Protección contra Municipalidad de Chillán Viejo

Chillán, veintinueve de septiembre dos mil veinticinco.

Visto: 1°.- Que comparece don nombre reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, e interpone recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Municipalidad de Chillán Viejo, representada por su Alcalde, señor Jorge Andrés del Pozo Pastene, y de la Contraloría Regional de Ñuble, representada por su Contralor Regional, señor Daniel Fernández Vega. Señala que ambos organismos han incurrido en actos ilegales y arbitrarios que lo privan y perturban en el legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales, invocando especialmente los artículos 19 N.ºs 1, 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que mediante Decreto Alcaldicio N.º NUM000, de 23 de julio de 2021, la Municipalidad de Chillán Viejo ordenó la instrucción de un sumario administrativo en su contra, el que acumuló un procedimiento previo de 2018. Sostiene que en dicho sumario el fiscal instructor desarrolló las diligencias de forma parcial y carente de objetividad, con el único propósito de justificar su remoción. Indica que se le formularon cuatro cargos, de los cuales dos —el tercero y el cuarto— sirvieron de base para recomendar su destitución: haber omitido la entrega oportuna de la Resolución N.º NUM001 de Contraloría Regional del Biobío a los concejales, y haber suspendido indebidamente una sesión extraordinaria del Concejo Municipal destinada a elegir un alcalde suplente, arrogándose facultades que no le correspondían.

Agrega que, con fecha 19 de julio de 2023, el Alcalde subrogante dictó el Decreto Alcaldicio N.º NUM002, aplicando la medida disciplinaria de destitución en su calidad de Secretario Municipal. Contra dicho acto dedujo recurso de reposición, solicitando la invalidación del proceso, su absolución o, en subsidio, la rebaja de la sanción. Sin embargo, el Decreto Alcaldicio N.º NUM003, de 8 de agosto de 2023, rechazó el recurso y confirmó la destitución, resolución que le fue notificada el 18 de agosto del mismo año.

Sostiene que esta actuación vulnera los principios de imparcialidad y abstención del artículo 12 de la Ley N.º 19.880, pues el alcalde que resolvió —entonces concejal— tuvo participación en los hechos denunciados y en las controversias políticas que los rodearon, configurando un evidente conflicto de interés y desviación de poder.

Refiere que agotó la vía administrativa recurriendo a la Contraloría Regional de Ñuble mediante reclamo de ilegalidad, que fue rechazado por Oficio NUM004, de 29 de octubre de 2023. Posteriormente interpuso solicitud de reconsideración, desestimada por Oficio NUM005, de 24 de julio de 2025, sin que —a su juicio— el órgano contralor se hiciera cargo de los vicios sustantivos del sumario ni de la prueba que lo exculpaba. Afirma que tales pronunciamientos consolidan una situación injusta que le impide ejercer su cargo, privándolo de sus remuneraciones y afectando su patrimonio, por lo que el agravio se renueva de manera continua.

Finaliza solicitando que esta Corte, en base a lo anteriormente expuesto, ordene al Alcalde de la Municipalidad de Chillan Viejo que cese en su actuar arbitrario e ilegal y restaure el equilibrio roto, lo que solo es posible mediante su reincorporación al cargo de secretario municipal de la comuna de Chillán Viejo y a la Contraloría Regional de Ñuble que cese en un actuar ilegal, ajustándose a las disposiciones legales que la obligan como ente contralor a pronunciarse conforme a derecho en relación al reclamo de ilegalidad, todo ello con expresa condenación en costas de los recurridos. En subsidio de lo anterior, y considerando los argumentos de hecho y derecho solicita se le aplique una medida disciplinaria menos gravosa que la destitución, que guarde relación, correspondencia y proporcionalidad con la infracción que se estime cometida, siendo una forma mínima para restaurar el imperio del derecho. 2°.- Que, evacuando informe, don Daniel Fernández Vega, Contralor Regional de Ñuble, manifiesta que el recurso carece de fundamentación suficiente respecto de sus actuaciones, pues los agravios alegados derivan de los decretos municipales que impusieron la destitución.

Sostiene que existe falta de legitimación pasiva, dado que Contraloría no es la autoridad que sancionó al recurrente ni sustanció el procedimiento disciplinario. Precisa que su intervención se limitó a ejercer la competencia prevista en el artículo 156 de la Ley N.º 18.883, revisando la legalidad del sumario y resolviendo los recursos administrativos presentados, en estricto apego a las facultades conferidas por la Constitución y la Ley Orgánica de la Contraloría General.

