Recurso de protección

Chillán, veintidós de septiembre de dos mil veinticinco.

VISTO: 1°. - Que, comparece don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social con domicilio en domicilio reservado, por actos que inciden en el expediente SUSESO Nº NUM000 que confirma el rechazo de las licencias médicas, por la causal “Reposo Injustificado”, decisión que considera ilegal y arbitraria.

Expone que con fecha 10 de septiembre del año 2011, ingresó a prestar labores como Administrador a la Empresa nombre reservado, que ejerce su actividad económica en diversos lugares del país. Añade que la empresa está situada en la comuna de San Pedro de la Paz y que sus labores consisten en la planificación, control y supervisión en los diferentes servicios que la empresa presta en el país, labores que ejecutó ininterrumpidamente hasta el 15 de marzo del año 2023, fecha en la que su hijo nombre reservado, contrajo leucemia, perdiendo la vida tras 5 días desde el diagnóstico. Lo anterior implicó para el recurrente un duelo extremadanamente complejo de sobrellevar, razón por la cual se sometió a un tratamiento psiquiátrico y psicológico con el psiquiatra nombre reservado, inscripción colegio médico Nº NUM001; dicho profesional le otorgó licencia psiquiátrica cada veinte días, ya que cursaba un desorden adaptativo mixto que se complicó por fallecimiento de su hijo. Precisa que no ha podido recuperar su estabilidad emocional y laboral para retomar el trabajo a pesar de estar con altas dosis de Estacilopram, Quietamina, Risperidona, Clonazepam y Zaviana, de acuerdo a recetas médicas que acompaña.

Añade que con el paso de los días el cuadro clínico se complicó con un episodio depresivo mayor severo incluso con ideación suicida, frente al cual, el psiquiatra antes mencionado le ha planteado la opción de hospitalizarse y cambió el tratamiento a Venlafaxina Retard subiendo dosis hasta 300 mg. por día, Quetiapina 25 mg. por noche, Clonazepam 2 mg. por noche, Carbonato de Litio en aumento 900 mg por día, Rexulti 1 mg. Asimismo, aumentó la frecuencia de la psicoterapia a una vez por semana y mantuvo reposo laboral dado que no se encuentra en condiciones de trabajar. Por ello, la frecuencia y 1 duración de las licencias pasaron a 20 días, las que fueron objeto de rechazo, argumentándose “Reposo Injustificado”, motivo que considera improcedente.

Detalla que es arbitrario el actuar de la Superintendencia, adopta la decisión no obstante tener a la vista toda la documentación, licencias e informes tanto psiquiátricos como psicológicos.

Expresa que la Constitución Política de la República de Chile, en su ART. 6, consagra el principio de legalidad y jurisdiccional de los órganos del Estado, al señalar que “los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme ella”. Este mismo principio, se reitera en la Ley Orgánica Constitucional Nº 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado, reiterando legalidad positiva, esto es la sumisión estricta a la Ley que debe observar la administración del estado.

En el supuesto en comento, argumenta, en base a lo expuesto, los actos identificados anteriormente como arbitrarios e ilegales, amenazan, perturban y privan el legítimo ejercicio de los derechos a la integridad física y psíquica, consagrados en el artículo 19 Nº1 de la Constitución Política de la Republica.

En efecto, la resolución recurrida al rechazar las licencias médicas, genera una lesión concreta al derecho fundamental a la integridad física y psíquica, toda vez que estas negativas injustificadas indujeron a que mis síntomas de ansiedad, angustias paralizantes y desorden adaptativo mixto con ideación suicida se agudizaran.

Concluye solicitando acoger el recurso, y ordenar que la Superintendencia modifique la Resolución Exenta Nº NUM000 de fecha 16 de junio de 2025 y autorice las licencias médicas: Nº NUM002, Nº NUM003, Nº NUM004 y Nº NUM005 2°. - Que, informando, el abogado Sebastián de La Puente Hervé, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, solicita en primer término que el recurso sea declarado extemporáneo, y subsidiariamente solicita el rechazo del mismo.

Expresa que consta de la copia del expediente administrativo acompañado, que por presentación de fecha 21 de junio de 2024, el Sr. nombre reservado reclamó ante el Servicio por cuanto la Subcomisión Concepción - Compin Región del Bío Bío, confirmó el rechazo de la licencia médica N° 2 NUM002, extendida por un total de 20 días a contar del 25 de mayo de 2024, por reposo no justificado.

Al respecto, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° NUM006 de fecha 11 de 07 de 2024, la Superintendencia dictaminó: “…Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica N° NUM002, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 339 días de reposo ya autorizados por la misma patología. Esta conclusión se basa en que los antecedentes adjuntos no describen disfuncionalidad o ajuste progresivo y oportuno de farmacoterapia acorde a extensión de reposo.”.

