nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Chillán, dos de julio de dos mil diecinueve.

Visto:

1°.- Que, comparece nombre reservado, trabajadora de casa particular, domiciliada en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, representada por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Fundamenta su presentación sosteniendo que desde el 1 de agosto del año 2018 ingresó a prestar servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia en los términos del artículo 7º del Código del Trabajo para Sinecio nombre reservado como supervisora de hogar. Añade que en diciembre del referido año al quedar embarazada hizo uso del descanso pre y post natal, extendiéndose las correspondientes licencias médicas. Precisa que el 29 de enero de 2018 la recurrida mediante Resolución Exenta Nº R 01-DLM-08113-2019 rechazó la licencia médica N° RUT reservado, por no acreditarse la calidad de trabajador dependiente, resolución la que señale le fue notificada el 26 de mayo de 2019.

Plantea que la Resolución Exenta recurrida constituye un acto administrativo ilegal, al calificarla contraria a diversas disposiciones legales que señalan expresamente que los actos administrativos deben ser fundados y las expresiones en él contenidas no resultan suficientes, además de causarle un menoscabo económico al no poder percibir parte alguna de los ingresos que le corresponden. Añade que la referida Resolución Exenta indica haberse basado en un informe de fiscalización de fecha 23 de noviembre de 2018, elaborado por la Dirección del Trabajo, Inspección de Ñuble, luego de una visita inspectiva, en la que su empleador fue requerido para exhibir colillas de pago, pago de arriendo, libro de asistencia, 6 últimas liquidaciones de sueldo, 6 últimas cotizaciones previsionales, haciendo presenta que a dicho informe de fiscalización se le adjuntó su contrato de trabajo y la documentación que acreditaba el pago de las obligaciones previsionales efectuadas por su empleador. Manifiesta que ante la recurrida entregó pruebas formales suficientes para acreditar que efectivamente prestó servicios como trabajadora de casa particular para su abuelo, quien le contrató especialmente por ser su nieta, circunstancia la que justificaría el carecer de un medio de control material de asistencia.

Finalmente plantea que el rechazo constituye un acto arbitrario e ilegal, en cuanto a que la recurrida otorga un fundamento errado para justificarlo, por cuanto, en atención a lo señalado, se cumple la obligación de acreditar la calidad de trabajador dependiente.

En cuanto al derecho sostiene que el acto recurrido constituye un acto arbitrario e ilegal que atenta contra las garantías de los números 1,3, 9, 24 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por cuanto el pago del subsidio que va aparejado con la licencia médica suple la remuneración del trabajador que se encuentra afectado por una determinada incapacidad laboral y que en definitiva su rechazo implica en la praxis que el dependiente que ha hecho uso de licencia no contará con los medios económicos para hacer frente a sus diarias necesidades que van desde alimentarse hasta poder comprar lo necesario para su subsistencia, durante el embarazo y la de sus hijos, comprometiendo y conculcando claramente su derecho a la vida e integridad física y psíquica. Igualmente, se conculca en la especie el artículo 19 número 3 de la Constitución Política de la República, pues toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado y en la especie, el acto administrativo recurrido no ha dado cumplimiento a las normas de fundamentación que debe necesariamente contener de acuerdo a los artículos 3 y 40 de la Ley 19.880. Refiere que el acto recurrido junto con contravenir el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas, trasgreden de manera abierta otras normas de orden Constitucional que se relacionan con el régimen estatutario que rige a los organismos y empleados públicos, además de la normativa especial que rige la tramitación de las licencias médicas y todo lo relativo a ellas, procediendo la recurrida a transcribir las normas pertinentes.

Termina solicitando que, de acuerdo a lo expuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, se tenga por presentado recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social ya individualizada, declararlo admisible y en definitiva se le acoja en todas sus partes declarando arbitrario e ilegal la resolución administrativa recurrida, dejándola sin efecto, y declarando en su reemplazo el pago de la licencia médica pendiente N°s.RUT reservado y reponer los derechos de la recurrente, o bien se adopten las medidas que se estimen pertinentes para restablecer el imperio del derecho, todo ello con costas del recurso.

A su presentación la recurrida acompaña documentos.

