Protección contra Hospital Clínico Herminda Martin

Chillán, quince de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS: 1°.- Que, comparece el abogado don Cristian Davis Castro, en representación judicial de doña nombre reservado, médico cirujano y especialista en hematología, deduciendo recurso de protección en contra del Hospital Clínico Herminda Martin, representado por su Directora (S) doña nombre reservado

nombre reservado, por la vulneración de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 numerales 1, 4, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente es médica cirujana con más de 39 años de ejercicio profesional y hematóloga con más de 29 años de especialización, desempeñándose en calidad de contrata con una jornada de 44 horas semanales desde el 1 de junio de 2025 en la Unidad de Oncología del referido establecimiento público de salud.

Señala que la actora asumió el 1 de abril de 2026, en calidad transitoria, la Jefatura del Servicio de Oncología de dicho hospital, cargo encomendado formalmente por la autoridad institucional mediante la Resolución Exenta NUM000, de 7 de abril de 2026, que le otorgó la asignación de responsabilidad estatuida en la Ley N°19.664 por un monto mensual de $683.794.

Afirma que desde el inicio del desempeño en dicha jefatura enfrentó una notoria resistencia e insubordinación por parte de cierto personal del estamento de enfermería, generado a raíz del reemplazo del anterior jefe de la unidad. Agrega que en el ejercicio de sus funciones de supervisión y fiscalización constataba de manera reiterada diversos incumplimientos a las Normas Técnicas de la unidad y a las Normas de Infecciones Intrahospitalarias dentro del Servicio de Oncología.

Precisa que el día 16 de julio de 2026, al consultar sobre una actividad extralaboral organizada en horario de trabajo, la enfermera Sra. nombre reservado le manifestó de forma irrespetuosa que ella no era su jefatura y que en la unidad ejercía el mando la enfermera supervisora, Sra. nombre reservado, desconociendo abiertamente su autoridad como jefatura médica de dicha Unidad.

Expone que el 23 de julio de 2026, la Directora del Hospital, doña nombre reservado, le comunicó de forma verbal, sin acto administrativo previo, fundado ni notificado, que a contar del día siguiente debía apartarse de forma inmediata de la Jefatura del Servicio de Oncología y que se le suspendería el pago de la asignación de responsabilidad. Añade que el 24 de julio de 2026 concurrió a su lugar de trabajo, ocasión en que la enfermera supervisora Sra. nombre reservado le gritó exigiendo su retiro, la procedió a grabar con un teléfono celular sin su consentimiento y amenazó con hacer intervenir a los guardias de seguridad del recinto. Expone que la recurrente ante dicha situación acudió en esa misma fecha ante la Inspección del Trabajo de Chillán a dejar constancia administrativa de los hechos sufridos en su calidad de funcionaria pública.

Sostiene la actora que al regresar al establecimiento hospitalario a buscar sus pertenencias se le prohibió el ingreso a la Unidad de Oncología mediante un guardia apostado en la puerta a requerimiento de la enfermera supervisora y con pleno conocimiento de la Dirección, viéndose obligada a pedir a una funcionaria TENS, doña nombre reservado el retiro de sus enseres personales.

Denuncia que desde el día 24 de julio de 2026 a la fecha de interposición del presente recurso no se le asignó oficina ni box de atención, viéndose forzada a desarrollar sus labores médico-administrativas para resolver la lista de espera de pacientes hematológicos en la cafetería del establecimiento hospitalario.

Califica estas actuaciones como vías de hecho ilegales y arbitrarias que carecen de sustento en un acto administrativo formal, previo, fundado y notificado, vulnerando las garantías constitucionales establecidas en los numerales 1, 4, 16, y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental y los principios de legalidad, escrituración, fundamentación, inexcusabilidad y eficacia previstos en los artículos 2° de la Ley N°18.575 y 3°, 5°, 11, 14, 41 y 51 de la Ley N°19.880. Afirma que tales vías de hecho adolecen de una manifiesta arbitrariedad al ser decisiones irracionales, caprichosas e infundadas de la Administración del Estado. Cita jurisprudencia al respecto.

