nombre reservado con nombre reservado

Chillán, tres de julio de dos mil veintitrés.

Vistos:

1°.- Que, con fecha 24 de marzo de 2023, comparece el abogado Pablo Andrés Valenzuela Contreras, en favor de don nombre reservado, e interpone recurso de protección contra la Superintendencia de Seguridad Social “SUSESO”, Rut Nº RUT reservado, persona jurídica de derecho público, representada legalmente por don nombre reservado y contra la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez “COMPIN” Subcomisión Región Metropolitana.

Expone que en abril del año 2019 don nombre reservado estando con contrato laboral vigente, con la empresa minera Caucho Industriales S.A, Rut RUT reservado, comenzó con estrés laboral severo y fuertes dolores lumbares. En un principio, sospechó que esos dolores tenían como origen estrés laboral, por tanto, su empresa lo derivó a un médico especialista en psiquiatría y psicología. Lamentablemente, ese tratamiento psiquiátrico no tuvo efectos positivos, concluyendo su médico psiquiatra que su patología no era tal en abril del año 2021. En aquella oportunidad el especialista tratante fue don nombre reservado. Añade que don nombre reservado fue derivado a un especialista en traumatología. Ese profesional se percata de sus daños y lesiones, otorgando desde mayo del año 2021licencias médicas justificadas, con el propósito de otorgar descanso y reposo al trabajador enfermo.

Para diagnosticar y precisar su enfermedad, el recurrente se sometió a diversos exámenes y radiografías, entre ellas RX de rodillas A.P. y lateral con carga, de fecha 24 de agosto de 2022, exámenes que concluyen: 1) Condrocalcinosis de rodilla izquierda. Luego, en el Informe Médico de 02 de diciembre de 2022, emitido por su médico tratante don nombre reservado, le diagnostica: 1)

EspondiloArtrosis lumbar baja. 2) Espondilolisis.3)

Discopatía degenerativa anular desde L1 hasta S1. 4) Tendinosis del supraespinoso. 5)

Bursitis subacromial. 6)

Escoliosis levoconvexa lumbar media. 7)

Dolor lumbar crónico con síntomas radiculares.8)

Discopatia lumbar multinivel.9)

Síndrome del manguito rotador derecho. Le recetó los siguientes fármacos:1) Pregabalina 75 mg.2)

Cronus tab.3)

Tramadol.

Precisa el compareciente, que desde el 11 de mayo del año 2021 al 04 de diciembre de 2022, su representado ha estado en tratamiento médico de carácter traumatológico, y su situación le generó incapacidad laboral temporal, presentando licencias médicas para seguir con su tratamiento médico, farmacológico y rehabilitación kinésica. Sin embargo, a pesar de las sesiones de rehabilitación, continúo con molestias y dolores persistentes. Sus patologías traumatológicas no son operables. Aclara que, desde el principio dichas enfermedades o al menos dos de ellas, tuvieron un diagnóstico claramente crónico. Aquello no fue impedimento para aprobar inicialmente todas las licencias médicas extendidas al recurrente.

Seguidamente señala que a pesar de los informes médicos emitidos por su médico especialista, recetas y exámenes, COMPIN rechaza las licencias médicas desde el día 08 de julio de 2022 al 05 de noviembre de 2022, sumando a la interposición de esta acción cautelar 05 licencias rechazadas por “reposo es prolongado e injustificado”, pasando por alto la opinión del facultativo médico que lo ha tratado. Don nombre reservado al no tener acceso a su subsidio por licencias médicas, no ha podido costear sus gastos básicos, ni su tratamiento médico, farmacológico y kinesiológico. Producto de esta situación incluso se vio forzado a poner término a su vínculo laboral, mediante mutuo acuerdo con su empleador, en el mes de noviembre del año 2022, con el único objetivo que se le pagarán algunas indemnizaciones legales. En una visita a COMPIN, uno de los funcionarios de dicha institución le recomienda realizar los trámites de invalidez, por lo que el señor nombre reservado comienza con los trámites de su pensión de invalidez, la cual fue rechazada con fecha 26 de abril del año 2022, ya que la Comisión Médica de Región de Chillán (sic) consideró que su porcentaje de invalidez era de 15%, no alcanzando -según ellos- el necesario para aprobar dicha solicitud.

