nombre reservado con SERVICION NACIONAL DE MIGRACIONES

2 Chillán, veintitrés de septiembre de dos mil veintiséis.

Visto:

1°.- Que, nombre reservado, comparece por sí y en favor de su hijo nombre reservado nombre reservado nombre reservado, menor de edad, quien presenta discapacidad mental en grado igual o superior a dos tercios, recurriendo de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° 2600100413535, de 17 de julio de 2026.

Sostiene la actora ser de nacionalidad haitiana, y carecer de antecedentes penales y tener a su cargo el cuidado de su hijo, quien se encuentra escolarizado en esta comuna y recibe tratamiento en la red pública de salud, a quien el Estado le ha reconocido y paga un subsidio de discapacidad Refiere que el Servicio Nacional de Migraciones rechazó su solicitud de residencia definitiva, decisión que impugnó, declarándose por la recurrida la extemporaneidad del escrito, archivándolo.

Señala que dicha declaración descansa sobre una notificación electrónica que el Servicio afirma haberse realizado, pero no acredita, y que según el propio portal institucional fue dirigida a una dirección de correo que no es la que la compareciente registra ante los organismos del Estado.

Plantea que luego del aludido rechazo, la hoy recurrida siguió recibiendo y tramitando, hasta febrero de 2026, seis solicitudes de ampliación de certificado de Residencia Definitiva en trámite presentadas por la actora.

Añade que el año 2020, la hoy recurrida le concedió permiso de residencia bajo la subcategoría vínculo con chileno. En el plano laboral, indica que en junio de 2026 celebró contrato de trabajo con nombre reservado, para desempeñarse como trabajadora agrícola de cosecha en el fundo Las Pataguas, sector Frutillares, comuna de Coihueco, destacando que en la cláusula novena del referido contrato se estipuló que la obligación de prestar servicios sólo podrá cumplirse una vez que el trabajador haya obtenido la visación de residencia correspondiente en Chile o el permiso especial de trabajo para extranjeros con visa en trámite.

Señala la recurrente que su proceder no es la de quien ingresó irregularmente al territorio, sino la de quien obtuvo permiso de residencia por la vía regular, lo pagó y lo hizo estampar, manifestando que el presupuesto del artículo 79 de la Ley 21.325, queda acreditado conforme al cual la postulación a residencia definitiva corresponde a los residentes temporales titulares y por lo mismo se individualizó como postulante a residencia definitiva y ser titular de cédula de identidad chilena para extranjeros, documento que el artículo 43 reserva a quien cuenta con permiso de residencia, afirmando que el vínculo familiar que invoca no es una alegación sobrevenida, sino el mismo que el Estado de Chile reconoció y registró en 2020 al concederle la residencia.

Expresa que, por Resolución Exenta N°24574719, de 14 de diciembre de 2024, el Servicio rechazó su solicitud de permiso de residencia definitiva, la que no le ha sido puesta a su disposición. Añade que por Resolución Exenta N°2600100413535, de 17 de julio de 2026, el Servicio rechazó por extemporáneo el recurso administrativo, manteniendo firme la denegación y ordenando remitir y comunicar copia a la Policía de Investigaciones de Chile, a Carabineros de Chile, al Servicio de Registro Civil e Identificación y al Ministerio de Relaciones Exteriores para su conocimiento y fines consiguientes, destacando que el acto hoy recurrido no contiene línea alguna sobre la existencia del menor; su discapacidad certificada por el propio Estado; el subsidio estatal que percibe; su calidad de cuidadora permanente; su carencia de antecedentes penales; su vínculo laboral; ni sobre su domicilio conocido; permiso de residencia que el propio Servicio le concedió en 2020; ni sobre las seis ampliaciones que el propio Servicio tramitó después del rechazo.

