nombre reservado con AFP CUPRUM S.A.

Chillán, veinte de enero de dos mil veintiséis.

VISTO:

1°. – Que comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, por sí y a favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, interponiendo un recurso de Protección de la garantías constitucionales en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., representada por don nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, por el acto ilegal y arbitrario de fecha 30 de julio de 2025, que rechazó la Solicitud de Retiro de Fondos para Extranjero.

Relata que doña nombre reservado, solicitó a la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican. Añade que la recurrente fue notificada mediante correo electrónico con fecha 30 de julio de 2025, rechazando la solicitud de retiro de fondos de pensión, señalando lo siguiente: “1.- …con lo precedentemente expuesto, esta Superintendencia le informa que usted no puede acogerse a los beneficios de la citada Ley N°18.156, ya que se desempeñó como médico en los hospitales ya indicados, los que como se le ha explicado forman parte de las redes asistenciales de los servicios de salud, que son instituciones estatales, a las cuales no les son aplicables las disposiciones de la referida ley N°18.156.”. 2.- No se acompañó contrato de trabajo que dé inicio a su relación laboral con el mencionado empleador. Cabe hacer presente que la cláusula que exprese esta voluntad debe haber sido extendida durante la vigencia de la relación laboral (ya sea en el contrato que le da inicio o en un anexo posterior, pero suscrito previo al fin de dicha relación) …3. - Respecto del empleador Servicios Médicos Odontológicos Joaquín Eduardo González EIRL (RUT RUT reservado), si bien se acompañó Contrato de Trabajo, de fecha 01 de abril de 2024, este indica que usted cotizará en una Administradora de Fondos de Pensiones del sistema previsional chileno. 4.- No se acompañó documentación que acredite que el afiliado se ha encontrado cubierto durante toda su estadía en Chile por un sistema de seguridad social extranjero. Se requiere acreditar que la cobertura de dicho sistema de seguridad social cubre ante las contingencias de vejez, enfermedad, invalidez y muerte. Además, en el caso de la contingencia de enfermedad, debe especificar que comprende prestaciones médicas y pecuniarias. Si bien usted presentó una Constancia Electrónica de Cotizaciones, otorgada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) con fecha 08 de julio de 2025, este no indica que, en caso de enfermedad, usted cuente con una cobertura que incluya prestaciones médicas y pecuniarias… 5.- Se ruega acompañar la Constancia Electrónica de Cotizaciones, otorgada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) con fecha 08 de julio de 2025, debidamente legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. De lo contrario, esta no podrá ser considerada y, por ende, no se habrá acreditado efectivamente que usted haya estado cubierto por dicho instituto”.

Cita los artículos 1 y 7 de la ley 18.156, y considerada haber acompañado todos los documentos necesarios: Decreto Alcaldicio Exento N° 001688, Declaración Jurada donde la recurrente manifiesta estar afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de chile que le otorga prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, siendo su voluntad mantener su afiliación al referido sistema de seguridad social o previsión social en el extranjero, Certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), debidamente apostillado y Título Profesional.

Manifiesta cumplir los requisitos para obtener el reembolso, sin embargo, expone que la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato de certificado de relación laboral y la validez de sus documentos.

Expresa que respecto al primer, segundo, y tercero punto del rechazo, esto es que “…No se acompañó contrato de trabajo que dé inicio a su relación laboral con el mencionado empleador…” es dado decir que la administradora de fondos de pensión, procede a rechazar la solicitud de la recurrente desconociendo la relación de servicio que esta mantiene, exigiendo contrato de trabajo cuando la recurrente en vista de su profesión cuenta con nombramiento de relación laboral, no siendo imputable a la misma la manera en que se le emplea como profesional en el área pública. Ahora bien, tratándose de un nombramiento de relación laboral o un contrato de trabajo, ambos documentos permiten acreditar la existencia de una relación de trabajo en curso, actuando así la institución que se recurre de manera ilegal y arbitraria dando una mala interpretación de la ley que regula materia, precisando que la recurrente debido al área en el que presta sus servicios, no se rige por el código del trabajo.

Cita jurisprudencia.

