Protección contra DAEM de la Municipalidad de Bulnes

Chillán, treinta de septiembre de dos mil veinticinco.

Visto: 1°.- Que, comparece doña nombre reservado, Encargada de Convivencia Escolar en el Liceo Manuel Bulnes de la comuna de Bulnes, quien interpone acción de protección en contra del DAEM de la Municipalidad de Bulnes, por la no atención de situaciones informadas y por la aplicación de la medida de re-destinación de puesto de trabajo.

Refiere que por más de 1 año se ha visto expuesta a tolerar el comportamiento de una de las trabajadoras sociales de su equipo quien ha realizado una serie de inconvenientes, reclamos y dificultades para avanzar en sus labores, hostigando a otros funcionarios, quien se integró al establecimiento por situaciones similares ocurridas en otras escuelas, comportamiento el cual fue denunciado por el equipo directivo del establecimiento al DAEM en mayo de 2024, sin que se hubiere adoptado medida alguna. Añade que este actuar de la funcionaria le ha afectado personalmente, debido a que trabaja directamente con ella, quien señala la recurrente, se dedicó a informar a Concejales, funcionarios del establecimiento, funcionarios del DAEM, ACHS su versión de las circunstancia, lo que le ha permitido generar adeptos a su causa, dificultando con ello el trabajo y funcionamiento del Liceo, así como sentimiento de injusticia, no obstante lo cual, la recurrente ha mantenido una relación profesional y cordial para con ella.

Denuncia la actora que las acciones realizadas por el Departamento de Educación y Municipio de Bulnes, no han ido en apoyo ni resguardo de los funcionarios perjudicados, realizando procedimientos que no entregan resultado pues se realizó un sumario por parte del DAEM, del cual nunca recibieron cierre, indicaciones ni sugerencias, situación similar ocurrida con la Activación del Comité de Convivencia Laboral, iniciado por la denuncia de acoso laboral presentada por el Director del Establecimiento. Añade que se les entrevistó por el equipo jurídico del Municipio y DAEM, existiendo 4 denuncias por la Ley Karin, de las cuales sólo la efectuada por el Director activó el Comité de Convivencia Laboral Comunal. Plantea que existen evaluaciones del puesto de trabajo realizadas por la ACHS, todas a favor de los hechos denunciado, pero ninguna con un cierre ni medidas sancionatorias definitivas, existe actualmente otro sumario a cargo de la Municipalidad, en el cual se dictó como medida precautoria, no permanente, el cambio de establecimiento de la trabajadora social y el de la recurrente, lo que le ha causado un sentimiento de desesperanza. En razón de lo expuesto, solicita pronunciamiento y reparación respecto a la responsabilidad del DAEM y del sostenedor por permitir que la situación avanzara, aumentando la cantidad de funcionarios involucrados, debido a la inexistencia de medidas efectivas desde que tomaron conocimiento de la situación; no considerar los informes y/o sugerencias respaldadas con informes del Director respecto a funcionarios que cometen vulneración de derecho contra estudiantes, hostigamiento a funcionarios, etc; dejar al establecimiento sin funcionaria capacitada y con la experiencia de más de 8 años en el cargo de convivencia escolar; inconsistencias en procesos administrativos, como el sumario sin resultado del año 2024, indicaciones de Ley Karin y evaluaciones de puestos de trabajo ACHS sin atender, revictimización por la gran cantidad de veces que la recurrente y funcionarios han debido declarar, sin que existan medidas posteriores; demora en el pronunciamiento en el Sumario Administrativo D.A. 1341; perjuicio laboral, daño moral, menoscabo, deterioro emocional y estrés sufrido por la actora.