Aduce que el actuar impugnado conculca su derecho a la integridad psíquica consagrado en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, producto del hostigamiento, maltrato y afectación emocional continua de que ha sido víctima. Asimismo, acusa la vulneración de la garantía del artículo 19 N°4 de la Carta Fundamental, referida al respeto y protección a su honra y dignidad profesional, generada por la exposición pública, la falta de asignación de un puesto de trabajo digno y la consiguiente humillación de prestar funciones en la cafetería del hospital.

Alega la conculcación de la libertad de trabajo y su protección, asegurada en el artículo 19 N°16 del texto constitucional, al privársele del ejercicio de sus funciones directivas de especialidad, eliminarle la asignación de responsabilidad e imponérsele condiciones indignas para el cumplimiento de sus cometidos profesionales. Denuncia, también, la afectación de su derecho de propiedad sobre bienes incorporales, garantizado en el artículo 19 N°24 de la Carta Magna, recaído sobre su empleo público, el ejercicio del cargo de jefatura y la percepción de la asignación de responsabilidad de $683.794, de lo cual se ve privada sin un procedimiento ni un acto jurídico administrativo previo, fundado y notificado.

Termina, solicitando que se acoja la acción constitucional, tomando todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho de la recurrente, dejándolos sin efecto y, declarar respecto de la recurrida: a) La reincorporación definitiva de la recurrente al cargo de Jefa del Servicio de Oncología del Hospital Herminda Martin; b) La continuidad del pago de la asignación de responsabilidad por un monto de $683.794 por el cargo de Jefatura del Servicio de Oncología; c) La asignación de un lugar de trabajo digno y acorde a las funciones de la recurrente como médico clínico hematólogo; d) El cese de la prohibición de acceso a la unidad; y, e) La condena en costas de la recurrida. 2°.- Que, a folio 8, el abogado de la recurrente, don Cristian Davis Castro, presentó un escrito denunciando hechos sobrevinientes consistentes en la desactivación de su casilla de correo electrónico institucional, solicitando el oficio urgente para la preservación de evidencia digital, no accediéndose a esta solicitud atendida la naturaleza de la acción deducida. 3°.- Que, a folio 11, la abogada doña Sandra González Ibarra, en representación del Hospital Clínico Herminda Martín, evacuó el informe de rigor solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas.

La recurrida controvirtió la totalidad de los hechos relatados por la actora y expuso como cuestión previa que los sucesos en cuestión son objeto de un sumario administrativo anterior y en tramitación, instruido en el marco de la Ley N°21.643 por Resolución Exenta NUM001 de 23 de julio de 2026 en razón de 17 denuncias de acoso laboral presentadas por funcionarios y funcionarias de la Unidad de Oncología contra la recurrente, quien, en ese entonces, se desempeñaba como Jefa Médica transitoria de dicha unidad.

Precisa que para garantizar la imparcialidad de la investigación se designó como fiscal instructor a un profesional externo al establecimiento, estando la investigación bajo el secreto estatuido en el artículo 137 del Estatuto Administrativo y la Ley N°21.643. Añade que se dispuso la adopción de medidas de resguardo de la privacidad y la honra de todos los involucrados, con prescindencia del resultado de la investigación.

Afirma que la existencia de un sumario administrativo en curso, constituye un antecedente particularmente relevante para rechazar la acción de autos, toda vez que los hechos, actuaciones y responsabilidades invocados en el recurso son precisamente materia de investigación administrativa, resultando jurídicamente improcedente, que mediante un proceso cautelar y sin forma de juicio, se intervenga en un procedimiento administrativo aún no terminado, que contempla posibilidades de defensa e impugnación propias. Cita jurisprudencia al efecto.

Por otra parte, alega la falta de oportunidad de esta acción constitucional, por cuanto la recurrente realizó una denuncia con fecha 31 de julio de 2026, la cual se acumuló al sumario en curso, conforme a Resolución Exenta NUM002 de fecha 7 de agosto de 2026, por presuntas conductas constitutivas de violencia y/o acoso laboral en el trabajo. De esta manera, acusa que la recurrente, sin aguardar la tramitación del sumario, pretende que sea esta Corte, por la vía cautelar de urgencia, la que se pronuncie anticipadamente sobre un conflicto que se encuentra siendo investigado.

