Protección contra Asociación de Funcionarios FENATS Base Hospital Quirihue

Chillán, veintitrés de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°.- Que, comparece doña nombre reservado, enfermera y Subdirectora de Gestión del Cuidado del Hospital de Quirihue, deduciendo acción constitucional de protección en contra de la Asociación de Funcionarios FENATS Base Hospital Quirihue, representada legalmente por su Directiva, como asimismo en contra de todos quienes resulten responsables por las acciones u omisiones denunciadas en el libelo, que vulneran el legítimo ejercicio de sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 numerales 2, 4 y 15 de la Carta Fundamental.

La recurrente individualiza como acto impugnado la sustanciación de un procedimiento disciplinario incoado en su contra, así como la sanción de suspensión comunicada mediante la notificación de fecha 14 de julio de 2026, cuya ejecución significa la pérdida de su condición de afiliada a la FENATS Base Hospital Quirihue.

En cuanto a los antecedentes de hecho, refiere la recurrente que con fecha 17 de junio de 2026 la Directiva del gremio le notificó la apertura de un procedimiento sancionatorio, informándole que se elevaría a consideración de la Asamblea una propuesta de medida disciplinaria. En dicha oportunidad se le imputaron conductas de un modo abstracto, tales como interrupciones reiteradas a las intervenciones de otros afiliados, declaraciones calificadas por ciertos miembros como intimidatorias, presuntas percepciones de inhibición y actos tendientes a desestimar las inquietudes de los demás socios.

Arguye la actora que tales acusaciones fueron formuladas de modo genérico, omitiendo precisar fechas, reuniones, circunstancias fácticas concretas o frases determinadas, y sin individualizar debidamente a los sujetos supuestamente afectados.

Cuestiona que se haya invocado como fundamento para justificar la sanción gremial, el hecho de ejercitar la jefatura jerárquica de Subdirectora de Gestión del Cuidado en el recinto hospitalario, alzando un estatus laboral de carácter objetivo como justificación de un pretendido amedrentamiento.

Respecto a su derecho a defensa, el 17 de junio de 2026, se le indicó que contaría con la prerrogativa de formular sus descargos ante la Asamblea citada para el 23 de junio del mismo año, en el transcurso de dicha sesión, solicitó la exhibición de piezas documentales mínimas, entre ellas, copia fiel del acta, lista de asistencia y la autorización para efectuar un registro fidedigno de audio, requerimientos que fueron denegados. Agrega que no puede equipararse la facultad formal de presentarse a una reunión con el ejercicio de una defensa real, sustantiva y eficaz.

Aduce la existencia de una inconsistencia temporal en las actuaciones de la recurrida, por cuanto la notificación del 14 de julio indica que la sanción fue acordada en Asamblea del 16 de junio, esto es, con anterioridad a la citación del 23 de junio fijada para oír sus descargos, a la cual se indica que compareció. Dicha comunicación también indica que la recurrente se habría retirado de la reunión y que, concluido el procedimiento disciplinario, la Asamblea General procedió a efectuar una votación secreta, bajo supervisión del TRICEL y certificación de un ministro de fe. Añade que la contradicción expuesta no es una cuestión meramente formal, sino que incide directamente en la posibilidad de determinar si su defensa fue o no anterior a la adopción de la medida disciplinaria y, por lo tanto, si fueron conocidos y ponderados sus argumentos.

Cuestiona asimismo la validez de la votación informada (82 socios votantes, con 66 votos a favor de aplicar la medida disciplinaria, 13 votos en contra, 2 en blanco y un voto nulo), sosteniendo que la recurrida no acreditó el número total de socios con derecho a voto para determinar si los 66 votos favorables cumplían con la exigencia de mayoría absoluta contemplada en el artículo 38 de los Estatutos.

Denuncia, además, un incumplimiento de las normas estatutarias sobre convocatoria. Así el artículo 5° de sus Estatutos establece que las asambleas ordinarias y extraordinarias deben realizarse mediante carteles colocados con al menos tres días de anticipación en los lugares de trabajo y/o sede, indicando el día, hora, materia a tratar y local de reunión, debiendo indicar si la convocatoria corresponde a una primera o segunda citación.