Actualmente el señor nombre reservado se encuentra en total desamparo por su enfermedad y sus subsidios rechazados. Si no fuera por la ayuda de familiares y amigos no podría sustentar siquiera los gastos básicos de su hogar que se compone por su conviviente y su hija nombre reservado. En este contexto, queda en una zona gris al negarle el pago de sus licencias médicas (por enfermedad crónica- irrecuperable), y además, rechazar su solicitud de pensión de invalidez. En consecuencia, estos organismos del estado que forman un solo todo, consideran que no tiene derecho a licencia médica, ni derecho a una pensión de invalidez, existiendo una falta de fundamentación y coordinación entre los organismos sectoriales, al rechazar tanto el pago de las licencias como su su invalidez, afectando su dignidad, toda vez que el Estado de Chile no le está dando una respuesta satisfactoria. Bajo este prisma, el Estado de Chile infringe el deber de coordinación contenido en el artículo 5 de la ley 18.575.

Cita lo indicado por Excelentísima Corte Suprema en Causa Rol Nº 23244-2018, añadiendo que el recurrente ostenta un derecho indubitado al subsidio y pago de sus licencias médicas impagas. Por lo que en la presente acción impugna las decisiones de las recurridas que niegan el pago de las licencias folios Nº 4-11126867, 4-11494128, 4-12217751, 4-11881246, 4-12671223, mediante sendos actos arbitrarios e ilegales.

A continuación, menciona como actos arbitrarios e ilegales, los siguientes:

a) Rechazo de la COMPIN Subcomisión Metropolitana. Con diversas fechas, dentro del año 2022, la entidad recurrida, emitió actos administrativos rechazando el pago de las licencias médicas folios Nº 4-11126867, 4-11494128, 4-12217751, 4-11881246, 4-12671223, indicando en todos sus actos administrativos como “Reposo Prolongado”, siendo el último de éstos de 15 de diciembre del año 2022. En una frase informan a su representado que no tiene derecho a subsidio, lo cual es muy doloroso para él, ya que lleva varios meses de tratamiento médico. Una entidad del estado -Compin- le niega su derecho a rehabilitarse en los plazos que estiman sus médicos tratantes, no esgrimiendo fundamento alguno. Para Compin es más facil -y menos engorroso- rechazar licencias médicas a diestra y siniestra sin realizar un estudio a profundidad como merece cada ciudadano, que padece estas dificultades. Estas resoluciones, no pueden constituir un acto administrativo válido, toda vez que yerran en sus requisitos de validez, omitiendo relatar, detallar y explicar hechos o situaciones en que se basaron para decidir rechazar una licencia médica. Mucho menos le importa a la recurrida fundamentar debidamente su decisión, optando por no compartir con el administrado los criterios, razonamientos o circunstancia científicas-médicas, que les permitieron llegar a dicha conclusión. No se individualiza a ningún funcionario público, omitiendo cualquier tipo de firma o timbre que implique individualizar y responsabilizar a una persona en particular.

b) Resolución Exenta N° R-01-DC-25640-2023. Con fecha 25 de febrero del 2023, la SUSESO emite esta resolución administrativa que denegó el pago de 4 de las licencias impugnadas, en la cual señala escuetamente: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que según los antecedentes aportados, el trámite de invalidez ejecutoriado con fecha 30-06-2022, en conformidad al D.L. N° 3.500, de 1980, del M.T. y P.S., concluyó en un porcentaje de menoscabo igual a 15 %, el cual, no es suficiente para acceder a una pensión de invalidez por lo que su capacidad residual de 85 % es suficiente para reintegrarse a sus labores habituales.”

