Protección contra Ilustre Municipalidad de Trehuaco

Chillán, veintitrés de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS: 1°.- Comparece el abogado don Guillermo Marcelo Valdés Muñoz en representación de don nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Trehuaco, representada legalmente por su alcalde, don Jorge Morales Sanhueza, ambos domiciliados en domicilio reservado, por la conducta ilegal y arbitraria consistente en la tramitación de un sumario administrativo y sus providencias sin respetar el debido proceso y garantías constitucionales, no existiendo hasta la fecha notificación válida, ni resolución a las presentaciones efectuadas por el recurrente, la última omisión data de fecha 4 de agosto de 2025, vulnerando las garantías contempladas en los numerales 1, 2, 3, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que su representado se ha desempeñado durante 17 años como funcionario en la Ilustre Municipalidad de Trehuaco, como director de obras municipales y con fecha 16 de junio de 2024, se inició un sumario administrativo mediante decreto alcaldicio N°NUM000, el cual se ha desarrollado sin respetar el debido proceso ni las garantías constitucionales mínimas.

Sostiene que mediante decreto alcaldicio N°NUM001 de fecha 23 de junio de 2025, se aprobó vista fiscal y se aplicó sanción de destitución. Indica que no se le ha permitido a su representado, legalmente, prestar declaración, rendir prueba ni aportar antecedentes, debido a que no ha sido válidamente notificado, además por cuanto al aplicarle la sanción de destitución no se consideraron las atenuantes que le benefician, según lo ha establecido la Contraloría General de la República, al no mantener sanciones disciplinarias anteriores, como tampoco anotaciones de demérito y mantuvo una calificación permanente en lista 1. Agrega, que también se habría incumplido la obligación de fundamentación de los actos recurridos.

Señala que, durante la tramitación del sumario administrativo, se solicitó al fiscal, don Juan González Pedraza, que declarara la invalidación de lo obrado en el proceso, debido a que su representado no ha sido válidamente notificado, quien además padece, en el último tiempo, de un cuadro de estrés y ansiedad de carácter grave, denominado trastorno disociativo, que implica una pérdida de conexión entre pensamientos, recuerdos, sentimientos, entorno, comportamiento e identidad. Agrega, que sufre de dicho cuadro clínico desde el año 2023, y que lo mantuvo con licencia psiquiátrica desde el día 27 de junio de 2024 y que el consumo de los medicamentos prescritos para su tratamiento, lo han llevado a cometer errores involuntarios y realizar actos y declaraciones que no se ajustan a la realidad, a lo cual se suma que en agosto de este año fue hospitalizado con un cuadro de ataque de colon y problemas cardíacos.

Relata que con fecha 13 de agosto de 2024 se presentó escrito mediante el cual se solicitó se tuviera presente patrocinio y poder e indicando formalmente que las notificaciones se realizaran a través de correo electrónico, a lo cual se resolvió, con fecha 20 de agosto de 2024, por la fiscal Viviana Leiva Placencia: “Al SEXTO OTROSÍ: Téngase presente el patrocinio y poder. En lo que corresponde a la forma de notificación solicitada, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 129 de la ley 18.883, no ha lugar. Apercíbase a don nombre reservado y a su abogado, a designar dentro de segundo día, domicilio dentro del radio urbano de esta fiscalía, esto es en la comuna de DIRECCION001.”.

Con fecha 11 de septiembre de 2024, se reiteró la obligación de designar domicilio en domicilio reservado, lo cual se cumplió con fecha 26 de septiembre de 2024, con lo que se mantuvo como forma de notificación, la establecida en el artículo 46 de la Ley 19.880, esto es, personal o mediante carta certificada en el domicilio que el interesado hubiera designado en su primera presentación o con posterioridad.

Alega, el referido artículo fue modificado, estableciéndose que las notificaciones se practicarán por medios electrónicos, las cuales tendrán el carácter de personal, por lo cual afirma que su representado, no ha sido notificado de manera personal, ni por carta certificada en el domicilio designado, vulnerándose los derechos contemplados en el artículo 19 números 2 y 3 de la Carta Fundamental.

Reitera que, a la fecha, su representado, no ha sido válidamente notificado del nombramiento del nuevo fiscal, ni de la resolución de la reposición, enterándose por medio de su abogado, de la resolución que propone su destitución, sin permitirle rendir prueba, por lo cual el procedimiento adolece de nulidad, por falta de notificación.