También solicita la recurrente que se rectifique la medida de resguardo transitoria reparatoria de la que fue notificada, consistente en su re-destinación a cumplir funciones en el Liceo Bicentenario Santa Cruz de Larqui, ya que el memorándum N° NUM001 que recibió, se refiere a la denuncia del 22 de mayo ingresada por la psicóloga del establecimiento, la cual no la señala, medida la cual afecta a la recurrente como al agente estresor, haciendo presente que la medida tampoco se justificaría ya que la evaluación de su puesto de trabajo realizado por la ACHS, indica acciones para cesar la exposición con el agente causante de la enfermedad profesional, lo que a su entender justificaría la reubicación de la trabajadora social. Plante que la evaluación de puesto de trabajo de la psicóloga, también resultó como enfermedad laboral, y respecto de ella no se ordenó su re-destinación, justificándose tal decisión en que la calificación laboral ACHS de dicha funcionaria respaldaba y evitaba su traslado y que tan pronto llegara su calificación de puesto de trabajo, la medida sería revocada.

Refiere la actora que la re-destinación de su puesto de trabajo va en directo perjuicio y vulneración de su desarrollo laboral, ya que perjudica su participación en el proceso de evaluación docente, en el cual ya se encuentra inscrita entorpeciendo su oportunidad de alcanzar el último tramo de la carrera docente; se le expone a complicaciones laborales, ad-portas del traspaso de la comuna al SLEP, destinándola a un establecimiento el cual cuenta con una Encargada de Convivencia; además de representar un menoscabo a su situación laboral, alejándola de su rol de funcionaria del equipo Directivo del Liceo Manuel Bulnes, el que queda sin Encargada de Convivencia, estimando que el hecho de haber redestinado al agente de riesgo a otro establecimiento, demuestra la arbitrariedad e injustificación de seguir alejada de su puesto de trabajo.

Estima que la medida constituye un daño a su integridad psíquica, generándole una sensación de desprotección, desamparo, abandono y falta de respaldo, más que un resguardo hacia su persona.

Plantea que la medida de re-destinación le fue informada un día antes del comienzo de las vacaciones de invierno; que el 7 de julio se presentó a trabajar en el DAEM sin tener claridad en qué sede del establecimiento Liceo Bicentenario Santa Cruz de Larqui debía presentarse; que en dicha unidad no existían indicaciones claras sobre su llegada ni sus funciones hacia la Directora, lo que ha significado que no se le asignen funciones al no existir claridad respecto del tiempo que permanecerá.

Manifiesta que su dignidad personal y laboral se han visto dañada, al tener que escuchar y atender dudas y comentarios sobre especulaciones por parte de funcionarios, apoderados y estudiantes, acerca de su permanencia en otro establecimiento, las que van desde que su trabajo debe ser deficiente, a que ha hecho mal uso de licencias médicas para viajar, dejando su impecable reputación laboral en tela de juicio. 2°.- Que, informan los abogados Daniela Espinoza Ibacache, Diego Lagos Ortega y Eugenio Medina Parra, en representación de la Municipalidad de Bulnes.

Los letrados, luego de referirse al contenido del recurso de protección sostienen que, de su lectura, se puede observar que las actuaciones y/u omisiones que la recurrente impugna consisten en la “inexistencia de medidas”, “no considerar informes y/o sugerencias respaldadas con informes del director”, “dejar el establecimiento sin funcionaria capacitada”, “inconsistencia en proceso administrativos”, “demora en el pronunciamiento del Sumario”, sumado al perjuicio laboral, daño moral, menoscabo, deterioro emocional alegado, y en concreto respecto de la resolución dictada por el Fiscal Sumariante Sr.