En cuanto al fondo, la recurrida argumenta la inexistencia de un acto ilegal o arbitrario, por cuanto la actora detentaba la jefatura en calidad puramente transitoria en virtud del artículo 7° de la Ley N°20.707 y sin titularidad ni concurso público previo. Agrega que la recurrente fue contratada el 1 de junio de 2025 como médico clínico hematóloga, con 44 horas semanales en el Consultorio Ambulatorio de Especialidades, el cual se mantiene vigente y sin alteración alguna.

Señala que la afirmación de la recurrente, en cuanto a que el profesional que la antecedió en la jefatura no se encontraría habilitado para ejercerla, carece de exactitud, toda vez que en Chile el título de médico cirujano, unido a la habilitación legal correspondiente, basta para ejercer, incluso en la respectiva área de especialidad.

Fundamenta que la asignación de responsabilidad que percibía la recurrente no constituye un derecho adquirido ni consolidado, sino una prestación económica conexa al desempeño efectivo de la función de mando, debiendo cesar al extinguirse dicha encomendación.

Sostuvo la parte recurrida que el cese de las funciones directivas transitorias y la separación de espacios físicos obedecen a medidas preventivas y de resguardo exigidas por la Ley N°21.643 y el deber de protección que impone el artículo 184 del Código del Trabajo, dictadas en ejercicio de la potestad de organización interna prevista en el DFL N°1 de 2005 del Ministerio de Salud.

Aclara que se decretaron dos tipos de medidas, por una parte aquellas de resguardo que se adoptan al interior de un sumario y durante su tramitación, por parte del fiscal instructor conforme a los artículos 90 A y 90 B del Estatuto Administrativo, y por otra, aquellas que derivan del cumplimiento del deber de protección que pesa sobre el empleador y que en el caso particular, se materializó en la decisión de que la recurrente cesara en el ejercicio de la jefatura transitoria y la separación de espacios físicos, conforme a la Ley N°21.643, con el fin de resguardar a los denunciantes y a la propia recurrente. En consecuencia, la decisión se enmarca entonces, en las competencias propias de la directora del hospital, conforme al artículo 36 letras c) y f) del DFL N°1 de 2005 del Ministerio de Salud y al artículo 23 del Decreto N°38 de 2005 del mismo origen.

Respecto a los hechos ocurridos el 24 de julio de 2026, expresa que existen versiones contrapuestas sobre lo acontecido, ya que la recurrente afirma que se le habría negado el acceso a la Unidad de Oncología, sobre lo cual se afirma categóricamente que tal prohibición no fue decretada por autoridad alguna del establecimiento. Por otra parte, otros intervinientes sostienen que la recurrente se habría dirigido de manera inapropiada a los funcionarios de la Unidad y que fue por ese motivo que se le solicitó que se retirara del lugar. Por lo expuesto, los hechos están siendo investigados.

El hospital desmiente categóricamente haber dispuesto, instruido o sugerido que la actora desempeñara sus labores en la cafetería del establecimiento, habiéndosele indicado expresamente continuar sus cometidos como médica hematóloga en el Centro Ambulatorio de Especialidades (CAE). De esta manera, si la recurrente decidió permanecer en la cafetería durante su jornada laboral, ello no obedeció a instrucción alguna del establecimiento, sino a una decisión personal y libre de su parte.

Explica la recurrida que en la red hospitalaria los médicos no cuentan con oficinas individuales privadas sino con boxes y dependencias comunes de trabajo, a las que los profesionales acceden para el ejercicio de sus funciones, y de los cuales la recurrente dispone en el Centro Ambulatorio de Especialidades.

Manifiesta la falta de un derecho indubitado por parte de la actora, al no ostentar titularidad sobre la jefatura transitoria, la asignación económica ni un espacio físico exclusivo. Cita jurisprudencia sobre la materia.

Alega que no existe ilegalidad alguna, por cuanto la Ley N°21.643, los artículos 90 A, 90 B y 137 del Estatuto Administrativo, la Ley 20.707 y el Código del Trabajo en materia de protección del trabajador, permiten adoptar medidas de resguardo y protección. Añade que la Ley 19.880 se aplicaría sólo supletoriamente en esta materia.

