nombre reservado con COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ALTO CHANGARAL

Chillán, diez de noviembre de dos mil veinticinco.

Visto:

1°.- Que, comparece nombre reservado, interponiendo acción de protección en contra del Comité De Agua Potable Rural Alto Changaral, Rut RUT reservadode la comuna de San Nicolás, representada por su presidente del directorio, don nombre reservado.

Refiere que fue presidente y actual socio del Comité de Agua Potable Rural Alto de Changaral y hace presente que el artículo 2 letra b) de la Ley 20.998, que regula los servicios sanitarios rurales, distingue, en su parte preliminar las operaciones realizadas por un comité o una cooperativa, para luego añadir que, el Decreto Municipal letra b), aprobado por el H. Consejo Municipal en sesión ordinaria N° 42, de 17 de enero de 2018, entregó al recurrido las instalaciones y sistema de agua potable rural Altos de Changaral, destacando que en él se agregó, en una cláusula, la obligatoriedad de conectar a las futuras familias que lo soliciten. Añade que el aludido comité es una organización sin fines de lucro.

Añade que a la recurrida le corresponde la prestación de servicios de agua potable para uso doméstico de carácter primario y, en ese entendido, asume costos asociados, siendo uno de ellos el mantener las instalaciones, por lo que le corresponde realizar cobros mensuales para cumplir con el objetivo señalado.

Expresa que si tales cobros no son pagados, se presiona a los miembros mediante la coerción y amenazas de corte de suministro, tomando relevancia en este contexto lo dispuesto en el artículo 11 de la mencionada ley 20.998, conforme al cual el operador cobrará en una cuenta única y recaudará de los usuarios el valor de las prestaciones correspondientes a los servicios de producción, distribución, recolección, tratamiento y disposición, siendo un derecho del operador el suspender, previo aviso de treinta días, los servicios a usuarios que adeuden el pago de una o más boletas o facturas y cobrar el costo de la suspensión y de la reposición correspondiente, ello de conformidad al artículo 47 letra d).

Plantea que la directiva, avalada en la creencia de su independencia, ha cometido actos “arbitrarios e ilegales” hacia su persona, que inclusive podrían constituir el delito de violación de morada; que tales hechos fueron denunciados al Ministerio Público, originándose la causa 2500507210-k, pues, en dos ocasiones se ingresó y se actuó violando la privacidad de su hogar, ya que en una primera ocasión se ingresó a sacar parte del arranque que conecta el suministro de agua hacia su domicilio, concretamente, el 22 de marzo del presente año, desenterrando la cañería. En una segunda oportunidad, acaecida el 30 de julio del presente año, se apersonó el señor nombre reservado, por mandato de nombre reservado, acompañado de funcionarios de la Policía de Investigaciones, quienes ingresaron para notificarle y tomarle declaración sobre un supuesto hurto de agua, procediendo luego a cortar el suministro. Añade que conforme a información proporcionada por el Servicio de Impuestos Internos, el recurrido no registra inicio de actividades.

Estima conculcadas las garantías previstas en los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, ya que la acción ilegal y arbitraria de cortar de manera coercitiva el suministro de agua, e ingresar sin aviso previo formal, usando amenazas y hostigando reiteradamente por parte de los recurridos, conlleva una afectación evidente, actual y permanente a la garantía referida. Añade que se conculca su derecho de propiedad porque tiene derecho a tener el servicio de agua potable activo en la medida que se cumplan los requisitos que exige la ley.

Solicita se tenga por presentado en tiempo y forma recurso de protección en contra del Comité De Agua Potable Rural Alto Changaral, admitirlo a tramitación y acogerlo, declarando:

a) Que se restablezca el imperio del derecho, en términos tales de que se ordene a los recurridos, a que cese en la actualidad y a futuro toda acción coercitiva de llevar a cabo el corte del suministro de agua potable rural, mientras el mencionado comité de estricto cumplimiento a los requisitos descritos en ley 20.285, concretamente, la emisión de un documento que lo acredite tal como “Boleta o factura” previo aviso de 30 días de anticipación si procede.

b) Que los recurridos se abstengan en la actualidad y en el futuro de ingresar a su propiedad, sin la debida autorización, para llevar a cabo las acciones de corte del suministro de agua potable con expresa condenación en costas en atención a la gravedad de los actos ilegales y arbitrarios expuestos.

2°.- Que, el actor, con fecha uno de septiembre del año en curso complementa su presentación señalando que el 31 de agosto del presente año, el señor de apellido nombre reservado, por mandato y orden del Presidente del Comité De Agua Potable Rural Alto Changaral, aprovechando la ausencia de todo su núcleo familiar, fue sorprendido por él al interior de su parcela, a bordo de un vehículo estacionado al interior del predio con claras intenciones de llevar a cabo el corte del suministro de agua potable, haciendo presente que el candado del portón de ingreso había quedado completamente cerrado cuando decidieron viajar a la comuna de Chillán y a la llegada fue encontrado abierto.