El letrado compareciente, califica de cuestionable y caprichoso el criterio de la SUSESO toda vez que rechaza las licencias médicas sin aportar ningún antecedente adicional. No le importó que don nombre reservado presentara su reclamo por sus licencias médicas continuas, fundadas en una sola patología, sin vacilaciones diagnósticas por profesionales del área respectiva, con un buen pronóstico de recuperación, acompañando informes y recetas de su médico especialista traumatólogo. En definitiva, ante igual patología, el recurrente hizo uso de sus licencias médicas sin problemas, por lo cual las condiciones no han variado, pero sí la determinación de la autoridad administrativa, no respetando el principio “ubi edem ratio ibi ius”, vale decir, “donde existe la misma razón debe existir la misma disposición”. Esta resolución confirma el acto arbitrario e ilegal de la COMPIN, sin hacer mención pormenorizada a los hechos y fundamentos en que basaron su resolución, transgrediendo en forma reiterada y despreocupada la normativa que gobierna la materia. Negando por segunda vez un organismo estatal y de forma infundada el subsidio de su representado.

Enseguida menciona como garantías constitucionales vulneradas:

a)

Artículo 19 Nº 1. El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. El artículo 1 del D.S. Nº3/1984, del Ministerio de Salud define tajantemente “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencias médicas el derecho que tiene el trabajador ausentarse o reducir la jornada del trabajo, durante un determinado lapso de tiempo en cumplimiento de la indicación de profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona”. Norma cuyo objetivo es la protección de los trabajadores, enfermos de manera temporal, derecho al que el actor actualmente no tiene acceso, y se le viene negando reiteradamente. Así, se ha producido un grave deterioro en la salud física y psíquica del recurrente, tanto por la natural preocupación que la negación del pago le acarrea como porque al no recibir el subsidio correspondiente, no dispone del dinero necesario para solventar los gastos de su hogar, alimentos, médicos y necesidades de su familia.

b)

Artículo 19 Nº 2: La igualdad ante la ley. Se infringe toda vez que representa una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por reposo laboral.

c)

Artículo 19 Nº 3. La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.

El Decreto Supremo Nº3/1984, del Ministerio de Salud, regulando la tramitación administrativa de las licencias médicas señala:

Artículo 16.- La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.

Artículo 21°.- Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; y e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica..”

La fundamentación, según dispone el artículo 11 inc. 2º de la ley 19.880, conlleva ciertos requisitos mínimos: “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos.

Por su parte el artículo 41 inc. 3º y 4º del mismo cuerpo legal expresan “En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución deberá ajustarse a las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si fuere procedente”.

Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Arguye el letrado que las normas citadas, contienen los requisitos de validez de los actos que emanen del ente administrador. Al respecto, el destacado constitucionalista don nombre reservado refiriéndose a la fundamentación del acto administrativo señala que ello es “la justificación normativa, fáctica y racional que da razón, que fundamenta la decisión, que da cuenta del porqué se emite la decisión, y que sustenta o sostiene su juridicidad, su conformidad a Derecho”, agregando que “por ello es que la fundamentación como requisito de validez del acto administrativo que es, no se cumple con cualquier fórmula convencional, del cliché o banal. La fundamentación ha de ser suficiente, en cuanto debe dar razón y dar cuenta exacta del iter o camino lógico/racional que lleva al autor del decreto o resolución a adoptar la decisión, la cual significa dar solución efectiva y concreta a una necesidad pública especifica que el legislador a puesto a su cargo” terminando con expresar que: “de allí es que la “fundamentación” del acto administrativo constituye un principio general de derecho administrativo que tiene su base constitucional en el derecho fundamental al debido procedimiento racional y justo que la Constitución reconoce expresamente a toda persona”.