En cuanto a la arbitrariedad, argumenta que la decisión adoptada tiene una causa real, documentada y verificable, esto es, diecisiete denuncias por acoso laboral formuladas por funcionarios de la Unidad, que dieron lugar a la instrucción de un sumario administrativo mediante Resolución Exenta NUM001, de 23 de julio de 2026, a cargo de un fiscal externo al establecimiento.

En relación con el “derecho al prestigio profesional”, señala que el artículo acompañado critica la sentencia que falla sobre el tema arguyendo que la construcción de un derecho de propiedad sobre el prestigio profesional conduce a la paralización y esclerosis de la actividad administrativa, en términos tales que un profesional prestigioso resultaría inamovible de su cargo actual, salvo expropiación. Agrega que la analogía es impropia, ya que en el caso comentado el profesional fue trasladado a funciones ajenas a su especialidad y de menor jerarquía. En el caso particular, en cambio, la recurrente continúa desempeñando exactamente su especialidad, la hematología, con la misma calidad jurídica, la misma jornada de 44 horas semanales y la misma remuneración.

Desestima la afectación de las garantías constitucionales invocadas, respecto al derecho a la integridad psíquica, consagrado en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República sostiene que la molestia frente a una decisión de la autoridad no basta por sí solo para configurar una transgresión a dicho derecho y que además debe considerarse la situación de los 17 funcionarios que denunciaron.

En cuanto al derecho a la honra establecido en el numeral 4 del artículo 19 de la Carta Fundamental, expresa que la exposición pública que la recurrente denuncia no proviene en caso alguno de su representado. Por el contrario, el Hospital ha mantenido estricta reserva sobre el procedimiento y solo con fecha 11 de agosto de 2026 y a raíz de la difusión de imágenes y versiones parcializadas en redes sociales, emitió un comunicado, en el que no individualiza a la recurrente y a ninguno de los/as otros/as involucrados/as.

En relación con la libertad de trabajo garantizada en el artículo 19 N°16 del texto constitucional, manifiesta que la recurrente no ha sido desvinculada, ni suspendida, ni sancionada en forma alguna, manteniendo íntegramente su calidad jurídica de contrata, su jornada de 44 horas semanales, su remuneración y el ejercicio de su especialidad como médico hematóloga en el Centro Ambulatorio de Especialidades del Hospital.

Finalmente, respecto al derecho de propiedad contemplado en el artículo 19 N°24 de la Constitución, señala que la recurrente no detenta derecho de propiedad alguno sobre el cargo de jefatura de la Unidad de Oncología, que ejercía en calidad transitoria y sin haber accedido a él por la vía concursal, ni sobre la asignación de responsabilidad, que se encontraba supeditada al ejercicio efectivo de dichas funciones, lo que ya no se verifica. Añade que la reiteración mensual de un pago no muda la naturaleza jurídica de la asignación ni la transforma en un derecho consolidado e irrevocable. Cita jurisprudencia sobre este punto.

Termina, solicitando se tenga por evacuado el informe requerido y se rechace la acción constitucional de protección en todas sus partes, con expresa condena en costas. 4°.- Que, a folio 23, el abogado don Cristian Davis Castro, en representación de la recurrente formula observaciones al informe evacuado por la parte recurrida, señalando al respecto que este no se hace cargo de los hostigamientos y maltratos verbales y reiterados de que fuera objeto la Sra. nombre reservado desde que asumió la jefatura. Tampoco, se refiere al correo enviado con fecha 27 de julio de 2026 a la Subdirectora Médica, doña nombre reservado dando cuenta de una serie de irregularidades administrativas detectadas en el ejercicio de sus funciones de supervisión en la Unidad de Oncología.

Asimismo, transcribe una carta de respaldo al desempeño de la recurrente en la jefatura de la Unidad de Oncología, suscrita por ocho médicos de dicha dependencia.

Alega que no se ha notificado a la recurrente la Resolución NUM002 de 7 de agosto de 2026 que dispuso la acumulación de su denuncia al procedimiento administrativo en curso.