2°.- Que, informa la presente acción de protección el abogado Francisco Javier Calvo Fernández De La Peña, en representación de la recurrida, Superintendencia de Seguridad Social, quien solicita el rechazo de la acción de protección enderezada en contra de su representada al estimarla extemporánea, petición la que sustenta en el hecho que como consta de la copia del expediente administrativo que acompaña, mediante presentaciones de fecha 22 de enero de 2019 la actora recurrió reclamando de las resoluciones de la Subcomisión Ñuble que rechazaron las licencias médicas N° RUT reservado, por 30 días de reposo a contar del 24 de octubre de 2018, por la causal de falta de vínculo laboral y las licencias médicas de descanso maternal RUT reservado, 58228011 y 58228008, por 134 días, a contar del 11 de diciembre de 2018, por la causal de falta de vínculo laboral. Añade que la presente acción constitucional fue presentada el 26 de mayo de 2019, esto es, cuando el plazo fatal de 30 días corridos estaba con creces vencido, por lo cual considera que, de la relación de hechos expuesta, aparece de manifiesto la falta de oportunidad en el ejercicio de la presente acción constitucional y en base a lo anterior solicita el rechazo de la acción de protección de autos, con costas.

Un segundo argumento que esgrime la recurrida para fundar su petición de rechazo es la improcedencia de la acción de protección en materia de seguridad social, por cuanto la materia sobre la que ésta realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de Seguridad Social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que no está amparado por la presente acción cautelar y consecuentemente, tratándose de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible accionar de protección ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Con respecto al fondo de la presente acción de protección la recurrida, luego de describir latamente el marco jurídico-normativo que regula la materia tratada, concluye señalando que la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es la de ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral, haciendo presente que, la Superintendencia de Seguridad Social no pretende determinar la existencia de una relación jurídica de orden laboral, sino lo que pretende es verificar, en uso de sus facultades constitucionales y legales, la concurrencia de los requisitos que exige la legislación, en el ámbito de la seguridad social, para otorgar una licencia médica y obtener el correspondiente subsidio. En ese sentido plantea que el primer requisito que debe cumplirse es el de tener la calidad de trabajador dependiente o independiente, siendo un dato de la causa, que la recurrente no tenía indubitablemente dicha condición a la luz de lo resuelto por su representada. En efecto, no corresponde otorgar licencia médica a un trabajador cesante por cuanto éste no tiene que justificar ausencia laboral ni remuneración que reemplazar, salvo que la licencia se haya iniciado antes del término de la relación laboral, lo cual en el caso no aconteció. En la especie, precisa, de los antecedentes consta que no existen huellas laborales que permitan dar por establecida la calidad de trabajadora dependiente de la recurrente como "trabajadora de casa particular", para el empleador, que en la especie se trata del abuelo de ésta. A su vez, añade, de acuerdo a la cartola médica de Fonasa consta que la Subcomisión Ñuble tuvo a la vista el Informe de Fiscalización de la Inspección del Trabajo donde se consigna que no existe reemplazo en la función, ya que dicha fiscalización se realizó coetáneamente al período de reposo de las licencias médicas maternales de la recurrente, acreditándose que en el domicilio del Sr. nombre reservado no se había contratado a nadie para reemplazar a la hoy recurrente y de este modo, no se pudo establecer que la recurrente cumpliera labor alguna. Hace presente que, según el contrato de trabajo acompañado, la recurrente inició sus actividades el 1 de agosto de 2018 y el nacimiento de su hijo fue el 31 de enero de 2019, es decir, inició sus labores como trabajadora de casa particular para el empleador que es su abuelo paterno cuando tenía 3 meses de embarazo, indicando asimismo que la remuneración que se estableció para las labores de casa particular fue de $500.000 y que las cotizaciones de salud, que constan en la cartola de cotizaciones de Fonasa, aparecen pagadas por nombre reservado, padre de la recurrente. También la recurrida destaca el hecho que de la lectura de la cartola de cotizaciones de Fonasa consta que la interesada trabajó para el empleador Cepech S.A. en junio y julio de 2018 y quedó cesante con 3 meses de embarazo.

Estima que de la relación de los hechos expuesta, la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, indicando que los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes, haciendo presente que la COMPIN, en caso de analizar nuevos antecedentes, si es que los hay, y reestudiado el caso, confirmare su anterior resolución, al trabajador le queda abierta la posibilidad de reclamar ante la Superintendencia, la que revisa, de acuerdo con el marco legal señalado, lo actuado por la COMPIN, en cuando a la procedencia o no de autorizar la licencia médica cuestionada. Ciertamente, en caso que se confirme por esta institución de control lo resuelto por la COMPIN, el trabajador afectado puede solicitar reconsideración de acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, destacando que tales instancias de impugnación y revisión fueron ejercidas por la hoy recurrente en el caso que reclama, de tal forma que no puede esgrimir como argumento que en su caso no se cumplió con la legalidad y que fueron resueltas sus reclamaciones sin fundamentos, toda vez que el señalado oficio, objeto del recurso, fue consecuencia del acabado estudio de profesionales de esta Superintendencia.

