nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ SUBCOMISIÓ

Chillán, cinco de mayo de dos mil veintitrés.

Visto:

1°.- Que, comparece doña nombre reservado, cesante, casada, con domicilio en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, representada por doña nombre reservado o quien haga sus veces, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, entidad la cual procedió a la dictación de la Resolución Exenta N°R-01-IBS-24504-2023, de fecha 22 de febrero de 2023, la cual indica: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado de acuerdo a lo anteriormente expuesto.”, ello a consecuencia de que recurrió, con fecha 14 de diciembre de 2022 ante la Superintendencia, solicitando se reconsiderase el dictamen N°R-01-DFS-157219-2022 de fecha 22 de noviembre de 2022 mediante el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN Región de Ñuble, en orden mantener el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 60 días a contar del 2 de marzo de 2022, por reposo no justificado, haciendo presente que la misma resolución contra la cual hoy recurre, sostiene que el reposo prescrito no se encuentra justificado; se indica que “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos evaluados, entre los que se encuentran los informes médicos emitidos por médico psiquiatra con fecha 06-04- 2022 y el certificado emitido por COSAM con fecha diciembre 2022, no permite establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 270 días lo que, en ausencia de elementos psicopatológicos de gravedad, se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y reintegro laboral. En efecto, los informes médicos anteriormente mencionados resultan insuficientes, en tanto no describen evolución clínica a lo largo del reposo laboral, no describen respuestas o ajusten en el tratamiento farmacológico y no se exponen terapias pendientes que justifiquen la extensión del reposo.”

Refiere la actora que prestaba servicios como asesor de inversiones en AFP CUPRUM, desde el 1 de abril de 2020. Sin embargo, en septiembre de 2021 comenzó a presentar un cuadro de desánimo progresivo, ansiedad flotante y accesos, múltiples molestias físicas, insomnio de conciliación y mantención e ideación pesimista, cuadro que fue en aumento con el transcurso de los días, por lo que concurrió con un profesional médico psiquiatra de sistema privado de salud, psiquiatra nombre reservado, quien le diagnosticó “persistencia de las manifestaciones físicas psicosomáticas y acentuación de rasgos neuróticos y evitativos de la personalidad.”, ordenándole reposo y tratamiento farmacológico. El 1 de octubre del mismo año, se indica como diagnostico un episodio depresivo, recomendándosele reposo mediante licencia médica además de tratamiento farmacológico con sertralina en dosis de 50mg por día, el cual no fue tolerado, siendo sustituida por escitalopram de 10mg por día, clotiazepan 10mg por día y zolpidem de 12.5mg por noche, recomendándosele ingresar al servicio público para seguir el tratamiento con un diagnóstico de depresión como una enfermedad GES (Garantía Explícita de Salud), haciéndosele derivación al Centro de Salud Mental de Centro de Salud Familiar (CESFAM)

San Ramón Nonato, Centro de Salud el cual al no contar con médico especialista, le asignó un médico de morbilidad sin poder continuar con el tratamiento farmacológico asignado inicialmente. Añade que ante el inminente agravamiento de su estado de salud mental por no contar con los medicamentos necesarios durante alrededor de 2 meses, fue derivada al Centro Comunitario de Salud Mental (COSAM) de la comuna de Chillán donde fue atendida el 28 de diciembre de 2021, haciendo presente que en marzo de 2022 el psiquiatra nombre reservado, hecha la evaluación, consideró pertinente mantener el reposo puesto que aún se mantenía con crisis de pánico, síntomas psicosomáticos, sentimientos de tristeza, insomnio, por lo que de igual manera se mantuvo el tratamiento farmacológico. Lo mismo ocurre en abril del mismo año, manteniendo reposo laboral hasta el 30 de abril de 2022. Expresa que si bien se le indicó que debía mantener control cada 3 meses, el médico tratante presentó licencia médica, por lo que nuevamente sus controles médicos fueron realizados por médico perteneciente al mismo COSAM Chillán, DR. nombre reservado. Pese a realizarse estos controles además de los psicológicos, el tratamiento farmacológico se mantuvo sin mayor revisión puesto que los cambios en el mismo solo los podía realizar el psiquiatra tratante. Expresa que si bien mantiene sus controles médicos y tratamiento farmacológico, su condición de salud mental no ha mejorado, presentado periodos incluso de mayores complicaciones producto del fallecimiento de su padre en agosto de 2022. Plantea que ante toda esta situación de salud mental y de crisis familiar, su estado de salud mental se ha visto agravado con el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado y RUT reservado, referidas a los periodos del 2 al 31 de marzo y del 1 al 30 de abril de 2022.