En la especie, la COMPIN y SUSESO no se ajustaron a la legalidad vigente, desde que no justifican ni desvirtúan debidamente -debiendo haberlo hecho- la incapacidad laboral temporal diagnosticada por el médico especialista tratante, teniendo en consideración que el recurrente acompañó precisamente informes de éste, que justificaban el reposo, de manera que lo expresado por dichas instituciones es insuficiente para resolver el rechazo y no otorgar el pago a quien se encuentra en estado de no poder trabajar.

d)

Artículo 19 Nº 24. El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Se conculca desde que importa la privación de un derecho a retribución monetaria contemplada expresamente por la ley en los casos de imposibilidad de trabajar por enfermedad o accidente.

Seguidamente cita jurisprudencia e indica que los rechazos de licencias médicas solo deben ser admisibles por medio de una resolución fundada en hechos detalladamente escriturados y consideraciones científicas o técnicas del área de medicinal que corresponda, no bastando la calificación de una enfermedad como “crónica”, para dejar a un ciudadano sin su correspondiente subsidio. Se solicita el pago de las licencias médicas singularizadas, ya que también se le negó al recurrente su pensión de invalidez. Dejando en una contradicción insuperable a los organismos sectoriales que han conocido de las desgracias y enfermedades del señor nombre reservado.

Finalmente, pide a esta Corte acoger la acción cautelar en todas sus partes, declarando específicamente como medidas de protección que se ordene el dictamen de los actos administrativos conducentes al pago efectivo e íntegro de las licencias médicas impugnadas, folios Nº 4-11126867, 4-11494128, 4-12217751, 4-11881246, 4-12671223, sin perjuicio de otras medidas de protección que se estime del caso adoptar para el restablecimiento del imperio del derecho quebrantado por las conductas ilegales y arbitrarias de la recurridas, con expresa condenación en costas.

2°.- Que, informa el abogado Francisco Ortega Bello, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Solicita se declare la presente acción de protección como improcedente, por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el N° 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos. La autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo N° 3/84, sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) y la Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el DFL N° 44/78, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), son materias que pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente del ámbito de la acción de protección.

Enfatiza que la acción de protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona sea víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República. Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a actos u omisiones arbitrarios o ilegales.

En subsidio de las alegaciones anteriores, informa el fondo del asunto indicando que es necesario esclarecer el marco jurídico-normativo que regula la materia. Expone que en nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad. Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud puede ser permanente o transitoria. Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado licencia médica, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal. En caso de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que, unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, cuerpo legal que promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto. El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”. En virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Precisa que la licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, norma que trascribe y añade, que para hacer uso de una licencia médica es necesario que el trabajador se encuentre impedido de trabajar por razones de salud en forma temporal, existiendo la posibilidad real y cierta que recuperará la capacidad de trabajo y quedará en condiciones de reincorporarse a la vida laboral.

Añade que, para el caso de dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, como es el caso en comento, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS). Conforme a lo indicado en el artículo 1° del citado D.S N° 3 de 1980 del Ministerio de Salud, lo esencial para la autorización de las licencias médicas es la posibilidad real y cierta de que el trabajador recupere la capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral, sea que la incapacidad laboral temporal haya sido por un cuadro aislado incluso que sea una patología crónica e irrecuperable, ya que hay algunas situaciones en que se puede autorizar licencias médicas extendidas por diagnósticos crónicos e irrecuperables que no van a desaparecer totalmente con el uso de licencias médica, siempre que después de un período de reposo vaya a producirse la reincorporación laboral del trabajador con su capacidad residual de trabajo. Asimismo, en el caso que, luego de obtenida la pensión de invalidez, la persona se reintegra a la vida laboral con su capacidad residual de trabajo, tiene derecho a presentar licencias médicas, en las oportunidades en que dicha capacidad residual se vea temporalmente afectada, si demuestra que efectivamente se reincorporó a trabajar y en conformidad con el inciso segundo del artículo 12, del referido D.L. 3.500, dichos subsidios por incapacidad laboral que pudiese generar, no son por las mismas causas que produjeron la invalidez, puesto que la pensión es incompatible con estos.