A continuación, cita y transcribe los artículos 53 y 54 de la Ley 19.880. Añade que los actos administrativos de efectos particulares deben ser notificados a los interesados en un plazo de 5 días a contar del momento de la total tramitación del acto, si el paradero de la persona se ignora debe publicarse en el diario oficial, señalando el artículo 46 de la referida ley la forma en que debe efectuarse la notificación.

Expresa que no se ha notificado legalmente a su representado la resolución de fecha 25 de febrero de 2025, que tiene presente inhabilidad y renuncia del cargo de la fiscal Viviana Leiva Placencia, y designación de nuevo fiscal a don nombre reservado, ni la resolución que hace lugar a la reposición, como tampoco se le ha notificado la resolución de fecha 26 de mayo de 2025, consistente en constitución de fiscalía y vista fiscal, ni tampoco la resolución que la aprueba, aplicando la sanción de destitución, ni las resoluciones de los recursos presentados por el recurrente, pidiendo la invalidación del acto nulo. Añade que su declaración, fue prestada bajo un cuadro de disociación y bajo los efectos de medicamentos, por lo cual estaría viciada y nunca fue firmada por el declarante.

Indica que, en consecuencia, se debería decretar la nulidad por una parte, por falta de emplazamiento válido y por faltas al debido proceso, al haber declarado su represando bajo un cuadro de salud mental y los efectos de medicamentos que vician su voluntad.

Respecto al fondo de la acusación, sostiene que los cargos formulados carecen de la claridad y especificidad necesarias para una defensa técnica, citando jurisprudencia administrativa del ente contralor. Señala que la formulación de cargos permite al acusado conocer todos los antecedentes que sirven de sustento a la acusación administrativa, esto es: i) una descripción clara y precisa de los hechos que fundan los cargos y la fecha de su verificación; ii) las normas infringidas; y, iii) la sanción asignada. Lo anterior, permite al presunto infractor defenderse de las acusaciones o cargos formulados. Argumenta que estos requisitos no se habrían cumplido en los cargos que se formularon a don nombre reservado, consistentes en: a) La aceptación de facturas representativas de deudas inexistentes, lo que infringiría los números 1,2,3,4,5,6 y 8 del artículo 64 de la Ley 18.575. b) Haberse concertado con terceros para aceptar en representación de la municipalidad documentos representativos de créditos inexistentes, vulnerando los numerales 1,2,3,4,5,6 y 8 del artículo 64 de la ley 18.575. c) Atribuirse representación de la municipalidad de Trehuaco, para aceptar las facturas mencionadas, asumiendo facultades de las que carecía, relativas a la aceptación de cesiones de facturas, transgrediendo los números 1,2,3,4,5,6 y 8 del artículo 64 de la ley 18.575.

Señala que con fecha 13 de agosto de 2024, se presentaron los correspondientes descargos, los cuales reproduce. En cuanto al primer cargo, indica que, en 16 años de servicio, ha tramitado miles de facturas y que no se ha acreditado un perjuicio patrimonial concreto y actual, alega que fue inducido a error, ya que la constructora hace apenas unos días desarrollaba una obra en la comuna, lo que invalida el acto y agrega que tiene una irreprochable conducta anterior.

Respecto al segundo cargo, manifiesta que no se ha determinado si efectivamente existe un perjuicio patrimonial y que su representado fue inducido a error y que no existe una intención positiva de causar daño en la persona o propiedad de otro. Tampoco se indica como se habría efectuado esta supuesta concertación con un tercero, ni tampoco quien es ese tercero.

En relación con el tercer cargo, expone que no se determina si efectivamente existe un perjuicio patrimonial, que su representando en 16 años como funcionario público, aceptó cientos de facturas, lo cual no constituye una infracción y que, en el caso concreto, se trata de un engaño del cual fue víctima producto del cuadro psiquiátrico que padece.

Argumenta que con fecha 11 de septiembre de 2024 se acompañaron algunos documentos en parte de prueba, entre ellos licencias médicas del funcionario objeto del sumario, informe psicológico de fecha 19 de agosto de 2024, certificado médico psiquiátrico de fecha 6 de septiembre de 2024, declaraciones de las testigos nombre reservado y nombre reservado, ambas de fecha 6 de septiembre de 2024, los cuales no fueron analizados en la vista fiscal ni incorporados en la misma y que lo mismo habría ocurrido con documentos acompañados con fecha 13 de agosto de 2024.

Agrega que no se habrían considerado las atenuantes de responsabilidad y se habría realizado una errónea aplicación del derecho, en particular del artículo 121 del Estatuto Administrativo. Declara que dichas atenuantes serían la irreprochable conducta anterior, hoja de vida intachable y colaboración sustancial.