3°.- Que, informa nombre reservado, vigilante privado, en representación del Comité De Agua Potable Rural Alto Changaral.

Refiere que el Comité de Agua Rural Alto Changaral nace el 23 de agosto del año 2010, bajo la inscripción N° 219876, con sus respectivos estatutos y directiva, la que se ha ido renovando y actualizando, siendo la última elección de directiva efectuada el pasado 10 de agosto de 2025, con una duración de 3 años.

Plantea que el hoy recurrente no es socio del Comité de Agua Potable y nunca lo ha sido, pues se niega a pagar la respectiva cuota de incorporación como socio, establecida en los Estatutos, así como el pago de la cuota mensual que corresponde a cada socio para el mantenimiento y funcionamiento del Comité, haciendo presente que el actor ha realizado una serie de acusaciones falsas en contra del Comité, tratando de obtener, bajo presión, que se le entregue agua en forma gratuita, sin pagar cuota de incorporación, ni cuota mensual, señalando como ejemplo la acción constitucional Rol 233-2025.

Añade que en el año 2023 el actor realizó una conexión irregular a la red del agua potable del Comité, sin la autorización de la directiva y con un gasfíter de su confianza, negándose, posteriormente, a pagar los daños y la cuota mensual por el consumo de agua, lo que está consignado en constancia estampada en Carabineros del Retén de San Nicolás. Hace presente que el Comité de Agua Potable Rural Alto Changaral, para su funcionamiento cobra a cada socio la cantidad de $7.000.- (siete mil pesos), mensuales por 15 metros cúbicos de agua para cada familia; que conforme a los Estatutos y por acuerdo de la Asamblea, la cuota de incorporación es de $300.000, sumas que utilizan para el funcionamiento del Comité.

Agrega que no son efectivos los actos arbitrarios e ilegales que el actor le atribuye, precisando que los hechos descritos en el libelo del actor ocurrieron en un camino de servidumbre que no sólo beneficia al predio del recurrente, sino que también a otros tres miembros del Comité, por lo que no ha existido ingreso a la propiedad del recurrente, agregando que, por cada cobro que efectúa el Comité, se emite una boleta electrónica no afecta o exenta electrónica, autorizada por el Servicio de Impuestos Internos. Asimismo, los hechos referidos por el actor en su escrito de complementación del recurso, acontecieron en el camino de servidumbre ya señalado.

Destaca además que el Estatuto Comité Agua Potable Rural, en el Título II señala en su artículo 7° que: La calidad de socio se adquiere: a) Por la suscripción del Acta de Constitución Legal del Comité en calidad de socio fundador. b) Por ingreso al Comité con posterioridad a su constitución legal, previo pago del valor de los materiales y obra de mano que involucre la instalación de su arranque domiciliario, ejecutada conforme al Reglamento. A su vez, el artículo 8° señala que los socios tienen las siguientes obligaciones: c) Pagar oportunamente las cuotas para los consumos de agua potable, en base a los valores fijados para tal efecto. Los socios que se retrasen en el pago de sus consumos o de otros compromisos económicos, por más de sesenta días y sin causa justificada, quedarán suspendidos en el ejercicio de sus derechos sociales otorgados por el Comité, incluyendo el derecho al servicio de agua potable domiciliaria, el que le será suspendido, dejándose constancia en el Libro de Actas del Directorio.

En base a lo expuesto, sostiene, la recurrida no ha actuado fuera de sus atribuciones, pues todas las actuaciones han sido realizadas de acuerdo a sus Estatutos, haciendo presente que en su libelo el recurrente señala como fecha de ocurrencia de los hechos los días 22 de marzo y 30 de julio de 2025, respectivamente, y por lo mismo la presente acción constitucional resulta ser extemporánea.

Termina solicitando se tenga por informado el presente recurso, dentro de plazo, y en su mérito sea rechazado en todas sus partes, por no ser efectivos los antecedentes fácticos esgrimidos por el actor al deducir su acción, ni concurrir los demás presupuestos legales para su procedencia, en especial, por no existir las vulneraciones alegadas por la recurrente, con expresa condenación en costas.

4°.- Que, en cumplimiento de la medida para mejor resolver decretada con fecha seis de octubre último, informa don nombre reservado, Teniente Coronel de Carabineros, Comisario, Prefectura de Carabineros Ñuble N° 17, e indica que el día 9 de octubre de 2025 se constituyó en sector Curica, Km 15, Ruta N-620, camino a Portezuelo, comuna de San Nicolás, se entrevistó con el recurrente, y pudo apreciar que la entrada al domicilio se encuentra un portón cerrado con candado, y al interior de la parcela se encuentra tierra removida, la cual habría sido retirada para cortar la matriz de cañería del agua potable. Acompaña fotografías.

