nombre reservado con COMISIÓN MEDICA CENTRAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

Chillán, ocho de abril de dos mil veinticuatro.

Vistos:

1°. Que, comparece nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado, ciudad de Chillán, quien deduce Acción de Protección Constitucional en contra de la Superintendencia de Pensiones, con domicilio en domicilio reservado, representada por el Señor nombre reservado, por privar y/o perturbar, en forma ilegal y arbitraria, los derechos que le garantiza el artículo 19 N°1, 2, 3, 16 y 24, todos de la Constitución Política de la República.

Señala que con fecha 04 de enero de 2024, recibió Resolución N°22, emanada de la Superintendencia de Pensiones, donde se le informa que fue eliminada su inscripción del Registro de Asesores Previsionales, por no acreditar el conocimiento requerido por la letra d) del artículo 174 del Decreto Ley N°3.500. Agrega que desde el año 2008, como parte de la Reforma Previsional nace el requisito de acreditación de conocimientos para las personas naturales o jurídicas que asesoran en materias previsionales a los afiliados del sistema de pensiones, cuestionando el hecho de tener que someterse cada cinco años a revalidación de conocimientos para una actividad que está considerada como oficio, muy lejana a una profesión, a diferencia de otros oficios y/o profesiones. Continúa señalando que desde el año 2001 trabaja en la intermediación de rentas vitalicias y desde el año 2004 como "asesor previsional" con el código N°65 de la Superintendencia de Pensiones, dando un servicio íntegro a cada uno de sus clientes, no existiendo por parte de la Superintendencia de Pensiones, amonestación, censura ni revocación de registro, aprobando cada uno de los procesos de revalidación.

Luego, la actora expresa que le llama la atención que sea el único instrumento de evaluación que descuenta por las respuestas malas, a diferencia de otras pruebas de conocimientos, como el Eunacom que deben rendir los médicos extranjeros para validar sus conocimientos en Chile.

La recurrente indica que entiende que el legislador pretenda proteger un bien jurídico superior como es la Seguridad Social y que la Superintendencia elabore mediante normas los mecanismos necesarios para que los pensionados que deseen optar por una asesoría previsional cuenten con información transparente, mencionando que para poder ejercer la actividad de asesor previsional, cada año se debe comprar la Póliza de Responsabilidad Civil Profesional, cuya materia asegurada obliga a indemnizar los daños y perjuicios causados a terceros, de los cuales sea civilmente responsable el asegurado.

Sostiene que desde los procesos de evaluación del año 2018, se notó un evidente cambio de metodología y exigencia, luego que los reguladores en ese entonces, la Superintendencia de Pensiones y la Comisión del Mercado Financiero, detectaran casos de adulteraciones por parte de agentes de ventas y asesores previsionales, en el denominado Sistema de Consultas de Ofertas de Montos de Pensión (SCOMP), que tramita las ofertas de pensión para los futuros pensionados. Fue tal el descontento de quienes rindieron la evaluación que luego de conversaciones con el ente regulador, éste estimó realizar una nueva evaluación en el mes de marzo de 2019, sumando un proceso más a los dos acostumbrados.

La recurrente, cuestiona el instrumento evaluador como carente de metodología evaluativa, instrumento elaborado por la propia Superintendencia de Pensiones, con preguntas de difícil comprensión, mala redacción, mal planteamiento, que pareciera buscan sólo eliminar el mayor número de asesores previsionales posible. Añade que, en el último proceso de evaluación pasado de 24 de noviembre de 2023, de acuerdo a reportaje del diario "La Tercera', sólo el 11% de los postulantes para asesores previsionales pasó la prueba, indicando que de 321 postulantes, sólo aprobaron 36 personas.

En cuanto al derecho, luego de referir a la procedencia del recurso de protección, señala que la Resolución N°22 de fecha 04 de enero de 2024, emanada de la Superintendencia de Pensiones, configura un grave atentado a su libre y legítimo ejercicio de los derechos fundamentales de lo que es titular consagrados en artículo 19 N°1, N°2, N°3, N°16 y N°24, todos de la Constitución Política de la República.

Termina solicitando que se ordenen las medidas necesarias para restablecer el imperio de derecho y especialmente se ordene a la Superintendencia de Pensiones corregir la eliminación del registro de asesores previsionales que nace de un instrumento de evaluación carente de metodología evaluativa e innecesario a la luz de los hechos relatados. Lo anterior, hasta que se corrijan los errores pedagógicos de la evaluación o definitivamente se elimine, por cuanto existen los mecanismos suficientes para eliminar a los asesores previsionales que actúan alejados de la norma.