Alega además que el recurso de protección no es la vía idónea para impugnar el fondo de un sumario afinado, y que sus oficios fueron dictados motivadamente, sin arbitrariedad ni ilegalidad, citando jurisprudencia reciente que ha rechazado acciones similares por las mismas razones.

Finaliza solicitando que esta Corte, en razón de lo expuesto precedentemente, desestime el recurso de protección deducido en estos autos. 3°.- Que, por su parte, don Andrés Suazo Sandoval, Abogado, en representación de la recurrida Municipalidad de Chillán Viejo, sostiene que los decretos alcaldicios N.ºs NUM002 y NUM003 de 2023 fueron emitidos en ejercicio de su potestad disciplinaria conforme al Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales (Ley N.º 18.883). Asegura que los hechos imputados al actor se encuentran debidamente acreditados y constituyen faltas graves al principio de probidad administrativa, lo que justificó la medida de destitución.

Indica que durante el procedimiento se respetaron las garantías del debido proceso: el recurrente fue notificado, presentó descargos, ofreció pruebas y dedujo los recursos disponibles, todos los cuales fueron resueltos fundadamente. Niega la existencia de ánimo revanchista o desviación de poder, y señala que aceptar la tesis del actor implicaría transformar el recurso de protección en una instancia revisora del mérito del sumario, finalidad que no contempla el artículo 20 de la Constitución. Finaliza solicitando tener por evacuado el informe y en definitiva: 1.

Declarar inadmisible el recurso de protección por caducidad de la acción constitucional, atendido que el decreto sancionatorio fue notificado válidamente el 16 de agosto de 2023, habiendo transcurrido con creces el plazo fatal de 30 días corridos que establece el Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema. 2. En subsidio, y solo para el evento de que esta Corte decidiera entrar al fondo, rechazar íntegramente el recurso en todas sus partes, declarando que los decretos alcaldicios cuestionados fueron dictados por autoridad competente, con la debida motivación, en estricto apego al principio de legalidad, respetando las garantías del debido proceso y aplicando la sanción que la ley expresamente prevé para las infracciones graves al principio de probidad administrativa. Y 3. Condenar en costas al recurrente, por haber litigado sin fundamento plausible. 4°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo. 5°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 6°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 7°.- Que, de acuerdo a los antecedentes aportados por las partes, y para un mejor acierto de esta causa, conviene el desarrollo en el tiempo de la medida de destitución aplicada al recurrente: a) Que el 19 de Julio de 2023, mediante Decreto Alcaldicio N° NUM002 de la Municipalidad de Chillán Viejo se aplicó al recurrente la medida disciplinaria de destitución, siendo notificado el 20 de Julio del mismo año. b) Que el 8 de Agosto de 2023 la Municipalidad rechazó el recurso de reposición interpuesto por el recurrente en contra de la medida de destitución, interpuesto el 1 de Agosto de 2023, mediante Decreto N° NUM003. c) Que el 1 de Septiembre de 2023 el recurrente presenta reclamo de ilegalidad ante la Contraloría contra el Decreto N° NUM003, de la Municipalidad que rechaza su reposición de la medida de destitución. d) Que el 29 de Octubre de 2023 la Contraloría desestima el reclamo de ilegalidad interpuesto. e) Que el 11 de Junio de 2024 el recurrente presenta reconsideración de la resolución de 29 de Octubre de 2023 que desestimo su reclamo de ilegalidad en contra del Decreto N° NUM003 de 2023. f) Que el 24 de Julio de 2025 la Contraloría rechaza la reconsideración interpuesta. 8°- Que el acto que el recurrente reprocha como arbitrario e ilegal es la sanción disciplinaria de destitución que le fuera aplicada por la Municipalidad de Chillán Viejo y refrendada por la Contraloría General de la República de la Región de Ñuble, al término de un sumario administrativo, la cual se habría fundado en un procedimiento ilegal y arbitrario, por haberse infringido diversos principios que rigen al Derecho Administrativo Sancionador, vulnerándose las garantías constitucionales invocadas, realizando diversas argumentaciones sobre la tramitación y ponderación de la prueba rendida en el mismo. 9°.- Que, del mérito de los antecedentes, aparece que las actuaciones que se impugnan respecto de la Municipalidad de Chillán Viejo, se enmarcan dentro de la tramitación de un procedimiento disciplinario seguido en contra del recurrente don nombre reservado, el que fue conocido y resuelto por la primera, disponiendo la medida de destitución. 10°.- Que, como se ha sostenido invariablemente por la jurisprudencia, no corresponde a esta Corte constituirse en una nueva instancia para revisar procedimientos administrativos que las autoridades de la Administración del Estado han realizado en uso de sus atribuciones y facultades legales, como ocurre en este caso. De este modo, no se advierte en los hechos expuestos ilegalidad o arbitrariedad alguna en la dictación del Decreto Alcaldicio N°NUM002, de fecha 19 de Julio de 2023, en virtud del cual se dispuso la medida disciplinaria de destitución en contra del recurrente y en el Decreto Alcaldicio N° NUM003 de 8 de Agosto de 2023, que rechazó su recurso de reposición.