Manifiesta que, si bien los estatutos permiten sancionar conductas, conforme al artículo 35, ello no significa que cualquier percepción subjetiva pueda transformarse en una sanción disciplinaria. Añade que el artículo 37 señala que, en reunión convocada especialmente, podrá aplicar sanciones de suspensión de los beneficios sociales. Por su parte, el artículo 38 contempla la suspensión del socio como medida extrema, exige que se le otorgue la oportunidad de defenderse, además dispone que la suspensión sólo surtirá efecto si es aprobada por la mayoría absoluta de los socios.

Luego, indica que la pérdida de la calidad de socia constituye una consecuencia especialmente gravosa, conforme al artículo 26 de los Estatutos, siendo consecuencia de la aplicación de la medida disciplinaria de suspensión.

Expone que la Ley 19.296 reconoce el derecho de los funcionarios de la Administración del Estado a constituir asociaciones de funcionarios y dispone que se deben regir por la ley, su reglamento y sus estatutos. En consecuencia, la autonomía gremial no significa que sus actuaciones puedan desarrollarse al margen de sus propias normas estatutarias. Agrega que, el acto impugnado es ilegal en cuanto se ha aplicado una medida disciplinaria sin que se encuentre debidamente acreditado el cumplimiento de lo dispuesto en su propio estatuto, listando una serie de antecedentes respecto de los cuales no se ha acreditado su cumplimiento.

Señala que el acto sería además arbitrario, por cuanto las imputaciones formuladas se sustentan principalmente en percepciones subjetivas y apreciaciones generales, sin individualización suficiente de hechos, personas, fechas y circunstancias. Asimismo, da cuenta de la falta de oportunidad real y efectiva de defensa, ya que el hecho de haberse retirado de la reunión no puede ser considerada como una renuncia voluntaria de su derecho de defensa, sin analizar el contexto en que aquello ocurrió.

Sostiene que los hechos expuestos configuran un actuar ilegal y arbitrario que vulnera la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al haber sido sometida a un trato arbitrario fundado en su cargo directivo. La diferencia de trato requiere una justificación objetiva, razonable y verificable, cuestión que no aparece debidamente establecida en autos.

Alega la conculcación del derecho al respeto y protección a la honra, contemplado en el artículo 19 N°4 de la Carta Fundamental, toda vez que se le han atribuido conductas graves que lesionan su reputación personal y profesional sin contar con una fundamentación objetiva y comprobada.

Acusa la infracción de la libertad de asociación, garantizada en el artículo 19 N°15 del texto constitucional, al privársela de su calidad de integrante de la organización de funcionarios mediante un procedimiento al margen de las garantías del debido proceso y de las normas estatutarias.

Expresa que la autonomía gremial no puede convertirse en inmunidad frente al control constitucional, en consecuencia, la existencia de una decisión adoptada por una Asamblea no convierte automáticamente dicha decisión en legítima ni impide que la judicatura examine si el procedimiento utilizado para adoptar la sanción respetó los límites legales, estatutarios y constitucionales.

Concluye solicitando que se acoja el recurso en todas sus partes, declarando que los actos y omisiones denunciados son ilegales y/o arbitrarios y que han afectado y /o amenazado el legítimo ejercicio de sus derechos constitucionales, deje sin efecto la medida disciplinaria de suspensión y sus efectos derivativos, se disponga el restablecimiento de su calidad de socia y se ordene a la recurrida abstenerse de emitir afirmaciones que afecten su honra y adoptar todas las demás medidas que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar su debida protección, con costas.

2°.- Que, a folio 4, la abogada doña Angela Valdebenito Cárdenas, en representación de la Asociación de Funcionarios FENATS Base Hospital Quirihue, evacúa en tiempo y forma el informe requerido, solicitando el rechazo de la acción constitucional, argumentando que la actuación del gremio se ha ajustado estrictamente a derecho, observando el marco estatutario vigente y los principios de legalidad y autonomía sindical.

Indica que la Asociación por acta de 16 de junio de 2026, se acordó iniciar un procedimiento disciplinario, ordenando notificar a las personas involucradas para que ejerzan su derecho a defensa y que con fecha 17 de junio del año en curso, se notificó a la recurrente del inicio del procedimiento disciplinario y los fundamentos del mismo, fijando la Asamblea General del día 23 de junio de 2026, a las 16:30 hrs., a fin de ejercer su derecho a defensa, el día de la asamblea citada, doña nombre reservado compareció a la misma, pero resolvió retirarse voluntariamente de la sesión antes de hacer uso de la palabra, renunciando a exponer sus descargos.

Agrega que con fecha 14 de julio de 2026 se notificó a la recurrente, la medida disciplinaria de suspensión y que conforme al artículo 26 de los Estatutos de la Asociación, le hizo perder su calidad de socia de la asociación gremial recurrida.