En cuanto a las justificaciones médico administrativas, señala que consta en el expediente administrativo que el Sr. nombre reservado, reclamó mediante presentación de fecha 12 de octubre de 2022, apelando contra la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región Metropolitana, que rechazó las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 120 días, a contar del 08 de julio de 2022, por diagnóstico irrecuperable. Por ello la Superintendencia, previo estudio de los antecedentes y con su mérito, concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas reclamadas no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que según los antecedentes aportados, el trámite de invalidez ejecutoriado con fecha 30-06-2022, en conformidad al D.L. N° 3.500, de 1980, del M.T. y P.S., concluyó en un porcentaje de menoscabo igual a 15 %, el cual, no es suficiente para acceder a una pensión de invalidez por lo que su capacidad residual de 85% es suficiente para reintegrarse a sus labores habituales. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° -01-DC-25640- 2023, de 25 de febrero de 2023.

En atención al reclamo presentado por el Sr. nombre reservado, destaca que la Contraloría Médica de la COMPIN en justificación del rechazo de su licencia ante ese Organismo, registró la siguiente información en la cartola médica del paciente: “(13/10/2022) … RR LME 4128, se mantiene rechazo, adjunta IMT de traumatólogo del extrasistema, sin carnet de KNT Informe de Kinesiólogo, sin DAU, sin Certificado de Lista de Espera. Los antecedentes aportados permiten concluir que la prolongación del reposo cumpla un rol terapéutico. Con más elementos puede apelar a la Superintendencia de Seguridad Social …” (sic).

En este orden de ideas, el Sr. nombre reservado, presentó solicitud de calificación de invalidez conforme al D.L. N° 3.500, de 1980, la que fue rechazada por la Comisión Médica de la Región de Chillán, de la Superintendencia de Pensiones, mediante Dictamen N° 009.1565/2022, de fecha 26 de abril de 2022, la cual le otorgó un 15% de incapacidad global, por los diagnósticos: Lumbago Crónico (M54.5), Tendinosis Hombro Derecho (M75), Diabetes Mellitus (E11) e Hipertensión Arterial (I10). Así, habiéndose determinado, en base a parámetros técnicos y de conocimientos médicos por la citada Comisión Médica, que la patología presentada es de carácter permanente y, en consecuencia, no susceptible de recuperación, no es posible advertir que se cumpla el propósito último de la emisión de las licencias médicas reclamadas, esto es que, a través del reposo laboral prescrito, el trabajador pueda recuperar su capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral. Lo expuesto, tiene plena concordancia con lo señalado por el médico tratante del recurrente, quien en informe de fecha 23 de septiembre de 2022, refiere respecto al pronóstico de la patología presentada, que esta es degenerativa y progresiva, por tanto, no recuperable. De lo anterior, se desprende que el Sr. nombre reservado presenta una incapacidad permanente, es decir, no temporal durante el período de reposo de las licencias médicas reclamadas. Por consiguiente, no resulta procedente hacer uso de licencia médica, ya que para ello es necesario que exista una incapacidad temporal, conforme a lo dispuesto en el D.S. N°3. Tal razonamiento es, recogido por la Resolución que da origen a aquella impugnada en autos, al señalar que “…el trámite de invalidez ejecutoriado con fecha 30-06-2022, en conformidad al D.L. N° 3.500, de 1980, del M.T. y P.S., concluyó en un porcentaje de menoscabo igual a 15 %, el cual, no es suficiente para acceder a una pensión de invalidez por lo que su capacidad residual de 85 % es suficiente para reintegrarse a sus labores habituales…”.