En cuanto al derecho considera que el actuar de la recurrida representa un hecho arbitrario e ilegal, carente de fundamentos que permitan determinar la forma y procedimiento por el cual se llega a la conclusión de rechazar las citadas licencias médicas, lo cual vulnera las garantías constitucionales del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, debido a la inestabilidad económica que ello provoca, lo cual acrecentó su ya débil estabilidad emocional debido a su diagnóstico de episodio depresión moderada, que se fue acrecentando con cada rechazo de las licencias enumeradas. También considera conculcada la igualdad ante la ley, al discriminarle por el hecho de atenderse en un Centro de Salud Familiar que cuenta con un Programa de Salud Mental que cuenta con una dupla médica compuesta por médico encargado de salud mental y psicólogo mas no con psiquiatra, por no contar con medios económicos suficientes que le permitan acceder a un médico perteneciente al sistema particular y tener un tratamiento terapéutico y farmacológico de forma óptima. También considera que se ha conculcado el derecho de propiedad, ya que resulta indudable que esta especie o clase de propiedad se encuentra protegida por el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Termina solicitando que, en mérito de lo expuesto y de lo dispuesto en los artículos 20 de la Constitución Política de la República de Chile y 19 numerales 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República de Chile, se tenga por interpuesto recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUCESO), representada por su Superintendenta doña nombre reservado, o quien haga sus veces, solicitar su informe y en virtud de los antecedentes expuestos, acogerlo en definitiva, declarando que se acoja el presente recurso y, en consecuencia, se declare que la Resolución Exenta N°R- 01-IBS-24504-2023 de fecha 22 de febrero de 2023 que rechaza las licencias médicas individualizadas es un acto ilegal y arbitrario, dejándose sin efecto la Resolución Exenta mencionada que confirmó el rechazo de las licencias médicas y, ordenando a la SUCESO, cursar y pagar las licencias médicas N°RUT reservado de fecha 24 de marzo de 2022 y RUT reservado de fecha 21 de abril de 2022, todo lo anterior con costas.

A su presentación acompaña documentos.

2°.- Que, informa don nombre reservado, abogado, en representación de la recurrida, la Superintendencia de Seguridad Social, quien sostiene que, como consta de la copia del expediente administrativo código PAE R-58967-2022, el 7 de abril de 2022 la interesada recurrió a la Superintendencia de Seguridad Social, reclamando por cuanto la COMPIN Región de Ñuble, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 60 días, a contar del 2 de marzo de 2022, por reposo no justificado. Conforme a lo indicado, mediante la Resolución Exenta Nº R-01-UME-90555-2022, de 11 de julio de 2022, y previo estudio de los antecedentes del caso, su representada resolvió: “…el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado. Estos antecedentes no describen evolución sintomática, elementos de compromiso funcional ni escala de funcionalidad aplicada, ni ajuste de tratamiento oportuno (tratamiento subóptimo para lo extenso del reposo) que permita considerar que el reposo indicado sea una herramienta terapéutica”, haciendo presente que la referida Resolución concluye que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”. Posteriormente, el 10 de agosto de 2022, la interesada recurrió nuevamente a la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando la reconsideración del Dictamen N° R-01-UME-90555-2022 de 11 de julio de 2022, pronunciándose a su respecto la Resolución Exenta Nº R-01-DFS-157219-2022, de 22 de noviembre de 2022, por la cual y previo estudio de los antecedentes del caso resolvió que: “…el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado. En los informes médicos no se detalla la evolución del cuadro o los síntomas durante el reposo y no especifica los ajustes farmacológicos en función de la evolución, con fechas y resultados, sin síntomas de gravedad que ameriten mantener reposo médico”, concluyéndose que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”. Finalmente, el 14 de diciembre de 2022 la interesada recurrió a la Superintendencia de Seguridad Social solicitando la reconsideración del Dictamen N° R-01-DFS-157219-2022, el cual fue resuelto mediante Resolución Exenta Nº R-01-IBS-24504-2023, de 22 de febrero de 2023, por la cual se resolvió: “…el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos evaluados, entre los que se encuentran los informes médicos emitidos por médico psiquiatra con fecha 06 de abril 2022, y el certificado emitido por COSAM con fecha diciembre 2022, no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 270 días, lo que en ausencia de elementos psicopatológicos de gravedad, se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y reintegro laboral. En efecto, los informes médicos anteriormente mencionados resultan insuficientes, en tanto no describen evolución clínica a lo largo del reposo laboral, no describen respuesta o ajustes en el tratamiento farmacológico y no se exponen terapias pendientes que justifiquen la extensión del reposo”. En la referida resolución se concluye que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