La actora detalla que impugna un acto administrativo terminal, escrito, individualizado por su número, fecha, folio y código de verificación, y no una situación difusa ni una omisión genérica, impugnación la cual ha sido ejercida dentro del plazo de treinta días corridos que fija el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, afirmando que no existe respecto del mismo, una acción especial que desplace a la protección, desde que el reclamo del artículo 141 de la Ley 21.325 procede contra la medida de expulsión, la que no ha sido decretada, aseverando que la notificación que sirve de único sustento al acto no está acreditada, sosteniendo al respecto que la Resolución Exenta N° 24574719 debe cumplir con las exigencias previstas en el artículo 146 inciso segundo de la Ley 21.325, las que no se dan en la especie ya que, el acto no individualiza la casilla electrónica a la cual habría remitido la resolución; no acompaña el correo electrónico ni constancia alguna de haberlo despachado: ni registro del sistema, ni acuse, ni certificación de la unidad remisora; no se acredita que el envío contuviera copia íntegra de la resolución, no deja constancia de recepción, apertura ni acuse de recibo de ninguna especie y no expresa haberse practicado la notificación supletoria por carta certificada, que la misma norma contempla precisamente para el evento de que la electrónica no resulte idónea, insistiendo en afirmar que el Servicio recurrido no ha acreditado haber practicado válidamente la notificación, y que sobre un hecho no probado no puede fundarse la pérdida del derecho a recurrir, haciendo presente que el propio portal institucional del Servicio Nacional de Migraciones, consultado el 26 de julio de 2026 respecto del trámite ID N° 39515177, informa que la solicitud ya fue contestada y que la respuesta fue enviada al correo electrónico correo reservado, dirección la cual no es la que registró ante los órganos del Estado.

También sostuvo que el acto hoy recurrido carece de motivación suficiente, en cuanto a la notificación, porque la afirma sin acreditarla; en cuanto al cómputo, porque aplica la norma contra su texto; en cuanto a su propio registro, porque no explica cómo pudo tramitar durante catorce meses ampliaciones de una solicitud que declaraba rechazada y en cuanto a la potestad invalidatoria y al interés superior del niño, porque sencillamente no se pronuncia.

En cuanto a las garantías constitucionales estima que el proceder de la recurrida ha conculcado las garantías constitucionales relativas a la integridad psíquica, principalmente en favor de su hijo, ya que el acto recurrido afecta su estabilidad emocional; su continuidad terapéutica y la unidad familiar. También estima conculcada la igualdad ante la ley y la prohibición de diferencias arbitrarias, ya que el acto aplica un rigor formal absoluto, sin ponderación alguna y sin expresar razón que justifique el trato dispensado. También estima afectada la libertad de trabajo y su protección, pues la actora afirma contar con contrato de trabajo indefinido suscrito ante Notario, cuya cláusula novena somete la prestación de servicios a la obtención del permiso denegado.

Termina solicitando que se acoja el recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, y, en definitiva, se declare ilegal y arbitrario el acto recurrido, y disponiendo que se deje sin efecto la Resolución Exenta N°2600100413535, de 17 de julio de 2026, de dicho Servicio y se le ordene a emitir, dentro del plazo que se determine y que no exceda de treinta días corridos, un nuevo pronunciamiento fundado que, a lo menos: (a) acredite documentadamente la notificación de la Resolución Exenta N° 24574719, individualizando la casilla electrónica, el envío y su contenido íntegro; (b) compute el plazo conforme al tenor del artículo 146 inciso segundo de la Ley N° 21.325; (c) se haga cargo de la tramitación de las seis ampliaciones de certificado de residencia definitiva en trámite ingresadas con posterioridad al rechazo; (d) se pronuncie expresa y motivadamente sobre el ejercicio de la potestad invalidatoria del artículo 53 de la Ley N° 19.880, sea para ejercerla, sea para descartarla; (e) pondere de manera expresa el interés superior del niño nombre reservado nombre reservado nombre reservado, su condición de persona con discapacidad certificada por el Estado, su calidad de cuidadora permanente, su vínculo laboral, su domicilio, su carencia de antecedentes penales y el permiso de residencia que le fue concedido por Resolución Exenta N° 1272 de 26 de abril de 2020 bajo la subcategoría vínculo con chileno y (f) disponga las diligencias necesarias para oír al niño, o exprese las razones por las cuales ello resulta improcedente y se ordene al Servicio Nacional de Migraciones abstenerse de iniciar o impulsar procedimiento de expulsión, abandono o prohibición de ingreso en su contra mientras no se emita el pronunciamiento a que se refiere precedentemente, debiendo comunicar lo resuelto a los organismos a los que remitió el acto recurrido.

En subsidio solicita se ordene al Servicio otorgarle un permiso de residencia temporal mientras se sustancia su situación migratoria, con el objeto de permitirle el cumplimiento del contrato de trabajo y el sostenimiento económico de su hijo.

2°.- Que, al informar el abogado don Manuel Espinoza Belmonte, mandatario judicial del Servicio Nacional de Migraciones, solicitó el rechazo de la acción de protección ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición.