Además, argumenta que una interpretación restringida como la planteada por la recurrida, supondría una interpretación excesivamente literal y formalista de la norma, desatendiendo a su finalidad y a la intención del legislador, asimismo, en el caso que se analiza, significaría una retención injustificada de los fondos previsionales de la actora, quien deber esperar hasta cumplir los requisitos establecidos en el Decreto Ley N° 3.500 para obtener alguna de las pensiones establecidas en dicho cuerpo normativo, lo que no parece razonable si existe una regulación especial que le permite disponer de sus ahorros previsionales, como es el caso de la Ley N° 18.156.

Así las cosas, advierte que la recurrente cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, acreditando su voluntad de mantener sus aportes previsionales en su país de origen y contar con un régimen de previsión o seguridad social en Venezuela, de manera que para los efectos legales, son prueba suficiente y apta para acreditar los requisitos señalados en el artículo 1° de la Ley N° 18.156.

Continúa exponiendo, con relación al cuarto y quinto punto de rechazo, que la recurrida respondió: “…Si bien usted presentó una Constancia Electrónica de Cotizaciones, otorgada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) con fecha 08 de julio de 2025, este no indica que, en caso de enfermedad, usted cuente con una cobertura que incluya prestaciones médicas y pecuniarias…” lo que admite implícitamente que el recurrente se encuentra afiliado. Ante ello, plantea que la ley solo exige que el solicitante se encuentre afiliado sin efectuar distinciones de la oportunidad o, de la época en que tendría que producirse, lo que desde ya evidencia el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida al limitar el derecho de propiedad que tiene el recurrente respecto de los fondos depositados.

Añade que acompañó el certificado emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, debidamente notariado y apostillado, el cual puede ser puede ser verificado y validado en el link que transcribe en inserta en su recurso. Argumenta que la constancia electrónica es verificable, y precisamente al negarse a tal gestión, la conducta omisiva de verificar la afiliación deviene en un actuar arbitrario e ilegal de la recurrida, en lo atingente a que la constancia electrónica no es suficiente, no obstante, emana de un organismo público y verificable en la web oficial de esa institución, por lo que es forzoso concluir que el recurrente efectivamente se encuentra afiliado a la seguridad social de su país de origen y, que el actuar de la recurrida es arbitrario e ilegal, vulnerando el derecho de propiedad del recurrente.

Agrega que A.F.P. Modelo, mediante respuesta de fecha 19 de junio de 2025, concedió el retiro de fondos previsionales a un solicitante que se encontraba en las mismas condiciones que el recurrente de autos, realizando el mismo procedimiento de validación previamente descrito. Concluyó que se cumplían los requisitos establecidos por la ley, adoptando una interpretación no formalista de la norma, en atención a que lo que prevalece es el espíritu de la ley, por sobre su mera redacción literal.

Plantea que la conducta ilegal y arbitraria por parte de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, por requisitos no establecidos, realizando interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado, en el entendido que la solicitud cumple con los extremos exigidos en el artículo 1 de la ley 18.156, actuando de forma caprichosa al rechazar el retiro de fondos de pensión.

Por otra parte, señala que en el evento improbable que el tribunal considere que se requiere que el documento se encuentre legalizado o apostillado, pide que tal requisito le sea dispensado, puesto que la ley no exige formalidades adicionales, y la recurrida yerra al rechazar el retiro de fondos cuando en la especie, se cumplen los extremos exigidos en el artículo 1 de la Ley 18.156. Sostiene que es un hecho de público conocimiento que actualmente no existe representación diplomática venezolana en nuestro país, por lo tanto, incorporar un requisito que a todas luces es imposible de cumplir contradice lo estatuido en el artículo 45 del Código Civil, en lo atingente al caso fortuito o fuerza mayor, con todo, indica que acompañó el certificado de afiliación expedido en su oportunidad, por el Consulado de Venezuela en Chile, siendo descartado por la recurrida por encontrarse vencido.

Cita la jurisprudencia de la E. Corte Suprema emanada de las causas Rol 7254-2025, de fecha 18 de marzo de 2025, Rol N°: 96.380-2021, de fecha 20 de enero de 2023, de la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso, en sentencia Rol N° Protección-3391- 2025 de fecha 15 de julio del 2025, de la I. Corte de Apelaciones de Santiago en sentencia Rol N° Protección-6043 – 2025, de fecha 29 de julio de 2025, y de la I. Corte de Apelaciones de Concepción, en sentencia de fecha 26 de febrero de 2025, Rol: Protección-241-2025.