Invoca la doctrina del decaimiento del acto administrativo, señalando que la extensión desmedida del sumario excede el plazo razonable, ya que han transcurrido más de 10 meses desde la última notificación válida, lo que consta en el expediente fiscal, lo cual ha causado un estado permanente de incertidumbre respecto a la estabilidad del empleo, la dificultad en la recolección de pruebas, identificación de testigos y la reconstitución de contextos y un daño emocional y psicológico.

Arguye que el artículo 27 de la Ley N°19.880 establece que “salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”, plazo que se aplica a todos los procedimientos administrativos. Que, el artículo 129 del Estatuto Administrativo establece plazos para cada uno de los trámites que componen el sumario administrativo, contemplando una duración máxima de 60 días hábiles en su fase de instrucción y una extensión total que no debería superar los seis meses, el cual se ha superado largamente, con 14 meses desde el 16 de junio de 2024. Cita jurisprudencia respecto a la duración de los procedimientos y la inactividad de la administración.

Indica que el alcalde tiene la obligación de efectuar la declaración de imposibilidad material de continuar el procedimiento conforme al artículo 40 de la Ley 19.880 y la declaración de ilegalidad de la sanción impuesta, por haber sido dictada en un procedimiento carente de razonabilidad, celeridad, justicia y debido proceso.

Denuncia que ha efectuado una serie de presentaciones ante la Ilustre Municipalidad de Trehuaco, siendo la última mediante correo electrónico con fecha 4 de agosto de 2025, sin embargo, no ha obtenido respuesta, vulnerando los derechos garantizados en el artículo 19 numerales 1, 2, 3, 16, y 24 de nuestra Carta Magna.

En cuanto al Derecho, estima vulnerada la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Denuncia la infracción al numeral 3° del artículo 19 de la Carta Fundamental, relativo a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y al debido proceso, toda vez que no existe notificación válida, tampoco se analizan los descargos presentados con fecha 13 de agosto de 2024 y no forman parte de los considerandos ni del análisis de la vista fiscal.

Reclama la afectación de su derecho de propiedad, protegido en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, destaca que, previo a la destitución, se mantuvo suspendido de sus funciones percibiendo solo el 50% de sus remuneraciones lícitamente devengadas.

Concluye, solicitando a esta Corte que: a) Se deje sin efecto todos y cada uno de los cargos y resoluciones, así como el decreto alcaldicio de destitución N°NUM001 como medida disciplinaria, liberando así de toda responsabilidad a su representado don nombre reservado, o en subsidio, si se llegare a mantener todos o alguno de los cargos, se determinare que procede sancionar a su representado con algunas de las medidas que permite la legislación vigente, teniendo en consideración las atenuantes de responsabilidad que también se han hecho valer para esos fines y que se declara la imposibilidad material de continuar el procedimiento, conforme al artículo 40 de la Ley N°19.880. b) Se declare la ilegalidad de la sanción impuesta, ordenando efectuar dicha declaración a la autoridad, por haber sido dictada en un procedimiento carente de razonabilidad, celeridad, justicia y debido proceso. c) Se ordene a la municipalidad la restitución de la suma de $2.269.800, correspondiente al porcentaje de sueldo descontado entre junio y agosto de 2025. d) Restituir y reubicar al recurrente don nombre reservado, en su cargo de planta como Director de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Trehuaco. e) Cualquier otra medida que prevenga eficazmente el daño a los derechos de la recurrente.

Todo con expresa condena en costas. 2°.- Que a folio 46, el abogado don Ricardo Enrique Garrido Torres, en representación de la Ilustre Municipalidad de Trehuaco, evacuó el informe requerido, solicitando el rechazo total de la acción, con expresa condena en costas para el recurrente.

Como primera defensa, plantea la excepción de extemporaneidad de la acción de protección. Sostiene que no se establece de manera clara, cual sería el acto, que habría supuesto una amenaza, perturbación o prohibición de derechos fundamentales, el decreto alcaldicio sancionatorio N°NUM001 fue publicado el 23 de junio de 2025, por lo que al interponerse el recurso el 29 de agosto, el plazo de 30 días estaba vencido.

En cuanto al fondo, niega categóricamente haber incurrido en acciones u omisiones ilegales o arbitrarias. Afirma que el sumario administrativo se ajustó estrictamente a las etapas y plazos señalados en la Ley 18.883.