Finalmente, argumenta respecto a la idoneidad del recurso de protección, no obstante existir un procedimiento sumario en tramitación. Citando jurisprudencia en apoyo de su postura. Agrega, que la Resolución NUM003 es además un acto terminal, con efectos individuales concretos y gravosos, que le puso término definitivo a la jefatura y a la asignación de responsabilidad respecto de la recurrente, causándole un perjuicio directo y permanente.

Solicita tener por formuladas las observaciones precedentes al informe de la recurrida, y tenerlas presente al momento de resolver el presente recurso de protección. 5°.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo. 6º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías –preexistentes– protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 7º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 8°.- Que, para la adecuada resolución del presente arbitrio, resulta necesario tener presente que la recurrente alega, en síntesis, el cese de sus funciones como Jefa de la Unidad de Oncología del Hospital Clínico Herminda Martin, la pérdida de la asignación de responsabilidad por un monto de $683.794 asociada al cargo, vías de hecho consistente en la prohibición de acceder a la mencionada unidad para hacer retiro de sus pertenencias y el no contar con un lugar para desempeñar sus funciones, debiendo hacerlo en la cafetería del hospital.

Por su parte, el recurrido argumenta, en primer término, la falta de idoneidad de la presente acción debido a la existencia de un procedimiento sumario en curso. En segundo lugar, afirma que la designación de la recurrente en el cargo de jefa de la Unidad de Oncología del hospital era transitoria, por un período de tiempo determinado, sin titularidad ni concurso público previo. Por otra parte, niega que alguna autoridad del establecimiento recurrido haya prohibido el acceso de la recurrente a la Unidad de Oncología, impidiéndole retirar sus pertenencias como, asimismo, expone que no se ha instruido a la Sra. nombre reservado desempeñar sus funciones en la cafetería del hospital, sino que se dispuso que debía volver al Centro de Atención de Especialidades, donde originalmente prestaba servicios. 9°.- Que, respecto al término de sus funciones como Jefa de la Unidad de Oncología y al cese de la asignación de responsabilidad asociada, de la revisión de los antecedentes acompañados en autos, especialmente de la Resolución Exenta NUM000, de 7 de abril de 2026, que designó a la recurrente en dicho cargo y dispuso el pago de la asignación, consta que el nombramiento de la Sra. nombre reservado en la referida jefatura tuvo un carácter esencialmente transitorio, entre el 1° de abril y el 31 de julio de 2026, otorgada bajo el marco del artículo 7° de la Ley N°20.707, esto es, mientras se proveyera el cargo mediante concurso interno o por decisión de la autoridad. 10°.- Que, se ha acreditado por la recurrida, que el término anticipado de la designación obedece a la presentación de 17 denuncias de funcionarios y funcionarias que se desempeñan en la Unidad de Oncología por acoso laboral en contra de la recurrente, dispuesta como una medida para resguardar a quienes denunciaron y a la propia recurrente que ordenó la Directora del Hospital Clínico Herminda Martín dentro del marco de las atribuciones que expresamente le confieren el artículo 36 letras c) y f) del DFL N°1 de 2005 del Ministerio de Salud y el artículo 23 del Decreto N°38 de 2005 del mismo origen, normativas que radican en la autoridad hospitalaria la potestad de organización interna, asignación de tareas y administración del personal a su cargo. A ello se suma el deber legal expreso e inexcusable impuesto por el artículo 184 del Código del Trabajo y la Ley N°21.643, en orden a adoptar de manera inmediata las medidas de resguardo necesarias para tutelar eficazmente la salud física y psíquica de la totalidad de los trabajadores frente a denuncias por acoso laboral.

De esta manera, se descarta cualquier ilegalidad o arbitrariedad en el proceder del recurrido. 11°.- Que, la sola encomendación transitoria de funciones directivas no confiere a la profesional titularidad sobre el cargo ni genera un derecho adquirido a la inamovilidad en el ejercicio de dicha jefatura. En idéntico sentido, la asignación de responsabilidad estatuida en el artículo 3° de la Ley N°19.198 en relación con el artículo 34 letra c) de la Ley N°19.664 no constituye un haber propio incorporado de manera irrevocable al patrimonio de la funcionaria, sino un estipendio accesorio que sigue a la función directiva efectivamente desempeñada y se mantiene únicamente mientras se verifique la realización real de las tareas de supervisión y mando que le sirven de causa. Por consiguiente, al cesar la encomendación funcional por decisión fundada de la autoridad, la asignación debe extinguirse correlativamente, careciendo la actora de un derecho indubitado amparable mediante esta vía cautelar.

