Protección contra SERVICIO DE SALUD ÑUBLE

Chillán, ocho de octubre de dos mil veinticinco.

VISTOS: 1°.- Que, comparece don Cristian Andrés Velozo Varela, abogado, RUN NUM000, con domicilio en domicilio reservado, quien actuando en representación de doña nombre reservado, chilena, mayor de edad, cédula nacional de identidad NUM001, con domicilio en domicilio reservado, interpone recurso de protección de garantías constitucionales en contra del SERVICIO DE SALUD ÑUBLE, RUT RUT reservado, representado por su Directora doña nombre reservado, ignora RUT, profesión u oficio, o quien le subrogue legalmente, para que se deje sin efecto la Resolución Afecta 1C NUM002, de 17 de julio de 2025, dictada por doña nombre reservado, Directora(s) del Servicio de Salud Ñuble, notificada a su representada con fecha 05 de agosto de 2025, que rechazó recurso de reposición y dispuso: APLÍCASE a doña nombre reservado, profesional de esa Dirección de Servicio, RUN NUM001, la medida disciplinaria de MULTA ascendente a un 15% de su remuneración mensual, por una única vez de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 121 letra b) y 123 del Estatuto Administrativo, debiendo dejarse una anotación de demérito de tres puntos en el factor de calificación correspondiente, por la infracción contenida en el artículo 84 letra G) de dicho cuerpo normativo, que establece la prohibición de “Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal, material o información reservada o confidencial del organismo para fines ajenos a los institucionales”.

Refiere el recurrente, y como fundamento de la acción constitucional por él interpuesta que por Resolución Exenta 1C NUM003 de fecha 25 de junio de 2024, de la Directora del Servicio de Salud Ñuble se dispuso la instrucción de sumario administrativo en contra de su representada, tomando como antecedente la instrucción de la Contraloría Regional de Ñuble de fecha 21 de junio de 2024, Referencia NUM004, por: 1. “Eventual falta a la probidad y dualidad de funciones cometidas por doña nombre reservado, funcionaria del Servicio de Salud Ñuble (SSÑ), quien mantuvo un contrato a honorarios con la Municipalidad de Chillán Viejo durante el año 2020, para la elaboración de un perfil del proyecto FNDR “Construcción, Reposición de CESFAM Federico Puga", en circunstancias que, a la vez, estaba a cargo de los proyectos de atención primaria del servicio, existiendo un conflicto de interés al participar por cuenta de ambas entidades, en torno a un proyecto que, por una parte, elaboró, y por otra, revisó. 2. Incompatibilidad de jornada laboral, debido a que el contrato a honorarios suscrito con la Municipalidad de Chillán Viejo, señala que sus tareas se desempeñarán de lunes a viernes, preferentemente en dependencias municipales, en jornada completa.

Posteriormente, con fecha 14 de abril de 2025, se declara cerrado el sumario y se formulan los siguientes cargos en contra de su representada: “Haber incurrido en la prohibición establecida en el DFL 29 que fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo, la cual se consagra en su artículo 84 letra G, a saber: “Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal, material o información reservada o confidencial del organismo para fines ajenos a los institucionales”, cuestión que se puede extraer principalmente de la fiscalización realizada por la Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional de Ñuble, en la cual se da cuenta de la incompatibilidad de jornada laboral de doña nombre reservado. Todo lo anterior debido a un contrato a honorarios suscrito por ella con la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo.

Desde otro ángulo, refiere que la acción disciplinaria se encuentra prescrita, al haber transcurrido con creces el plazo de cuatro años señalado en el artículo 158 del DFL 29 de 2005 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo, el que establece: “Artículo 158.- La acción disciplinaria de la Administración contra el funcionario, prescribirá en cuatro años contados desde el día en que éste hubiere incurrido en la acción u omisión que le da origen. No obstante, si hubieren hechos constitutivos de delito la acción disciplinaria prescribirá conjuntamente con la acción penal.”

Por su parte, el artículo 159 señala: “La prescripción de la acción disciplinaria se interrumpe, perdiéndose el tiempo transcurrido, si el funcionario incurriere nuevamente en falta administrativa, y se suspende desde que se formulen cargos en el sumario o investigación sumaria respectiva. Si el proceso administrativo se paraliza por más de dos años, o transcurren dos calificaciones funcionarias sin que haya sido sancionado, continuará corriendo el plazo de la prescripción como si no se hubiese interrumpido.”

En síntesis, sostiene que, en el caso concreto, entre la ocurrencia de los hechos investigados (año 2020) y la formulación de cargos (14 de abril de 2025), transcurrieron al menos dos procesos de calificación funcionaria completos sin que recayera sanción alguna sobre su representada.

Finalmente, expresa que el acto sancionatorio carece de motivación suficiente, conteniendo solo una aparente motivación, pues se limita a invocar normas generales, remitiéndose en su totalidad al mérito del expediente sumarial.

En otras palabras, aduce que el acto sancionatorio exhibe motivación insuficiente (art. 11, Ley 19.880) y es arbitrario por contradecir el propio mérito del expediente y por carecer de una ponderación explícita de hechos, tipicidad y graduación.

En síntesis, manifiesta que la autoridad enuncia la sanción, pero no explica por qué —con esos antecedentes— corresponde esa infracción y esa intensidad.

