nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS HEROES

Chillán, veintiuno de agosto de dos mil veintiséis.

Visto:

1°.- Que comparece don NICOLÁS ALEJANDRO YÁÑEZ INOSTROZA, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, chileno, supervisor de mantención, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, por la ejecución de actos que califica de ilegales y arbitrarios.

En cuanto a los antecedentes de hecho, el actor expone que, con fecha 10 de abril de 2014, suscribió con la recurrida el crédito social correspondiente a la operación N° 101705612, por la suma de $5.763.151, pagadero en 48 cuotas mensuales de $180.017 cada una, salvo la última de $180.036, con vencimiento de la última cuota el 30 de abril de 2018. Agrega que, con posterioridad, el 20 de noviembre de 2014, contrajo un segundo crédito social con la misma recurrida, operación N° 102099632, pagadero en 60 cuotas mensuales de $19.714 cada una, con vencimiento de la última cuota el 30 de noviembre de 2019.

Refiere que en el curso del año 2015 quedó cesante, motivo por el cual dejó de servir ambas obligaciones, sin recibir desde entonces comunicación alguna de la recurrida. Señala que, respecto de la primera operación N° 101705612, la recurrida dedujo con fecha 22 de junio de 2016 demanda ejecutiva de cobro de pagaré ante el 11° Juzgado Civil de Santiago, autos Rol N° C-15636-2016, despachándose el mandamiento de ejecución y embargo el 4 de julio de 2016; que dicha demanda jamás fue notificada, que los sucesivos exhortos remitidos a los tribunales civiles de Chillán se devolvieron con resultado negativo, y que la causa fue archivada en tres oportunidades, la última el 7 de agosto de 2018, sin registrar movimiento de la ejecutante desde el 29 de agosto de 2017. Precisa que él mismo solicitó el desarchivo de dicha causa, se dio por notificado y requerido de pago en forma expresa conforme al artículo 55 del Código de Procedimiento Civil, y opuso la excepción de prescripción del N° 17 del artículo 464 del mismo Código, escrito que a la fecha de esta presentación se mantiene pendiente de resolución. Añade que, respecto de la segunda operación N° 102099632, la recurrida jamás dedujo acción judicial de cobro alguna. Hace presente que ambos créditos fueron castigados contablemente por la propia recurrida con fecha 30 de junio de 2017.

Expone que al revisar las liquidaciones de remuneraciones de mayo y junio de 2026, emitidas por su empleadora Aramark Servicios Mineros y Manipulación de Alimentos Ltda., constató descuentos mensuales de $180.017 y $19.714, respectivamente, por cada operación, esto es, $199.731 mensuales, que totalizan $399.462 en ambos meses.

En cuanto al derecho, sostiene que dicho actuar es ilegal y arbitrario y vulnera la garantía del derecho de propiedad sobre su remuneración, consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por dos razones de hecho y derecho diferenciadas según el crédito de que se trate: respecto de la operación N° 101705612, porque la propia recurrida, habiendo optado por la vía jurisdiccional para su cobro, no puede simultáneamente perseguirlo por la vía extrajudicial del descuento por planilla, incurriendo en una forma de autotutela; y, respecto de ambas operaciones, porque su cobro fue reactivado tras un extenso período de inactividad, contado desde el castigo contable de junio de 2017, sin que mediara gestión de cobro alguna ni aviso previo acreditado.

Termina solicitando se acoja el recurso, se declare ilegal y arbitrario el descuento practicado, se ordene su cese inmediato, se ordene la restitución de la suma de $399.462 y de aquellas que se descuenten durante la tramitación del recurso, con expresa condena en costas.

2°.- Que informa don DANIEL ORTÚZAR GANA, abogado, en representación judicial de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, Rol Único Tributario N° 70.016.330-K, evacuando el informe requerido al tenor de la acción constitucional interpuesta en contra de su representada.

En relación con la controversia fáctica, la informante reconoce la existencia de ambas operaciones de crédito social, precisando que la operación N° 101705612 fue objeto de la demanda ejecutiva Rol N° C-15636-2016 ante el 11° Juzgado Civil de Santiago, actualmente en tramitación, y que la operación N° 102099632 no ha sido objeto de acción judicial alguna.

En cuanto a los fundamentos de derecho, la recurrida rechaza la existencia de una actuación ilegal o arbitraria, justificando su obrar en la prerrogativa del artículo 22 de la Ley N° 18.833, en relación con el artículo 58 del Código del Trabajo, disposiciones que impondrían a las Cajas de Compensación un deber legal irrenunciable de cobro. Sostiene que dispone de dos acciones independientes para perseguir el cobro del crédito social, la cambiaria emanada del pagaré y la ordinaria del mutuo, y que, al no existir una declaración judicial de prescripción respecto de ninguna de las dos operaciones, ambas obligaciones se mantienen plenamente vigentes y exigibles.

Añade que la prescripción es una materia de lato conocimiento cuya declaración excede los márgenes de la vía cautelar y sumaria propia del recurso de protección, de modo que la acción constitucional no es la idónea para este fin.