Finalmente señala que en el caso de la recurrente, su subsidio por incapacidad laboral derivado de sus licencias médicas no reúne la condición de un derecho preexistente e indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente su reclamo.

Por último sostiene que como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, desde que ésta se limitó a resolver la situación de la recurrente dentro del ámbito de sus competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política, como tampoco ningún otro derecho garantido por la Carta Fundamental. Al respecto plantea que su representada, de modo alguno ha causado las afecciones que supuestamente padece la recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, es incuestionable que la recurrente siempre ha tenido la posibilidad de consultarlo y que ha podido realizar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna el acceso de la recurrente a la salud. La única intervención de la Superintendencia responde al mandato legal de pronunciarse respecto de las reclamaciones que presentó impugnando las resoluciones de mi representada. Plantea con relación al derecho de propiedad, que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso, y en consecuencia, no existe como pretende la recurrente, algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios.

Termina solicitando que, en mérito de lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 19 y 20, ambos de la Constitución Política de la República, en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales; lo preceptuado en la Ley N° 16.395, Orgánica y de Funciones de la Superintendencia de Seguridad Social; en el D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, lo dispuesto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud y demás disposiciones pertinentes, se tenga, en subsidio de las anteriores peticiones y para el improbable evento que alguna de ellas no sea acogida, tener por evacuado el informe solicitado y con su mérito rechazarlo en todas sus partes, con costas.

A su informe acompaña documentos.

3°.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que ésta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, del mérito de los antecedentes allegados a estos autos, consta que la intención de no pagar la licencia médica N° 300023640095-6 extendida a la actora, se materializó a través de resolución de 10 de enero de 2019, pidiendo la recurrente, ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez que la dictó, reposición de dicha resolución, la que fue rechazada con fecha 18 de enero de 2019, y respecto de la cual, el 22 de enero de 2019, se recurrió de apelación ante la Superintendencia de Seguridad Social, la que fue rechazada con fecha 26 de abril de 2019, y contra la cual se recurre de protección.

7° Que, lo anotado en la motivación precedente, significa que la recurrente, desde el acto que de forma inequívoca manifiesta la intención de rechazar el pago de la licencia médica individualizada, ha pretendido hacerse de un nuevo plazo para, eventualmente, recurrir de protección, como lo hizo, por lo que en ese evento, habiendo transcurrido con largueza el plazo de treinta días que al efecto dispone el Auto Acordado respectivo para deducir el presente arbitrio, a la fecha de deducir la presente acción dicho plazo estaba totalmente vencido, por lo que la misma, respecto de la citada licencia, deberá ser declarada extemporánea.

8°.- Que sin perjuicio de lo razonado anteriormente, respecto de la licencia médica N° 300023640095-6, objeto de la presente acción, y pronunciándose sobre el fondo, del mérito de los antecedentes allegados a este recurso, se desprende como hecho inconcuso que la actora, doña nombre reservado, solicitó, en primer término, a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de esta región, que emitiera dictamen por medio del cual se ordenara pagar las licencias médicas que le habían sido otorgadas, lo que le fuera negado por este organismo. Acto seguido, habiendo recurrido de apelación para ante la Superintendencia de Seguridad Social por el rechazo de que había sido objeto, dicha institución reiteró lo actuado por el COMPIN aludido, decisión que es lo que se cuestiona con la interposición del presente recurso.

9°.- Que, en forma previa debe decirse, que del mérito del cuerpo del recurso, se advierte que se han alegado como derechos conculcados aquellos contenidos en los numerales 1°; 3°, 9°, 24 y 26 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, para luego desarrollar las vulneraciones alegadas. Al respecto, se debe hacer presente que respecto de la garantía del número 9 del artículo 19 de la Constitución, ésta se encuentra amparada solo respecto del derecho de cada persona de elegir libremente el sistema de salud al que desee acogerse, sea privado o estatal, cuestión que no ha sido objeto de alegaciones por parte de la recurrente. En cuanto a la garantía establecida en el numeral 26 del artículo 19 precitado, ella no se encuentra amparada por la acción de protección.