En cuanto a las garantías constitucionales conculcadas, invoca las contempladas en los numerales 2, Igualdad ante la ley; 3, Debido proceso, y 24, Derecho de propiedad, todas del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En razón de lo anterior, pide tener por interpuesto recurso de protección en contra de la Resolución Afecta 1C NUM002, de 17 de julio de 2025, dictada por doña nombre reservado, Directora(S) del Servicio de Salud Ñuble, por ser ilegal y arbitraria, acoger el recurso y, en consecuencia, dejar sin efecto la resolución recurrida, por falta de competencia temporal (prescripción de la potestad sancionadora, art. 158 y 159 Estatuto Administrativo), por falta de motivación suficiente (arts. 11 y 41 Ley 19.880) y por inadecuada subsunción en el tipo del artículo 84 letra g) del Estatuto Administrativo, ordenando además las medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho. 2°.- Que, informando el abogado don Marcelo Reyes Rivera, en representación del Servicio de Salud Ñuble, solicita el rechazo de la presente acción constitucional y con expresa condena en costas, señalando que en estos autos se dedujo acción constitucional de protección en favor de doña nombre reservado derivada de la dictación de la Resolución Afecta 1C NUM002 de 17 de julio de 2025 que fue emitida por ese Servicio a propósito de la tramitación de un sumario administrativo incoado en su contra y que culminó con la aplicación de la medida disciplinaria de multa ascendente a un 15% de su remuneración mensual.

Hace presente el letrado que dicho proceso sumarial se instruyó por orden de la Contraloría Regional de Ñuble luego de la remisión de un oficio de su Unidad de Control Externo, lo que resulta relevante para estos efectos por cuanto la resolución que afina el sumario administrativo debe ser necesariamente enviada al trámite de toma de razón, sin que haya producido efecto alguno a la fecha de interposición de la acción al encontrarse pendiente dicho examen de legalidad.

Sostiene que en ese orden de ideas, tramitado el sumario administrativo seguido en contra de la recurrente, y notificada a la afectada de la Resolución Afecta 1C NUM002, ésta se remitió al Órgano Contralor Regional para el examen de toma de razón. Sin embargo, indica que es importante consignar que con ocasión de la notificación de la presente acción constitucional de protección y del mejor análisis de los antecedentes que fueron expuestos, con fecha 08 de septiembre mediante ordinario 1C NUM005 de la Directora del Servicio de Salud Ñuble, se solicitó el retiro de la referida resolución afecta del examen de legalidad a efectuarse por la Contraloría Regional de Ñuble.

Aduce que, de este modo, no existe acto potencialmente lesivo que afecte a la recurrente, por cuanto la Resolución Afecta que eventualmente le podría haber afectado, no llegó a producir sus efectos ni lo hará, al haber sido retirada del referido trámite de toma de razón, no configurándose en consecuencia acto arbitrario ni ilegal en los términos del artículo 20 de la Constitución Política de la República, ni tampoco puede servir de sustento a la acción de protección.

Sostiene el recurrente, en razón de lo antes pormenorizado, que la presente acción constitucional debe ser rechazada toda vez que, al no existir acto alguno que vulnere o pueda afectar las garantías constitucionales de la recurrente, éste carece de oportunidad, sin que pueda prosperar.

En razón de lo expresado, pide tener por evacuado el informe requerido en los términos indicados, y rechazarlo en todas sus partes, con expresa condena en costas. 3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquel que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, algunas de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 4.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 5°.- Que, resulta útil consignar que conforme al relato efectuado por el recurrente en su presentación, fluye de manera evidente que el acto que se denuncia como ilegal o arbitrario, respecto del recurrido, Servicio de Salud Ñuble, lo hace consistir en la dictación de la Resolución afecta 1C NUM002, de fecha 17 de julio de 2025, dictada por doña nombre reservado, Directora (S) del Servicio de Salud Ñuble, y mediante la cual se le aplicó la medida disciplinaria de multa ascendente a un 15% de su remuneración mensual. 6°.- Que, a su turno, la parte recurrida ha solicitado el rechazo de la presente acción constitucional, manifestando que no existe acto lesivo que eventualmente afecte a la actora, por cuanto la resolución administrativa impugnada no ha producido efecto jurídico alguno en razón de encontrarse pendiente el trámite de toma de razón. Es más, conforme lo informado por la recurrida en su informe de rigor, la resolución impugnada fue retirada de Contraloría Regional por la propia autoridad administrativa, por lo que no se configura acto arbitrario ni ilegal en los términos del artículo 20 de la Carta Fundamental, careciendo en consecuencia la acción intentada, de falta de oportunidad. 7°.- Que, conforme lo pormenorizado en los considerandos precedentes, y atendido el estado de tramitación, no corresponde que esta Corte adopte ninguna de las medidas solicitadas por el recurrente en su presentación, procediendo el rechazo del presente recurso, por falta de oportunidad de éste.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el deducido por el abogado don Cristian Andrés Velozo Varela, en representación de doña nombre reservado, en contra del SERVICIO DE SALUD ÑUBLE, representado por su Directora doña nombre reservado.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del abogado integrante señor Juan Antonio De la Hoz Fonseca.

ROL 661-2025-PROTECCIÓN.