En virtud a lo expuesto el letrado afirma que la recurrente tenía conocimiento cierto del rechazo del recurso de reposición con anterioridad al plazo pertinente para interponer la acción de protección, concretamente, a lo menos, cuatro meses antes, por lo que se colige que la acción constitucional, contrariando su naturaleza y finalidad con la que fue creada, se utiliza como una última instancia de reclamación para obtener la autorización de licencias médicas, las que, por razones médicas, fueron rechazadas en todas las instancias administrativas previstas en el ordenamiento jurídico, quedando además demostrada la falta de oportunidad en el ejercicio de la presente acción constitucional, por cuanto, al no ser una vía de impugnación subsidiaria, debe interponerse en contra del organismo que administra la prestación de seguridad social, en este caso, la licencia médica. Plantea que el hecho de haber reclamado ante la Superintendencia no significa que el plazo para recurrir a la acción de protección se suspenda de modo alguno, pues, si bien es cierto, puede ser la regla general en materia de acciones jurisdiccionales que se intenten en contra de actos administrativos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 19.880, que exige el agotamiento de la vía administrativa, dicha disposición por supremacía constitucional, no es aplicable a la acción de protección, por cuanto ésta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Constitución Política de la República, se debe ejercer sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. Cita jurisprudencia.

Una segunda alegación consiste en solicitar se declare la improcedencia dela presente acción constitucional, por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental, el cual no está amparado por la presente acción cautelar, ya que la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

En cuanto al fondo de la acción deducida y luego de referirse al marco jurídico-normativo que regula la materia y citar y transcribir los informes elaborados por profesionales de la Superintendencia de Seguridad Social, Dra. nombre reservado, Dr. nombre reservado y Dr. nombre reservado, sostiene que los reposos reclamados impresionan como no justificados por ser reposos prolongados y sin claro rol terapéutico, no encontrándose médicamente justificado.

Luego de referirse latamente respecto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, contenidas en Ley 16.395, modificada recientemente por la Ley 20.691, de 2013, afirma que los pronunciamientos emitidos por la Superintendencia de Seguridad Social en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, son carentes de ilegalidad y arbitrariedad, estimando que la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”, haciendo presente que, la conclusión de los dictámenes de la Superintendencia de Seguridad Social, impugnados por la recurrente, referidos a las licencias médicas reclamadas, encuentran correlato fáctico en los antecedentes que obran en los expedientes administrativos que se acompañan, los que no sólo se encuentra en los dictámenes impugnados, sino en una serie de antecedentes médicos, que respaldan la conclusión de los mismos.

Por último el letrado procede a transcribir los informes que realizaron diversos especialistas de la Superintendencia, estimando que, al no existir acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, ya que ésta se limitó a resolver la situación del recurrente dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política Termina solicitando que, en mérito de lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 19 número 18 y 20, ambos de la Constitución Política de la República, el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales; lo preceptuado en la Ley N° 16.395, Orgánica y de Funciones de la Superintendencia de Seguridad Social; D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, lo dispuesto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud y demás disposiciones pertinentes, en subsidio de las anteriores peticiones, se tenga por evacuado el informe solicitado y, con su mérito, se le rechace en todas sus partes, con costas.

