Protección contra recurrida

C Chillán, diecisiete de octubre de dos mil veinticinco. VISTOS: 1°.- Que, comparece el abogado don Remberto Valdés Hueche, cédula nacional de identidad N°NUM000, quien actuando en representación de don nombre reservado, cédula nacional de identidad N°NUM001, químico farmacéutico, y de doña nombre reservado, cédula de identidad N°NUM002, química farmacéutica, ambos actuando por sí, y en representación de su hijo menor de edad nombre reservado, interpone recurso de protección en contra de la recurrida, ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL nombre reservado, representada legalmente por don nombre reservado, arquitecto, y por don nombre reservado, profesor, todos con domicilio en domicilio reservado.

Refiere el recurrente, y como fundamento de la acción constitucional por él interpuesta, que el menor nombre reservado, es hijo de sus representados y que se ha visto gravemente privado, perturbado y amenazado respecto de las garantías constitucionales consagradas en los numerales 1, 2, 3 y 11 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, con ocasión de ciertas acciones ejercidas en su contra por el colegio, sin que se haya respetado el principio del debido proceso, vulnerándose además la presunción de inocencia, contraviniendo la recurrida con su actuar sus propias normas internas, entre ellas, el procedimiento de garantías que contempla el Reglamento de Convivencia Escolar, como asimismo lo preceptuado en el artículo 46 letra f) del DFL N°2 del 02 de julio del año 2010, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°20.370, y que contempla la exigencia del debido proceso en los respectivos reglamentos o manuales de convivencia escolar, además de la Circular de la Superintendencia de Educación del año 2018 que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos educacionales de enseñanza básica y media con reconocimiento oficial del Estado.

Señala que lo anterior se ve reflejado ante un procedimiento que considera irregular, arbitrario y antirreglamentario al decidir la recurrida aplicar unilateralmente al alumno e hijo de los recurrentes, una sanción gravísima que no se condice con los criterios de proporcionalidad y/o racionalidad, tornándose en sí misma en una decisión arbitraria al resolver la cancelación de la matrícula del alumno y previo a aquello, haber resuelto mantener a aquel con clases no presenciales hasta el término del segundo trimestre, sin prestar la debida atención educativa y pedagógica en este período.

Indica que el obrar de la recurrida contraviene las normas de derecho interno, como asimismo la de los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes en materia de derechos humanos, en especial, la C Convención sobre los Derechos del Niño al no atender la recurrida, como consideración primordial, el interés superior del niño.

En razón de lo anterior, solicita se dejen sin efecto las sanciones dispuestas por el consejo resolutivo del Establecimiento Educacional nombre reservado, y que fueron adoptadas con fecha 31 de julio de 2025, y comunicadas verbalmente en esa misma fecha a la apoderada y recurrente doña nombre reservado, y en donde se dispone la cancelación de la matrícula del alumno nombre reservado, y el término anticipado del año escolar 2025.

Señala también que su representada, nombre reservado, con fecha 09 de julio de 2025, recibió mensajes vía whatsapp con supuestas ideas suicidas, de parte de la ex polola de nombre reservado, no haciéndosele entrega del protocolo denominado “Protocolo de actuación frente a casos de ideación, conductas para suicidas, intentos y suicidio consumado”, el cual solo le fue remitido el día 14 de julio. En síntesis, expresa que el colegio no aplicó correctamente el protocolo.

Agrega que, en reunión sostenida con fecha 14 de julio en el colegio, no se le entrega ninguna información respecto a lo investigado en el establecimiento, manifestando que toda la información entregada por los recurrentes a fin de que el colegio prestara atención a la conducta de nombre reservado(ex polola del menor), no aparece en la resolución de protocolo e informe final del Consejo consultivo, no siendo ponderada en la ejecución del protocolo frente a situaciones de violencia, maltrato y/o acoso entre miembros de la comunidad educativa con el fin de resguardar a nombre reservado, lo que constituye una clara demostración de la contravención al debido proceso por parte del colegio en la aplicación del protocolo hacia el hijo de sus representados.