Respecto a la vulneración al artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, señala que no existe afectación alguna, toda vez que se le aplicaron al recurrente, los mismos derechos que a cualquier funcionario que ha sido investigado e iniciado un procedimiento sumario en su contra, que, en todo momento, se le permitieron realizar las actuaciones que considerara en derecho, asumiendo una actitud inactiva.

En relación con el debido proceso, asegura que el funcionario siempre fue notificado de acuerdo con la normativa vigente, no existiendo vicio de emplazamiento. Argumenta que el propio recurrente confirmó la recepción de notificaciones electrónicas en diversas oportunidades del proceso.

A continuación, se refiere a la garantía consagrada en el artículo 19 N°16 de la Constitución Política de la República, respecto de la cual el recurrente no detalla ni esboza como se vería afectado. Hace presente, que la destitución como sanción es proporcional a la gravedad de los hechos constatados en la investigación, consistentes en facturas, respecto a trabajos que nunca se realizaron en la comuna, verificándose esta situación a lo largo del sumario, siendo el responsable de dicha gestión el recurrente de autos.

Termina, solicitando tener por evacuado el informe requerido y, en definitiva, no acogerlo por extemporáneo o en subsidio, rechazar la acción de protección, con expresa condena en costas. 3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo. 4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías - preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 6°- Que, el recurrente estima vulneradas sus garantías contenidas en los numerales 2°, 3°, 16° y 24° de artículo 19 de la Constitución Política de la República, a través de la tramitación por parte de la recurrida, del sumario administrativo iniciado mediante decreto alcaldicio N°NUM000 y del acto administrativo Decreto Alcaldicio N°NUM001 de 23 de junio de 2025, que aprueba la vista fiscal seguida en su contra y dispone la aplicación de la medida disciplinaria de destitución de nombre reservado. Ello, en atención a que no habría sido notificado legalmente, no habría prestado declaración, no habría podido rendir prueba y no se habrían resuelto algunas presentaciones que efectuó. Alega también la falta de proporcionalidad y razonabilidad de la decisión y finalmente la duración del procedimiento, por sobre el plazo prescrito en el artículo 27 de la Ley 19.880. Todo ello, infringiría los artículos 53, 54 y demás pertinentes de la Ley 19.880, artículo 139 de la Ley 18.883, el debido proceso y los numerales 2, 3, 16 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

A su turno, la recurrida informa solicitando se declare extemporáneo el recurso y se desestimen las alegaciones de la recurrente, respecto a la falta de notificación legal, el no haber prestado declaración ni haber rendido prueba.