Reitera que la normativa especial no exige documento legalizado, menos aún, que el mismo no pueda ser expedido de forma electrónica, siendo que lo que pretende el legislador es que simplemente el peticionario se encuentre afiliado y, que se pueda acreditar sin mayores formalidades. En ese orden de ideas, plantea que la legislación vigente solo señala que el técnico profesional extranjero manifieste la voluntad ante el empleador de que se encuentra afiliado a la seguridad social de su país de orígen, sin mayores formalidades.

Termina solicitando que se acoja el recurso, y ordenad a la recurrida que dentro de un plazo razonable practique la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente o aquellas medidas que el tribunal estime conforme al mérito de autos; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

2°. – Que, informando, la abogada Valentina Lagos Sánchez, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., expresa de manera previa, que la presente acción de protección resulta, a su juicio, improcedente. El artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile dispone que esta acción tiene por objeto restablecer de forma inmediata el imperio del derecho frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que vulneren derechos fundamentales. No obstante, en el presente caso no se advierte ni arbitrariedad ni ilegalidad manifiesta, sino la aplicación de una normativa especial en materia previsional, cuya interpretación corresponde a un órgano técnico especializado.

Añade que el conflicto planteado se refiere al desconocimiento del recurrente respecto de la aplicación de dicha normativa. En este caso particular, no se advierte la existencia de derechos indubitados que estén siendo vulnerados, sino más bien una controversia sobre el derecho del recurrente a acceder a la devolución de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual. Esta controversia debe ser resuelta por la Superintendencia de Pensiones, órgano competente conforme al artículo 3 del D.F.L. N°101, de 1980, para conocer y resolver consultas, peticiones o reclamos formulados por afiliados, beneficiarios o herederos en contra de las Administradoras de Fondos de Pensiones.

Por tanto, estima, el recurso de protección no constituye la vía idónea para resolver esta clase de conflictos, debiendo el recurrente agotar previamente las instancias administrativas pertinentes. Señala que este criterio ha sido sostenido reiteradamente por las distintas Cortes de Apelaciones del país, tal como se evidencia en la jurisprudencia que se detallará en la parte final de esta presentación, diversos Tribunales han sido claros en señalar que “No puede soslayarse que el ordenamiento prevé un procedimiento ante la misma AFP recurrida y ante la Superintendencia para conocer y solucionar reclamos como los que fundan la presente acción constitucional, procedimiento que parece el adecuado al caso." Así las cosas, sostiene que el asunto que nos convoca debió ser canalizado a través de un reclamo ante esta misma AFP o, en su caso, ante la Superintendencia de Pensiones —ente regulador, contralor y fiscalizador del sistema de pensiones— y no mediante la interposición de un recurso de protección.

En cuanto al fondo, explica que la Ley 18.156 constituye un régimen de excepción dentro del ordenamiento jurídico previsional chileno. Por ello, la Superintendencia de Pensiones, con fecha 22 de abril de 2025, en Oficio Ordinario N° 6.948, dictaminó que “las Administradoras de Fondos de Pensiones sólo pueden acceder a las solicitudes de los trabajadores extranjeros para obtener la devolución de sus cotizaciones previsionales o la exención de cotizar en el Sistema de Pensiones del D.L. N°3.500, de 1S80, siempre y cuando los solicitantes acrediten haber cumplido los requisitos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de la Ley N°18.156, de conformidad a la normativa aplicable en la especie, y conforme a la sistemática jurisprudencia administrativa de esta institución”.

Advierte que la interpretación administrativa de las normas del Sistema de Pensiones recae en la Superintendencia de Pensiones, y que en virtud de lo anterior las normas generales impartidas por ella son vinculantes para todas las Administradoras de Fondos de Pensiones, las que pueden incurrir en graves sanciones si no cumplen a cabalidad la normativa de dicho organismo fiscalizador.

Expresa que los fundamentos que sustentan la negativa de la Administradora, se encuentran amparados en la normativa vigente y en los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones, organismo al cual la recurrida está sujeta en virtud de su fiscalización, ajustada estrictamente al procedimiento previsto en la Ley N°18.156 para atender solicitudes de la naturaleza presentada por la recurrente, lo que excluye cualquier ilegalidad o arbitrariedad por parte de la Administradora.

