que esta acción sea absolutamente extemporánea e improcedente, pues estas licencias médicas fueron rechazadas en los meses de julio a noviembre de 2023 por parte de la recurrida, y la recurrente crea un plazo reclamando en contra de una “eventual” resolución de la SUSESO, del año 2024. A su juicio, no resulta procedente que se emplee la acción de protección de los derechos y garantías constitucionales en forma subsidiaria o como en este caso, una eventual última instancia de reclamo o apelación, cuando las otras vías de reclamo, en el ámbito administrativo u otros, no le han dado los resultados esperados. Por tales argumentos, solicita se declare inadmisible o rechace la acción de Protección interpuesta, con costas.

Luego de transcribir el artículo 16 del D.S. 3/84, señala que la conducta administrativa de la COMPIN, se ha regido por los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de La República y por el artículo 2 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, artículos 3, 41 y demás normas pertinentes de la ley N° 19.880, indicando a la interesada, en la notificación por carta certificada, qué recurso procede en contra de la resolución y ante qué institución administrativa debe interponerse. Por ende, no existe acto arbitrario e ilegal alguno respecto de las resoluciones que rechazan las licencias médicas reclamadas, ya que la COMPIN ha resuelto calcular el subsidio y rechazar la reposición conforme a la normativa legal que regula esta materia que establecen instrucciones a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez y la ley que regula las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Añade que los hechos descritos en la presentación exceden las materias que deben ser conocidas por el presente recurso atendido a su carácter cautelar, y considerando además que según se desprende de la propia narrativa del recurso y de los antecedentes acompañados, no se ha agotado por la parte recurrente la vía administrativa, sin justificar una situación de emergencia, ni un derecho indubitado que permita omitir el procedimiento establecido en la ley.

Termina solicitando a esta Corte tener por presentado el informe solicitado, dentro de tiempo y forma.

3°.- Que, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, el abogado don Francisco Ortega Bello, informa señalando en primer lugar que la acción constitucional interpuesta debe declararse extemporánea, por cuanto ha sido interpuesta una vez vencido el plazo fatal de 30 días corridos previsto para hacer valer esta excepcional acción de rango constitucional, ya que, según se advierte del expediente administrativo, al realizar su presentación ante la Superintendencia, la Sra. nombre reservado aceptó estar de acuerdo con recibir notificación vía correo electrónico, aportando casilla para dicho efecto, de tal manera que existe la certeza que la Sra. nombre reservado tomó conocimiento del acto administrativo, con fecha 18 de marzo de 2024, fecha desde la cual corresponde computar el plazo fatal de 30 días corridos. Así las cosas, el plazo para la presentación de la acción de autos venció el miércoles 17 de abril de 2024, en circunstancias que el presente recurso fue presentado recién el 08 de junio de 2024. Atendido lo anterior, solicita en primer término rechazar la acción de protección de autos, respecto de la resolución indicada, por haber sido ejercida de forma extemporánea, con costas.

En subsidio, alega la improcedencia de la acción de protección, por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos. Por lo anterior, es que solicita se declare la improcedencia del presente recurso.

A continuación, y en subsidio de las alegaciones anteriores, informa en cuanto al fondo del asunto, haciendo referencia al marco jurídico-normativo que regula la materia. Al respecto, manifiesta que para hacer uso de una licencia médica es necesario que el trabajador se encuentre impedido de trabajar por razones de salud en forma temporal, existiendo la posibilidad real y cierta de que recuperará la capacidad de trabajo y quedará en condiciones de reincorporarse a la vida laboral. Para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez.

Por otra parte -añade- el artículo 199 del Código del Trabajo, establece un permiso por enfermedad grave de un niño menor de un año, en favor de la madre o padre, o de alguna de las demás personas que la misma norma señala, que dará derecho a un subsidio por incapacidad laboral si se cumplen los requisitos pertinentes, o remuneración en su caso, para lo que se deberá emitir una licencia médica, respecto de cuya procedencia deberá pronunciarse la COMPIN o ISAPRE, de acuerdo al sistema de salud que corresponda. La circunstancia de padecer el menor de una enfermedad grave se debe acreditar mediante informes médicos y exámenes complementarios. Así las cosas, la Superintendencia de Seguridad Social, previo estudio de los antecedentes y con su mérito, concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas reclamadas no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que, por los antecedentes tenidos a la vista, estos no permitían dar por acreditada enfermedad grave.

Agrega que la actuación de la Superintendencia se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, de modo que no ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad del recurrente.

Termina solicitando que esta Corte, en mérito de lo expuesto y en subsidio de las anteriores peticiones, se sirva tener por evacuado el informe solicitado respecto de la Acción de Protección interpuesta, solicitando sea desestimada en todas sus partes, con costas.