Concluye la mencionada Resolución que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de la licencia médica N° NUM002, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

Agrega que por presentación de fecha 15 de julio de 2024, el recurrente solicitó reconsideración del dictamen NUM006 de fecha 11 de julio de 2024 mediante el cual se confirmó lo resuelto por la SUBCOMISION CONCEPCIÓN - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO, en orden de mantener el rechazo de la licencia médica N° NUM002, extendida por un total de 20 días a contar del 25 de mayo de 2024, por reposo no justificado.

Al respecto, mediante Resolución Exenta N° NUM007 de fecha 04 de septiembre de 2024, la Superintendencia dictaminó: “…Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica N° NUM002, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el nuevo informe emitido con fecha 12/07/2024 por el tratante, no expone elementos psicopatológicos de gravedad que requieran tal extensión del reposo, así como tampoco detalla la posología del tratamiento farmacológico indicado. Por las razones anteriores, los elementos aportados tampoco permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período ya autorizado de 399 días”.

Concluye la mencionada Resolución que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de la licencia médica N° NUM002, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”. 3 Luego, por presentación de fecha 5 de mayo de 2025, el Sr. nombre reservado solicitó reconsideración de la resolución NUM007 de fecha 04 de septiembre de 2024 mediante el cual se confirmó lo resuelto por la Subcomisión Concepción - Compin Región del Biobío, en orden de mantener el rechazo de la licencia médica N° NUM002, extendida por un total de 20 días a contar del 25 de mayo de 2024, por reposo no justificado. Que, además, la parte interesada reclama por cuanto la citada Comisión Médica confirmó el rechazo de las licencias médicas N°NUM003, NUM004, NUM005, extendidas por un total de 60 días, bajo la misma causal de rechazo.

Al respecto, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° NUM000 de fecha 16 de 06 de 2025, esta Superintendencia dictaminó: “…Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 171 días de reposo ya autorizados por la misma patología. Que, los informes médicos adjuntos, no describen la sintomatología presentada durante el período de reposo reclamado ni la presencia de síntomas de gravedad que ameriten mayor reposo médico. No se detalla la evolución del cuadro clínico, ni se especifica la realización de ajustes farmacológicos en función de dicha evolución, con fechas y resultados, así como tampoco se menciona un plan de manejo orientado al reintegro laboral.”.

Concluye la mencionada Resolución que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

Argumenta el letrado que el recurrente solo ejerció esta acción constitucional con fecha 3 de agosto de 2025, esto es, cuando el plazo fatal de 30 días corridos estaba con creces vencido, toda vez que en su momento el Sr. nombre reservado ya tenía conocimiento cierto de los rechazos dispuestos por la citada Compin de los formularios en comento.

Insiste en que, de la presentación de fecha 21 de junio de 2024 que realizó el Sr. nombre reservado, en la cual acompañó los antecedentes sobre los 4 rechazos de las licencias reclamadas, consta que los mencionados formularios fueron rechazados previamente por la señalada Compin, con conocimiento del Sr. nombre reservado, en una fecha anterior a la de su presentación ante la Superintendencia. Por lo anterior, se evidencia que ya desde más de 10 meses antes de la fecha de interposición de la presente acción, el Sr. nombre reservado ya tenía conocimiento del rechazo de sus licencias. Lo anterior máxime si con fecha 15 de julio de 2024, el Sr. nombre reservado solicitó se reconsidere el dictamen NUM006 de fecha 11 de julio de 2024.

Por lo expuesto, la acción constitucional de autos, contrariando su naturaleza y finalidad con la que fue creada por el constituyente, se utiliza como una última instancia de reclamación para obtener la autorización de licencias médicas, las que, por razones médicas, fueron rechazadas en todas las instancias administrativas previstas en nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica es competencia de las COMPIN o ISAPRE, según corresponda a un trabajador cotizante del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA) o a uno afiliado a una institución de salud previsional, respectivamente. Lo anterior, basta para comprobar la falta de oportunidad en el ejercicio de la presente acción constitucional, por cuanto, al no ser una vía de impugnación subsidiaria, debe interponerse en contra del organismo que administra la prestación de seguridad social, en este caso, la licencia médica.

Advierte que el hecho de haber reclamado ante la Superintendencia no significa que el plazo para recurrir a la acción de protección se suspenda de modo alguno, pues, si bien es cierto, puede ser la regla general en materia de acciones jurisdiccionales que se intenten en contra de actos administrativos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N° 19.880, que exige el agotamiento de la vía administrativa, esta disposición por supremacía constitucional, no es aplicable a la acción de protección, por cuanto ésta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Constitución Política de la República, se debe ejercer sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Cita jurisprudencia. 5 Concluye solicitando que se rechace el recurso por extemporáneo.