Señala que el criterio aplicado por FENATS, lejos de ser arbitrario o ilegal, se alinea con la jurisprudencia que reconoce el derecho de las asociaciones a preservar su funcionamiento interno, identidad y principios frente a personas cuyas conductas son incompatibles con sus fines.

Fundamenta su posición en el principio constitucional de autonomía de los grupos intermedios consagrado en el artículo 1°, inciso tercero, de la Constitución Política de la República, el cual ampara la facultad asociativa para organizarse y regir su funcionamiento interno como asimismo, en la garantía de la libertad sindical y asociativa asegurada en el artículo 19 N°19 de la Carta Fundamental, en concordancia con el artículo 3° del Convenio N°87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Invoca la Ley N°19.296 sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado, en particular, sus artículos 3° y 5° en cuanto establecen el carácter personal y voluntario de la afiliación, y el artículo 14 que prescribe que las asociaciones se rigen por sus propios estatutos. Cita, asimismo, el artículo 26 de los Estatutos de la Asociación.

Expone que la Asociación de Funcionarios de la Salud FENATS Base Hospital Quirihue es una asociación legalmente constituida, cuyos estatutos fueron aprobados en conformidad a las leyes pertinentes que regulan la materia y en ese contexto se encuentra facultada para aceptar u objetar la incorporación de un nuevo afiliado conforme a sus normas estatutarias. Proponer lo contrario sería vulnerar la debida autonomía que debe reconocerse a los grupos intermedios de nuestra sociedad conforme a lo dispuesto en el artículo 1° inciso 3° de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 19 N°19, inciso 3° de la Carta Fundamental en cuanto señala: “La ley contemplará los mecanismos que aseguren la autonomía de estas organizaciones”. Cita jurisprudencia aduciendo que no es lícito obligar a una asociación a mantener entre sus miembros a personas que lesionen sus fines asociativos.

Precisa que la instrucción del procedimiento disciplinario tuvo su origen en las denuncias por escrito formuladas por tres funcionarias y una carta colectiva, donde se daba cuenta de conductas que afectaban la convivencia interna y el libre ejercicio del debate gremial.

Concluye que la decisión de aplicar una medida disciplinaria a la recurrente se ajusta a derecho, conforme al artículo 26 de los Estatutos, la Ley N°19.296, el Convenio N°87 de la OIT y los principios constitucionales sobre autonomía sindical. Alega que el acto impugnado no puede ser calificado de ilegal, por cuanto se encuentra expresamente permitido por las normas que rigen a la asociación; ni de arbitrario, ya que responde al legítimo ejercicio de una atribución estatutaria adoptada por la mayoría de los integrantes de la Asamblea General, en cumplimiento de los procedimientos internos.

Manifiesta que la medida disciplinaria no fue fundada en una causal de discriminación prohibida por la Constitución, como sexo, religión, ideología, raza, entre otros, ni en represalia por actividades sindicales legítimas. La mera disconformidad con una decisión adoptada conforme a derecho no configura vulneración de garantía alguna protegida por el artículo 20 de la Constitución.

Termina solicitando se tenga por evacuado el informe, rechazando la acción de protección interpuesta, con condenación en costas.

3°.- Que, a folio 6, la recurrente presenta escrito con observaciones al informe evacuado por la asociación recurrida, planteando, en síntesis, una confusión conceptual al aplicar la doctrina de “ingreso/afiliación” a un proceso diciplinario de expulsión, la aplicación indebida del artículo 26 e infracción al quórum del artículo 38, ambos de los estatutos, como asimismo inexistencia de respaldo del acto electoral, opacidad del padrón electoral y participación de personas no habilitadas, en particular, habrían participado prestadores de servicios a honorarios, quienes no detentan la calidad de funcionarios públicos. Por otra parte, alega un incumplimiento de las reglas de citación a asamblea, ya que la convocatoria se habría realizado de manera extemporánea vía Whatsapp el mismo día y con omisión de las materias a tratar, contraviniendo el artículo 5° de los estatutos, además denuncia la falta de respaldo de las múltiples asambleas e inexistencia de nóminas de asistencia firmadas.

Acusa la ilegalidad y arbitrariedad manifiesta del procedimiento de votación en urna en días sucesivos, rompiendo la unidad del acto eleccionario, realizado sin contar con respaldo estatutario. Señala que en los estatutos de FENATS, la votación en urna separada posee regulación específica y taxativa únicamente para la elección de Directorio (artículos 8° y 9°), censura del mismo (artículos 30 al 32) o reforma de estatutos (artículo 7°).