Explica que el Sr. nombre reservado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, sobre Bases del Procedimiento Administrativo, pudo interponer Recurso de Reposición ante la Superintendencia, acompañando los antecedentes necesarios para la justificación del reposo reclamado, situación que no ocurrió. En consecuencia, lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de rechazar las licencias médicas de la recurrente, se encuentra médico- administrativamente justificada, debido a que los antecedentes médicos tenidos a la vista no permiten justificar el reposo prescrito y el rol terapéutico que éste debe cumplir.

En lo que atañe a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social, expresa que lo actuado por dicho organismo se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras. A la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. A su vez, el artículo 3º de la Ley N° 16.395, que regula su funcionamiento orgánico, dispone que “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”. El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.” En este mismo sentido, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”.

Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a su representada le corresponderá: “Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes.” En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a mi defendida: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”. Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, mi representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA), descartando, en los hechos, cualquier actuación de carácter ilegal o arbitrario por parte de la Superintendencia de Seguridad Social.

Afirma que la pretensión del recurrente en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento legal, desborda los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. En el caso del recurrente, su derecho a licencia médica y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de la Superintendencia, se concluyó que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

Más adelante, hace presente que no existe acto ilegal o arbitrario de la Superintendencia de Seguridad Social, pues se limitó a resolver la situación del Sr. nombre reservado, dentro del ámbito de sus competencias. Tampoco ha existido vulneración o amenaza al derecho a la vida e integridad física y psíquica, ni menos se ha infringido o vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocidos a todas las personas en el artículo 19 N°s 1 y 24 de nuestra Constitución Política, como ningún otro derecho garantizado por nuestra Carta Fundamental. Hace presente que el solo otorgamiento de una licencia médica por un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN). Ciertamente, en este punto la autorización de la licencia médica se determina por el organismo administrador de este derecho de acuerdo con los antecedentes del caso. Para ello es necesario que se constate, primero la existencia de una enfermedad o accidente y, en segundo término, que esta enfermedad o accidente cause incapacidad laboral temporal, razón por la que el trabajador deberá ausentarse de su trabajo por un lapso determinado. 2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente (D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y D.F.L. N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social).

En concordancia con lo expuesto, el artículo 17 del citado reglamento, dispone que: “Autorizada la licencia médica o transcurridos los plazos que permitan tenerla por autorizada, esta constituye un documento oficial que justifica la ausencia del trabajador a sus labores o la reducción de su jornada de trabajo, cuando corresponda, durante un determinado tiempo y puede o no dar derecho a percibir el subsidio o remuneración que proceda, según el caso.” Por lo expuesto, no existe derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues para ello es necesario como punto de partida, contar con licencias médicas autorizadas, cuestión que no media en la especie.

Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador. Esta conclusión es inaceptable. Descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal de su defendida, ya que, en el dictamen aludido, se exponen las razones por las cuales se llegó a la conclusión indicada. No se trata de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que del estudio y ponderación de los elementos señalados, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes.

3°.- Que, informa doña nombre reservado, Presidenta de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana (COMPIN R.M).

Expone que analizada la base del sistema Maestro Licencias Médicas FONASA, consta que la Licencia Médica Nº 4-11126867, se rechaza, toda vez que el recurrente cuenta con Dictamen Ejecutoriado de fecha 30 de junio del año 2022, con un menoscabo de capacidad de trabajo de un 15% sin diagnóstico, sin reintegro laboral. Respecto al Recurso de Reposición de la Licencia Nº 4-11126867, los antecedentes presentados no justifican la extensión del reposo, por tanto, se rechaza.

En cuanto a la Licencia Nº 4-11494128, se presenta sin antecedentes médicos que permitan justificar la prolongación del reposo otorgado por el diagnostico descrito, no se establece rol terapéutico de la Licencia Médica. Por tanto, se rechaza. Al resolver el recurso de reposición de la Licencia Nº 4-11494128, se mantiene rechazo, recurrente adjunta informe médico de traumatólogo, sin carnet de kinesioterapia, sin informe de Kinesiólogo, sin DAU, sin certificado de lista de espera. Los antecedentes aportados no permiten concluir que la prolongación del reposo cumpla un rol terapéutico. Por lo anterior, se rechaza.