5°.- Que, a su turno, informa el Subprefecto, Jefe Prefectura Ñuble de la Policía de Investigaciones de Chile, y señala que en la Brigada de Investigación Criminal San Carlos, dependiente de dicha Prefectura, existe una Instrucción Particular, en virtud de una investigación penal dirigida por la Fiscalía Local de Chillán, por el delito de usurpación de aguas, causa RUC que singulariza, y en dicho contexto, se tomó contacto con el operador del Comité Alto Changaral, don nombre reservado, quien se ofreció para mostrar, de manera voluntaria, el eventual sitio del suceso, ubicado en la Ruta N-620, kilómetro 15, Pasaje San Mateo, Sector Castillo, coordenadas geográficas que indica, lugar en que el funcionario policial tomó contacto con la pareja del imputado, señora nombre reservado, a quien se informó sobre los hechos objeto de investigación, negándose rotundamente a permitir la inspección ocular y fijación fotográfica del sitio, así como a prestar declaración en calidad de testigo, motivo por el cual se coordinó una entrevista con el imputado nombre reservado, la que se realizó el 1 de agosto de 2025, en las dependencias de la Brigada de Investigación Criminal de San Carlos, remitiéndose los antecedentes al ente persecutor.

Cita y transcribe los artículos 4 y 5 del Decreto Ley N° 2.460, Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, y los artículos 77, 79 y 182 del Código Procesal Penal, y señala que conforme a la normativa señalada, Policía de Investigaciones de Chile ha dado cumplimiento con las obligaciones que le impone la ley, en relación a la instrucción impartida por el Ministerio Público respecto de una causa penal, llevando a cabo diligencias investigativas, limitándose a concurrir al lugar donde eventualmente ocurrieron los hechos, a fin de realizar fijación fotográfica y tomar declaraciones de testigos, cuestión que no se pudo materializar, no obstante se tomó declaración al imputado nombre reservado, remitiéndose los antecedentes al Ministerio Público.

6°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

7°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

8°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

9°.- Que, en síntesis, el presente recurso se funda en los siguientes actos que la recurrente estima como ilegales y arbitrarios, y que imputa a la parte recurrida: a) haber ingresado a su domicilio, el día 22 de marzo de 2025, y proceder a sacar parte del arranque que lo conecta al suministro de agua, desenterrando una cañería; b) que el día 30 de julio último, un enviado de parte del recurrido, acompañado de funcionarios de la Policía de Investigaciones, habría ingresado a su propiedad, sin su autorización, a fin de notificarlo, tomarle declaración y proceder a cortar el suministro; c)que el 31 de agosto de 2025, el señor nombre reservado, mandatado por el presidente del Comité recurrido, habría sido sorprendido al interior de su parcela, a bordo de un vehículo estacionado al interior del predio, con intenciones de llevar a cabo el corte de suministro de agua potable.

10°.- Que, si bien se han acompañado, por parte de la recurrente, antecedentes documentales, ellos resultan inaptos e insuficientes para acreditar la existencia de los presuntos actos ilegales o arbitrarios denunciados respecto del Comité recurrido, por cuanto de ellos no se logra colegir, de manera fehaciente, que la recurrida haya realizado las acciones que se le atribuyen.

En cuanto a los hechos que atañen a la Policía de Investigaciones de Chile, como informó dicha entidad, ellos se encuentran justificados, careciendo de ilegalidad y arbitrariedad, por cuanto fueron realizados en cumplimiento de la instrucción impartida por el Ministerio Público, en relación a la causa penal, por el delito de usurpación de agua, RUC 2500507210-K, habiéndose llevado a cabo diligencias investigativas, concurriendo al lugar donde eventualmente ocurrieron los hechos, con el objetivo de realizar fijación fotográfica y tomar declaraciones de testigos, habiéndose obtenido declaración del recurrente, imputado en dicha investigación, nombre reservado, remitiéndose, luego, los antecedentes al Ministerio Público.

11°.- Que, como lo ha sostenido reiteradamente esta Corte, la acción constitucional de protección constituye una vía destinada a dar protección respecto de derechos cuya existencia se encuentre indubitada, pues ello habilita a este Tribunal, sin forma de juicio y por vía simplemente indagatoria, a determinar si se ha producido o no una privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de aquellos por los cuales resulta procedente.

Sin embargo, en la especie, tal como se concluye en el motivo décimo que antecede, el mérito de los antecedentes hechos valer por el recurrente, y los documentos acompañados, no permite constatar la ocurrencia de las circunstancias expuestas en el recurso.

12°.- Que, atendido lo razonado en los motivos que preceden, el presente recurso de protección no se encuentra en condiciones de prosperar, por no haberse acreditado la existencia de un derecho indubitado, que requiera el amparo de este tribunal, sobre todo considerando la existencia de, a lo menos, una causa penal en actual tramitación, en que las partes involucradas podrán aportar los elementos probatorios pertinentes en apoyo de sus planteamientos. Sin perjuicio de las otras acciones que el recurrente pueda ejercer, conforme a la normativa especial que rige la materia.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por don nombre reservado, en contra del Comité de Agua Potable Rural Alto Changaral.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la ministra Erica Pezoa Gallegos.

No firma el abogado señor Guajardo, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por no haber integrado hoy.

Rol N° 702-2025 PROTECCIÓN.