A su informe acompaña documentos.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, respecto de la alegación de extemporaneidad efectuada por la recurrida, se aprecia que la recurrente dedujo el reclamo respectivo respecto del rechazo de las dos licencias médicas que indica, dentro de un procedimiento administrativo establecido al efecto y que dice relación con una misma situación de salud, sin perjuicio de haberse recurrido en contra de la resolución que en definitiva rechaza una segunda reconsideración respecto del rechazo de ellas, estimándose entonces que aquella impugnación se ha sido realizado dentro de plazo, contado desde la resolución de veintidós de febrero último dictada por la Superintendencia de Seguridad Social, por lo que solo cabe concluir que el recurso no es extemporáneo.

7°.- Que en cuanto a la improcedencia de la acción por tratarse de posibles vulneraciones del derecho a la seguridad social y no estar éste bajo la protección constitucional que se pide, ella igualmente será desestimada, desde que consta que el arbitrio ha sido deducido por estimarse infringidas las garantías contenidas en los numerales 1 y 24 del artículo 19 del Constitución Política de la República, las cuales se encuentran dentro del catálogo establecido en el artículo 20 del mismo cuerpo legal.

8°.- Que, sobre el fondo, habrá de tenerse presente lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”. Asimismo, en su artículo 21 indica que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador;

d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador;

e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.”

9°.- Que, conforme a los antecedentes que fueron aportados, aparece que la decisión de la recurrida, en cuanto confirmar el rechazo del pago de las licencia médica objeto de este recurso, no se apoya en ningún elemento de convicción objetivo que lleve a estimar racionalmente que el reposo ordenado no se encuentra justificado, carencia que la priva de contenido, sin que sea dable discernir que aquélla se basta a sí misma, si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender la razón por la cual se le niega el derecho a dicho reposo.

10°.- Que, además, conforme a la normativa relacionada, la recurrida puede recabar los antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, lo cual en el presente caso no ha realizado, sin que se hayan agregado otros antecedente relevantes que lleven a estimar improcedente la orden de reposo, toda vez que no se han dispuesto nuevos exámenes o evaluaciones actualizadas para determinar la condición actual de salud de la recurrente, lo que torna arbitraria la actuación de la recurrida y vulnera la garantía de igualdad ante la ley, debiendo adoptarse, en consecuencia, las medidas que restablezcan el imperio del derecho.

11°.- Que, por lo demás, parece insoslayable reflexionar que, de acuerdo a la normativa precedentemente reseñada, es factible sostener que recurrida, con miras a acatar el mandato legal consistente en resolver las apelaciones promovidas por los afiliados contra los decretos del régimen de salud, puede recabar los antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, cometido omitido injustificadamente en el actual litigio.

12°.- Que, en consecuencia, la conducta de la Superintendencia de Seguridad Social no se ajustó a la reglamentación que rige la materia sometida al conocimiento de esta Corte, tanto por no especificar detalladamente los fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición actual de salud de la recurrente. En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación fundada, como la circunstancia de no haber sometido a la paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, son componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para dar mayor certeza al diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad de la recurrida, con la posterior falta de pago de las licencias médicas correspondientes.

13°.- Que, es así como se torna del todo arbitrario desestimar el pago de licencias médicas concedidas por facultativos sin ningún motivo adicional suministrado por la entidad criticada, simplemente sobre la base de la ponderación de los antecedentes tenidos a la vista, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar frente al paciente cualquier duda, en especial, sometiéndola a evaluaciones médicas accesorias. En tal evento, ante términos tan definitivos para las personas, cabe exigir un mínimo de diligencia a la autoridad, sobre quien pesa la obligación de actuar de oficio y con respeto por los principios de no discriminación, objetividad y rigurosidad en su proceder.

14°.- Que, de esta manera, se advierte que la negativa del pago de las licencias médicas que indica la actora, implica de parte de la autoridad el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, al ejercitar sus derechos, en concreto, si como en este negocio se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el deducido por doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, representada por doña nombre reservado, debiendo ésta última disponer un informe pericial médico acerca de las patologías que da cuenta el recurso, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen las licencias médicas materia de autos y, cumplido ello, se pronuncie nuevamente acerca de las licencias médicas denegadas.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Fiscal Judicial Subrogante señor nombre reservado.

Rol N° 630-2023 PROTECCIÓN.