En forma previa antes de informar sobre el fondo de la acción constitucional entablada, aporta antecedentes de hecho referente a la actora, manifestando al respecto que ésta, con fecha 13 de enero de 2028 (2018), ingresó al país vía aérea, por el Aeropuerto Internacional nombre reservado y que el 14 de abril de 2018, mediante Resolución Exenta N° 682 de la entonces Gobernación de Diguillín, se le otorgó una visa temporaria, vigente hasta el 18 de diciembre de 2019. Añade que el 27 de abril de 2020, mediante Resolución Exenta N°1272 de la Gobernación de Diguillín, se le otorgó una nueva visa temporaria, vigente 17 de agosto de 2021 y que el 2 de febrero de 2022, bajo la vigencia de la actual legislación migratoria contenida en la ley 21.325, la extranjera solicita una residencia definitiva mediante portal web. El 20 de octubre de 2023, luego de un primer análisis de su solicitud, el Servicio Nacional de Migraciones emitió comunicación electrónica Folio N° 48146118 referente a solicitud incompleta o insuficiente, otorgándole un plazo para remitir los antecedentes y al no subsanar su presentación, y en cumplimiento con el inciso segundo del artículo 91 de la ley 21.325, mediante comunicación electrónica notificación previo rechazo de 10 de enero de 2025, se le informó que su solicitud se encontraba en situación de rechazo por encontrarse incompleta, requiriendo nuevamente los documentos señalados e informándosele que disponía de un plazo de 10 días hábiles, contados desde la notificación, para realizar los descargos respecto de las causales invocadas, debiendo acompañar todos los antecedentes que sirvan de sustento a sus aseveraciones, a través de la plataforma dispuesta para ello. Señala que, ante la falta de remisión de los antecedentes adicionales, su representada, mediante Resolución Exenta N° 24574719 de fecha 14 de diciembre 2024, dicta el rechazo de la solicitud de residencia definitiva, disponiendo su abandono del país dentro del plazo de 10 días, resolución la cual señala fue remitida, el mismo día, al correo electrónico registrado en el Servicio al momento de enterar la postulación: correo reservado. Añade que el 26 de septiembre de 2025 la recurrente interpone recurso administrativo contra el rechazo de la residencia definitiva, y habiéndose contrastado la fecha de presentación del recurso con la data de notificación, se constató que la persona extranjera fue legalmente notificado a partir del día en que se remitió correo electrónico, 14 de febrero de 2024, por lo que, habiendo vencido el plazo para interponer los recursos pertinentes, de acuerdo a lo normado en la ley 19.880 (aplicable en materia migratoria por expresa indicación del artículo 139 de la ley 21.325), es que se verificó la notoria extemporaneidad del recurso presentado y por ello la autoridad, mediante Resolución Exenta N°2600100413535 de fecha 17 de julio de 2026, rechazó el recurso administrativo por extemporáneo, manteniéndose firme la Resolución Exenta N°24574719, por lo que a su entender, el Servicio durante el procedimiento actuó dentro del ámbito de su competencia y en conformidad a las facultades que le otorga el ordenamiento jurídico, no pudiendo develarse actuación arbitraria o ilegal por parte de la autoridad.

También alega que no se ha dictado acto administrativo por parte de su representada que aplique la medida de expulsión al amparado, por lo cual, no habiendo riesgo concreto y real a su Libertad Personal y Seguridad Individual, la presente acción debe ser rechazada. Lo anterior, puesto que la Orden de Abandono es de carácter voluntario, ya que para que efectivamente se ordene al extranjero salir del país, además de no haber dado cumplimento voluntario, se requiere un decreto de expulsión legalmente tramitado, fundado en las causales del artículo 127 N° 3 o 128 N° 4, según corresponda, ambas normas de la Ley 21.325. Cabe señalar que, en el contexto de dicho procedimiento sancionatorio de expulsión, el extranjero podrá hacer valer el arraigo familiar y social mencionado en su libelo, a fin de oponerse a la medida, como lo indican los artículos 129, 132 y 141 de la Ley 21.325.

Posteriormente hace referencia de forma lata a los antecedentes de derecho aplicables a la materia, sosteniendo que su representada, previo a dictar un acto administrativo terminal, procedió a notificar a la amparada de la configuración de la causal de rechazo y los fundamentos que la sostenían, otorgándole además un plazo de 10 días para realizar los descargos respectivos para desvirtuar la aplicación de dicha causal, cumpliendo así con lo establecido en el artículo 91 inciso 2° de la Ley 21.325, añadiendo que la hoy recurrente no procedió a cumplir con lo expresado, por lo que procedió a rechazar la solicitud de residencia, afirmando que su representada, mediante acto terminal individualizado, dio cumplimiento en concluir el procedimiento según lo establecido en el artículo 40 de la Ley 19.880, haciendo presente que, habiéndose establecido el rechazo del permiso de residencia, su representada está en la obligación de disponer el abandono del territorio nacional del extranjero a quien se le haya rechazado o revocado un permiso de residencia, sosteniendo que la orden de abandono es una consecuencia necesaria e imperativa ante un rechazo de un permiso basado en causas legales y teniendo mérito para aquello, expresando que no es del caso ponderar la orden de abandono bajo los criterios del artículo 129 de la Ley 21.325 (arraigo social, familiar o laboral), esto debido a que se trata de una orden de abandono y no una expulsión y, los criterios de ponderación del artículo 129, quedan por ley de migraciones exclusivamente reservados a la medida de expulsión y no al abandono.