Precisando los motivos, reproduce los fundamentos expuestos en la carta de fecha 30 de julio de 2025 que corresponde a la respuesta otorgada a la Solicitud de Devolución de Fondos Previsionales, presentada conforme a la Ley N°18.156 por el recurrente. Dicha comunicación señala lo siguiente:

“Incumplimiento del requisito establecido en el artículo 1°, letra a), de la Ley N°18.156: El recurrente no acompañó documentación que acredite que se ha encontrado cubierto durante toda la prestación de servicios en Chile por un sistema de seguridad social extranjero que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, ni que, además, en el caso de la cobertura de enfermedad, esta comprenda las prestaciones médicas y pecuniarias.

1.-El recurrente acompañó a su Solicitud de Devolución de Fondos Previsionales Ley N°18.156 una Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), con fecha 08 de julio de 2025. Sin embargo, dicha constancia, no indica que, en caso de enfermedad, el recurrente cuente con una cobertura que incluya prestaciones médicas y pecuniarias.

Al respecto, la Superintendencia de Pensiones ha establecido que “Respecto de la jurisprudencia de este Organismo Fiscalizador, ésta ha exigido para acreditar el requisito de cobertura previsional de la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, que el trabajador extranjero acredite que ha contado con un seguro por todos los riesgos exigidos en ese mismo precepto y durante toda la extensión del tiempo en que prestó servicios en Chile. En cuanto a la cobertura de salud, se ha exigido que aquella sea integral, es decir, que comprenda el otorgamiento de prestaciones médicas y pecuniarias, en caso de enfermedad de origen común.”

Cabe destacar que dicha Superintendencia ha mantenido una postura constante respecto de este punto, según consta en el Oficio Ordinario N°23.241, de fecha 13 de septiembre de 2016, donde dicho organismo precisó que “Será menester que la certificación que se emita para acreditar cobertura previsional expresamente señale que el trabajador ha tenido y tiene derecho a ella durante su permanencia en Chile, debiendo además en el caso de la cobertura de enfermedad, especificar que comprende las prestaciones médicas y pecuniarias.”

Posteriormente, en Oficio Ordinario N°G.663 de fecha 02 de mayo de 2017, la Superintendencia reafirmó este criterio, indicando que “se debe manifestar a usted que el mencionado certificado no acredita que usted durante su prestación de servicios en Chile, haya contado con la cobertura de salud integral en su país de origen, que comprenda prestaciones médicas y pecuniarias y por todo el tiempo en que cotizó en nuestro país, por tanto no sirve para acreditar el requisito establecido en el artículo 1° de la ley N° 18.15c.”

En consecuencia, no es correcto afirmar que la normativa simplemente exige que el técnico extranjero se encuentre afiliado a la seguridad social de su país y que se acredite por cualquier medio, como asegura el recurrente, acompañando, para efectos de acreditar la cobertura previsional en el país de origen, un documento que describa genéricamente los beneficios del sistema de seguridad social extranjero. Es indispensable que la autoridad previsional competente certifique, de forma expresa, que el trabajador extranjero ha estado efectivamente cubierto por todos los riesgos exigidos por la Ley N°18.156, lo que incluye en caso de enfermedad las prestaciones médicas y pecuniarias, durante todo el período en que prestó servicios en Chile.

2.-Por otra parte, la citada Constancia Electrónica de Cotizaciones no se encuentra debidamente legalizada ni apostillada, lo cual constituye un requisito esencial para su validez en Chile, considerando que se trata de un documento emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

Sobre este punto, la Ilustrísima Corte de Apelaciones se ha pronunciado recientemente, señalando en su sentencia que: “Si bien la Ley N° 18.15c no exige expresamente la apostilla o legalización del certificado de afiliación al régimen previsional extranjero, ello no exime el cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero”.

Asimismo, la Superintendencia de Pensiones se ha manifestado en igual sentido mediante Oficio Ordinario N°32.365, de fecha 27 de diciembre de 2016, instruyendo que “Las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán analizar las solicitudes para la obtención de la exención o la devolución de cotizaciones previsionales de los trabajadores técnicos o profesionales extranjeros con estricto apego a los requisitos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° la Ley N° 18.15c, para cuyo efecto deberán exigir su acreditación mediante la exhibición de documentos apostillados o debidamente legalizados, según corresponda.”