Invoca en apoyo de su postura la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema en autos Rol N° 248.012-2023, así como los dictámenes de la Superintendencia de Seguridad Social N° 42.792-2018, N° 117.359-2025 y N° 63.768-2026.

Termina solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas.

3°.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho atributo.

4°.- Que es requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías, preexistentes y protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción cautelar de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que la acción constitucional deducida se funda en la vulneración que el actor atribuye a la reanudación, por parte de la entidad recurrida, de los descuentos sobre sus remuneraciones correspondientes a los meses de mayo y junio de 2026, los cuales ascienden a un total acumulado de $399.462, asociados a dos créditos sociales de diversa situación jurídica: el primero, correspondiente a la operación N° 101705612, cuyo cobro fue judicializado por la propia acreedora en el año 2016 sin que la demanda ejecutiva respectiva llegara a notificarse al deudor; y el segundo, relativo a la operación N° 102099632, que nunca ha sido objeto de acción judicial de cobro alguna. Consta de los antecedentes, además, que ambas obligaciones fueron castigadas contablemente por la Caja de Compensación recurrida con fecha 30 de junio de 2017, habiéndose reactivado su cobro mediante el mecanismo de descuento directo por planilla recién en el mes de mayo de 2026, esto es, tras transcurrir un lapso de inactividad de casi nueve años.

7°.- Que si bien el artículo 22 de la Ley N° 18.833 faculta a las Cajas de Compensación para descontar de las remuneraciones de los trabajadores afiliados las cuotas correspondientes a créditos sociales, dicha prerrogativa no es absoluta, sino que supone un ejercicio oportuno en el tiempo, tal como lo ha reiterado de manera uniforme la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores. Por consiguiente, acudir de forma tardía a este mecanismo excepcional de cobro directo, tras años de absoluta inactividad del acreedor, desnaturaliza la finalidad de la norma y configura una forma de autotutela extrajudicial, por cuanto la institución soslaya los procedimientos jurisdiccionales ordinarios en los cuales el deudor tiene la garantía de defenderse o alegar la correspondiente prescripción extintiva de las acciones de cobro.

Al respecto, resulta plenamente pertinente recordar el criterio establecido por la Excelentísima Corte Suprema, aplicable a la especie, contenido en la sentencia dictada en los autos Rol N° 17.433-2025, la cual en su considerando cuarto razona:

“Cuarto: Que, la normativa supone el ejercicio oportuno de esta facultad de cobro, y es por lo que, resulta relevante analizar las circunstancias en que se verifica el descuento. Así, en los casos de incumplimiento por parte del deudor y en que la respectiva Caja de Compensación inició el cobro judicial de la deuda o, en los casos en que ya se ha declarado la prescripción de la misma o, en los que han pasado más de cinco años en que no se ha realizado gestión alguna para el cobro, se considera que acudir al mecanismo especial contemplado en el artículo 22 de la ley N° 18.833 resulta arbitrario, porque evidentemente se soslayan los procedimientos jurisdiccionales iniciados por la acreedora, transformándose el cobro por esta vía especial en una especie de autotutela o bien, las circunstancias fácticas en las que operó el crédito ya no son las mismas por lo que la respectiva cobranza debe zanjarse en sede jurisdiccional”.

8°.- Que respecto de la operación N° 101705612, la situación descrita encuadra directamente en el primer supuesto establecido en la jurisprudencia transcrita en el motivo precedente, puesto que la propia recurrida, tras constatar la mora de su deudor, optó voluntariamente por la vía jurisdiccional ordinaria, deduciendo demanda ejecutiva de cobro de pagaré ante el 11° Juzgado Civil de Santiago, en autos Rol N° C-15636-2016. En otras palabras, la institución acreedora sometió el cobro de su crédito al imperio y decisión de la judicatura de letras en lo civil, sustrayéndolo de su ámbito de disposición unilateral.

Así, es precisamente ante ese mismo tribunal civil donde el recurrente ha comparecido para darse por notificado en forma expresa y oponer la excepción de prescripción de la acción ejecutiva, controversia que actualmente se mantiene pendiente de resolución judicial. En este escenario procesal, recurrir paralelamente y de manera unilateral al mecanismo de descuento directo regulado en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, mientras la existencia, vigencia y exigibilidad de la misma obligación se encuentran sometidas al conocimiento del tribunal competente importa la ejecución de una conducta que la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema califica de autotutela extrajudicial, arbitraria e injustificada, conforme lo razona el fallo citado en el motivo anterior en sus considerandos sexto y séptimo:

“Sexto: Que, en tales circunstancias, tal como lo ha resuelto reiteradamente esta Corte en Roles N°s 71.519-2021; 6.928-2021; 30.294-2021; 65.946-2021; 65.973-2021; 1.791-2022; 20.756-2022, entre otros, debe concluirse que la recurrida ha actuado de manera caprichosa e injustificada al revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 concede a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente los créditos sociales que otorgan. Tal beneficio, en la especie, resultaba improcedente, considerando el extenso lapso que alcanzó a transcurrir, sin que se hubieren llevado a cabo por la acreedora otras gestiones pertinentes y oportunas para dicho fin; con lo que su actual decisión de requerir el pago a través de la vía especial estatuida por el artículo 22 de la Ley N° 18.833, deviene en antojadiza, sin perjuicio de su derecho para perseguir la obligación por los medios legales ordinarios”.

