Protección contra sociedad Celulosa Arauco Constitución S

Chillán, diecinueve de febrero de dos mil catorce.

Se designa para la redacción del fallo acordado, con conocimiento de las partes, al Fiscal Judicial, señor nombre reservado.- Chillán diecinueve de febrero de dos mil catorce.

Visto y teniendo presente:

1°.- Que, a fojas 214 y siguientes, comparece don nombre reservado, ingeniero, actuando por sí y en nombre reservado, profesora jubilada, Zarol nombre reservado, cirujano dentista, nombre reservado, médico cirujano y comparece también nombre reservado, agricultor, todos domiciliados para estos efectos en el predio El Mirador, sector Boca del Itata, comuna de Trehuaco, quienes interponen recurso de protección en contra de la sociedad Celulosa Arauco Constitución S.A., sociedad anónima del giro de su denominación, propietaria del Complejo Forestal e Industrial Nueva Aldea, representada por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, s/n, comuna de Ránquil, por los actos y omisiones ilegales y arbitrarias que afectan el derecho a la vida e integridad física y psíquica; a vivir en un medio ambiente libre de contaminación; a desarrollar una actividad económica, y el derecho de propiedad, garantías consagradas en los numerales 1, 8, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Fundan su recurso en que el acto objeto de éste consiste en la rotura del ducto de evacuación de riles desde el Complejo Forestal e Industrial Nueva Aldea al mar, incidente ocurrido el 14 de Noviembre de 2013 a la altura del predio agrícola de dominio de la Sucesión nombre reservado, denominado "El Mirador", ubicado en Boca del Itata, comuna de Trehuaco, que ocasionó la inundación y contaminación, con desechos industriales, de las tierras agrícolas del predio; la destrucción de plantaciones, cultivos y pastizales; inundación e inutilización de punteras y pozos para la captación de aguas para uso y consumo humano, animal y riego, así como la infiltración de napas subterráneas de acuíferos.

Refiere que, en cuanto a la legitimación activa y sujeto pasivo de la presente acción, los recurrentes, al ser dueños del predio El Mirador de Boca de Itata y nombre reservado, trabajador mediero del referido inmueble, se han visto afectados directamente por la acción ilegal y arbitraria descrita, cuyo responsable es Celulosa Arauco Constitución S.A, quien es dueña del Complejo Forestal e Industrial Nueva Aldea, planta que presentó la rotura del ducto frente al inmueble señalado.

Los actores, luego de referirse al complejo forestal e industrial Nueva Aldea, a su aprobación por la autoridad ambiental y de realizar una descripción del sistema de conducción y descarga de efluentes y contenido químico de los mismos que estiman contaminantes, detallan que el pasado 14 de Noviembre de 2013, alrededor de las siete de la mañana, en momentos en que don nombre reservado se encontraba arando la tierra para la siembra de arvejas y papas, observó que en un lugar cercano a una cámara de control que se encuentra en la propiedad, el ducto que conduce los residuos industriales líquidos del Complejo Nuevo Aldea se rompió, derramándose todos los residuos industriales líquidos que se conducen por éste, percibiéndose un claro y penetrante olor a cloro y a otros elementos químicos, con olores nauseabundos, sosteniendo que si bien hasta el momento las causas de la rotura no han sido esclarecidas, estima que este hecho se debió a defectos en la termofusión del tubo; a una falta de mantenimiento, revisión o monitoreo del ducto, o bien, a la existencia de barreras de elementos sólidos producto de un inadecuado tratamiento de los riles, todas las cuales considera son imputables directamente a la recurrida.

Precisa que, la rotura del tubo debió haberse producido mucho antes, pues a la hora señalada sólo se hizo evidente mediante una columna de agua de a lo menos tres metros de altura de color café chocolate, la que contenía toda clase de basuras, especialmente polietilenos y otros elementos naturales y artificiales de desecho, de un fuertísimo y penetrante olor a cloro y a otros elementos químicos, lo que hizo irrespirable el ambiente, provocando fuertes dolores de cabeza, irritación de ojos y nariz, náuseas y toda clase de sensaciones extrañas en el cuerpo, inundando una extensión de a lo menos cuatro hectáreas de las tierras agrícolas aledañas al ducto, las que, por su aptitud y tipo de suelo, están destinadas fundamentalmente a la siembra y cultivo de papas y arvejas para su posterior comercialización, y de los pastizales existentes que se usan para alimento o forraje de animales.

Junto con lo anterior, sostienen que se produjo la inutilización de tres punteras para la captación de aguas destinadas al consumo humano y riego; inhabilitación de dos pozos destinados al consumo de agua para animales existentes en el lugar de la rotura del ducto, la infiltración de los residuos líquidos en las napas subterráneas que abastecen de agua para el consumo humano y riego de los cultivos existentes en la zona.