Finalmente de acuerdo con lo expuesto y dispuesto en los artículos 19 números l, 2, 3, 16 y 24, artículo 20 y demás normas pertinentes de la Constitución Política de la República como así mismo en lo preceptuado en el auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección y demás normas legales pertinentes, pide tener por interpuesto Recurso de Protección en contra de la Superintendencia de Pensiones, otorgarle tramitación, declararlo admisible y ordenar a la recurrida que informe al tenor de lo expuesto en su presentación, dentro del plazo perentorio que esta Corte estime, de manera de poner pronto remedio al acto ilegal y arbitrario en el cual ha incurrido; y que, conociendo los antecedentes, y en definitiva acoger el presente recurso restableciendo el imperio del derecho y asegurando su debida protección, se sirva declarar reintegrarla como asesor previsional y decretar y resolver cualquier otra medida que estime de derecho, a fin de restablecer el imperio del mismo, con expresa condena en costas.

2°. Que, informando el recurso la recurrida Superintendencia de Pensiones, quien señala que lo reclamado por la recurrente excede el ámbito de protección del recurso de Protección, al no existir un derecho indubitado. Sostiene que la inscripción al Registro que reclama, está condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley que regula la materia, por lo tanto, sólo tenía una simple expectativa de acreditar sus conocimientos previsionales, sin embargo, no lo hizo. Agrega que la jurisprudencia y la doctrina están contestes en cuanto a que el objeto de esta acción cautelar no es otro que poner remedio o solución, lo más pronto posible, a situaciones de hecho que en un determinado momento son alteradas por un tercero, siempre y cuando dicho acto afecte alguna de las garantías constitucionales que el referido artículo 20 de la Constitución Política de la República señala expresamente. Añade que lo que en definitiva se pide es la nulidad de la Resolución N°22, del 4 de enero del 2024, es decir la nulidad de un acto administrativo que goza de presunción de legalidad y de imperio, no resultando admisible por medio de esta acción cautelar, resolver discusiones de fondo que constituyen materias de lato conocimiento. Cita fallo de 24 de enero de 2019, de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en Recurso de Protección, Rol N°76.252-2018, considerandos Noveno y Décimo y fallo de 3 de marzo de 2023 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso protección Rol N°172.869-2022.

Sostiene que, conforme con lo dispuesto por el artículo 174, letra d) del D.L. N°3.500 de 1980, y lo previsto en la norma de carácter general de esta Superintendencia de Pensiones, contenida en el literal A), del número 2, Capítulo III, del Título VIII, del Libro V, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, los asesores previsionales deben acreditar los conocimientos suficientes sobre materias previsionales y de seguros. En el caso de las Entidades de Asesoría Previsional, deben acreditar conocimiento quienes tengan a su cargo realizar las funciones de asesoría previsional, independientemente si tienen la calidad de socios, administradores, representantes legales o dependientes. Esta acreditación se efectúa a través de la rendición de pruebas de conocimientos específicos. Para rendir esta prueba las personas deben inscribirse en alguno de los sitios web de esta Superintendencia de Pensiones o de la Comisión para el Mercado Financiero. Con la aprobación de esta evaluación, se entiende acreditado el requisito de conocimientos sobre materias previsionales y de seguros hasta el último día del año calendario en que se cumpla el plazo de cinco años contado desde la fecha en que se rindió la prueba. La reprobación de esta evaluación no impide rendirla nuevamente, previa inscripción.

Continua señalando que la recurrente se encontraba en el proceso de revalidación del año 2023 y la rendición de la prueba de conocimientos se llevó a efecto el 24 de noviembre del mismo año. La recurrente rindió dicha prueba y la reprobó, de modo que no acreditó el conocimiento requerido por la letra d) del artículo 174 del Decreto Ley N°3.500, conforme a lo dispuesto por la normativa dictada por la Superintendencia de Pensiones, para mantener la inscripción correspondiente. Así, mediante la Resolución N°22 del 4 de enero de 2024, la Superintendencia notificó a la recurrente la eliminación de su inscripción en el Registro de Asesores Previsionales, que rolaba con el Registro N°65. Al mismo tiempo, este Servicio informó a la interesada que la referida cancelación no la inhabilita para inscribirse en próximos procesos de acreditación de conocimientos, una vez que su realización sea comunicada en el sitio web de esta Superintendencia de Pensiones.

Posteriormente, el 10 de enero de 2024, registra una atención presencial en las oficinas de este Servicio, en relación con la eliminación de su inscripción en el referido Registro. Luego, mediante procedimiento de Ley de Transparencia, la recurrente solicitó a este Organismo Fiscalizador la siguiente información: “Materia: acreditación asesores previsionales, años 2021, 2022 y 2023. a) Solicito número total de asesores que rindieron las pruebas de acreditación, a nivel nacional b) Solicito número total de asesores que aprobaron las pruebas de acreditación en los respectivos procesos c) Organismo encargado de la elaboración de las pruebas de acreditación”. Tal requerimiento fue atendido por esta Superintendencia mediante Oficio Ordinario N°1271 de 24 de enero de 2024.