Expone una vulneración al derecho de defensa, inconsistencias temporales y ocultación de denuncias, siendo manifestaciones de acoso y hostigamiento. Manifiesta que no es posible formular descargos frente a imputaciones abstractas y genéricas, por lo cual resultaba relevante tener acceso a las denuncias.

Agrega que el procedimiento sancionatorio instruido por la asociación recurrida no constituye un hecho aislado, sino la manifestación de una conducta sistemática de acoso y hostigamiento laboral en su contra, lo cual se encuentra acreditado por la autoridad técnica mediante la Resolución de Calificación N°6273781 de fecha 4 de agosto de 2026 que determinó que la afección psíquica de la recurrente corresponde a una enfermedad profesional, constatando de forma objetiva la exposición al agente de riesgo de “hostilidad de subalternos” en el ejercicio de su cargo.

Señala que, además, frente a conductas de acoso en su contra, la Directora del Servicio de Salud Ñuble dictó la Resolución Exenta 1 C N°3407 de fecha 8 de julio de 2026, ordenando la instrucción de un sumario administrativo bajo la Ley Karin. Añade que, dentro de la tramitación de dicho sumario, con fecha 19 de agosto de 2026, la Fiscalía de Acoso Laboral, dictó la Resolución Exenta N°03, ordenando la suspensión preventiva de la recurrente, medida que fue dejada sin efecto, una vez que reclamó. Por otra parte, denuncia que la Dirección (S) del hospital intentó notificar un traslado forzoso en comisión de servicio, incumpliendo lo dispuesto por la Mutual que ordenó alejar el riesgo y no castigar a la víctima, oponiéndose a la decisión.

Finalmente, hace presente errores y una estrategia dilatoria por parte de la recurrida y solicita tener por formuladas las observaciones efectuadas al informe, tener presentes los vicios formales y de fondo denunciados respecto a la citación a asamblea, la omisión de padrones de asistencia y votación firmados, la participación de personas no habilitadas y el mecanismo de votación en urna en días sucesivos, los hechos nuevos expuestos y la estrategia dilatoria de la asociación, acogiendo el recurso de protección interpuesto y restableciendo el impero del derecho.

4°.- Que, a folio 8, la recurrente presenta escrito con observaciones a los documentos acompañados por la recurrida al evacuar su informe, objetando por falsedad ideológica y anacronismo probatorio la carta de fecha 4 de mayo de 2026 suscrita por funcionarias y socias FENATS y respecto a la carta de fecha 12 de noviembre de 2025 atribuida a nombre reservado. Asimismo, denuncia un intento de ocultamiento y violación a la buena fe y probidad procesal, al presentar, a su parecer, instrumentos ideológicamente falsos, correspondientes a los dos documentos mencionados.

Finalmente, acusa la configuración del delito de uso malicioso de instrumento privado falso en juicio, contemplado en los artículos 197 y 198 del Código Penal, solicitando que al momento de dictar la sentencia definitiva se ordene la remisión íntegra de los antecedentes del presente recurso, así como de las piezas objetadas a la Fiscalía Local de Chillán del Ministerio Público, a objeto que se instruya la correspondiente investigación penal por el delito denunciado.

5°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

6°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías –preexistentes– protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

7°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

8°.- Que, para la adecuada resolución del presente arbitrio, resulta necesario tener presente que la recurrente alega, en síntesis, una serie de conductas ilegales y arbitrarias ocurridas con ocasión del procedimiento disciplinario iniciado en su contra y que concluyó con la aplicación de la sanción de suspensión comunicada mediante notificación de fecha 14 de julio de 2026, la cual implica, conforme a lo informado en dicha comunicación, la pérdida de su condición de afiliada de la FENATS Base Hospital de Quirihue. Señala que las acusaciones se formularon de modo abstracto y genérico, sin individualizar de forma debida a los sujetos presuntamente afectados, y omitiendo precisar fechas, reuniones, circunstancias fácticas, frases específicas o conductas determinadas que configuraran las infracciones atribuidas, asimismo, alega la falta de antecedentes que permitan acreditar el cumplimiento de los requisitos y formalidades que disponen los estatutos para la aplicación de la medida disciplinaria.