nombre reservado, en que dispone aplicar una medida de resguardo consistente en la re-destinación del puesto de trabajo de dos funcionarias, incluida la recurrente, haciendo presente que se trata de actos de mero trámite que no constituyen decisiones terminales susceptibles de tutela a través del recurso de protección. Refieren que conforme el artículo 15 de la Ley 19.880 contempla el principio de impugnabilidad, lo que implica que sólo se puede impugnar aquellos actos administrativos terminales, es decir, aquellos que contienen una decisión respecto del asunto de que se trata y por lo mismo, la impugnación de los actos de mero trámite está vedada, reconociéndose únicamente si determinan la imposibilidad de continuar con un procedimiento o producen indefensión en el afectado. En base a lo expuesto los letrados sostienen que ninguna de las hipótesis referidas precedentemente ocurren en el caso de marras, pues el proceso sumarial nace a raíz de lo preceptuado en el Reglamento Municipal y Protocolo de Prevención, Denuncia, Investigación y Sanción del Acoso Sexual, Laboral y Violencia en el Trabajo, al interior del Municipio de Bulnes – Departamento de Educación - y como consecuencia de lo indagado por el Comité de Convivencia Laboral que en su acta de recomendación sugiere la instrucción de un procedimiento disciplinario considerando los problemas personales y relaciones complicadas entre los miembros de la comunidad educativa, lo que en definitiva es acogido por el Sr. Alcalde.

En cuanto a la medida de resguardo (re-destinación), por su naturaleza transitoria y procedimental, no tiene carácter decisorio, por lo que consideran que no ha habido arbitrariedad ni dilatación indebida, por tanto, el recurso sería formalmente improcedente, pues se dirige contra trámites propios del proceso disciplinario que no pueden ser revisados por esta vía de protección.

Con relación a la legalidad y racionalidad de las medidas adoptadas por la Municipalidad los letrados afirman que, el Fiscal Instructor en uso de las facultades legales que le entrega los artículos 133 y 134 de la Ley 18.883 sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y de conformidad al Reglamento que rige la investigación, emitió la Resolución N°24, que en lo pertinente dispone aplicar la medida de resguardo consistente en la re-destinación de sus puestos de trabajo respecto de las funcionarias doña nombre reservado, y doña nombre reservado, haciendo presente que los hechos que motivan la decisión se encuentran detallados en los considerando de la Resolución citada, en los cuales destacan las letras a), b) y c) y en particular la letra d) al sostener que “los hechos que motivan tal decisión, lo constituyen nuevas denuncias formales realizadas que encuentran respaldo en antecedentes técnicos, como resoluciones de calificación de enfermedad profesional, las derivaciones al organismo administrador de la Ley 16.744 y las diversas declaraciones que demuestran la gravedad de los hechos denunciados”, afirmando que lo expuesto demuestra la finalidad-objetivo, competencia, forma y motivación del acto administrativo adoptado, encontrando sustento legal que lo justifica y una fundamentación suficiente. Con respecto a la supuesta arbitrariedad sostienen que la medida de resguardo cuestionada no puede estimarse ilegal ni arbitraria, desde que emana de una potestad expresamente reconocida por la normativa aplicable, ha sido dictada por autoridad competente, con la debida fundamentación y atendiendo a la finalidad legítima de resguardar tanto el éxito de la investigación sumarial como el adecuado clima laboral dentro del establecimiento.

Expresan que el proceso sumarial se encuentra en curso, actualmente en etapa de formulación de cargos y en lo que respecta a la medida de re-destinación dispuesta, ésta se mantuvo hasta el 21 de agosto del año en curso, fecha en la que el mismo Fiscal la dejó sin efecto, por haberse cumplido el objetivo por el cual se impuso, por lo que, no estando vigente la misma respecto de la recurrente, el recurso de protección ha perdido oportunidad.

En cuanto a la vulneración de la garantía constitucional señalada por la recurrente los letrados sostienen que así como se encuentra justificada la medida aplicada, y su legalidad, en el contexto de las alegaciones de índole laboral, como lo son la supuesta afectación de la recurrente en su participación en el proceso de evaluación docente, eventuales complicaciones vinculadas al traspaso al SLEP o la circunstancia de haber sido destinada provisoriamente a un cargo sin funciones específicas, se tratarían de afirmaciones carentes de sustento, que no alcanzan a configurar la vulneración de garantías constitucionales.