Refiere que mediante el Oficio Ordinario N°24.08G, de fecha 11 de noviembre de 2019, la Superintendencia reforzó lo señalado anteriormente, destacando que “El artículo 1° de la ley N°20.711, agregó el artículo 345 bis al Código de Procedimiento Civil, reconociendo validez en Chile a los instrumentos públicos otorgados en un Estado Parte de la Convención de la Haya, sin necesidad de legalización, siempre y cuando respecto de éstos se haya otorgado apostillas por la autoridad designada por el Estado del cual provenga dicho instrumento.”

Finalmente, el Oficio Reservado N°25.057, de fecha 29 de diciembre de 2023, reafirma esta exigencia al señalar expresamente que “La documentación pertinente que sirva para acreditar los requisitos copulativos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de la Ley N° 18.15c debe presentarse debidamente legalizada o apostillada, según corresponda.”

En consecuencia, señala, dicha exigencia reviste carácter obligatorio y no admite interpretaciones alternativas. La legalización consiste en una sucesión de certificaciones de firmas que otorgan autenticidad al documento en el país de origen, mientras que la apostilla, conforme al Convenio de La Haya de 1961, constituye un trámite único y simplificado que cumple la misma finalidad.

En definitiva, el rechazo de la Solicitud de Devolución de Fondos Previsionales Ley N°18.156 presentada por el recurrente, no constituye un acto arbitrario ni ilegal. Por el contrario, responde al cumplimiento estricto del marco normativo vigente y a la aplicación de los criterios técnicos definidos por la propia autoridad competente en la materia.

Es importante señalar que, si bien el recurrente invoca la fuerza mayor o caso fortuito para justificarse, dicha institución no puede utilizarse para eludir el cumplimiento de las condiciones establecidas para acceder a un beneficio, por cuanto la fuerza mayor o caso fortuito se utiliza para eximir de responsabilidad a las partes en un contrato o convenio cuando un evento imprevisible e inevitable impide el cumplimiento de las obligaciones. En este sentido, el recurrente no puede excusar el incumplimiento de los requisitos establecidos para hacer valer un beneficio excepcional en la dificultad que dicho cumplimiento le signifique. Al respecto, la Superintendencia de Pensiones, mediante el Oficio Ordinario N°6.G48 de fecha 22 de abril de 2025, consideró que “siendo la Ley N°18.156 una ley especial únicamente aplicable a los trabajadores técnicos o profesionales extranjeros, que acrediten el cumplimiento de las condiciones copulativas exigidas en el artículo 1° de la ley N°18.156, y que hayan sido contratados como tales, para los efectos de acceder a los beneficios de la ley N°18.156 (exención de la obligación de cotizar y devolución de fondos previsionales), todos quienes tengan dicha calidad -sin excepción de su país de origen- deben acreditar el cumplimiento de todas las exigencias copulativas establecidas en el artículo 1° de la Ley N°18.156”.

Cita jurisprudencia de una serie de sentencias que confirman la legitimidad de su actuar.

Termina solicitando tener por evacuado el informe, y rechazar el recurso.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°. - Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°. - Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°. – Que, en síntesis, la recurrente sostiene que AFP Cuprum S.A. rechazó su solicitud de devolución de fondos previsionales, al margen de la normativa vigente y prescindiendo de la debida razonabilidad, ya que a su juicio cumple cabalmente con los requisitos para acceder al reembolso, precisando que la Constancia de Cotizaciones que acompañó, permite reemplazar al certificado de afiliación que exige la norma mencionada. Además, estima que la recurrida le habría exigido condiciones extraordinarias, tales como el apostillamiento de sus documentos, que no le resulta posible, por ausencia de los órganos competentes de su país de origen. Añade a lo anterior que el rechazo de la solicitud carece de motivación suficiente y se funda en una interpretación restrictiva y formalista de los requisitos legales, en contravención del principio de juridicidad consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política de la República, y del artículo 11 de la Ley 19.880, que exige que todo acto administrativo esté debidamente motivado y fundado en derecho.

A su turno, el órgano recurrido informa que – al contrario de lo expuesto en el libelo – el incumplimiento de requisitos es más amplio que lo advertido por la recurrente. En concreto, la solicitante no cumple con adjuntar un certificado de afiliación, que no puede ser sustituido por la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, ya que esta última no cumple con los requisitos de la normativa vigente, cuya interpretación está regulada por directivas de la Superintendencia de Pensiones, a las cuales la AFP debe atenerse. Adicionalmente, no se cumplió con el requisito de apostillamiento, cual es previo y general para dar validez a documentos otorgados en el extranjero, lo que, agrega, es especialmente exigido por el ente fiscalizador.