Argumenta que no hay vulneración a las garantías constitucionales invocadas, por lo que pide el rechazo de la acción deducida. 7°.- Que, en cuanto a la petición de la recurrida en orden a que el recurso de autos sea declarado extemporáneo, en razón de haberse presentado fuera del plazo fatal de 30 días corridos previsto en el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección de garantías constitucionales, ello no aparece así, toda vez que la conducta y decisión de la recurrida se encuentra vigente, además no consta la fecha de notificación del decreto alcaldicio N°NUM001 de 23 de junio de 2025 que dispuso la sanción de destitución, y conforme ha sido resuelto invariablemente por la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores, la acción no precluye mientras los efectos del acto que se considera vulneratorio continúen produciéndose, razón por la cual se desestimará este capítulo de alegación. 8°.- Que, previamente, conviene señalar que el control que puede ejercerse a través de esta acción cautelar de garantías constitucionales no tiene por finalidad evaluar o revisar el mérito de las actuaciones realizadas en el sumario administrativo o las decisiones adoptadas en el ámbito y ejercicio de las facultades de que está dotada la recurrida. Así, el control judicial de las facultades disciplinarias de los órganos de la Administración del Estado abarca la revisión de la legalidad de la decisión adoptada, más no el mérito de esta, cuestión que por su propia naturaleza y en función de la distribución de competencias fijado por la Carta Fundamental, corresponde a la Administración activa, pudiendo revisarse la razonabilidad de la medida adoptada y si se ha cumplido el principio de proporcionalidad. 9°.- Que, tanto de las alegaciones de recurrente y recurrido, así como de la revisión de las piezas del sumario administrativo acompañadas, se aprecia que no existe discusión en torno a los actos administrativos dictados a propósito del procedimiento disciplinario en cuestión, pudiendo tenerse por asentados los siguientes hechos: a) Mediante decreto alcaldicio N°NUM000 de fecha 14 de junio de 2024 se instruyó sumario administrativo en contra de don nombre reservado. b) Con fecha 24 de junio de 2024 fue notificado el recurrente de citación de fecha 21 de junio del mismo año para prestar declaración el día 25 de junio de 2024, en calidad de inculpado. c) Don nombre reservado prestó declaración el 25 de junio de 2024, dejándose registro de la misma mediante audio y realizándose su transcripción. d) Con fecha 25 de junio de 2024 se notificó al Sr. nombre reservado de la medida de suspensión, misma fecha en que se cerró la investigación. e) El 12 de julio de 2024 se procedió a formular cargos en contra de don nombre reservado, siendo notificado mediante carta certificada enviada el 17 de julio de 2024. f) Mediante presentación de fecha 24 de julio de 2024, el recurrente solicitó la nulidad de lo obrado, rechazándose mediante resolución de fecha 31 de julio de 2024, siendo notificada al Sr. nombre reservado mediante carta certificada de 5 de agosto. g) El 13 de agosto de 2024, el abogado de don nombre reservado volvió a solicitar la nulidad de lo obrado por motivos similares a los invocados en el presente recurso. En subsidio presenta descargos, solicita se abra período probatorio y acompaña documentos. Mediante resolución de fecha 20 de agosto de 2024 se rechaza la solicitud de nulidad y se tienen por acompañados los antecedentes presentados, siendo notificada por carta certificada de 22 de agosto tanto al Sr. nombre reservado como a su abogado. h) Mediante resolución de 4 de septiembre de 2024, la fiscal del sumario, doña Viviana Leiva Placencia tiene por presentados los descargos y se procede a recibir a la causa a prueba fijándose los puntos de prueba, la cual es notificada al recurrente y a su abogado mediante carta certificada enviada el mismo día. i) Con fecha 11 de septiembre de 2024, el abogado del Sr. nombre reservadopresenta escrito de reposición de los puntos de prueba, con recurso jerárquico en subsidio, acompaña nómina de testigos y documentos y mediante resolución de 12 de septiembre de 2024 se solicitó copia legible de los antecedentes acompañados y que se concordara la suma con el cuerpo del escrito, siendo notificada a don nombre reservado y su abogado mediante carta certificada de fecha 13 de septiembre. j) El 26 de septiembre de 2024, el abogado de la recurrente cumplió con lo ordenado por la fiscal, teniendo por cumplido lo ordenado mediante resolución de fecha 30 de septiembre de 2024. k) Mediante resolución de 7 de noviembre de 2024, debido a la imposibilidad de notificar a la persona sumariada y su abogado en el domicilio urbano designado, la fiscal ordenó notificar las resoluciones a los correos electrónicos designados, habiendo constancia de dicha notificación. l) Con fecha 19 de noviembre de 2024, la fiscal declara su inhabilidad producto de la elección de un nuevo alcalde, notificándose al abogado mediante correo electrónico. m) El 25 de febrero de 2025, mediante decreto alcaldicio N°NUM002 se acepta la renuncia de la doña Viviana Leiva Placencia como fiscal y se designa en el cargo a don nombre reservado, quien acepta el cargo con fecha 18 de marzo de 2025. n) El nuevo fiscal resuelve el recurso de reposición presentado por la defensa del recurrente, acogiéndolo y abriendo un término probatorio por 10 días, notificándose dicha resolución mediante correo electrónico. o) El 26 de mayo de 2025 se certifica que el término probatorio se encuentra precluido y se dicta la vista fiscal y se propone la sanción de destitución.

No consta notificación de esta actuación. p) Mediante decreto alcaldicio N°NUM001 de fecha 23 de junio de 2025 se aprobó la vista fiscal y se aplicó la sanción de destitución. No consta notificación de la resolución. q) Don nombre reservado, acompañó los siguientes antecedentes: 5 licencias médicas por reposo absoluto desde el 27 de junio al 6 de octubre de 2024, fotografía de la fiscal en el domicilio del funcionario el sábano 13 de junio; declaración escrita del ex alcalde de la comuna don nombre reservado de 29 de diciembre de dos mil quince; Informe psicológico del funcionario de fecha 19 de agosto de 2024, Informe de gestión del Sr. nombre reservado de agosto de 2024; declaraciones ante notario de las testigos doña nombre reservado, cónyuge del funcionario y de doña nombre reservado, hija del funcionario investigado, ambas de fecha 6 de septiembre de 2024. 10°.- Que, a partir de la revisión de los antecedentes, no es posible verificar una afectación al debido proceso, en el entendido que el recurrente fue investigado por una fiscal que no fue objeto de recusación, que formuló cargos y éstos fueron puestos en conocimiento del afectado, quien realizó sus respectivos descargos y aportó prueba, de tal manera que estuvo sujeto a un procedimiento exento de ilegalidad o irregularidades y la sanción fue impuesta al término de un procedimiento administrativo tramitado conforme a las normas de las leyes 18.833 y 19.880.