Por su parte, la Licencia Nº 4-12217751, se rechaza, por falta de antecedentes médicos que permita la prolongación de los reposo. El Recurso de Reposición de la Licencia Nº 4-12217751, reposo sin rol terapéutico. Tiene Trámite de Pensión de Invalidez ejecutoriado en julio y rechazado por bajo porcentaje. Por lo anterior, se mantiene el rechazo.

En el caso de la Licencia Nº 4-11881246, se presenta sin antecedentes médicos que justifiquen prolongación y rol terapéutico de la licencia médica. Se rechaza. El Recurso de Reposición de la Licencia Nº 4-11881246, se presenta sin rol terapéutico que justifiquen mantener el reposo, por tanto se rechaza.

Indica que la Licencia Nº 4-12671223, se rechaza, no presenta antecedentes médicos que justifiquen prolongación y rol terapéutico de la licencia médica.

Añade que el D.S. N° 3/1984, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por los Servicios de Salud e Instituciones de Salud Previsional, establece en su artículo 14 que es competencia privativa de la Unidad de Licencias Médicas de la COMPIN o de la ISAPRE, en su caso, rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período solicitado; o cambiarlo de total a parcial y viceversa, dejándose constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida. Entonces, las actuaciones realizadas por COMPIN al decidir si aprobar o rechazar una licencia médica se enmarcan dentro de los parámetros objetivos que se han dispuesto. Todo esto en la búsqueda de asegurar que el uso de las licencias médicas cumpla verdaderamente su finalidad terapéutica y de carácter transitorio mientras el trabajador recupera su salud para volver a ejercer sus funciones laborales.

Hace presente que el caso objeto del presente recurso, ya ha sido analizado por la Superintendencia de Seguridad Social, quien en el marco de su competencia especializada, ha confirmado el rechazo de las licencias reclamadas.

4°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, amenace ese atributo.

5º.- Que, como se desprende de lo señalado, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

6º.- Que, acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

7º.- Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción deducida por no encontrarse resguardada la seguridad social a través del recurso en estudio, se dirá, que el arbitrio ha sido deducido por estimarse infringidas las garantías contenidas en los numerales 1, 2, y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que sí están comprendidos dentro del catálogo establecido en el artículo 20 del mismo cuerpo legal, lo que resulta suficiente para desestimarla.

8°.- Que, para contextualizar la situación de don nombre reservado, en lo que interesa a la presente acción cautelar, debe consignarse que es afiliado a FONASA y su médico tratante emitió las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, prescribiendo en cada una de ellas reposo laboral total por 30 días a contar del 08 de julio de 2022, sumando un total de 120 días. Dichas licencias fueron rechazadas por reposo injustificado.

Mediante Resolución Exenta N° R-01-DC-25640-2023, de fecha 25 de febrero del 2023, la Superintendencia de Seguridad Social confirmó el rechazo de la COMPIN Región Metropolitana, argumentando que tras estudiar los antecedentes concluyó que el reposo prescrito en las licencias singularizadas no se encontraba justificado.

Consigna expresamente la aludida Resolución Exenta que: “Esta conclusión se basa en que según los antecedentes aportados, el trámite de invalidez ejecutoriado con fecha 30-06-2022, en conformidad al D.L. N° 3.500, de 1980, del M.T. y P.S., concluyó en un porcentaje de menoscabo igual a 15 %, el cual, no es suficiente para acceder a una pensión de invalidez por lo que su capacidad residual de 85 % es suficiente para reintegrarse a sus labores habituales”.

9°.- Que, según emana de los antecedentes allegados, tanto por el actor como por las recurridas, la Superintendencia de Pensiones Comisión Médica de la Región de Chillán, mediante Dictamen de fecha 26 de abril de 2022 (ejecutoriado el 30 de junio de 2022), rechaza la solicitud de pensión de invalidez presentada por don nombre reservado.