7°. - Que, para resolver la controversia, debe recordarse que la Ley 18.156 es un régimen de excepción que establece los requisitos copulativos que tiene que cumplir todo trabajador extranjero que pretenda la exención del pago de las cotizaciones previsionales, al tenor de los artículos 1° y 7° de la citada norma, y que la interpretación de tales requisitos, no queda radicada en la Administradora de Fondos de Pensiones, sino en el órgano fiscalizador, constituido hoy en día por la Superintendencia de Pensiones, que a través de sus circulares, determina la forma en que deben acreditarse tales condiciones, tanto desde un punto de vista formal como sustantivo. Entre ellas resaltan la Circular N° 553, del 28 de octubre de 1988, Circular N° 1159, del 26 de febrero de 2001, y la Circular N° 1295, del 19 de mayo de 2004.

8°. - Que, así las cosas, de acuerdo con los antecedentes que se han incorporado a estos autos, y lo informado por la institución recurrida, no ha sido posible dar por acreditada una actuación ilegal o arbitraria ejecutada por esta última, que vulnere la garantía constitucional invocada por la recurrente y susceptible de ser subsanada por esta vía.

En efecto, la pretensión de la acción constitucional entablada consiste en que se le permita reemplazar un certificado de afiliación (requisito legal), por una “constancia electrónica de cotizaciones”, que no reúne las mismas características del anterior, y que además, se le exima del apostillamiento de los documentos, por no existir representación consular de Venezuela en Chile que permita realizar este trámite.

Así las cosas, no aparece con claridad un fundamento que justifique la adopción de medidas en esta sede constitucional de protección, puesto que la entidad recurrida carece de potestades para eximir total o parcialmente de los requisitos legales.

9°.- Que en el caso en análisis, la recurrente plantea reemplazar el certificado de Cotizaciones, por la constancia electrónica de afiliación.

Al respecto, debe recordarse, que el artículo 1 letra a) de la ley 18.156 dispone como requisito que “Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte”.

La circular N° 553 de la Superintendencia, precisando el texto legal instruyó que: “El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte. Esta condición se considerará cumplida también respecto de los trabajadores que detenten la calidad de pensionados de algún régimen de previsión o seguridad social extranjero, situación que deberá acreditarse mediante la certificación que otorgue acerca de dicha calidad, la entidad que concedió el beneficio.

Que a la luz del texto legal citado, y la circular interpretativa, el documento acompañado por la recurrente, no satisface el requerimiento normativo, desde que se limita señalar que la solicitante es “asegurada cesante” del sistema, y refiere a grandes rasgos la supuesta cobertura del régimen, sin dar cuenta del elemento central del requisito legal que es el otorgamiento de prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

10°. - Que, en este contexto, tampoco puede estimarse ilegal, ni arbitraria la conducta de Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A. al exigir el cumplimiento de los estándares normativos para el reconocimiento de documentos emitidos en el extranjero. Si bien, la Ley 18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado, y que además, la circular N° 553 de la Superintendencia, expresamente establece que “La documentación pertinente deberá presentarse debidamente legalizada, en caso contrario no podrá la Administradora dar curso a la "Solicitud de devolución de fondos previsionales ley No. 18.156" 11°. - Que, sin perjuicio de lo razonado en el fundamento precedente, debe recordarse que esta acción de protección tiene por objeto dar resguardo urgente a derechos indubitados frente a actuaciones u omisiones ilegales.

En tal contexto, el texto constitucional la consagra como una herramienta destinada a dar amparo a los atentados contra el “legítimo ejercicio” de las garantías constitucionales protegidas, significando aquello que las prerrogativas, atribuciones y facultades que el ordenamiento jurídico confiere a los privados, deben ser ejercidas con sujeción a las normas de procedimiento contempladas por el propio legislador.

12°. - Que, por lo considerado en los fundamentos precedentes, se estima innecesario analizar con más profundidad las garantías constitucionales que la actora denuncia como amagadas.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el interpuesto por abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, por sí y a favor de doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Redacción a cargo del abogado Integrante Sr. Baltazar Guajardo Carrasco, quien no firma no obstante haber concurrido a la vista de la causa y a su acuerdo, por no integrar el día de hoy.

ROL 662-2025.PROTECCIÓN.