10°.- Que por otra parte, hay que hacer notar que, en cuanto a lo expuesto en el presente arbitrio, en el caso que un trabajador sufra una incapacidad laboral, existe un beneficio como lo es el de la licencia médica, la que una vez autorizada por el organismo pertinente, puede dar derecho al pago del subsidio respectivo, por lo que en este sentido la licencia médica es un derecho temporal, cuya finalidad es la de ayudar al trabajador afectado por una incapacidad laboral temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral, siendo la Superintendencia de Seguridad Social el organismo encargado de “fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esa interpretación”, al decir de la ley 20.691, que crea la Superintendencia de Seguridad y Salud. A lo que debe agregarse que, de acuerdo a lo que prescribe la ley 16.395, Ley de Organización y Atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social, a dicha Superintendencia le corresponde emitir los pronunciamientos respectivos que se originen en materia de licencias médicas, lo que realiza en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión.

11°.- Que, en la especie, cuando se produce el rechazo de una licencia médica, como en el caso que nos ocupa, la que puede ser también autorizada o modificada en cuanto a su extensión, ella es recurrible ante el COMPIN respectivo, y de lo que este organismo decida puede recurrirse ante la Superintendencia de Seguridad Social, que es el órgano técnico de control de las instituciones de previsión social, instancias todas a las que recurrió la actora, por lo que en este sentido no cabe imputar un acto ilegal en el proceder de estas instituciones, desde que el recurrente pudo recurrir a todas las instancias para que revisaran su caso, o arbitrario en su caso, dado que los dictámenes que emiten dichas instituciones se encuentran debidamente respaldados.

12°.- Que, en relación a lo expuesto en el apartado que antecede, no cabe alegar por parte del recurrente un derecho de propiedad de que gozaría, dado que la emisión de una licencia médica no puede significar que, por sí misma, otorgue al trabajador un derecho a recibir una retribución monetaria con su sola emisión, la que entraría de inmediato a su patrimonio, desde que ella puede ser rechazada o modificada en su extensión, como se dijera, por el organismo competente para ello.

13°.- Que, en cuanto a la garantía establecida en el numeral 3 del art 19 de nuestra Constitución, la recurrente fundada su acción en que el acto administrativo recurrido se ha dictado con infracción a la garantía del debido proceso, por no haber sido legalmente tramitado, al no darse cumplimiento a las normas de fundamentación de acuerdo a los artículos 3 y 40 de la Ley 19.980. Al respecto, sin perjuicio de encontrarse suficientemente motivada la resolución recurrida, de ella, y al tenor de las normas citadas por la recurrente, no se desprende contravención alguna a lo estatuido en los artículos 3°, que señala el concepto de acto administrativo, y 40, que se refiere a la conclusión del procedimiento.

14°.- Que, seguidamente, la recurrente refiere que el acto respecto del cual recurre contraviene abiertamente otras normas de Orden Constitucional, como el artículo 5 inciso 2° (cic) final de nuestra Carta Fundamental. Al respecto, se debe tener presente que la acción de protección incoada es de derecho estricto, y no puede extenderse a derechos no protegidos expresamente en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

15°.- Que, siendo el presente arbitrio uno extraordinario, para poner pronto remedio a la vulneración de un derecho del que es detentador su titular, el mismo no puede ser utilizado para discutir la existencia de una relación laboral como lo pretende la recurrente, situación que, en la especie, requeriría la concurrencia de otra sede procesal, que no es la que nos convoca en el presente recurso.

16°.- Que, en consecuencia, de lo expuesto fluye sin lugar a dudas que la actuación en contra de la cual se ha interpuesto esta acción ha sido adoptada por las autoridades competentes, en un procedimiento legalmente tramitado, encontrándose la misma fundada de manera suficiente, de manera que no es arbitraria, habiendo sido, la decisión, adoptada con los antecedente idóneos para ello, no resultando, por tanto, ilegal, como pretende la recurrente, por lo que, atendido lo expuesto, se rechazará la acción de protección deducida en cuanto persigue sostener lo contrario.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por ser este extemporáneo, y no constituir, la dictación de Resolución Exenta Nº R-01-DLM-08113-2019, un acto arbitrario o ilegal de la recurrida.- Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Darío Silva Gundelach.- No firma el Ministro señor Hansen, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse haciendo uso de feriado legal.

ROL 634-2019-PROTECCION