En cuanto a las supuestas vulneraciones de garantías constitucionales se señala que, con base en las distintas actuaciones realizadas por su representada, y habiendo obrado siempre según las disposiciones normativas aplicables para dictar la resolución impugnada, afirma que no ha existido acto u omisión ilegal o arbitrario que haya privado, perturbado o amenazado en momento alguno las garantías constitucionales reconocidas por la Carta Fundamental, más aun considerando que todas las actuaciones precedentemente señaladas fueron llevadas a cabo por la autoridad según las normas especiales del procedimiento de marras, como son la Ley 21.325 y el Decreto Supremo 296, además, de aplicar supletoriamente aquellas disposiciones establecidas en la Ley19.880.

Termina solicitando se tenga por evacuado el informe requerido y se rechace la presente acción constitucional, en todas sus partes, por no existir en la especie acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, no siendo procedente la condena en costas.

3°.- Que, la recurrente formula observaciones al informe evacuado por la recurrida y en base al mismo efectúa precisiones señalando que, el acto recurrido es la Resolución Exenta N° 2600100413535, de 17 de julio de 2026, que rechazó por extemporáneo el recurso administrativo deducido contra la denegación de la residencia definitiva y que lo que solicita es que se efectúe un control de legalidad y racionalidad del acto que cerró la vía administrativa sin examinar el fondo, añadiendo que, si la hoy recurrida podía declarar extemporáneo el recurso sobre la base de una notificación cuya fecha su propio informe consigna de manera incompatible, respecto de la cual no acompaña trazabilidad técnica del envío y cuyo cómputo jurídico formula contra la regla del artículo 146 de la Ley N° 21.325, presupuesto fáctico el cual considera no se acredita, la conclusión de extemporaneidad pierde sustento y si el procedimiento que culminó en la Resolución Exenta N° 24574719 omitió el previo rechazo en la oportunidad legal, la controversia ya no versa únicamente sobre un plazo recursivo, sino también sobre la regularidad del acto administrativo que se tuvo por firme.

Expresa que el informe incurre en errores, pues si bien comienza identificando correctamente los autos como una acción de protección, en su desarrollo se refiere reiteradamente a la recurrente como “el amparado”, discurriendo sobre libertad personal y seguridad individual, concluyendo que la ausencia de una orden de expulsión impediría la tutela constitucional.

Plantea que conforme lo informado por la recurrida, se practicó una comunicación electrónica de “NOTIFICACIÓN PREVIO RECHAZO” el 10 de enero de 2025 otorgándole a la recurrente un plazo para formular descargos, para luego señalar que la Resolución Exenta N° 24574719 ya había sido dictada el 14 de diciembre de 2024, por lo que, si ambas fechas son correctas, el acto terminal fue dictado sin haber cumplido previamente el trámite que la ley establece para permitir que los antecedentes del interesado puedan incidir en la decisión y si alguna de las dos fechas es errónea, el resultado procesal para la presente causa no es neutro, no habiendo el Servicio demostrado cuándo se cumplió el previo rechazo ni puede pedir que la Corte presuma la regularidad de una secuencia que su propio informe describe de modo cronológicamente imposible. También observa que en el informe se afirma que la Resolución Exenta N° 24574719 fue remitida “aquel mismo día”, esto es, el 14 de diciembre de 2024, a la casilla correo reservado., para luego señalar que la persona extranjera fue legalmente notificada el 14 de febrero de 2024, fecha anterior a la resolución y, por tanto, materialmente imposible.

