Protección contra dicho establecimiento educacional y de su Rector

Chillán, treinta de octubre de dos mil veinticinco.

VISTOS: 1°.- Comparece doña nombre reservado, en calidad de apoderada de su hijo nombre reservado, estudiante de Segundo Medio A del Colegio nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección, conforme al artículo 20 de la Constitución Política de la República, en contra de dicho establecimiento educacional y de su Rector, señor nombre reservado por estimar vulnerados derechos y garantías fundamentales de su representado. Solicita se adopten medidas urgentes para restablecer el imperio del derecho, en especial la reincorporación inmediata al establecimiento educacional.

La recurrente expone que el 13 de agosto de 2025 se notificó a su hijo de un procedimiento sancionatorio que podría derivar en su expulsión, fundado en un hecho calificado como falta, consistente en haber proferido un apodo a otro alumno. Indica que, dentro del plazo legal, presentó descargos y recurso de apelación fundados en la Ley N° 19.880, Ley N° 20.370, Ley N° 20.500 y Ley N° 21.515, sin embargo, el 21 de agosto de 2025, el colegio dictó resolución de expulsión sin motivación suficiente ni pronunciamiento sobre la apelación presentada.

Refiere que, pese a múltiples solicitudes de audiencia con el Rector, éstas fueron denegadas por el Inspector General. Señala que el profesor jefe del curso expuso públicamente a su hijo frente a sus compañeros, prohibió manifestaciones de apoyo por parte de otros estudiantes y ordenó medidas restrictivas, generando un ambiente de estigmatización. Además, funcionarios del colegio habrían indicado a la familia cómo gestionar matrícula en otro establecimiento, configurándose una “expulsión encubierta”.

Sostiene que desde el 14 de agosto de 2025 su hijo se encuentra alejado de sus clases, afectando gravemente su estabilidad emocional, con síntomas de ansiedad y baja autoestima. Aduce que el colegio emitió resoluciones el 21 y 25 de agosto, sin resolver de fondo la apelación ni considerar la versión del afectado ni las denuncias de conductas de terceros involucrados.

En vista de lo expresado estima vulnerados los derechos y garantías establecidos en los artículos 19 N° 1, N° 3, N° 4, N° 9 y N° 12 de la Constitución Política de la República, así como el principio del interés superior del niño consagrado en la Ley N° 21.515, señalando en particular: a) Que se ha impedido al menor ejercer su derecho a la educación sin resolución definitiva; b) Que ha sufrido afectaciones psicológicas relevantes; c) Que no ha existido debido proceso, por falta de motivación y de investigación adecuada; d) Que se restringió la libertad de expresión de sus compañeros; e) Que se vulneró su derecho a la intimidad al exponerlo públicamente; f) Que el colegio no aplicó medidas restaurativas ni protocolos establecidos en su propio reglamento interno.

La recurrente solicita expresamente se ordene la inmediata reincorporación de su hijo al colegio, la suspensión de la medida de expulsión mientras se resuelve el fondo de la controversia, y la prohibición de actos de censura, estigmatización o expulsión encubierta por parte de la institución recurrida. Funda su acción en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en la Ley N° 21.515, en la Ley N° 19.880, en la Ley N° 20.500, y en diversas disposiciones del Reglamento Interno de Convivencia Escolar del Colegio nombre reservado, destacando que dicho instrumento contempla protocolos de contención socioemocional, medidas formativas previas y respeto al interés superior del niño.

Acompaña como antecedentes: copia de notificación de proceso sancionatorio, recurso de apelación, resoluciones de expulsión, carta de disculpas del alumno, grabaciones de audio y video, carta de respuesta del colegio, testimonio sobre estado emocional del menor y copia del Reglamento Interno 2025 del establecimiento. 2°.- Que, el informe evacuado por la recurrida Colegio nombre reservado, representada por su abogado don Eduardo Peñafiel Peña, expone, en primer término, que no se configuran en la especie los requisitos copulativos que exige la procedencia del recurso de protección, esto es, la existencia de una conducta ilegal o arbitraria, la afectación efectiva de una garantía constitucional, la relación causal entre ambas y la posibilidad de adoptar medidas idóneas para su protección. Desarrolla conceptualmente —con cita de jurisprudencia de la Corte Suprema— los alcances de las nociones de ilegalidad, arbitrariedad, perturbación, privación y amenaza, concluyendo que un acto debidamente fundado, conforme a derecho y proporcional, no puede reputarse arbitrario.