4°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

5°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

6°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

7°.- Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad, no se puede perder de vista que la acción constitucional para ser viable tiene que cumplir con los requisitos previstos tanto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, como, asimismo, en el Auto Acordado dictado por la Excelentísima Corte Suprema que regula esta materia.

Sobre el particular, el artículo 1° del referido Auto Acordado prescribe: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido su efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión, o según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

8°.- Que, debe dejarse establecido que, entre las resoluciones señaladas en el recurso, se comprenden las Resoluciones exentas números R-01-IBS-74299-2024 y R-01-IBS-74265-2024, que resuelven reconsideraciones formuladas por la actora relativas al rechazo de sus licencias médicas, las que fueron emitidas el 9 de mayo del año en curso, fecha que debe considerarse para efectos del cómputo del plazo.

En consecuencia, al haberse presentado la acción en estudio con fecha 8 de junio recién pasado se desprende con toda claridad y certeza que el recurso se ha interpuesto dentro del plazo fatal de treinta días establecido en el Auto Acordado que regula la materia, lo que impone el rechazo de la alegación de extemporaneidad formulada por las recurridas.

Sin perjuicio de lo anterior, se debe tener presente además que la Superintendencia se pronunció respecto de las solicitudes de reconsideración planteadas por la recurrente, sin invocar extemporaneidad y que la Excma. Corte Suprema ha resuelto que el plazo se cuenta desde que se agota la vía administrativa.

9°.- Que, en cuanto a la alegación de improcedencia formulada por ambas recurridas, si bien se alega que lo presuntamente vulnerado, dice relación con materias de seguridad social, no comprendidas dentro de la enumeración taxativa del artículo 20 de la Carta fundamental, se invoca además vulneración al derecho comprendido en el numeral 24 del artículo 19, garantía que sí se encuentra comprendida en el catálogo de derechos resguardados por este arbitrio constitucional.

10°.- Que, en cuanto al fondo, cabe consignar que la actora Sra. nombre reservado dedujo acción de protección contra las Resoluciones Exentas más arriba individualizadas, de 9 de mayo de 2024, que confirman el rechazo de las licencias médicas por considerar el reposo injustificado.

Al respecto la recurrente señala que la Comisión De Medicina Preventiva E Invalidez (COMPIN) Ñuble rechazó, por “reposo no justificado” todas las licencias médicas previamente singularizadas, extendidas por un total de 195 días a contar del 02 de junio 2023, decisión que fue confirmada por la Superintendencia de Seguridad Social mediante resoluciones N° R-01-UME-147585-2023, N° R-01-UME-147066-2023, N° R-01-S-43817-2024, N° R-01-IBS-74265-2024 y N° R-01-IBS-74299-2024.

11°.- Que, para resolver el asunto debe tenerse presente lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”. Asimismo, en su artículo 21 indica que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador;

d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador;

e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.”

12°.- Que, conforme a los antecedentes que fueron aportados, aparece que la decisión de la recurrida, en cuanto confirmar el rechazo del pago de las licencias médicas objeto de este recurso, no se apoya en ningún elemento de convicción objetivo que lleve a estimar racionalmente que el reposo ordenado no se encuentra justificado, carencia que la priva de contenido, sin que sea dable discernir que aquélla se basta a sí misma, si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender la razón por la cual se le niega el derecho a dicho reposo.

De esta manera, la decisión de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, que confirma el rechazo de las licencias decidido por la Comisión de Medicina Preventiva, se torna ilegal al infringir el deber de motivación estatuido en los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, teniendo en especial consideración que la Institución recurrida cuenta con los recursos humanos y técnicos para determinar el real estado de salud de los pacientes, previa realización de los exámenes de rigor, facultad que no consta haya ejercido. Al no realizar tales evaluaciones, en el caso en estudio, se afecta injustificadamente el derecho de propiedad de la recurrente, pues con ocasión de ello no se efectuó el pago de las licencias médicas reclamadas, debiendo adoptarse, en consecuencia, las medidas que restablezcan el imperio del derecho, de la forma que se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución y Auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Mauricio Contreras san Martin, en favor de doña nombre reservado, sólo en cuanto, se ordena a la Superintendencia de Seguridad Social disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio de la recurrente, encargue los informes periciales médicos correspondientes, respecto de las patologías de la recurrente y de su hijo Clemente nombre reservado, a fin de contar con el fundamento técnico necesario para dictar la resolución que en derecho corresponda, respecto de las licencias médicas reclamadas.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la ministra Erica Pezoa Gallegos.

Rol N°721-2024 PROTECCIÓN.