Se señala que en el segundo otrosí del informe se acompañan el documento denominado “NOTIFICACIÓN PREVIO RECHAZO” y copias de las resoluciones administrativas; pero no se acompaña el correo por el cual se habría notificado la Resolución Exenta N° 24574719 con sus encabezados, bitácora de envío, constancia de entrega o rechazo del servidor de destino ni el archivo efectivamente adjunto, estimando que tener una copia del acto que debía comunicarse no acredita, por sí solo, que ese acto fue efectivamente enviado a una casilla determinada en una fecha determinada. Manifiesta que el informe incurre, asimismo, en un error jurídico al sostener que la persona quedó notificada desde el mismo día del envío, planteando al respecto que si bien reconoce expresamente que la diferencia de tres días, por sí sola, no convierte en oportuno un recurso presentado meses después su relevancia es distinta, pues confirma que el razonamiento de extemporaneidad no aplicó correctamente la regla legal que el propio Servicio invoca y que, antes de discutir el cómputo, falta acreditar el hecho que lo activa. Respecto de la casilla electrónica, el informe exhibe una captura de “Datos de contacto” en que figura correo reservado y un domicilio en domicilio reservado. Los antecedentes del libelo consignan Cristóbal Colón N° 427 y la casilla correo reservado ante el Instituto de Previsión Social, mientras el número telefónico sí coincide. También se plantea que en el informe se señala que el recurso administrativo presentado el 26 de septiembre de 2025 recibió el ID 74307676, no obstante que los registros del portal institucional acompañados al recurso identifican el “Recurso Administrativo (Residencia Definitiva)” con el ID 74307806, mientras el ID 74307676 aparece asociado a la Resolución Exenta N° 2600100413535, de 17 de julio de 2026, añadiendo que los registros acompañados con el recurso individualizan cinco actuaciones posteriores al rechazo bajo la denominación “Ampliación de certificado de Residencia Definitiva en trámite”: dos de 4 de septiembre de 2025 (IDs 74163167 y 74163174), una de 5 de octubre de 2025 (ID 74370623), una de 13 de noviembre de 2025 (ID 74679337) y una de 26 de febrero de 2026 (ID 75393987), lo que rectifica el error material del libelo que las denominó “seis”, haciendo presente que el informe guarda silencio sobre su alegación subsidiaria del artículo 53 de la Ley 19.880.

Se señala por parte de la recurrente que si bien el informe sostiene que el arraigo familiar o laboral no debía ponderarse porque el artículo 129 de la Ley 21.325 regula las consideraciones previas a una expulsión y, en este caso, existe una orden de abandono, el mismo informe omite señalar que el artículo 4 de la Ley 21.325 impone al Estado adoptar las medidas administrativas necesarias para asegurar el pleno ejercicio y goce de los derechos de niños, niñas y adolescentes, cualquiera sea la situación migratoria de sus padres o cuidadores a lo que se suma que la Ley 21.430 y la Convención sobre los Derechos del Niño, que exigen tratar el interés superior como consideración primordial en las decisiones administrativas que los afecten.

Por último, plantea que el informe no se hace cargo de las garantías constitucionales efectivamente invocadas, esto es, las del artículo 19 numerales 1, 2 y 16, así como al hecho que si bien, como se reconoce en el informe, la Resolución Exenta N° 24574719 ordena abandonar el país dentro de diez días y que dicha orden no se ejecute compulsivamente del mismo modo que una expulsión, ello no significa que carezca de efectos jurídicos, lo que se demostraría en que la Resolución Exenta N° 2600100413535 ordenó comunicar lo resuelto a la Policía de Investigaciones de Chile y a Carabineros de Chile “para los fines consiguientes”. Por tanto, la amenaza no se construye sobre una expulsión hipotética, sino sobre efectos actuales de actos ya dictados.

Concluye la recurrente señalando que, después del informe, la causa queda reducida a los siguientes hechos verificables: (a) el previo rechazo es fechado por el Servicio después del rechazo definitivo; (b) la resolución se dice remitida el 14 de diciembre de 2024, pero luego se afirma una notificación el 14 de febrero de 2024; (c) no se acompaña trazabilidad técnica del correo en que descansa la extemporaneidad; (d) se aplica la notificación desde el día del envío, pese a la regla legal del tercer día; (e) se confunden los IDs del recurso y del acto terminal; (f) existen cinco actuaciones de ampliación posteriores al rechazo, dos de ellas anteriores al recurso administrativo; (g) no se responde la alegación subsidiaria del artículo 53 de la Ley N° 19.880; y (h) el informe contesta respecto de garantías distintas de las realmente invocadas.

4°.- Que, el abogado Manuel Espinoza Belmonte señala que, ante el hecho de haberse discutido por la recurrente la notificación de la Resolución Exenta N° 24574719 de fecha 14 de diciembre de 2024, adjunta PDF del respaldo de correo enviado con aquella fecha al correo indicado por la extranjera: correo reservado; que respecto al ID de trámite N° 74307806 que el recurrente alega como disímil al informado en autos, respecto a los documentos que se acompañan por el extranjero, se debe consignar que dicho número de trámite se refiere a una solicitud de recurso administrativo que el recurrente inició en el portal web, pero que no fue concluida, razón por la cual quedó guardado en el historial de tramites de su cuenta, como una actuación pendiente de finalizar.