Luego el informe hace especial referencia a la autonomía de los establecimientos educacionales, en virtud de la libertad de enseñanza garantizada por la Constitución, destacando que la normativa nacional —en particular la Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar y la Ley General de Educación— faculta a los establecimientos para definir y aplicar sus reglamentos internos, medidas disciplinarias y protocolos de actuación, siempre que se respeten las garantías mínimas del debido proceso. Se enumeran las principales de éstas: tipificación de conductas, investigación previa, formulación de cargos, emplazamiento, bilateralidad de audiencia, imparcialidad en la decisión y derecho a apelación. Se invoca jurisprudencia de la Corte Suprema que ha validado dicha potestad sancionatoria en tanto sea ejercida conforme al reglamento y a las normas legales.

En cuanto a los antecedentes personales del estudiante nombre reservado, se indica que cursa Segundo Medio A, ingresó al establecimiento el año 2017, mantuvo durante el primer semestre de 2025 un rendimiento académico calificado como regular, con promedio 5,2 y asistencia de 85,4%, y sus apoderados han aceptado reiteradamente el Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. Añade que la apoderada no concurrió a las reuniones de difusión de reglamentos y protocolos, circunstancia que a juicio del colegio reviste relevancia para efectos de la imputación de eventuales vulneraciones a las normas internas.

A continuación, la recurrida detalla una cronología de hechos disciplinarios y medidas adoptadas, destacando que desde comienzos del año escolar 2025 el estudiante presentó conductas disruptivas tales como incumplimiento del uniforme, vocabulario inapropiado, perturbación de clases y agresión psicológica. Ante ello se aplicaron sucesivas medidas: carta de compromiso de 25 de abril pasado, derivación a atención psicológica con fecha 08 de mayo, se aplicó la condicionalidad de matrícula el 14 de mayo, intervención directa del Rector y del Consejo de Disciplina. Señala que, lejos de cesar, las conductas aumentaron en gravedad, incluyendo amenazas a pares y agresión física a un estudiante de primero medio, además de un episodio de bullyng contra un alumno diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista y otras condiciones de vulnerabilidad. Se detalla que el procedimiento sancionatorio se inició formalmente el 7 de agosto, concluyendo el 13 del mismo mes con la resolución de expulsión, la que fue notificada con indicación del derecho a apelar. Posteriormente, se recibieron nuevas presentaciones de la familia, que fueron conocidas por el Consejo de Profesores los días 18 y 22 de agosto, manteniéndose la decisión inicial.

Argumenta que, en relación con la legalidad y razonabilidad del acto impugnado, ésta existe puesto que la sanción se aplicó conforme al Reglamento Interno y a las normas legales, respetando las garantías de defensa y bilateralidad, y fundándose en hechos graves y acreditados que comprometían la sana convivencia escolar y la integridad de otros estudiantes. Se enfatiza que se otorgaron múltiples oportunidades de corrección conductual y acompañamiento antes de aplicar una medida extrema, la cual se adoptó en resguardo de la comunidad educativa. Asimismo, afirma que no se ha infringido ninguna de las leyes invocadas por la recurrente —entre ellas la Ley N° 21.430, Ley N° 21.536, Ley N° 20.529 y Ley N° 20.370— y que el acto impugnado se enmarca en un proceso reglado y objetivo.

Finalmente, la recurrida solicita expresamente el rechazo del recurso de protección, con costas, por estimar que no concurren los presupuestos legales y constitucionales para acogerlo, que el acto cuestionado es legal, fundado y proporcional, y que se enmarca en la potestad disciplinaria legítimamente reconocida a los establecimientos educacionales.

Se acompañan documentos.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando un acto u omisión arbitrario o ilegal priva, perturba o amenaza el legítimo ejercicio de derechos y garantías constitucionales. En la especie, se denuncia que la expulsión anticipada y sin resolución fundada del alumno afectado vulnera su derecho a la educación y a la integridad psíquica.

Segundo: Que, conforme al mérito de autos, la medida cuestionada corresponde a la expulsión del alumno hijo de la recurrente, dispuesta por resolución de fecha 13 de agosto de 2025, luego de un procedimiento disciplinario formalmente instruido, fundado en conductas calificadas como graves por parte del establecimiento educacional, consistentes en reiterados episodios de indisciplina y agresiones físicas y psicológicas hacia otros estudiantes, particularmente uno en situación de vulnerabilidad.

