nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA

Chillán, dos de junio de dos mil veintitrés.

Visto:

1° Que comparece el abogado Mario Andrés Espinosa Valderrama, en representación de nombre reservado, trabajadora dependiente, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, por vulnerar éstas, con su actuar, las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República.

Para fundar su acción señalan que con fecha 06 de septiembre del año 2018, solicitó un crédito de dinero a C.C.A.F. Los Andes, por la suma de $3.732.590, pagaderos en 48 cuotas mensuales y sucesivas de $140.174, cada una, con vencimiento la primera el 30 de noviembre de 2018 y la última el 30 de noviembre de 2022 y que, por problemas económicos, no pudo dar cumplimiento a lo pactado, constituyéndose en mora a partir de la cuota N° 1, con vencimiento el 30 de noviembre de 2018.

Agrega que, no mejorando su situación financiera, concurrió en diversas ocasiones ante la recurrida a intentar regular su deuda, donde siempre se le instigó a repactar; sin embargo, para repactar e impedir el cobro por la vía ejecutiva recurrida imponía aceptar grandes montos por concepto de intereses, costas y gastos, que finalmente solo significaría un aumento del valor de la deuda.

De este modo, indica, frente a su incumplimiento, con fecha 12 de noviembre de 2021, la recurrida interpuso demanda ejecutiva en su contra, según consta en causa rol C-249-2021 seguida ante el 2° Juzgado Civil de Chillán, de la cual fue notificada personalmente el 25 de noviembre de 2021, continuando dicha causa su tramitación.

Manifiesta que durante la tramitación de la causa ejecutiva, se percata que su remuneración del mes de febrero de 2022 era notoriamente más baja de lo que le correspondía recibir y al revisar el detalle de la liquidación, verificó que existe un cobro a favor de la caja de Compensación La Araucana, por la suma de $ 23.888. Al solicitar a su empleador liquidaciones anteriores, constató que se le efectuaron descuentos en diciembre por $29.187 y enero por $16.117. En consecuencia, fue privada injustificadamente de la cantidad de $69.192.

Hace presente que el descuento es efectuado por Caja La Araucana, en virtud de un sistema integrado de recaudación, denominado "Intercajas". Este sistema opera a través de un mandato de las Cajas firmantes, entre las que se encuentran las recurridas, que faculta al Sistema Nacional de Comunicación Financiera (SINACOFI) para gestionar la información y recaudación de aquellos créditos tomados por ex afiliados a ellas; sistema que se funda en un acuerdo entre las C.C.A.F., consistente en que la Caja de actual afiliación debe informar y descontar las deudas que los afiliados mantengan vigentes con aquellas Cajas donde originalmente solicitaron los créditos, para luego remesar dichas recaudaciones a estas últimas. Esto es de importancia, ya que nunca ha contratado con la Caja de Asignación Familiar La Araucana, sino que única y exclusivamente con la Caja de Asignación Familiar Los Andes.

Indica que la recurrida actúa de manera caprichosa a injustificada, reviviendo por medio del descuento mensual, cual es un beneficio que la ley prevé para un cobro oportuno. Con su actuar, está forzando una garantía de pago improcedente en la especie, considerando que aún se encuentra en plena tramitación la causa ejecutiva, seguida ante el 2° Juzgado Civil de Chillán, por lo que deviene en antojadiza su actual decisión de requerir el pago a través de esa vía, considerando que ya existe una instancia judicial iniciada, por la que se debe perseguir el cobro y no abusar de las facultades que le otorga la ley.

La recurrente expresa que está en presencia de un acto ilegal, que vulnera las garantías constitucionales, al descontar por planilla de su sueldo que mensualmente recibe, una suma antojadiza, en circunstancias que tal modalidad está pensada para ser un cobro razonablemente respaldado y oportuno, situación que se contradice, por existir una causa ya iniciada. En ese sentido, el actuar de la recurrida produce una privación en el derecho de propiedad de la recurrente sobre la remuneración que le corresponde percibir.

En ese sentido, indica que los descuentos por planilla que efectúa Caja Los Andes se encuentran amparados en el artículo 22 de la Ley 18.833 y hace hincapié en que dicha norma otorga una facultad excepcional a las Cajas de compensaciones, para obtener de manera oportuna el cobro de lo adeudado, no debiendo actuar de improviso, pues tienen la obligación de informar que procederá a realizar estos descuentos, situación que no ocurrió.