Asimismo, el letrado efectúa rectificaciones al informe ya evacuado, solicitando se elimine el punto 1 de los hechos y en su lugar se agregue “Que, con fecha 13 de enero de 2018, la recurrente ingresa al país vía aérea, por el Aeropuerto Internacional nombre reservado.”; se elimine el punto 6 y se agregue: “Que, al no subsanar su presentación, y en cumplimiento con el inciso segundo del artículo 91 de la ley 21.325, mediante comunicación electrónica “NOTIFICACIÓN PREVIO RECHAZO” de fecha 26 de abril de 2024, que se acompaña en otrosí, se le informó a la persona extranjera que su solicitud se encontraba en situación de rechazo por encontrarse incompleta, requiriendo nuevamente los documentos señalados.” Y finalmente pide que se suprima el punto 11 del informe y en su lugar se agregue “ Que, habiendo contrastado la fecha de presentación del recurso con la data de la notificación antes referida, la persona extranjera fue legalmente notificado a partir del día que se remite correo electrónico, esto es, el día 14 de diciembre de 2024, por lo que, habiendo vencido el plazo para interponer los recursos pertinentes, de acuerdo a lo normado ley 19.880 (aplicable en materia migratoria por expresa indicación del artículo 139 de la ley 21.325), es que se verifica la notoria extemporaneidad del recurso presentado.”.

5°.- Que, como medida para mejor resolver, con fecha 04 de septiembre de 2026, se ordenó oficiar al Servicio Nacional de Migraciones para que informara respecto de todos los antecedentes referidos a la solicitud de residencia sobre la recurrente, doña nombre reservado, 1) Solicitud de Residencia Definitiva de 2 de febrero de 2022, 2) Comunicación de solicitud de antecedentes, de 20 de octubre de 2023, con constancia de notificación, e indicación de correo electrónico en el cual se practica la referida notificación, 3) Comunicación de previo rechazo, de 26 de abril de 2024, con constancia de notificación, e indicación de correo electrónico en el cual se practica la referida notificación, 4) Resolución Exenta N° 24574719, de 14 de diciembre de 2024, que rechaza la solicitud de residencia, con constancia de notificación, con indicación de correo electrónico en el cual se practica la referida notificación, 5) Resolución Exenta N°2600100413535, de 17 de julio de 2026, que rechaza, por extemporáneo, recurso administrativo presentado contra Resolución Exenta de 14 de diciembre de 2024, con constancia de notificación de resolución anterior, con indicación de correo electrónico en el cual se practica la referida notificación, 6) Antecedentes en donde conste él o los correos electrónicos señalados por la extranjera, como forma de notificación.

6°.- Que, con fecha 14 de septiembre, a folio 14, el Servicio Nacional de Migraciones cumplió lo ordenado, e indica que, con fecha 02 de febrero de 2022, bajo la vigencia de la actual legislación migratoria contenida en la ley 21.325, la extranjera solicita una residencia definitiva ante este Servicio. Asignándole el ID trámite 39515177. Agrega que dicho trámite es sustanciado enteramente de forma digital, en una casilla especialmente destinada al efecto, en la página web https://tramites.extranjeria.gob.cl/, la cual despliegue un formulario que el solicitante debe rellenar con sus datos personales, antecedentes migratorios, familiares y laborales. Debiendo adjuntar todos los documentos que, conforme a la legislación vigente, corresponde a los requisitos generales a todo permiso migratorio y los requisitos específicos para el beneficio migratorio pretendido.

Señala que, en lo que este respecta al caso de marras, y a lo que este recurso importa, la misma recurrente indicó en sus datos contacto el siguiente correo electrónico: correo reservado; siendo de su responsabilidad mantener el seguimiento a dicha casilla electrónica para futuras comunicaciones. Acompaña imágenes, e indica que precisamente a dicha casilla electrónica es que, con fecha 20 de octubre de 2023, luego de un primer análisis de su solicitud, el Servicio Nacional de Migraciones emitió comunicación electrónica Folio N° 48146118 “SOLICITUD INCOMPLETA O INSUFICIENTE. OTORGA PLAZO PARA REMITIR ANTECEDENTES”.

Añade que, al no subsanar su presentación, y en cumplimiento con el inciso segundo del artículo 91 de la ley 21.325, mediante comunicación electrónica “NOTIFICACIÓN PREVIO RECHAZO” de fecha 26 de abril de 2024, que se acompaña en otrosí, se le informó a la persona extranjera que su solicitud se encontraba en situación de rechazo por encontrarse incompleta, requiriendo nuevamente los documentos señalados al mismo correo electrónico.