Desde otra perspectiva, aduce el recurrente que se ha omitido absolutamente la denuncia oficial efectuada por sus representados en favor del hijo de ellos, respecto del acoso escolar de que estaba siendo víctima. Refiere que se ha realizado todo un juicio anticipado del alumno al resolverse por parte del colegio la aplicación inmediata de una sanción o castigo, al prohibírsele al menor el retorno a clases en forma presencial a partir del 09 de julio de 2025 y durante el tiempo que dure la investigación, conculcándose totalmente las normas del debido proceso en cuanto a los principios de contradicción y bilateralidad, toda vez que en el curso de la investigación se acusó al hijo de los recurrente de portar y usar armas, de amenazar a un docente y de realizar actos de acoso sexual no solo contra nombre reservado, sino contra otros alumnos, y sin embargo en ninguna parte de la investigación, ni en la cronología de los hechos ni en los anexos se evidencia que se le haya dado la posibilidad a los padres y al alumno de defenderse de cada una de dichas acusaciones, desconociendo C además los antecedentes de la investigación Acusa asimismo la falta de proporcionalidad y de racionalidad en la sanción, pues se ha aplicado la más alta y gravosa que contempla el Reglamento de Convivencia Escolar, esto es, la cancelación de matrícula, en circunstancia que podrían haberse aplicado medidas formativas y reparatorias, tal como lo prescribe el propio Reglamento de Convivencia Escolar.

Finalmente, refiere que el actuar de la recurrida ha vulnerado la garantía constitucional del artículo 19 N°1 de la Constitución, esto es, “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”, como también la del numeral 2°, “la igualdad ante la ley”, la del N°3, “la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos”, y finalmente, la contemplada en el numeral 11 del artículo antes mencionado, esto es, “la libertad de enseñanza”.

En razón de lo anterior, pide se sirva tener por interpuesto recurso de protección en contra del establecimiento EDUCACIONAL nombre reservado, acogerlo en todas sus partes, ordenándose por SS.Ilustrísima, disponer el restablecimiento del imperio del derecho, y en consecuencia ordenar a los recurridos: 1)Se deje sin efecto la sanción contra nombre reservado establecida en la resolución del Consejo Resolutivo de Convivencia Escolar de nombre reservado de fecha 31 de julio de 2025, que dispone la cancelación de matrícula y el término anticipado del año escolar estipulado para el 04 de septiembre de 2025. 2)Ordenar a la recurrida nombre reservado la reincorporación inmediata del alumno nombre reservado a las clases presenciales, en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros, o en subsidio de aquello que se le reincorpore permitiéndole la continuación de los estudios bajo modalidad semipresencial, con los apoyos pedagógicos correspondientes y en igualdad de condiciones que el resto de los alumnos. 3)Se ordene a la recurrida que se abstenga de realizar cualquier acto arbitrario o ilegal que afecte el normal desarrollo de la totalidad del año escolar 2025 de nombre reservado en primer año de enseñanza media en los períodos, épocas y formas establecidos por el Ministerio de Educación para la generalidad de los alumnos del establecimiento escolar que se encuentran en el mismo curso. 4)Se realice la aplicación del reglamento de convivencia escolar y los protocolos correspondientes a los alumnos denunciados por los recurrentes el 07 de julio de 2025, y que efectuaron actos de acoso escolar hacia nombre reservado, adoptando las medidas correspondientes para proteger los derechos y el interés superior del adolescente de autos. 5)Adoptar todas las medidas que estime necesarias para el C restablecimiento del imperio del derecho y la protección y garantías constitucionales de los recurrentes y su hijo. 6)Todo lo anterior, con expresa condena en costas a la recurrida. 2°.- Que, informando el abogado don Roberto Jaime De La Fuente Vásquez, en representación de la Corporación Educacional nombre reservado, solicita el rechazo íntegro del recurso, manifestando en primer término que su parte niega y contradice categóricamente todas y cada una de las imputaciones de ilegalidad y arbitrariedad contenidas en el recurso.

Contrariamente a lo expuesto en el libelo, la actuación de su representada no fue una reacción desmedida ante un conflicto de menor convivencia. Por el contrario, fue la respuesta necesaria, legal y proporcionada de una comunidad educativa que, tras iniciar una investigación a raíz de una denuncia efectuada por los propios recurrentes, descubrió una realidad que se estimó por los profesionales del colegio como alarmante y peligrosa.

Indica que el actuar nombre reservado, se enmarcó en todo momento en el estricto cumplimiento de su reglamento interno y de su deber legal de resguardo, priorizando el interés superior de los niños y adolescentes, como asimismo, la seguridad de toda la comunidad educativa y aplicando la perspectiva de género.