En efecto, consta de los antecedentes que el recurrente fue sometido a un sumario administrativo; que los cargos fueron debidamente precisados; que fue notificado y dispuso de todos los recursos que le franquea la ley para formular sus descargos y atacar las decisiones adoptadas por el Alcalde, recurriendo incluso a la Contraloría General de la República, exponiendo en cada instancia los descargos pertinentes.

En el sentido anotado se ha pronunciado la Excma. Corte Suprema, en sentencia de seis de septiembre de dos mil diecinueve, en causa Rol 14.091- 2019, al señalar: “(…) Octavo: Que la recurrente cuestiona la manera como se valoraron los antecedentes del sumario administrativo, lo que constituye una ponderación en cuanto al fondo. Sobre el punto, se debe recordar que el ordenamiento jurídico contempla un procedimiento de reclamo ante el órgano administrativo respectivo para el caso en que se hubiere producido un vicio de legalidad que afecte los derechos funcionarios, derecho que la actora ejerció, llegando incluso a la Contraloría General de la República, la que en definitiva visó la juridicidad de la Resolución impugnada en estos autos, poniendo término a la controversia en sede administrativa.

Noveno: Que, como se advierte, el cuestionamiento de la recurrente se relaciona con aspectos de mérito y de ponderación que son privativos de la autoridad que conoce del sumario, con el agregado que en el caso de marras el acto administrativo fue objeto del correspondiente control de juridicidad por parte del órgano encargado del control preventivo de legalidad de los actos de la Administración, sin que se formularan reproches de juridicidad… “ Que, en consecuencia, se debe considerar que el recurso de protección no es la vía para solicitar la revisión de medidas disciplinarias adoptadas en sumarios administrativos, toda vez que se trata de una acción cautelar de protección y no de revisión administrativa. En este sentido, el control que se ejerce por la presente vía no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en un sumario administrativo, por lo que resulta un planteamiento erróneo del actor intentar que por esta instancia jurisdiccional se revise la investigación y la decisión a que se arriba sobre la base del mérito establecido por el funcionario a cargo de aquella investigación en la vista o dictamen evacuado al término de la misma; y finalmente la medida terminal adoptada. 11°.- Que también la presente acción se dirige en contra de la Contraloría Regional, que mediante resolución de 24 de Julio de 2025, que rechazó el recurso de reconsideración, interpuesto en contra la resolución que había desestimado el reclamo de ilegalidad deducido en contra del Decreto Alcaldicio N° NUM003 de 2023 que aplicó la sanción de destitución. 12°.- Que el reclamo de ilegalidad, sólo permite al ente contralor revisar si el proceso sancionatorio se ajustó a las normas que lo regulan, y en ese sentido, el análisis que hizo en su momento la Contraloría Regional de Ñuble se encuentra ajustado a derecho, pues no detectó ninguna ilegalidad en la tramitación del sumario administrativo. 13°.- Que, de lo expresado precedentemente, queda de manifiesto que lo pretendido por el actor es que, a través del recurso de protección, se revise el procedimiento disciplinario llevado a cabo en su contra, el que se encuentra, además, afinado; dejando sin efecto, el acto administrativo que dispuso su destitución. 14°.- Que, en conformidad con lo anterior, la actuación del órgano contralor es posterior a la determinación de destitución, limitándose el oficio NUM005 a emitir el pronunciamiento que le fuera requerido por el actor al hacer uso de la herramienta jurídica que le otorga el artículo 154 del Estatuto Administrativo de funcionarios de Municipalidades, obteniendo un pronunciamiento que simplemente no le satisfizo. Por lo demás, al emitir ese dictamen, el órgano de control se ajustó a sus legítimas facultades constitucionales y legales, no advirtiéndose que sea éste la razón del agravio y atentado a las garantías fundamentales del recurrente. 15°.- Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado la existencia de un acto ilegal o arbitrario, el presente recurso de protección no puede prosperar, resultando por tanto inoficioso ponderar las eventuales transgresiones a las garantías constitucionales invocadas.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso deducido por don nombre reservado, en contra de la Municipalidad de Chillán Viejo, y de la Contraloría Regional de Ñuble.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción del Ministro señor Guillermo Arcos Salinas.

No firma don nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por haber cesado en el cargo de Fiscal Judicial (S).

Rol N° 670-2025.- PROTECCION.-