Finalmente plantean que no puede perderse de vista que la recurrente se encuentra actualmente sometida a un procedimiento sumarial en curso, como todo aquel que deba responder administrativamente en caso de acreditarse hechos constitutivos de responsabilidad. En dicho contexto, la funcionaria mantiene incólumes todas las garantías propias del debido proceso administrativo, pudiendo formular descargos y solicitar diligencias con el objeto de desvirtuar los cargos que eventualmente se le formulen.

Terminan solicitando se tenga por evacuado el informe solicitado y se rechace la acción constitucional impetrada, con costas, por carecer de manifiesta falta de fundamento, al no existir acciones u omisiones amparadas por la acción de protección y atendida la falta de oportunidad que le afecta. 3º.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo. 4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 6º.- Que la recurrente, quien se desempeña como docente en el liceo Manuel Bulnes, de esa misma comuna, alegó, en síntesis, por haber sido redestinada a otro establecimiento laboral, en el marco de una investigación sumaria; y, además, por no haber resuelto, la recurrida, una serie de problemas en el ámbito laboral, de que dio cuenta.

La recurrida, por su parte, sostuvo que, si bien la medida de re- destinación se dictó ajustada a derecho y en el ejercicio de las facultades legales del fiscal instructor, ya fue dejada sin efecto. Agregó, que el resto de las alegaciones se refiere a actos trámites, no susceptibles de ser impugnados por esta vía. 7º.- Que, en lo que concerniente a la medida de re-destinación, cabe anotar que tal como lo indicó la recurrida, esta fue dejada sin efecto con fecha 21 de agosto pasado, por lo cual, a ese respecto, el presente recurso ha perdido oportunidad, por no existir ninguna medida que esta Corte pueda adoptar actualmente. 8º.- Que, en el otro aspecto que motivó el presente recurso, cabe precisar, que lo reclamado, se origina en la mala conducta que la actora le atribuye a una trabajadora social de su equipo de trabajo, desde mayo de 2024. Ello, según indica en su recurso, la llevó a hacer alegaciones verbales y formales ante la Daem de la Municipalidad de Bulnes, dando cuenta de su mal comportamiento, y hostigamiento para con otros colegas. En dicho contexto, denuncia no haber recibido noticias de un sumario iniciado en 2024, ni de un comité de convivencia laboral comunal, además de indicársele por las autoridades de la recurrida que estaba todo bien, pese a la existencia de múltiples denuncias, entre otros, cuestionamientos. 9º.- Que, dichos alegatos, además de ser genéricos, y vagos, se estrellan con la circunstancia informada por la recurrida, en orden a que actualmente, existe un sumario a fin de resolver una serie de denuncias, en contra de la trabajadora social que mencionó la recurrente, pero también en contra de la actora y de otros funcionarios. En ese proceso se ha cerrado la investigación y se está a la espera de las decisiones que adopte el fiscal.

Así, puede concluirse que todas las alegaciones de la actora parten de la base de una culpabilidad de la funcionaria aludida, y de una inacción de la autoridad recurrida, sin embargo, aquello, como se dijo, se está investigando, y por ende no es indubitado, pudiendo incluso resultar la recurrente sancionada.

Por lo expuesto, no existiendo derechos indubitados, y encontrándose aún vigente el sumario, que es mecanismo que esclarecerá los hechos que se denuncian y eventualmente, asignará responsabilidades, no es posible acoger el presente recurso.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías constitucionales, se rechaza, sin costas, el deducido por doña nombre reservado, en contra del DAEM de la Municipalidad de Bulnes.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Ministro señor Guillermo Arcos Salinas.

No firma el abogado integrante señor Baltazar Guajardo Carrasco, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y a su acuerdo, por no integrar el día de hoy.

ROL 623-2025 PROTECCIÒN.