En otro orden de ideas, expresa que se ha sostenido de manera uniforme tanto por la doctrina como por la jurisprudencia de los tribunales superiores, que el recurso de protección, consagrado en el art.20 de la Constitución Política de la República, es una situación de emergencia, de naturaleza cautelar, destinada a otorgar amparo frente e vulneraciones de derecho que sean manifiestas, evidentes e indubitadas, no pudiendo constituir por ende una instancia de declaración de derechos ni un sustituto de los procedimientos ordinarios o especiales que el legislador ha dispuesto para la resolución de conflictos de lato conocimiento.

Desde la perspectiva anterior, indica que el derecho cuya tutela se reclama debe ser indubitado, es decir, que no existe una controversia sustancial sobre los hechos que configuran su supuesta vulneración, y en el presente caso, lejos de cumplirse tal presupuesto, existe una profunda y radical disputa o controversia sobre la naturaleza de los hechos, lo que hace indispensable un procedimiento probatorio de lato conocimiento, impropio de esta sede cautelar.

Agrega el letrado que la recurrente construye su relato sobre la premisa que su hijo, nombre reservado fue víctima de un acoso escolar, injustamente transformado en victimario.

Sin embargo, la investigación efectuada por el colegio, activada con fecha C 08 de julio del año en curso, reveló una situación diametralmente opuesta, que dio cuenta de un patrón de conducta que incluía:  Violencia y control psicológico: Prohibiciones de nombre reservado de juntarse con sus amigas (a quienes tildaba de “lesbianas”).  Acoso y maltrato verbal: uso de epítetos denigrantes como “depresiva de mierda” y “puta depresiva” hacia compañeras.  Manipulación emocional: Amenazas reiteradas de suicidio como método de coacción para mantener el control sobre nombre reservado, describiendo con detalles los métodos que utilizaría.

A lo anterior debe sumarse el porte de armas consistente en Navaja automática y una pistola de aire comprimido, la que incluso hizo sonar dentro de la sala de clases, haciendo presente que esta gravísima conducta se ve corroborada por lo expresado por la propia madre del alumno, quien justificó el porte de navaja por supuesto temor a que su hijo fuera asaltado en Santiago.

Expresa el letrado que la presencia acreditada de armas en un entorno escolar, traslada la discusión desde un mero asunto disciplinario a una cuestión imperativa de seguridad para toda la comunidad.

En razón de lo anterior, la decisión del colegio de cancelar la matrícula del alumno nombre reservado, lejos de constituir un acto arbitrario e ilegal, fue el resultado de un procedimiento racional, apegado a la normativa interna y absolutamente proporcionado a la gravedad de los hechos constatados.

Agrega que el establecimiento educacional actuó con la máxima diligencia, activando los protocolos correspondientes tan pronto tuvo conocimiento de los hechos, realizando una investigación metódica y exhaustiva, e incluyendo entrevista a todos los involucrados, por lo que la cancelación de la matrícula no fue una decisión apresurada ni basada en un hecho aislado, sino que por el contrario, fue la consecuencia de la acumulación de faltas calificadas como “gravísimas”, tal como lo concluyó el Comité Resolutivo, quien tuvo como sustento de su determinación el porte de armas, sumado a las amenazas a un docente y al patrón de acoso psicológico, lo que configuró un riesgo para la integridad física y psíquica de los demás estudiantes y del personal del colegio, de manera que la medida adoptada no solo fue proporcional, sino que constituyó el cumplimiento del deber legal de protección y cuidado que pesa sobre todo establecimiento educacional.

En virtud de lo expuesto, pide tener por evacuado el informe, rechazando en definitiva el recurso. 3º.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la C República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo. Surge de lo transcrito en consecuencia, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquel que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, algunas de las situaciones ya indicadas y que afecte a una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 4º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expresado, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 5°.- Que, la recurrente denuncia como acto ilegal y arbitrario la decisión adoptada por el Comité Resolutivo del Establecimiento nombre reservado, que impuso como sanción, producto de una investigación llevada a efecto al interior del establecimiento, la cancelación de la matrícula del alumno nombre reservado, y el término anticipado del año escolar 2025, manifestando que todo el proceso y el procedimiento ejecutado por la recurrida en la imposición de las sanciones establecidas en el informe final y en el desarrollo de la investigación, resultaba en si mismo un acto ilegal y arbitrario, por cuanto se infringieron normativas del establecimiento escolar y no se respetó el debido proceso ni los principios que son parte de aquel, contraviniendo el artículo 46 letra f) del DFL N°2 del 02 de julio del año 2010, acusando además falta de proporcionalidad y racionalidad de la sanción. 6°.- Que, del mérito de los hechos reseñados en los considerandos anteriores, fluye de manera evidente que el colegio recurrido dio estricto cumplimiento a la normativa que lo rige, constando que el estudiante sancionado y su apoderada fueron debidamente informados de cada uno de los hechos que se le imputaron, la infracción configurada y su gravedad, habiendo tenido la oportunidad de presentar descargos, y conocida la sanción impuesta, poder recurrir de ella.