Tercero: Que, en la resolución del asunto sometido al conocimiento de esta Corte se debe tener en especial consideración la protección que el ordenamiento jurídico otorga a los niños, niñas y adolescentes, consagrando su interés superior como principio rector en toda decisión que los afecte máxime en casos en que eventualmente se produzca una situación que vulnere gravemente derechos fundamentales, en particular en contextos educativos.

Cuarto: Que, de los antecedentes incorporados consta que respecto del alumno nombre reservado, la recurrida aplicó previamente medidas formativas y correctivas en orden progresivo frente a las conductas disruptivas presentadas por dicho adolescente, entre ellas amonestaciones, cartas de compromiso, intervenciones psicológicas, condicionalidad de matrícula y apertura de procedimiento reglado, antes de adoptar la medida más gravosa como lo es la de expulsión. Asimismo, se evidencia que dentro del procedimiento adoptado por el Colegio, se otorgaron oportunidades de apelación y revisión colegiada ante el Consejo de Profesores, manteniéndose la decisión inicial.

Quinto: Que, el Reglamento Interno de Convivencia Escolar del establecimiento —documento conocido y aceptado por la comunidad educativa— contempla expresamente la sanción de expulsión para casos de faltas graves o reiteradas que afecten la integridad física o psicológica de miembros de la comunidad escolar, o que lesionen de otro modo la sana convivencia dentro del establecimiento educacionale, y en el ejercicio de su autonomía pueden incorporar actuaciones de similar naturaleza que impliquen una grave infracción a la normativa que rige la comunidad estudiantil. En este sentido, es importante considerar que todas las medidas disciplinarias deben atender al principio de proporcionalidad, que debe ser reflejado en todas las conductas que afecten gravemente la convivencia escolar, las que deberán ser adoptadas previa tramitación de un procedimiento disciplinario que asegure la bilateralidad de la audiencia, el derecho a defensa y el principio de proporcionalidad.

Sexto: Que, la jurisprudencia constante de la Corte Suprema de Chile ha reconocido que los establecimientos educacionales gozan de autonomía para aplicar sus reglamentos internos y adoptar medidas disciplinarias, siempre que ello se realice dentro de las facultades legales conferidas, con proporcionalidad y mediante un procedimiento reglado que asegure los derechos de los estudiantes a plantear su defensa.

Séptimo: Que, en la especie no se advierte ilegalidad, toda vez que la medida de expulsión se adoptó en conformidad a normas legales vigentes — incluyendo la Ley N° 20.370 y la Ley N° 20.536— así como lo establecido en el reglamento interno de la institución en su apartado 7. 1 del artículo 59 relativo al 1 “Proceso regular de expulsión o cancelación de matrícula” aplicable para el caso de reiteración de faltas, el que deberá ajustarse al siguiente procedimiento: a) El Rector deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima o la acumulación de éstas establecida como tal en este reglamento interno, avisando formalmente a los estamentos alumno y apoderado (Documento de Notificación de Proceso sancionatorio el que incluye los plazos) b) En dicho procedimiento se deberán respetar los principios del debido proceso, tales como: la presunción de inocencia, bilateralidad como derecho a presentar pruebas, entre otros. c) Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días hábiles desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. d) Rectoría informará por escrito la resolución definitiva, dentro de los plazos establecidos. Si el Rector rechaza la reconsideración de la medida, informa a la superintendencia de educación y a la SEREMI de educación para su conocimiento, dentro de un plazo de 5 días hábiles posteriores a la resolución.

Procedimiento que acorde a la documentación acompañada por ambas partes aparece respetado y oportunamente documentado.

Tampoco se aprecia arbitrariedad, por cuanto la decisión aparece debidamente motivada, fundada en hechos objetivos y acreditados, no siendo producto de la mera voluntad o capricho de la autoridad escolar, y habiéndose aplicado progresivamente medidas previas antes de recurrir a la sanción más gravosa con participación de la apoderada.

Octavo: Que, en consecuencia, no concurren los presupuestos copulativos que permiten acoger la presente acción constitucional, esto es: un acto ilegal o arbitrario, una afectación actual de derechos fundamentales y la necesidad de adoptar medidas para restablecer el imperio del derecho.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República; el Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección; DFL N° 2 de 1998; Ley N° 20.370; Ley N° 20.536 se resuelve:

Que, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de Colegio nombre reservado y su Rector, por no haberse acreditado la existencia de un acto ilegal o arbitrario que vulnere garantías constitucionales.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra suplente Carolina Vásquez Epuñan.

No Firma el señor nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse ausente y haber cesado en el cargo de Fiscal Judicial Subrogante.

Rol 707-2025 Protección. VISTOS: