Recurso de protección

Chillán, veintisiete de octubre de dos mil veinticinco.

VISTO: 1°.- Que, comparece doña nombre reservado, estudiante, soltera, cédula nacional identidad N°NUM000, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de doña nombre reservado, ignora profesión u oficio, cédula de identidad N°NUM001, domiciliada en domicilio reservado, por los actos ilegales y arbitrarios que constituyen una vulneración a sus garantías fundamentales contempladas en los numerales 4° y 1° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, conforme a las argumentaciones que expresa.

Refiere la recurrente, y como fundamento de la acción constitucional por ella interpuesta, que lleva años en litigio con el progenitor de su hijo, por diferentes temas de índole familiar, dicho progenitor se encuentra casado con doña nombre reservado, recurrida de autos, quien desde hace meses ha iniciado una campaña de desacreditación en su contra, realizando múltiples denuncias falsas denigrándola como madre, mujer y persona, para lo cual ha concurrido a la oficina de OPD de la comuna de Chillán e Ilustre Municipalidad de Chillán, señalando que es una mala madre, que es una vulneradora de derechos, entre otros epítetos.

Indica que en su momento fue evaluada por OPD a raíz de esas denuncias, siendo desechadas completamente, cerrándose los procesos, ya que ha sido una madre ejemplar en el cuidado abnegado hacia su hijo.

Sin embargo, la recurrida ha ido más lejos, ya que con fecha 28 de julio de 2025, la llamaron desde la OPD de Chillán, indicándole que nuevamente la señora nombre reservado había ingresado denuncias en su contra y no solo eso, había enviado su ficha de registro social de hogares, la cual es privada, desconociendo la forma en que la obtuvo. Incluso más, la recurrida envió un video de su parto señalándole la funcionaria de la OPD que dicho video también había sido enviado por la recurrida a la Ilustre Municipalidad de Chillán, no obstante que el parto fue realizado en un contexto extremadamente íntimo, en el que se encontraba totalmente desnuda y expuesta, dado que el parto fue vaginal, desconociendo el motivo por el cual ella tiene en su poder este video, y lo ha compartido con terceras personas.

Expresa que la situación denunciada ha afectado gravemente su honra y su vida privada, generándole una afectación en su integridad psicológica, manteniendo temor, pesadillas y además se encuentra completamente consternada, sin saber cuántas personas han tenido acceso a ese video, desconociendo que otras cosas ha enviado a dichas instituciones.

En cuanto a los fundamentos de derecho, manifiesta que el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida ha afectado sus garantías fundamentales contempladas en los numerales 1° y 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es: “El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”, y “El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales”, respectivamente.

En razón de lo expuesto, pide tener por interpuesto el presente Recurso de Protección, declararlo admisible, acogerlo, y en definitiva, ordenar a la recurrida que se abstenga en lo sucesivo de hablar de ella ante otras personas, incluyendo cualquier tipo de mención hacia su persona, y en especial, de difundir cualquier tipo de imagen, video, cinematografía u otro tipo de medio audiovisual en el cual pudiera aparecer su imagen, como asimismo, la divulgación de su información personal. 2°.- Que, informando el abogado don Maximiliano Alfonso Escobar Henríquez, en representación de doña nombre reservado, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes y con expresa condenación en costas, manifestando que la actora articula su recurso sobre una premisa fundamentalmente errónea, al equiparar el ejercicio legítimo del derecho y el deber de denunciar hechos graves ante la autoridad competente, con un acto arbitrario e ilegal. En efecto, sostiene que la recurrente ha orquestado una “campaña de desacreditación” en su contra, cuyo elemento central y más lesivo sería la divulgación de material de carácter íntimo y privado, específicamente, un video de su parto y su Ficha de Registro Social de Hogares.

Aduce el letrado que la recurrente omite deliberadamente un hecho crucial que desvirtúa por completo su alegación, y lo hace consistir en que dicha información jamás fue divulgada públicamente. Por el contrario, fue aportada como medio de prueba y de manera estrictamente reservada, a través de un canal privado y seguro a la Oficina de Protección de Derechos (OPD) de Chillán, haciendo presente que la entrega del material audiovisual se realizó en el contexto de una denuncia formal por vulneración del derechos del niño nombre reservado, y con el único y exclusivo propósito de que la autoridad competente, y solo ella, pudiera ponderar la veracidad y gravedad de os hechos denunciados en el ejercicio de sus facultades legales.

Refiere que el Servicio Nacional de Protección especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), y la Oficina de Protección de Derechos de la Niñez (OPD), y la Municipalidad, como canal de derivación, son los llamados a conocer de una posible vulneración de los derechos de un niño, entidades éstas que no son meros receptores de información, sino que son los organismos facultados por ley , de manera privativa y excluyente, para acoger, evaluar y gestionar denuncias de esta naturaleza, todo bajo estrictas normas de confidencialidad y siempre velando por el interés superior del niño.

Sostiene que la recurrente en su narración no es precisa, sino que por el contrario omite deliberadamente el contexto y la cronología real de los hechos, con el claro objeto de presentar el actuar legítimo y fundado de su representada, como un acto caprichoso y malicioso.

Expresa que el proceso se inició cuando su representada, motivada por una profunda y justificada preocupación por el bienestar del niño nombre reservado, interpuso una denuncia formal no ante la recurrente ni de forma pública, sino a través de la plataforma web del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), por ser el órgano rector en la materia, de manera que la recurrente distorsiona la realidad de lo acontecido.

Termina manifestando que, en razón de lo expuesto, no existe un acto arbitrario e ilegal, como tampoco un acto de publicidad o denostación, como infundadamente lo sostiene la recurrente en su presentación, por cuanto el accionar de su representada responde a una actuación fundada y racional, orientada por el principio rector que debe gobernar toda materia de familia, cual es, el interés superior del niño.

Solicita tener por evacuado el informe, y en definitiva, rechazar el recurso en todas sus partes, condenando en costas a la recurrente por haber litigado sin fundamento plausible. 3°.- Que, por su parte, informando doña nombre reservado, Psicóloga y Coordinadora del Programa de Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia y Adolescencia de Chillán (OPD), manifiesta que efectivamente doña nombre reservado, ha presentado denuncias en contra de doña nombre reservado, siendo la primera de ellas a través de la página de transparencia de la Ilustre Municipalidad de Chillán el día 08 de agosto de 2023, la cual fue derivada a esa oficina, realizándose un informe descriptivo de vulneración de derechos, estableciéndose por la profesional trabajadora social doña nombre reservado, que no existía vulneración de derechos ni amenaza de vulneración.

Luego, con fecha 16 de julio de 2025, doña nombre reservado realiza una segunda denuncia a través de correo electrónico, manifestando nuevos hechos de vulneración de derechos respecto de los cuales era víctima el niño nombre reservado, y posteriormente, con fecha 17 de julio de 2025 la remite mediante correo electrónico a la Ilustre Municipalidad de Chillán.

Termina señalando que la profesional, trabajadora social, doña nombre reservado, realiza acciones a fin de realizar un diagnóstico de las situaciones denunciadas, estableciendo nuevamente que no existe ningún tipo de vulneración de derechos o amenaza de vulneración, en relación al niño nombre reservado.

En razón de lo anterior, solicita tener por cumplido lo solicitado. 4°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non, para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquel que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, algunas de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 6°.- Que, conforme el tenor del recurso fluye de manera evidente que el acto que se denuncia como ilegal o arbitrario, lo constituye el accionar de la recurrida, quien ha iniciado una campaña de desacreditación en contra de la recurrente, denigrándola como madre, mujer y persona, tanto en la OPD, como en la Municipalidad de Chillán, enviando a dichas instituciones su ficha de Registro Social de Hogar, más un video de su parto que fue realizado en un contexto extremadamente íntimo, y en donde aparece totalmente desnuda y expuesta, ya que se trató de un parto vaginal, desconociendo el motivo por el cual ella tiene en su poder ese video y lo comparte con terceras personas y algunas instituciones. 7º.- Que, por otra parte, la recurrida señala en su informe que, si bien es cierto reconoce haber efectuado denuncias en contra de la actora, no lo es menos que se ha tratado de denuncias formales dentro del mecanismo reglado por el ordenamiento jurídico, a fin de poner en conocimiento de la autoridad competente la posible comisión de un ilícito consistente en una grave vulneración de derechos de un niño, no existiendo en consecuencia un acto antojadizo o caprichoso de su parte, ya que solo la ha guiado el interés superior del niño, obedeciendo su accionar a una profunda y justificada preocupación por el bienestar del niño nombre reservado, sustentada en un largo historial de conflictos y procedimiento judiciales en los que ha primado la obstrucción del vínculo paterno filiar. 8º.- Que, para la adecuada resolución de este asunto, resulta necesario consignar que la Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia y Adolescencia de Chillán (OPD), ha señalado a través de la trabajadora social, doña nombre reservado, que luego de realizar un diagnóstico de la situación denunciada, que no existe ningún tipo de vulneración de derechos o amenaza de vulneración, en relación al niño nombre reservado. 9°.- Que, en relación a lo anterior, cabe advertir que el derecho a la honra consiste en la estima y respeto de la dignidad propia y también la buena opinión o fama adquirida por la virtud y el mérito. Por consiguiente, la honra comprende dos aspectos, uno de naturaleza subjetiva y otro objetivo. El primero, corresponde al sentimiento de nuestra propia dignidad moral, proveniente de la consciencia de nuestras virtudes y méritos; el segundo, está representado por la apreciación y estimación que hacen los demás de nuestras cualidades morales y de nuestro valor social. En ese sentido, el derecho al buen nombre, que consiste en el concepto que del individuo tienen los demás miembros de la sociedad en relación a su comportamiento, honestidad, decoro, calidades, condiciones humanas y profesionales, es un derecho personalísimo que puede verse afectado cuando se emite en una entrevista o se publica en un medio escrito o en una red social, afirmaciones deshonrosas que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo y que, en consecuencia, tienden a debilitar el prestigio y la confianza que tiene en el entorno social donde actúa. 10º.- Que, desde otro ángulo, es útil señalar que el artículo 20 de la Constitución Política de la República no menciona “el derecho a la imagen” entre las garantías susceptibles de ampararse a través del recurso de protección, sin embargo, no puede ignorarse que el derecho a la imagen constituye hoy un derecho fundamental de la persona que pertenece al ámbito de la personalidad, y como tal queda inserto dentro de los derechos que reconoce el artículo 19 de la Carta Fundamental en su numeral 4°, por lo cual, el recurso de protección es plenamente aplicable al caso de autos. 11º.- Que, desde la perspectiva anterior, resulta útil consignar que, si bien la Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia y Adolescencia de Chillán (OPD), ha señalado que no existe vulneración de los derechos del menor, y por otra parte la recurrida ha manifestado que su accionar ha obedecido única y exclusivamente a precaver y denunciar una eventual vulneración de derechos, no puede desatenderse que el envío y divulgación de un material tan privado y extremadamente íntimo, como lo es un video de un parto, al igual que la remisión de la Ficha del Registro Social de Hogares a ciertas instituciones, traspasa la esfera de la privacidad, vulnerándose de este modo la garantía constitucional contemplada en el numeral 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, “El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales”, por lo que la presente acción constitucional será acogida en la forma que se dirá en lo resolutivo de este fallo. 12°.- Que, por otra parte debe tenerse presente que la situación del niño nombre reservado -hijo de la recurrente y de la actual pareja de la recurrida- debe analizarse y resolverse con la debida reserva en las sedes administrativas y judiciales correspondientes, teniendo presente que fundamentalmente sobre sus padres recae la obligación de velar por su bienestar, evitando cualquier exposición de su vida a terceros.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE ACOGE, sin costas, el aludido recurso interpuesto por doña nombre reservado, en contra de doña nombre reservado, sólo en cuanto la recurrida deberá abstenerse de difundir cualquier tipo de imagen, video, cinematografía u otro tipo de medio audiovisual en el que pueda aparecer la recurrente, como asimismo, su información personal.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo dl Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Atendido que se consignan antecedentes de un menor de edad, manténgase como reservada la presente causa como reservada para efectos de su tramitación digital y cúmplase lo correspondiente respecto de la anonimización.

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Juan Antonio De la Hoz Fonseca, quien no firma por no haber integrado hoy.

RIT: 679-2025-PROTECCION.