“Séptimo: Que este proceder de la recurrida resulta manifiestamente arbitrario, desde que por su intermedio la Caja de Compensación soslaya la existencia de los medios procesales idóneos para obtener la satisfacción de su crédito, por lo que corresponde que se otorgue amparo al actor, de lo contrario la institución recurrida obtendrá un reconocimiento de la jurisdicción, que afirma un método abusivo de ejercer sus atribuciones por parte de una entidad privada que presta un servicio público asistencial, especialmente en este caso, respecto de quien se encuentra en una condición de vulnerabilidad frente al ejercicio de potestades contractuales permisivas ejercidas a destiempo”.

9°.- Que ahora, tratándose de la segunda operación N°102099632, la arbitrariedad se configura por una cuestión diversa pero igualmente comprendida en la jurisprudencia, puesto que al no haber sido judicializada, la inactividad de la recurrida ha sido total desde el castigo contable de fecha 30 de junio de 2017 y la reanudación del cobro en mayo de 2026, transcurriendo casi nueve años sin que la recurrida realizara gestión de cobro de ninguna naturaleza, plazo que excede holgadamente el de cinco años que la Excelentísima Corte Suprema ha fijado como umbral de arbitrariedad en el fallo ya referido. Acudir, tras ese extenso período de inactividad, al mecanismo especial y unilateral del artículo 22 de la Ley N°18.833, sustrayendo al deudor de la posibilidad de ejercer oportunamente sus defensas, entre ellas la prescripción, ante la judicatura ordinaria, constituye igualmente un ejercicio arbitrario de dicha facultad.

10°.- Que la Excelentísima Corte Suprema ha enfatizado que, al reactivarse cobros de data antigua, las circunstancias fácticas ya no son las mismas, y el trabajador queda en una posición de vulnerabilidad frente a una potestad ejercida a destiempo. La aplicación de descuentos por $199.731 mensuales sobre las remuneraciones de un trabajador que se desempeña como supervisor de mantención, respecto de dos créditos castigados contablemente hace casi nueve años, uno de ellos además sometido a un juicio ejecutivo pendiente ante la justicia ordinaria, afecta el patrimonio del recurrente y muta en un ejercicio abusivo de un derecho, tornándose en una acción caprichosa e injustificada.

11°.- Que de conformidad con lo razonado, resulta incontrovertible la aplicación intempestiva de descuentos que ascienden a un total acumulado de $399.462 sobre las remuneraciones del recurrente correspondientes a los meses de mayo y junio de 2026, por deudas cuyo castigo contable se remonta al año 2017, concurriendo además, respecto de la operación N° 101705612, la sustanciación paralela de un proceso judicial de cobranza que aún se encuentra pendiente ante la justicia ordinaria. Al proceder la Caja de Compensación de esta manera respecto de ambas operaciones, aunque por fundamentos jurídicos diversos según la naturaleza y condición de cada crédito, su actuar se torna manifiestamente ilegal y arbitrario, por cuanto desconoce la naturaleza estrictamente alimentaria de las remuneraciones, conculcando mediante este obrar desproporcionado la garantía del derecho de propiedad que asiste al deudor sobre su patrimonio, la cual se encuentra protegida de manera indubitada en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, lo que hace imperioso acoger la presente acción constitucional y disponer en esta sede medidas idóneas y de pronto cumplimiento para el restablecimiento del imperio del derecho.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se declara que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en representación de don nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes.

En consecuencia, se dispone lo siguiente:

I.- Se ordena la suspensión inmediata de los descuentos efectuados por la recurrida sobre las remuneraciones del recurrente don nombre reservado, por concepto de los créditos sociales correspondientes a las operaciones N° 101705612 y N° 102099632, debiendo la entidad empleadora Aramark Servicios Mineros y Manipulación de Alimentos Ltda. abstenerse de practicar nuevos descuentos por dichos conceptos.

II.- Se otorga un plazo de treinta días a la recurrida para proceder a la restitución íntegra de la suma de $399.462 (trescientos noventa y nueve mil cuatrocientos sesenta y dos pesos), correspondiente a lo descontado en los meses de mayo y junio de 2026, como asimismo de aquellas sumas que pudieren haber sido descontadas con posterioridad a dichos meses bajo el mismo concepto.

III.- Todo lo anterior, sin perjuicio del derecho de la recurrida para perseguir el cobro de ambas obligaciones por los medios legales ordinarios pertinentes.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del Abogado Integrante don Cristian Coloma Fuentes.

Rol N° 659-2026-Protección.