Finaliza solicitando a esta Corte, acoger la presente acción en todas sus partes, adoptando las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, ordenando: a) Que la recurrida, CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES debe desistir en los descuentos por planilla efectuados sobre la remuneración mensual de doña nombre reservado; b) La devolución de todos los dineros descontados con motivo del crédito antes señalado, y que motiva el presente recurso; c) Condenar en costas a la recurrida.

2° Que al informar, doña nombre reservado, por la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar la Araucana, indica primeramente que la recurrida no figura en los registros de La Araucana C.C.A.F. con algún crédito social cuyo estado sea vigente o moroso, sino que única y exclusivamente, su representada a requerimiento de la C.C.A.F. Los Andes, y como mandataria de esta, ha informado al empleador de la recurrida la existencia de una deuda, solicitando el respectivo descuento en virtud del Proyecto Intercajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar Cajas de Chile A.G., y de las normas legales pertinentes.

Indica que desde diciembre de 2022 a la fecha se han realizado 4 remesas a la caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por los montos que individualiza en su presentación; y hace presente que en atención a la orden de no innovar decretada en estos autos con fecha 22 de marzo de 2023, se excluye a la recurrente de nóminas a partir del mes de abril del presente.

En cuanto al fondo de la presente acción, manifiesta que el crédito social se trata de una prestación de seguridad social que otorgan las C.C.A.F. a sus afiliados, consistente en préstamos en dinero otorgados al trabajador o pensionado afiliado para finalidades relacionadas con las necesidades de éstos y de sus causantes de asignación familiar. La naturaleza de prestación de seguridad social del crédito social se manifiesta concretamente en una serie de aspectos que los diferencian significativamente respecto de otro tipo de préstamos, como lo es el mecanismo de pago, la tasa de interés, límites de descuento y límites de endeudamiento. Además, el marco normativo vigente establece un monto máximo de endeudamiento por concepto de crédito social.

Adicionalmente, señala que en cuanto a la naturaleza jurídica que corresponde atribuir a los créditos sociales, se debe tener presente que el Fondo Social de las C.C.A.F. se sustenta principalmente en los intereses obtenidos por el otorgamiento de créditos sociales a sus afiliados y es con cargo a dicho fondo que las Cajas de Compensación, en su calidad de entidades de previsión social, deben cumplir con las diversas funciones que establece la Ley 18.833; Dado lo anteriormente expuesto, y a fin de cautelar el fondo social de las C.C.A.F., la Superintendencia de Seguridad Social en uso de sus facultades fiscalizadores conforme lo dispone el artículo 2° letra “B” de la Ley N°16.395, referente a la Organización y Atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social, ha venido impartiendo instrucciones a las Cajas de Compensación, a través de Circulares, relativas al Régimen de Crédito Social y al modo de hacer efectivos los descuentos que procedan de las remuneraciones de los afiliados contenida en Circulares N°2052 del año 2003 y N°3567 del 2021 de la Superintendencia de Seguridad Social.

Agrega que dado lo anteriormente expuesto, y a fin de cautelar el fondo social de las C.C.A.F., la Superintendencia de Seguridad Social en uso de sus facultades fiscalizadores conforme lo dispone el artículo 2° letra “B” de la Ley N°16.395, referente a la Organización y Atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social, ha venido impartiendo instrucciones a las Cajas de Compensación, a través de Circulares, relativas al Régimen de Crédito Social y al modo de hacer efectivos los descuentos que procedan de las remuneraciones de los afiliados contenida en Circulares N°2052 del año 2003 y N°3567 del 2021 de la Superintendencia de Seguridad Social, que define a la prestación denominada crédito social como “un beneficio de bienestar social consistente en préstamos de dinero, cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer necesidades del trabajador y del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar, relativas a: vivienda, bienes de consumo durables, trabajo, educación, salud, recreación, contingencias familiares y otras necesidades de análoga naturaleza”.

Es en este contexto, señala que para dar efecto a las instrucciones emanadas de La Superintendencia de Seguridad Social, que las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, con fecha 15 de abril de 2013, celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios, denominado “Proyecto InterCajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar”, que tiene por objeto que la Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial y necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso, por lo que la particularidad que existe en el descuento aplicado mediante Sistema InterCajas, es que se efectúa por un tercero, a saber, otra Caja de Compensación de Asignación Familiar, permitiendo mediante este mecanismo regularizar a través de este sistema integrado la deuda pendiente que un trabajador tenga con una Caja de Compensación, por concepto de crédito social en virtud de la naturaleza jurídica de prestación de seguridad social de los mismos.