Que, en lo relativo a la falta de notificación válida del recurrente, consta en autos que fue notificada de todas las actuaciones con excepción de la última resolución del expediente de sumario administrativo, respecto de lo cual nada se alega.

Que, respecto a la alegación de falta de declaración válida del recurrente por haber estado con licencia médica, se debe rechazar, toda vez que la declaración fue prestada el 25 de junio de 2024 y las licencias médicas comenzaron desde el 27 de junio en adelante.

En lo referente a la imposibilidad de rendir prueba, consta en el expediente administrativo que el recurrente acompañó antecedentes, teniéndose estos por acompañados, sin embargo, estos no logran acreditar aquello que se alega.

Que, en cuanto a la falta de consideración de atenuantes al momento de imponer la sanción de destitución, no consta en el expediente ningún antecedente que permita acreditar lo que manifiesta la defensa del recurrente en cuanto a la intachable conducta anterior. Respecto a la atenuante de cooperación, esta no se configura puesto que las actuaciones realizadas por la recurrente van en contra de tal alegación, ya que ha buscado invalidar lo obrado en el sumario en dos oportunidades, y por una parte señala que su declaración es nula por haberla prestado estando con licencia médica y para estos efectos la invoca como un antecedente que da cuenta de la cooperación. 11°.- Que, en lo relativo a la duración del sumario administrativo, tanto la jurisprudencia administrativa como la Excma. Corte Suprema ha resuelto que el plazo de 6 meses que contempla el artículo 27 de la Ley 19.880 no es fatal. Así ha señalado: “[…] De este modo y, como se ha dicho reiteradamente por esta Corte, ya desde la sentencia de 21 de octubre de 2012, Rol N° 4.817-2012 y en las sentencias Roles N°s 6.661-2014 y 97.686-2016, el plazo de seis meses establecido por el artículo 27 de la Ley N° 19.880 no constituye uno de carácter fatal. Ello se justifica por cuanto, salvo excepciones legales determinadas, el principio de celeridad y la existencia de plazos para las actuaciones o el ejercicio de las facultades propias de la administración no puede llevar a su supresión fáctica por el solo hecho del transcurso del tiempo, tal como ya se expuso. En efecto, tales actuaciones dependen de los recursos humanos y materiales disponibles en relación con el número y complejidad de los procedimientos que se trate, así como a las actuaciones de los propios administrados, factores todos ajenos a la voluntad de quienes han de decidir en cada caso. Estas son, por otra parte, las mismas razones que se invocan para sostener que —salvo expresas excepciones legales— los plazos previstos para las actuaciones judiciales tampoco tienen el carácter de fatales.” (Considerando Noveno, Excma. Corte Suprema Rol N°27.752-2025, sentencia de fecha catorce de noviembre de dos mil veinticinco).

Que, el propio recurrente ha realizado actuaciones que han dilatado la duración del sumario administrativo, como la presentación de dos escritos solicitando la nulidad de lo obrado o el acompañar antecedentes que no resultan legibles.

De esta manera, debe desecharse la alegación. 12°.- Que, como se ha sostenido invariablemente por la jurisprudencia, no corresponde a esta Corte constituirse en una nueva instancia para revisar procedimientos administrativos que las autoridades de la Administración del Estado han realizado en uso de sus atribuciones y facultades legales, como ocurre en este caso. De este modo, no se advierte en los hechos expuestos ilegalidad o arbitrariedad alguna en la dictación del Decreto Alcaldicio N°NUM001 de 23 de junio de 2025, en virtud del cual se dispuso la medida disciplinaria de destitución en contra del recurrente.

En consecuencia, al no existir un acto arbitrario o ilegal, se estima inoficioso ponderar la eventual trasgresión de las garantías constitucionales que da cuenta el arbitrio.

Por estos fundamentos y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado don Guillermo Marcelo Valdés Muñoz, en representación de don nombre reservado y en contra de la Ilustre Municipalidad de Trehuaco.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo de la abogada integrante Vanessa Elizondo Cerda.

Rol N°700-2025- Protección.