Subsidiariamente, solicita que el recurso sea rechazado por improcedente, por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

Expresa que la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

De tal forma, la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

Reitera que la acción de protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República. Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para 6 aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a “actos u omisiones arbitrarios o ilegales”.

Termina solicitando en este aspecto, que se declare improcedente el recurso intentado.

Finalmente, en subsidio de los dos fundamentos anteriores, solicita el rechazo del recurso, por alegaciones de fondo, En primer término, realiza una descripción del sistema de otorgamiento y autorización de las licencias médicas y el control del pago de los subsidios por incapacidad laboral, al cual se ha apegado el servicio, y por ende, no ha incurrido en acto u omisión ilegal y arbitraria.

Además, señala, la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”.

En el caso del Sr. nombre reservado, insiste, claramente su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas reclamadas.

Concluye que lo expuesto debe llevar al tribunal a desestimar la ilegalidad y arbitrariedad en la actuación de la Superintendencia. Sostiene, que para que un acto sea arbitrario, este debe responder al capricho, a la mera voluntad sin fundamento o raciocinio alguno por parte del que lo emite. Es del caso, que, respecto de las licencias reclamadas, el dictamen impugnado de arbitrariedad contiene los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo 7 expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió esta Superintendencia previo estudio de los antecedentes médicos del caso.

A mayor abundamiento, explica, consta dentro de los antecedentes de la resolución los informes que realizaron dos médicos especialistas de la Superintendencia, a saber: Informe del Dr. nombre reservado de 11 de junio de 2025, que recomienda: “No acoge Reposo indicado impresiona excesivo, sin clara finalidad terapéutica. Sin derivación a dispositivos de mayor complejidad. Que, los informes médicos adjuntos, no describen la sintomatología presentada durante el período de reposo reclamado ni la presencia de síntomas de gravedad que ameriten mayor reposo médico. No se detalla la evolución del cuadro clínico, ni se especifica la realización de ajustes farmacológicos en función de dicha evolución, con fechas y resultados, así como tampoco se menciona un plan de manejo orientado al reintegro laboral”; e Informe del Dr. nombre reservado de 3 de septiembre de 2024, que señala: “Nuevo IMC de psiquiatra extrasistema del 12/07/2024, IMC sin GAF, sin psicoterapia, sin elementos clínicos de gravedad, sin derivación a sistema público para atención integral por patología GES, sin derivación a especialista en psiquiatría del servicio público, Tto: escitalopram, quetiapina, risperidona, clonazepam (ninguna con dosis), sin aumento de antidepresivos a dosis máximas pese a mantención de elementos supuestamente invalidantes por más de 450 días. Aparenta reposo extenso sin rol curativo, se sugiere no acoger.”.

Por lo anterior, se aprecia que el acto impugnado por el recurrente, referido a las licencias reclamadas, encuentra correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente administrativo que se acompaña, en los que no sólo se encuentra la resolución impugnada, sino una serie de antecedentes médicos, que respaldan la conclusión de dicho Oficio, en orden a rechazar las licencias indicadas.

Finalmente, sostiene la ausencia de derechos vulnerados.

En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica y salud, garantizado a todas las personas en los numerales 1° y 9º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, simplemente cabe preguntarse cómo podría mi representada haber atentado contra dichas 8 garantías, como la vida, integridad física o psíquica y la protección de la salud, por cuanto, en su actuar, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido.

En cuanto al derecho de propiedad, cabe hacer presente que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso.

En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN) 2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente.

En consecuencia, no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que como ya se ha indicado no media en la especie. En este punto, en el caso de la recurrente, no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que, rechazadas sin generar, por lo tanto, el derecho que esgrime la recurrente de autos.

Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador. Esta conclusión es a todas luces inaceptable. 9 Termina solicitando, tener por evacuado el informe solicitado respecto de la acción de protección interpuesta por don nombre reservado y con su mérito rechazarlo en todas sus partes, con costas. 3°- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquel que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, algunas de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 4º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías - preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 5.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 6°.- Que, en cuanto a la petición de la recurrida en orden a que el recurso de autos sea declarado inadmisible por extemporáneo, ello no aparece así de lo actuado en estos antecedentes, toda vez que la conducta y decisión de la recurrida en orden a la negativa de pagar las licencias médicas al 10 recurrente, se mantendría en el tiempo con todos sus efectos, y conforme ha sido resuelto invariablemente por la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores, la acción no precluye mientras los efectos del acto que se considera vulneratorio continúen produciéndose, razón por la cual se desestimará este capítulo de alegación. 7°. - A su turno, la Superintendencia de Seguridad Social ha solicitado el rechazo de la presente acción constitucional, sosteniendo al efecto que el actuar de la institución lo ha sido con estricto apego a la normativa vigente, sin perjuicio que la situación no se encuentra protegida por el recurso de protección, por tratarse de materias de seguridad social. 8°.- Que, en cuanto a la improcedencia de la acción por tratarse de posibles vulneraciones del derecho a la seguridad social y no estar éste bajo la protección constitucional que se pide, ella igualmente será desestimada, desde que consta que el arbitrio ha sido deducido por estimarse infringidas las garantías contenidas en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 del Constitución Política de la República, las cuales se encuentran dentro del catálogo establecido en el artículo 20 del mismo cuerpo legal. 9°. - Que, en lo que respecta al fondo, necesario es tener presente lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, preceptúa: “La COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa.

En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

Asimismo, en su artículo 21 indica que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; 11 b) Disponer que se visite a la trabajadora en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional de la trabajadora; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud de la trabajadora; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.” 10°. - Que, conforme a los antecedentes que fueron aportados, fluye de manera evidente que la decisión de la recurrida, en cuanto a confirmar el rechazo del pago de las licencias médicas objeto de este recurso, si bien es cierto se apoya – a modo de elementos de convicción objetivos- en dos informes médicos, que cita, no lo es menos que ninguno de dichos especialistas examinó directamente al recurrente, existiendo la facultad legal para que el servicio lo ordene.

A juicio de estos sentenciadores, sólo una pericia que considere la examinación inmediata del paciente, será apta para fundamentar la decisión de manera adecuada, teniendo presente los trágicos hechos que originaron el cuadro que aqueja al actor.

En tal contexto, la decisión de la recurrida, al carecer de este antecedente, que lleve a estimar racionalmente que el reposo ordenado no se encuentra justificado, la priva de contenido, sin que sea dable discernir que aquella se basta a sí misma, si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender la razón por la cual se le niega el derecho a dicho reposo. 11°.- Que, desde otra perspectiva, conforme a la normativa relacionada, la recurrida puede recabar los antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, lo cual no ha ocurrido cabalmente en la especie, pues no se han agregado otros antecedentes relevantes que lleven a estimar improcedente la orden de reposo, toda vez que no se han dispuesto nuevos exámenes o evaluaciones actualizadas para determinar la condición actual de salud de la recurrente, lo 12 que torna arbitraria la actuación de la recurrida y vulnera la garantía de igualdad ante la ley, debiendo adoptarse, en consecuencia, las medidas que restablezcan el imperio del derecho. 12°.- Que, por lo demás, parece insoslayable reflexionar que, de acuerdo a la normativa precedentemente reseñada, es factible sostener que la COMPIN directamente o a instancias de la Superintendencia, con miras a acatar el mandato legal consistente en resolver las apelaciones promovidas por los afiliados contra los decretos del régimen de salud, puede recabar los antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, cometido omitido injustificadamente en el presente caso. 13°.- Que, en consecuencia, la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la reglamentación que rige la materia sometida al conocimiento de esta Corte, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como asimismo al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición actual de salud del recurrente.

En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, son componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para dar mayor certeza al diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad de la recurrida, con la posterior falta de pago de las licencias médicas correspondientes. 14°. - Que, en razón de lo expuesto se torna del todo arbitrario desestimar el pago de licencias médicas concedidas por facultativos sin ningún motivo adicional suministrado por la entidad criticada, simplemente sobre la base de la ponderación de los antecedentes tenidos a la vista, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar frente al paciente cualquier duda, en especial, sometiéndolo a evaluaciones médicas accesorias. En tal evento, ante términos tan definitivos para las personas, cabe exigir un mínimo de diligencia a la autoridad, sobre quien pesa la obligación de actuar de oficio y 13 con respeto por los principios de no discriminación, objetividad y rigurosidad en su proceder. 15°. - Que, de esta manera, se advierte que la negativa del pago de las licencias médicas que indica el actor, implica de parte de la autoridad el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, al ejercitar sus derechos, en concreto, máxime si en la presente situación se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el deducido por don nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, debiendo la recurrida disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio del recurrente, encargue un informe pericial médico acerca de las patologías que da cuenta el recurso, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen las licencias médicas materia de autos y, cumplido ello, se pronuncie nuevamente acerca de las licencias médicas denegadas.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Baltazar Guajardo Carrasco Rol N°621-2025-PROTECCIÓN. 14