Señala que en este contrato además es parte la Asociación Gremial de Cajas de Compensación de Asignación Familiar y ha sido acordado conforme a lo dispuesto en el artículo 19 N°7 de la Ley N°18.833 que autoriza expresamente a las Cajas de Compensación para prestar servicios mediante convenios a entidades que administren prestaciones de seguridad social, conforme el artículo 1° de la citada Ley, lo expuesto precedentemente se encuentra refrendado por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) organismo que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 18.833 tiene a su cargo la fiscalización y supervigilancia de las C.C.A.F.

Continúa explicando que una vez detectado a quien mantiene una deuda ya sea en calidad de deudor principal o codeudor solidario, esta se incorpora en la respectiva nómina, con el objeto de aplicar el correspondiente descuento por parte de la entidad pagadora de su remuneración, reteniendo y remesando la cuota descontada a la Caja diputada para recibir el pago conforme Sistema InterCajas, la que a su vez lo remesa a la Caja acreedora, mecanismo que es legal y carece de arbitrariedad, todo lo anterior en razón a la obligación legal que tienen las Cajas de Compensación de proteger el fondo social; y, por otra parte, los descuentos a aplicar en una liquidación de remuneraciones tienen su asidero en el artículo 22 de la Ley N°18.833.

En virtud de lo expresado, indica que su representada no ha vulnerado Garantía Constitucional alguna, no existiendo de parte de su representada una actuación ilegal o arbitraria, por cuanto en todo momento ha obrado conforme a las atribuciones por las que legal y legítimamente se encuentra investida, sin que se haya atribuido, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, funciones que vayan más allá de la normativa vigente que regula esta materia, teniendo además en consideración la calidad jurídica en que su representada ha obrado en relación a lo expuesto por la recurrente.

Finaliza solicitando a esta Corte, se rechace la presente acción constitucional.

3° Que, doña nombre reservado, en representación de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes señala primeramente que su representada con fecha 06 de septiembre 2018, otorgo a la señora nombre reservado la operación de crédito código N° 014CON101356176 por un capital inicial de $8.223.593.-, a una tasa de Interés de 2.10%, pagadero en un plazo de 48 meses, con una cuota mensual de $140.174, cuyo primer vencimiento correspondió a fecha 30 de noviembre 2018; que la cuota del mes de noviembre de 2018, fue pagada correctamente en el plazo establecido; las cuotas de los meses de diciembre 2018 y enero 2019, fueron diferida a posterior de la última cuota pactada; en cuanto a la cuota del mes de febrero 2019, fue pagada correctamente en el plazo establecido; las cuotas de los meses de marzo a junio 2019, fueron diferidas a posterior de la última cuota pactada; las cuotas de los meses de julio 2019 a marzo 2020, se pagaron correctamente en los plazos establecidos; las cuotas de los meses de abril 2020 a marzo 2021, fueron diferidas a posterior de la última cuota pactada; las cuotas de los meses abril a junio 2021, se pagaron con fecha 27 de septiembre, 28 de noviembre 2022, 26 de enero y 22 de marzo 2023; y a la fecha, la presente operación de crédito se encuentra en cobranza judicial, manteniendo las cuotas de los meses de julio 2021 a febrero 2023 en estado moroso.

En consecuencia, expresa que en la especie nos encontramos frente a un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuyas acciones de cobro no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno.

Manifiesta que las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de previsión social se encuentran reguladas por la Ley N° 18.833, que establece un nuevo estatuto para las C.C.A.F., publicada en el Diario Oficial de 26 de septiembre de 1989. El artículo 1° de este cuerpo legal las define como “Corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social”. En el caso de las Cajas de Compensación, es la ley la que determina sus funciones, específicamente éstas se encuentran detalladas en el artículo 19 de la Ley N° 18.833; por su parte, el artículo 21 del mismo cuerpo legal señala que “las Cajas de Compensación podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero y que estará regido por un reglamento especial”. Estos créditos constituyen un beneficio de bienestar social, cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer las necesidades del trabajador dependiente, del trabajador independiente, del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar.