Indica que, sin que la persona extranjera remitiera antecedentes adicionales, mediante Resolución Exenta N° 24574719 de fecha 14 de diciembre 2024 del Servicio Nacional de Migraciones, se dicta el rechazo de la solicitud de residencia definitiva de la persona extranjera, disponiendo su abandono del país dentro del plazo de 10 días.

Tal como se había consignado en folio N°8 de la presente causa, añade, dicha resolución fue enviada aquel mismo día, al correo electrónico aportado por la extranjera (correo reservado). Acompaña imágenes.

Destaca que, conforme al inciso octavo del artículo 5 de la Ley 21.325, toda persona extranjera deberá mantener actualizada la dirección de su estadía o dirección de correo electrónico, e informar al Servicio sobre cualquier cambio dentro del plazo de treinta días corridos desde que se haya producido. Lo cual no fue verificado en el caso que se examina.

Posteriormente, refiere, con fecha 26 de septiembre de 2025, la recurrente interpone un recurso administrativo contra el rechazo de la residencia definitiva, tramite al cual se le asigna el ID 74307676.

Indica que, en términos operacionales, para interponer un recurso administrativo contra una resolución que se pronuncia sobre una solicitud de residencia definitiva, la plataforma web del Servicio dispone de una ventana especial, creándose una nueva solicitud con un número de ID propio, cuya tramitación sigue un curso ante la Departamento Jurídico Sancionatorio, distinto a la tramitación de una residencia definitiva. Acompaña imágenes.

Argumenta que en dicho recurso la persona extranjera debe compartir sus antecedentes personales, datos de contacto, individualizar el acto impugnado, y adjuntar los antecedentes que considere pertinentes, y en el presente caso, la extranjera comparte un nuevo correo de contacto, correo reservado. para efectos de futuras notificaciones y contacto con esta parte. Adjunta imagen Señala que, habiendo contrastado la fecha de presentación del recurso con la data de la notificación antes referida, la persona extranjera fue legalmente notificado a partir del día que se remite correo electrónico, esto es el día 14 de febrero de 2024, por lo que, habiendo vencido el plazo para interponer los recursos pertinentes, de acuerdo a lo normado ley 19.880 (aplicable en materia migratoria por expresa indicación del artículo 139 de la ley 21.325), es que se verifica la notoria extemporaneidad del recurso presentado.

Por lo anterior, añade, la autoridad, mediante Resolución Exenta N°2600100413535 de fecha 17 de julio de 2026 rechaza recurso administrativo por extemporáneo, manteniéndose firme la Resolución Exenta N°24574719, ya mencionada.

Agrega que dicha resolución fue remitida al correo aportado por la extranjera correo reservado, mediante el sistema de notificación automática de SIMPLE, como consta en el siguiente cuadro extraído del Registro Nacional de Extranjería, el cual arroja que el estado de ENTREGADO. Acompaña imagen.

7°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

8°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

9°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

10°.- Que, lo discutido, y puesto en conocimiento de esta Corte, para su resolución, es el acto que cataloga de arbitrario e ilegal la parte recurrente, y que imputa al Servicio recurrido, consistente en la dictación de la Resolución exenta N°2600100413535, de 17 de julio de 2026, que rechaza, por extemporáneo recurso administrativo intentado por nombre reservado en contra de Resolución Exenta N°24574719, de 14 de diciembre de 2024.

Además de una falta de fundamentación y consideración de las situaciones particulares de la recurrente y su hijo menor de edad, nombre reservado alega que no se encuentra acreditada la notificación de la resolución que rechaza la solicitud de residencia definitiva y ordena hacer abandono del país.

Por su parte, el Servicio Nacional de Migraciones sostiene que cada una de las Resoluciones y actos administrativos dictados, y que afectan a la recurrente, le han sido notificado como en derecho corresponde, a la casilla de correo electrónico que la propia recurrente ha señalado ante el Servicio, siendo extemporánea, por tanto, la presentación de 26 de septiembre de 2025, que pretende la impugnación de la resolución de 14 de diciembre de 2024, que no hizo lugar a la solicitud de residencia definitiva elevada por nombre reservado Grnadoit.

