Protección contra Instituto de Seguridad Laboral

Chillán, veinticuatro de marzo dos mil veintiséis.

Visto: 1°.- Que, comparece doña Barbara Ignacia Oyarce Sepúlveda en favor de don nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Instituto de Seguridad Laboral, fundado en la dictación de actos que estima ilegales y arbitrarios.

Expone que, a raíz de un accidente ocurrido el año 2018, su representado quedó con graves secuelas, manteniéndose bajo tratamiento médico continuo y recibiendo prestaciones del ISL. Señala que en diciembre de 2024 se habrían suspendido sus traslados, medicamentos y atenciones médicas, fundado en un supuesto mal comportamiento que niega haber cometido y respecto del cual no existirían antecedentes ni reclamos formales.

Agrega que, en junio de 2025 funcionarios del ISL le exigieron suscribir una “carta de compromiso” para restituir los beneficios, la cual no firmó por estimar que implicaba reconocer hechos inexistentes. Posteriormente, en diciembre de 2025, no se le pagó su pensión de invalidez, informándosele que el cese obedecía a la falta de suscripción de dicho documento.

El recurrente, estima que la recurrida con su actuar, ha vulnerado sus derechos constitucionalmente garantizados, en particular, el Derecho a la seguridad social: La invalidez es una contingencia protegida por la ley. El derecho a la No discriminación: La discapacidad no puede ser motivo para excluir a alguien de beneficios sociales. La Protección de la dignidad humana: Privar de pensión a una persona discapacitada vulnera su derecho a una vida digna. La Solidaridad y universalidad: El sistema busca cubrir a quienes no pueden generar ingresos por sí mismos.

Sostiene que tales actuaciones carecen de fundamento, no han sido debidamente notificadas y constituyen una presión indebida, afectando su subsistencia y la de su familia, solicitando se restablezca el pago de la pensión con efecto retroactivo y se ordene la restitución de sus medicamentos y prestaciones médicas, con costas. 2°- Que, informando, doña nombre reservado y don nombre reservado

nombre reservado, en representación del Instituto de Seguridad Laboral, solicitan el rechazo del recurso, por no existir actuación ilegal ni arbitraria.

Señalan que, el recurrente presenta secuelas derivadas de accidente laboral, recibiendo prestaciones médicas continuas a través de prestadores en convenio. No obstante, exponen que ha mantenido un comportamiento inadecuado y agresivo hacia el personal de salud y de traslado, lo que ha generado dificultades en la entrega de prestaciones, incluyendo amenazas al personal.

Indican que, ante dichos antecedentes y la falta de adherencia al tratamiento, se dispuso la suspensión del beneficio económico conforme al artículo 42 de la Ley N°16.744, previa notificación al recurrente y otorgándole la posibilidad de suscribir una carta de compromiso para modificar su conducta, lo que éste rechazó.

Sostienen que, el ISL ha actuado dentro de sus facultades legales, manteniéndose la entrega de prestaciones médicas en prestadores en convenio, y que no existe vulneración de derechos fundamentales, por cuanto la suspensión se encuentra debidamente fundada en la normativa vigente, con costas. 3°.- Que, doña nombre reservado, en representación del Instituto de Seguridad Laboral, complementa el informe, precisando antecedentes técnicos relativos al caso del recurrente.

Indica que, el recurrente mantiene atenciones médicas vigentes en prestadores en convenio y ha recibido prestaciones oportunas, adecuadas y suficientes derivadas de su accidente laboral. Sin embargo, se reitera la existencia de conductas de maltrato, amenazas al personal de salud y falta de adherencia al tratamiento, lo que ha dificultado la continuidad de las prestaciones, incluyendo los servicios de traslado.

Expone que, en atención a tales circunstancias, se aplicó la suspensión del beneficio económico conforme al artículo 42 de la Ley N°16.744, al verificarse incumplimientos graves del paciente respecto de sus deberes en el proceso de atención, manteniéndose, no obstante, las prestaciones médicas necesarias.

Finalmente, reafirma que el actuar del Instituto se ajusta a la normativa vigente, encontrándose justificada la suspensión del beneficio en el comportamiento del recurrente y en la falta de adherencia a las indicaciones médicas. 4°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo. 5°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías - preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 6°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 7°.- Que, conforme el inciso primero del artículo 5 de la Ley N° 16.744 que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, “Para los efectos de esta ley se entiende por accidente del trabajo toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte.”

A su turno, el artículo 10 señala, “El Instituto de Seguridad Laboral administrará este seguro, incluida la realización de actividades de prevención de riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, respecto de las entidades empleadoras afiliadas a él, de sus trabajadores y de los trabajadores independientes que corresponda.

El Instituto de Seguridad Laboral podrá contratar el otorgamiento de las prestaciones médicas con los servicios de salud, las mutualidades de empleadores o con otros establecimientos de salud públicos o privados”.

Por su lado el artículo 29 dispone “La víctima de un accidente del trabajo o enfermedad profesional tendrá derecho a las siguientes prestaciones, que se otorgarán gratuitamente hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas de las secuelas causadas por la enfermedad o accidente: a.- Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio; b.- Hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante; c.- Medicamentos y productos farmacéuticos; d.- Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación; e.-Rehabilitación física y reeducación profesional, y f.-Los gastos de traslado y cualquier otro que sea necesario para el otorgamiento de estas prestaciones”.

A su vez el articulo 42 indica “Los organismos administradores podrán suspender el pago de las pensiones a quienes se nieguen a someterse a los exámenes, controles o prescripciones que les sean ordenados; o que rehúsen, sin causa justificada, a someterse a los procesos necesarios para su rehabilitación física y reeducación profesional que les sean indicados.

El interesado podrá reclamar de la suspensión ante la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales”. 8°.- Que, con el mérito de lo reseñado en los considerandos anteriores, y teniendo presente los antecedentes agregados a estos autos, puede establecerse que, prestadores de servicios contratados por la recurrida -para efectos de proveer las atenciones de salud necesarias para el recurrente-, formularon reclamaciones relativas a malos tratos prodigados por el actor, sumado a que mantiene consumo problemático de drogas, lo que pese a haber sido abordado administrativamente no ha generado la adhesión necesaria para el desarrollo pleno de las terapias que requiere su estado de salud. 9°.- Que, teniendo presente el abordaje administrativo que se adoptó por la recurrida, en orden a encuadrar el comportamiento del actor a la normativa vigente respecto de sus obligaciones como paciente y el respeto a la dignidad de quienes proveen sus prestaciones de salud y traslado, aparece que la decisión de la recurrida de suspender el beneficio económico otorgado por el Instituto, previa solicitud de suscripción de una carta de compromiso, no deviene en injustificada, ni aparece como ilegal o arbitraria, sino que corresponde al ejercicio de la facultad conferida por el citado artículo 42 y en resguardo de los prestadores afectados.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por la abogada doña Barbara Ignacia Oyarce Sepúlveda en favor de don nombre reservado, en contra del Instituto de Seguridad Laboral.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad archívese.

Oportunamente dese cumplimiento con lo previsto en el numeral 14 del Auto Acordado más arriba aludido, comunicándose la sentencia a las partes.

Redacción a cargo del ministro Claudio Arias Córdova.

Atendida la naturaleza de la presente causa, manténgase la carpeta digital en reserva y procédase a su anonimización.

No firma el señor nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por haber cesado en el cargo de fiscal judicial subrogante.

Rol N°70-2026.- Protección.-