Por su parte, la asociación recurrida argumenta que el procedimiento disciplinario y la sanción aplicada tuvieron lugar dentro del marco estatutario y legal vigente. Señala que su actuar se alinea con la jurisprudencia que reconoce el derecho de las asociaciones a preservar su funcionamiento interno, identidad y principios frente a personas cuyas conductas son incompatibles con sus fines y que sus actos se ajustan al principio de legalidad y autonomía sindical. Agrega que el acto recurrido no puede ser calificado de ilegal, por cuanto se encuentra expresamente permitido por las normas que rigen a la asociación; ni de arbitrario, ya que responde al legítimo ejercicio de una atribución estatutaria adoptada por mayoría de los integrantes de la Asamblea General y tampoco es discriminatorio ni vulneratorio de derechos fundamentales, tratándose más bien de una disconformidad con la decisión adoptada por la asociación.

9°.- Que, con relación al marco normativo aplicable a las entidades sindicales del sector público, el artículo 14 de la Ley N°19.296 establece expresamente que las asociaciones de funcionarios se regirán por dicha ley, por su reglamento y por los estatutos que ellas aprueben. En este contexto, si bien el artículo 1°, inciso tercero, de la Carta Fundamental y el Convenio N°87 de la OIT garantizan la autonomía de los grupos intermedios y de las organizaciones de trabajadores, dicha potestad asociativa no constituye un fuero irrestricto ni un margen de actuación exento de control constitucional cuando se transgreden las normas procesales básicas y los derechos fundamentales de sus propios afiliados.

10°.- Que, respecto a los Estatutos de la Asociación de Funcionarios FENATS Base Hospital Quirihue, cabe tener presente lo dispuesto en los artículos 26, 35 y 38. Así la primera de las normas citadas establece: “Los socios perderán su calidad de tales cuando dejen de ser funcionarios del Hospital Quirihue o cuando hayan sido objeto de la medida disciplinaria de suspensión, aplicada de acuerdo con estos estatutos y sus reglamentos.”.

Por su parte, el artículo 35 señala: “El directorio podrá sancionar a los socios que resulten culpables de las siguientes faltas u omisiones:

a) No concurrir, sin causa justificada a las sesiones a que se convoque, especialmente, a aquellas en que se reformen los estatutos o a las citaciones convocadas para elegir total o parcialmente el directorio o votar su censura.

b) Por faltar en forma grave a los deberes del socio que imponga la ley, los reglamentos y estos estatutos y por no acatar los acuerdos de la asamblea de socios.

c) Por actos que, a juicio de la asamblea, constituyan faltas merecedoras de sanción.”.

Finalmente, el artículo 38 prescribe: “Cuando la gravedad de la falta o las reincidencias en ella lo hiciere necesario, la asamblea, como medida extrema podrá suspender al socio, a quien siempre se le dará la oportunidad de defenderse.

La medida de suspensión solo surtirá efecto si es aprobada por la mayoría absoluta de los socios.”.

11°.- Que, al examinar la notificación del inicio del procedimiento disciplinario de fecha 17 de junio de 2026, se constata que las imputaciones formuladas en contra de la actora se articularon sobre afirmaciones de carácter genérico, abstracto e indeterminado, aludiendo a "interrupciones reiteradas", "declaraciones intimidatorias" y "percepciones de temor o inhibición" vinculadas al cargo de jefatura que ejerce la recurrente en el Hospital de Quirihue. La falta de precisión en cuanto a fechas, reuniones, circunstancias fácticas y personas individualizadas privó a la socia de los elementos de juicio indispensables para ejercer su derecho de defensa y presentar los respectivos descargos de forma idónea.

12°.- Que, sumado a lo anterior, en la asamblea celebrada el 23 de junio de 2026, la entidad recurrida denegó a la actora el acceso a la lista de asistencia de los socios participantes y rechazó la posibilidad de efectuar un registro fidedigno de la sesión, con lo cual se impidió la verificación objetiva de las condiciones bajos las cuales se realizaba la asamblea, afectando el derecho de la recurrente a contar con un marco adecuado para el ejercicio de su defensa.

13°.- Que, respecto de las exigencias estatutarias para la imposición de sanciones disciplinarias, el artículo 38 del estatuto de la FENATS Base Hospital Quirihue dispone que la medida de suspensión solo surtirá efectos si resulta aprobada por la "mayoría absoluta de los socios". No obstante, de los antecedentes acompañados por la parte recurrida, únicamente consta que, respecto de 82 funcionarios votantes registrados, 66 votaron favorablemente la medida, prescindiendo la asociación de revisar con el padrón oficial el número total de afiliados con derecho a voto existentes al momento del pronunciamiento, con el fin de verificar el cumplimiento del mencionado quórum. En consecuencia, no se encuentra demostrado en autos que los 66 votos favorables hayan alcanzado el quórum de la mayoría absoluta que exige el mencionado artículo.