Por otra parte, de los antecedentes del recurso y de lo informado por la recurrida, consta que esta última aseguró las garantías esenciales del menor, informándole a los apoderados de la investigación en curso en reuniones sostenidas los días 14 y 21 de julio, dándosele a conocer los nuevos antecedentes C que surgían, otorgándoseles la oportunidad de presentar sus descargos y su propia evidencia, para finalmente comunicarle una decisión fundada en la reunión llevada a efecto con fecha 31 de julio.

Cabe advertir asimismo que los hechos por los cuales se sancionó al estudiante no fueron negados por la recurrente, sino que intentó justificarlo con las condiciones de salud que aquejaban al estudiante, que son la de trastorno ansioso y episodio depresivo, encontrándose con medicamentos antidepresivos permanentes. Es más, la propia madre del alumno, en reunión de 21 de julio de 2025, reconoció estar al tanto del porte de navaja por parte de su hijo, intentando justificarlo por un supuesto temor a ser asaltado en Santiago, lo cual demuestra que se le brindó la oportunidad de hacer valer argumentos de defensa.

Por otra parte, la correcta aplicación de su normativa interna, respetando la normativa general aplicable al caso, se suma a la autonomía que la Ley General de Educación le reconoce a los establecimientos educacionales, a fin de lograr el proyecto educativo que idearon, lo que legitima sus decisiones. 7°.- Que, desde otro ángulo, las constantes faltas cometidas por el estudiante nombre reservado, consistentes en variados hechos de agresión verbal y física contra sus compañeros del primer año A de enseñanza media humanístico- científico del colegio, han provocado un fundado temor en sus compañeros de asistir a clases, así como también un temor en los profesores de asistir a trabajar, por cuanto todos temen ser víctimas de agresiones, lo que sin duda ha afectado gravemente la convivencia escolar, circunstancia que fundamenta debidamente la medida impuesta de cancelación de matrícula y término anticipado del año escolar 2025, sin que ella pueda ser ignorada por parte del colegio, por cuanto aun existiendo un diagnóstico médico del estudiante nombre reservado ello no lo exime de cumplir con el reglamento interno de Convivencia Escolar, y sobre todo, de cooperar o por lo menos, no ser un obstáculo en la obtención de una buena convivencia escolar, toda vez que tal objetivo considera a la comunidad educativa toda, que comprende alumnos, alumnas, padres, madres, apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipo docente directivo y sostenedores educacionales, como lo indica el artículo 3° de la Ley 20.370. 8°.- Que, así las cosas, y contrario a lo aseverado por el recurrente en su presentación, no se vislumbra por esta Corte acto u omisión ilegal y arbitrario cometido por el colegio, el que aplicó las diversas medidas disciplinarias que contempla su Reglamento Interno, escalando progresivamente en su gravedad, y brindó apoyo al estudiante, sin poder disminuir o evitar los insultos y agresiones cometidas por éste, y que afectaron de tal manera la convivencia escolar, que C justifica la adopción de cancelación de la matrícula y el término anticipado del año escolar 2025.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por el abogado don Remberto Valdés Hueche, en representación de don nombre reservado y de doña nombre reservado, en favor de su hijo nombre reservado, en contra del establecimiento EDUCACIONAL nombre reservado, representada legalmente por don nombre reservado.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del abogado integrante don Juan Antonio De La Hoz Fonseca, quien no firma por no haber integrado sala el día de hoy.

ROL 690-2025 PROTECCIÓN.

C Chillán, diecisiete de octubre de dos mil veinticinco. VISTOS: ROL 690-2025 PROTECCIÓN.