En dicho acto administrativo se consigna que el menoscabo en la capacidad de trabajo se establece en un 15% y que las enfermedades alegadas como invalidantes no alcanzan a provocar una pérdida de trabajo de a lo menos el 50%.

De lo expuesto se desprende que al 8 de julio de 2022, fecha de inicio del reposo prescrito por las licencias médicas cuyo pago ha sido rechazado por la recurridas, don nombre reservado no era beneficiario de pensión de invalidez alguna, de tal manera que debe desde ya descartarse a su respecto la incompatibilidad entre pensiones de invalidez y subsidios por incapacidad laboral que establecida en el artículo 12 del Decreto ley N° 3500 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

10º.- Que, así las cosas, habrá de tenerse presente lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto Supremo N 3, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Asimismo, en su artículo 21 indica que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador;

d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador;

e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica ”

11º.- Que, conforme a los antecedentes aportados, aparece que la decisión de las recurridas, en cuanto rechazan el pago de las licencias médicas objeto de este recurso, no se apoyan en ninguna evaluación del recurrente destinada a verificar su actual estado de salud, de manera de poder determinar que el reposo prescrito no se encuentra justificado, carencia que la priva de contenido.

Lo anterior cobra especial relevancia, si se considera que las recurridas, para resolver como lo hicieron, desacreditaron informes evacuados por el médico tratante, pero sin evaluar o someter a exámenes al actor, lo que redunda en definitiva en que se desvanecen las razones del rechazo.

12º.- Que, si bien las recurridas han alegado que al señor nombre reservado se le rechazó la declaración de invalidez de manera coetánea al rechazo de las licencias médicas cuyo pago se pretende, y que ello bastaría para justificarlo, pues, el propio médico tratante insiste en que dos patologías si son irrecuperables, no puede perderse de vista, que dicho argumento conlleva una contradicción, desde que por una parte los organismos estatales le señalan al actor que no tiene incapacidad permanente (fundamento del rechazo de la solicitud de pensión de invalidez), pero tampoco lo afecta una incapacidad laboral temporal al calificar el reposo es injustificado, sin someterlo a un peritaje médico, evaluación que habría contribuido a dilucidar su situación médica.

13º.- Que, en el contexto descrito resulta del todo arbitrario desestimar el pago de licencias médicas emitidas por un facultativo médico sin ningún motivo adicional suministrado por las entidades criticadas más allá de la referencia al Dictamen -emanado de otra autoridad administrativa- que rechaza la solicitud del pensión de invalidez, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar frente al paciente cualquier duda, atendidos los efectos que para el señor nombre reservado le acarrea el verse privado tanto de una pensión de invalidez como del subsidio por incapacidad temporal.

En tal evento, ante términos tan definitivos para las personas, cabe exigir un mínimo de diligencia a la autoridad, sobre quien pesa la obligación de actuar de oficio y con respeto por los principios de no discriminación, objetividad y rigurosidad en su proceder.

14º .- Que, de esta manera, se advierte que la negativa del pago de las licencias médicas que indica el actor, implica de parte de la autoridad el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, al ejercitar sus derechos, en concreto, si como en este asunto se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la vida, la salud y la igualdad ante la ley, las que resultan vulneradas con la conducta de las recurridas.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge, sin costas, el interpuesto por el abogado Pablo Andrés Valenzuela Contreras, en favor de don nombre reservado, contra la Superintendencia de Seguridad Social y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez “COMPIN” Subcomisión Región Metropolitana, sólo en cuanto, se ordena a las recurridas realizar al recurrente todos los exámenes médicos necesarios para determinar la existencia y eventuales concurrencias de la incapacidad laboral temporal que originó la extensión de las licencias médicas rechazadas, para luego determinar la procedencia de su autorización.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, ó Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la Ministra Paulina Gallardo García.

ROL N° 647-2023-PROTECCIÓN.

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