Que, por lo demás, conforme a las liquidaciones de sueldo acompañadas por la actora, la Sra. nombre reservado recibió la asignación por todo el período para el cual fue designada, esto es, durante los meses de abril, mayo, junio y julio de 2026, lo que da cuenta de la inexistencia de una vulneración al derecho de propiedad invocado. 12°.- Que, en cuanto a las condiciones de trabajo denunciadas por la actora, consta en el proceso que doña nombre reservado mantiene su contrato a contrata por 44 horas semanales, conservando su categoría profesional, su especialidad de médica hematóloga y la totalidad de su remuneración base. Respecto a las afirmaciones de haber sido destinada a la cafetería del establecimiento, la recurrida desmintió expresamente haber dispuesto, sugerido o instruido tal cometido, constando en la Resolución Exenta NUM003 de 24 de julio de 2026, que la autoridad le indicó continuar sus labores en el Centro Ambulatorio de Especialidades (CAE), área institucional que cuenta con boxes de atención y dependencias comunes conforme al estándar de funcionamiento del establecimiento público.

En consecuencia, la permanencia de la actora en la cafetería obedece más bien a una decisión propia y personal que no resulta imputable a un acto u omisión de la entidad recurrida. 13°.- Que, de este modo, no se vislumbra la conculcación de ninguna de las garantías constitucionales invocadas en el presente recurso. Así, respecto a integridad psíquica consagrada en el artículo 19 N°1 de la Constitución, el malestar o disconformidad que origina el ejercicio legítimo de una potestad organizativa de la autoridad y la adopción de medidas de resguardo preventivas no configura una lesión ilegítima a la salud psíquica de la actora.

En cuanto al derecho a la honra garantizado en el numeral 4 del artículo 19 de la Carta Fundamental, el hospital ha mantenido reserva respecto de los antecedentes del sumario conforme al artículo 137 del Estatuto Administrativo y la Ley N°21.643, limitándose a emitir una nota informativa general y abstracta frente a la difusión pública del caso para dar tranquilidad a los usuarios.

En relación con la libertad de trabajo contemplada en el artículo 19 N°16 del texto constitucional, la profesional no ha sido desvinculada, suspendida ni sancionada, continuando en el ejercicio de su especialidad de hematología en la red hospitalaria, cargo para el cual fue contratada, terminando su desempeño en la jefatura por ser esencialmente transitoria su designación.

Finalmente, en lo relativo al derecho de propiedad garantizado en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, no existe derecho de dominio sobre el ejercicio transitorio de un cargo de jefatura ni sobre una asignación de responsabilidad sujeta a la prestación efectiva de dicha función. 14°.- Que refuerza la conclusión anterior la circunstancia de encontrarse actualmente en tramitación el sumario administrativo incoado mediante la Resolución Exenta NUM001 de fecha 23 de julio de 2026, al cual se acumuló la denuncia interpuesta por la propia recurrente el 31 de julio de 2026, mediante la Resolución Exenta NUM002, de 7 de agosto de 2026. En este contexto, pretender que esta Corte intervenga o califique anticipadamente los hechos sometidos al procedimiento disciplinario en curso resultaría jurídicamente improcedente, toda vez que es en dicha sede sumarial donde las partes deben ejercitar sus derechos, presentar sus descargos y rendir pruebas conforme a las garantías del debido proceso administrativo y ante las instancias de impugnación ordinarias que el ordenamiento contempla. 15°.- Que, consecuentemente, no habiéndose acreditado la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que afecte un derecho constitucional indubitado de la recurrente, la presente acción de protección debe ser necesariamente rechazada.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado don Cristian Davis Castro, en representación de doña nombre reservado, en contra del Hospital Clínico Herminda Martin.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la abogada integrante Vanessa Elizondo Cerda.

Rol N°709-2026 – Protección.