14°.- Que, adicionalmente, el procedimiento de votación fue desarrollado mediante la implementación de urnas dispuestas durante varios días consecutivos —del 6 al 8 de julio de 2026—, modalidad no contemplada en los estatutos de la asociación para el juzgamiento de faltas disciplinarias, las que conforme a los artículos 4° y 37 deben ser debatidas y resueltas al interior de la asamblea.

15°.- Que, resulta arbitrario el haberse fundamentado el reproche disciplinario en la posición jerárquica de Subdirectora de Gestión del Cuidado que ostenta la recurrente en el establecimiento hospitalario. El ejercicio legítimo de un cargo de jefatura en la administración del Estado no constituye una infracción estatutaria, resultando discriminatorio considerar que la sola investidura de la actora genera una situación de amedrentamiento que justifique una sanción gremial.

16°.- Que, de las deficiencias y vicios procesales reseñados se concluye que la sanción disciplinaria de suspensión comunicada con fecha 14 de julio de 2026 adolece de manifiesta ilegalidad y arbitrariedad. Ilegalidad, por cuanto desatendió las exigencias regulatorias de la Ley N°19.296 y las normas estatutarias sobre quórums, votaciones y notificaciones para el inicio de un procedimiento disciplinario y la aplicación de la medida de suspensión; y arbitrariedad, al fundarse en imputaciones subjetivas, genéricas y abstractas desprovistas de sustento fáctico probado.

17°.- Que, los actos ilegales y arbitrarios descritos lesionan de manera directa el derecho constitucional de igualdad ante la ley, contemplado en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, al someter a la recurrente a un juzgamiento disciplinario viciado que no respetó las garantías del debido proceso, consagrado en el numeral 3° del artículo citado, ya que no se observó la bilateralidad de la audiencia ni la formulación precisa y exhaustiva de los hechos imputados así como tampoco se contempló una oportunidad real de contradicción, además de no verificarse el cumplimiento de la propia normativa interna en materia de quórum y forma de votación.

18°.- Que, finalmente, la sanción impuesta conculca la libertad de asociación garantizada en el artículo 19 N°15 de la Constitución Política de la República, toda vez que privó de forma ilegal y arbitraria a la actora de su pertenencia a la FENATS Base Hospital Quirihue y del ejercicio de los derechos inherentes a su condición de socia.

19°.- Que, concurriendo los presupuestos de procedencia de la acción constitucional, corresponde acoger el presente recurso de protección, decretando las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, conforme se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

20°.- Que, en lo relativo a la solicitud de la recurrente de remitir los antecedentes del presente recurso, así como de las piezas objetadas a la Fiscalía Local de Chillán del Ministerio Público, a objeto que se instruya la correspondiente investigación penal por el delito de uso malicioso de instrumento privado falso en juicio, se rechazará, por cuanto no se ha acreditado en autos la falsedad de los documentos objetados, denunciándose más bien inconsistencias en los mismos y habiendo un desacuerdo con su contenido.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara que:

I.- Se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Asociación de Funcionarios FENATS Base Hospital Quirihue, sólo en cuanto se deja sin efecto la medida disciplinaria de suspensión comunicada mediante notificación de fecha 14 de julio de 2026, así como la consecuente pérdida de la calidad de socia de la recurrente y se ordena a la Asociación de Funcionarios FENATS Base Hospital Quirihue reincorporarla en el registro de socios de forma inmediata, restituyéndola en la totalidad de sus derechos y prerrogativas asociativas, sin perjuicio del derecho de la entidad para instruir, si lo estimare pertinente y dentro del marco de su competencia, un nuevo procedimiento disciplinario con estricta sujeción a sus estatutos y al respeto irrestricto de la garantía del debido proceso.

II.- Se rechaza, la solicitud de la recurrente de remitir los antecedentes del presente recurso, así como de las piezas objetadas a la Fiscalía Local de Chillán del Ministerio Público.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la abogada integrante Vanessa Elizondo Cerda, quien no firma por no haber integrado sala el día de hoy.

Rol N°711-2026 – Protección.