Así las cosas, señala que dada la naturaleza de entidad de previsión social de estas instituciones, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan. Es así como el artículo 22 de la Ley N 18.833 dispone: “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”. Así señala que los créditos otorgados por las Cajas de Compensación revisten un carácter social por expreso mandato del legislador.

Manifiesta que siguiendo esta línea de razonamiento, debe tenerse presente que el hecho que su representada haya entablado una acción ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza el mutuo otorgado a la recurrente, no libera a su representada ni a su empleador de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, ello en atención al carácter imperativo del artículo 22 de la Ley 18.833, por consiguiente, agrega que el actuar de su representada responde a una atribución que la ley confiere a la Caja de Compensación con miras a obtener la recuperación del crédito y constituye también un deber que la ley hace recaer en el empleador respectivo, los cuales no resultan obstados por la interposición de una acción ejecutiva, sobre todo si ésta ha sido interpuesta con anterioridad a la reanudación de las retenciones para el cobro de las cuotas adeudadas.

De este modo, su representada está efectuando el cobro, conforme al mecanismo dispuesto en la Ley N°18.833, de una deuda vigente, actualmente exigible y cuya prescripción no ha sido declarada, la cual emana de un contrato de mutuo de dinero celebrado entre su representada y el recurrente e insisten en que cualquier alegación de la recurrente en relación a alguna supuesta falta de exigibilidad del crédito en cuestión excede latamente el objeto de la acción de protección y deberá ser planteada en la sede jurisdiccional dispuesta por el legislador y ser resuelta en un juicio de lato conocimiento. Como corolario, indica que mal puede la recurrente pretender evadir el pago las obligaciones que mantiene para con su representada a través del ejercicio de una acción constitucional en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad, el cual, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento.

Finaliza solicitando a esta Corte el rechazo de la presente acción, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por su representada.

4° Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

5° Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

6° Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

7°.- Que para resolver la presente vía cautelar, cabe hacer presente que, en síntesis, la recurrente ejerce la acción constitucional fundada en que una de las recurridas -Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes- le ha cobrado cuotas de un crédito de consumo que le otorgó, mediante descuento de su remuneración en circunstancias que paralelamente también la ha demandado judicialmente, con el mismo fin, lo que afectaría a las garantías que indica.

8°.- Que, como ya ha resuelto anteriormente esta Corte, si bien la recurrida está facultada para cobrar lo adeudado, deduciéndolo de la remuneración de la deudora, aquello ciertamente no puede coexistir con un cobro judicial de la misma acreencia, tal como se desprende de la liquidación de remuneraciones acompañada por la recurrente en que constan los descuentos denunciados y de las compulsas de la causa civil ejecutiva rol C-2409-2021 seguida ante el 2° Juzgado Civil de Chillán, por cuanto, un doble cobro podría llevar a un doble pago, lo que no resulta admisible, y además porque al haber intentado la cobranza judicial, y haberse opuesto a ella, el deudor y actual recurrente, a través de las excepciones consagradas en la ley, ha dubitado la existencia o exigibilidad del crédito o de una fracción, careciendo así de un derecho indubitado para proceder conforme al artículo 22 de la precitada Ley.

En suma, habiendo optado la recurrida por la vía judicial para obtener el cobro, la entidad acreedora no estaba facultada para hacer los descuentos pertinentes a la trabajadora, sino que debía atenerse a lo que allí se resolverá en relación al crédito otorgado, o ejercer las acciones ordinarias que corresponda. Así se por lo demás se ha resuelto en los recursos de protección roles 4990-2022 y 8704-2022 entre otros, de esta misma Corte.

9°.- Que, en consecuencia, el actuar de las recurridas resulta arbitrario, desde que con el cobro judicial vigente, no se justifica un cobro en los términos del artículo 22 tantas veces citado, y se vuelve infundado, lo que vulnera el derecho de propiedad de la parte recurrente sobre sus remuneraciones, privándole de beneficios económicos, los que están amparados por la garantía prescrita en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por lo que el recurso deberá ser acogido.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Mario Andrés Espinosa Valderrama, en representación de nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, ordenándose el cese de los descuentos efectuados sobre la remuneración de la recurrente ya nombrada, y la restitución del dinero ya descontado dentro de décimo día.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Fabián Huepe Artigas.

Rol N° 642-2023 PROTECCIÓN.