11°.- Que, conforme a las alegaciones y antecedentes aportado por los intervinientes, se encuentra acreditado que:

a.- Habiendo ingresado a nuestro país la recurrente, nombre reservado, mediante Resolución Exenta N°682, de 14 de abril 2018, se le concede una visa temporaria, prorrogándose esta hasta el 17 de agosto de 2021;

b.- Posteriormente, por medio de solicitud ID N° 39515177, se tramita petición de la recurrente, en orden a obtener su residencia definitiva;

c.-Con fecha 20 de octubre de 2023, el Servicio recurrido emite comunicación electrónica Folio N° 48146118, que solicita pago de derechos y la remisión de antecedentes faltantes.

La respectiva comunicación se remitió a correo electrónico correo reservado, conforme al registrado al momento de iniciar el trámite, en la misma fecha de su dictación, a las 16:35 hrs;

d.- Con fecha 26 de abril de 2024, se remite nueva comunicación electrónica a la hoy recurrente, Folio N° 57673534, notificación previo rechazo, solicitando los antecedentes documentales necesarios para resolver, y se le otorgó un plazo de 10 días para efectuar los descargos respectivos;

e.- No habiendo remitido antecedente o descargo alguno, con fecha 14 de diciembre de 2024, el Servicio Nacional de Migraciones procede a dictar Resolución Exenta N°24574719, por medio de la cual se rechaza la solicitud de residencia definitiva pedida por nombre reservado y dispone abandono del país.

La notificación de la resolución dictada se remitió a correo electrónico correo reservado, conforme al registrado al momento de iniciar el trámite, en la misma fecha de su dictación, a las 14:45 hs.;

f.-El día 26 de septiembre de 2025, la extranjera, hoy recurrente, interpone recurso administrativo, ID N°74307676, en contra de Resolución Exenta N°24574719, de 14 de diciembre de 2024, que rechaza solicitud de residencia definitiva y dispone abandono del país. En la oportunidad, registra nuevo correo electrónico, correo reservado;

g.- Por último, y con fecha 17 de julio de 2026, el Servicio Nacional de Migraciones dicta Resolución Exenta N° 2600100413535, que rechaza, por extemporáneo, el recurso administrativo interpuesto por nombre reservado, en contra de Resolución Exenta N°24574719, de 14 de diciembre de 2024.

La notificación de la resolución dictada se remitió, en la misma fecha de su dictación, a las 10:52 hs., a correo electrónico correo reservado, informado al interponer el recurso administrativo, 12°.- Que, el artículo 139 de la Ley N°21.325 de 2021, Ley de Migración y Extranjería, dispone:

“Los extranjeros afectados por alguno de los actos y o resoluciones establecidas en la presente ley, exceptuando la medida de expulsión, podrán interponer los recursos establecidos en la ley Nº 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Ello, sin perjuicio de los demás recursos y acciones judiciales que procedan”

Por su parte, el artículo 59 de la ley 19.880, prevé la existencia de los recursos de reposición y recurso jerárquico. El primero se interpondrá dentro del plazo de cinco días ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna; en subsidio, podrá interponerse el recurso jerárquico, debiendo elevarse el expediente al superior que corresponda si junto con la reposición se hubiere interpuesto subsidiariamente recurso jerárquico, y es rechazada total o parcialmente la reposición.

Cuando no se deduzca reposición, el recurso jerárquico se interpondrá para ante el superior jerárquico de quien hubiere dictado el acto impugnado, también dentro del plazo de 5 días siguientes a la notificación del acto.

13°.- Que, conforme a lo señalado en las motivaciones precedentes, y análisis de las distintas presentaciones y resoluciones invocadas por las partes, no se observa un actuar reprochable al Servicio Nacional de Migraciones al rechazar, por extemporáneo, el recurso administrativo interpuesto en contra de la Resolución Exenta de 14 de diciembre de 2024, que se pronunció sobre la solicitud de residencia definitiva incoada por nombre reservado, desde que su notificación, y conforme a los antecedentes acompañados por la recurrida al cumplir la medida para mejor resolver decretada por esta Corte, se efectuó en la fecha de su dictación, al correo electrónico registrado por la extranjera ante dicho órgano, correo electrónico que constituye la notificación válida del acto cuya impugnación se intentó, conforme lo dispone el artículo 146 de la Ley 21.325.

14°.- Que, en el contexto anotado, el presente recurso de protección no podrá prosperar, desde que no existe un actor arbitrario o ilegal de parte del Servicio recurrido, que amerite la intervención de este Tribunal, no pudiendo entrar, por medio de esta acción cautelar, al análisis de las demás alegaciones invocadas por la recurrente, desde que la resolución de 17 de julio último, que es aquella en contra de la cual se recurre, no se pronuncia sobre aquellas que la extranjera estima como vulneradoras de derecho.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del ministro Claudio Arias Córdova.

R.I.C. 672-2026-PROTECCIÓN.-