En cuanto al derecho, precisa que, conforme establece el inciso tercero del artículo 176 del D.L. N°3.500 de 1980, las Entidades de Asesoría Previsional y los Asesores Previsionales están sometidos a la supervigilancia, control y fiscalización de las Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros (hoy Comisión para el Mercado Financiero), estando investidas de las facultades establecidas en el DL N°3.500, de 1980, en el Decreto con Fuerza de Ley N°251, de 1931, del Ministerio de Hacienda, según corresponda, y en sus respectivas leyes orgánicas. Agrega que el objeto de la Asesoría Previsional está contemplado en el artículo 171, del D.L. N°3.500 y que para poder ser asesor previsional se debe contar con una autorización, para lo cual éstos deben estar inscritos en un registro que llevará esta Superintendencia de Pensiones, conforme lo prescrito en el inciso primero del artículo 172 del D.L. N°3.500. Además, para poder ser asesor previsional se debe cumplir con lo prescrito en el inciso primero del artículo 174 del D.L. N°3.500.

Menciona que, actualmente, la Superintendencia establece las fechas posibles, dentro de un año calendario, para rendir esta prueba. Con todo, tanto las fechas para su inscripción como para su rendición serán publicadas en los sitios web de este Servicio, con la debida anticipación a la data en que se efectuará la prueba. Los lugares de rendición serán publicados una vez cerrado el período de inscripción. Sin perjuicio de lo anterior, esta Superintendencia podrá efectuar evaluaciones en cualquier momento, en caso de modificaciones relevantes al marco regulatorio aplicable, lo cual se informará con la debida anticipación.

Manifiesta que la recurrente no expresa cuál sería la ilegalidad o arbitrariedad que habría cometido la recurrida, más allá de revocar su autorización de prestar servicios de asesorías previsionales, puesto que ha incumplido uno de los requisitos legales habilitantes al efecto. El hecho que la recurrente no comparta la decisión de este Servicio no la torna en ilegal ni arbitraria; por el contrario, está plenamente amparada por normas legales expresas. Por lo que no se puede pretender que se haya vulnerado algún derecho fundamental consagrado en la Constitución de la República, por el hecho de dar cumplimiento con la normativa legal y reglamentaria, establecida para efectos de validar y revalidar los conocimientos específicos de los Asesores Previsionales. En efecto, el artículo 174 del D.L. N°3.500, establece que los asesores previsionales deben acreditar los conocimientos suficientes sobre materias previsionales y de seguros, correspondiendo a la Superintendencia velar porque los asesores cumplan con este requisito. Reitera, el hecho de reprobar el proceso de acreditación de conocimientos no impide poder volver a participar en el nuevo proceso, previa inscripción.

Esgrime que en relación con las asesorías previsionales, sus condiciones y requisitos habilitantes para su desempeño, están dados principalmente por el interés social comprometido, lo que justifica, las condiciones y requisitos legales y normativos establecidos. Además, el mercado es restringido sólo para quienes se encuentran inscritos en el Registro de Asesores Previsionales. En efecto, la función está vedada para quienes no están inscritos en el Registro de Asesores Previsionales previa habilitación administrativa. Circunstancia que la actora no menciona cuando se refiere a una supuesta vulneración del derecho de igualdad ante la ley o a la libertad de trabajo que, como señala, ha desempeñado por décadas, gozando, como también refiere, de las ventajas que esta función le habría permitido. Tampoco puede haber afectación del derecho de propiedad, por cuanto es la ley la que condiciona el desempeño de esta actividad al estricto cumplimiento de determinados requisitos.

Finalmente solicita tener por informado el recurso de protección, declararlo improcedente, porque lo reclamado escapa al ámbito de esta acción cautelar y, en subsidio de ello, rechazarlo, toda vez que ha actuado en el ámbito de sus competencias, ejerciendo las facultades que la ley le ha conferido expresamente, de modo que no ha incurrido en ilegalidad ni arbitrariedad alguna.

3°. Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°. Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°. Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°. Que, el acto que se estima arbitrario o ilegal es la dictación de la Resolución N°22 de fecha 04 de enero de 2024, emanada de la Superintendencia de Pensiones, en la que se informa a la recurrente que su inscripción en el Registro de Asesores Previsionales fue eliminada, por no acreditar conocimientos requeridos por la letra d) del artículo 174 del Decreto Ley N°3.500, en una evaluación que estima carente de metodología evaluativa, así como innecesario, por lo que solicita su reintegro a dicho registro como asesor previsional.

7°. Que, del mérito de los antecedentes y lo informado por la autoridad recurrida, se advierte que el 24 de noviembre de 2023 la parte recurrente realizó una de las pruebas convocadas por la Superintendencia de Pensiones para efectos de revalidar sus conocimiento y mantener su inscripción en el registro de asesores previsionales; la cual reprobó.

8°. Que, en este sentido, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad denunciada por la actora, asociada a la decisión adoptada por la recurrida, toda vez que no cumpliendo los requisitos que las normas exigen para incluirla en el Registro de Asesores Previsionales era la única decisión a la que la recurrida podía arribar.

A mayor abundamiento, cabe señalar que el hecho de reprobar el proceso de acreditación de conocimientos, no impide poder volver a participar en uno nuevo, previa inscripción.

Por estas consideraciones, lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por doña nombre reservado contra la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra (s) Antonella Farfarello Galletti.

Rol 63-2024 – Protección.