Señalan que, la propia Autoridad Sanitaria suspendió el uso y consumo de las aguas de las punteras y pozos, situación que hasta la interposición del recurso no se regulariza, viéndose en la necesidad de abastecerse de agua mediante camiones estanques, destacando que el hecho causó gran conmoción no sólo entre los vecinos del sector, sino también entre las autoridades encargadas por ley de estas emergencias, tales como la Seremi de Salud, Municipalidad, Bomberos, Autoridad Marítima, PDI, Ministerio Público, etc., quienes, al llamado de los propios vecinos, y no por aviso de CELCO, concurrieron al lugar tan pronto conocieron del hecho, haciendo presente que los representantes de CELCO fueron los últimos en llegar al lugar, minimizando la situación, ya que no se trataba de la primera vez, actitud que no se condice con la obligación contenida en la Resolución de Calificación Ambiental que impone al titular del proyecto tener un sistema especial de monitoreo y sistemas de control y contingencias que incluye una activación de dispositivos de seguridad en el tramo terrestre que debería operar cada vez que se produzca una rotura de la tubería, conducta que demuestra que se ha infringido la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto Res. Ex 076/2005 de Corema Bio Bio, ya que el día y hora del incidente no funcionaron de forma correcta y eficaz los equipos de control y detección de filtraciones o roturas del ducto, porque de haber operado eficientemente dichos sistemas, la rotura del ducto debió haberse detectado incluso antes de que fluyeran las aguas contaminadas, sino que, por el contrario, producida la inundación la recurrida procedió a retirar toda la capa vegetal de las tierras contaminadas cuando limpió el derrame.

Argumentan que, la rotura del ducto ocurrida el pasado 14 de noviembre de 2013 se suma a otros cinco episodios conocidos ocurridos el 17 de Diciembre de 2010; el día 21 de Septiembre de 2011; el 26 de Noviembre del año 2012 y el 09 de Octubre de 2013, todo lo cual demuestra que lo ocurrido el pasado 14 de noviembre no se trata de un hecho puntual, sino que de un incidente que se ha repetido en el tiempo, sin que las autoridades administrativas hayan hecho lo suficiente para evitar que dichas acciones vuelvan a suceder, por lo que estima que son los Tribunales de Justicia los que deben adoptar las medidas necesarias para evitar la repetición de tales hechos que afectan los derechos y garantías constitucionales ya enunciadas, aseverando que la rotura del ducto y el consecuente derrame constituyen un hecho imputable a la recurrida, que ha sido reconocido públicamente por ella ante las autoridades y ante los medios de comunicación.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, refieren que la conducta ilegal, arbitraria y negligente de la recurrida vulnera su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, por cuanto el derrame de residuos produjo fuertes cefaleas, dolor y escozor en los ojos y en la nariz e incluso vahídos y mareos, además de generar, hasta el día de la interposición de la presente acción, miedos y temores que se vuelva a repetir el hecho, con la consiguiente sensación de incertidumbre e inseguridad y disminución de la estima por tener que soportar nuevamente la contaminación o algo peor, albergando sentimientos de rabia e injusticia, al considerar que nadie les puede amparar para que se ponga término a estas situaciones.

En cuanto a la garantía constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, consideran que el derrame de residuos industriales sobre sus tierras y su infiltración en las aguas les impide disfrutar de una vida con calidad, con bienestar, afectando no sólo a las personas, sino también a los otros elementos físicos, químicos y biológicos que componen el ambiente.

Respecto al derecho a desarrollar una actividad económica y al derecho de propiedad, indican que, al haberse derramado los residuos industriales sobre plantaciones de papas y arvejas destinadas fundamentalmente a su venta, así como sobre pastizales destinados como alimento para el ganado, el hecho descrito provoca una pérdida en el valor de sus tierras, considerando además que el proceder de la recurrida no sólo vulnera las garantías constitucionales ya referidas, sino también la normativa vigente de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente N° 19.300, el Decreto Ley 3557 sobre Protección Agrícola, el Código Sanitario y especialmente, la Resolución de Calificación Ambiental del Proyecto, Resolución Exenta N° 51/2006 de la COREMA Región del Bío Bío, en aquella parte referida a los planes de emergencia para contingencias específicas y en lo referente a los impactos ambientales y planes de mitigación, compensación o reparación para el caso de rotura de ducto, desde que ninguna de las medidas contenidas en la RCA del proyecto fueron adoptadas ni funcionaron en la oportunidad prevista en tal acto administrativo, porque el aviso de emergencia no se dio en la oportunidad debida y prevista en la referida Resolución; la rotura y filtración de líquidos tóxicos no fue percibida por los sistemas y mecanismos señalados en la RCA, ya que los sensores de presión y de caudal del ducto no informaron sobre la pérdida de fluido en la tubería; no funcionó el sistema de cierre a distancia de válvulas, que de haber operado adecuadamente hubiera evitado el derrame de miles de litros de residuos industriales, estimando que, aún en el evento de esgrimirse que la rotura del ducto es una situación prevista en la respectiva RCA, ello no excusa a la recurrida respecto a no haber adoptado en tiempo y forma todas las medidas que esa autorización ambiental le impone.

Sostienen que, si bien la Superintendencia del Medio Ambiente ha iniciado un proceso sancionatorio por infracción de Instrumentos de Gestión Ambiental de CELCO, ello no es óbice para que se acoja esta acción de protección y se puedan decretar las medidas que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho que se encuentra alterado y amenazado por la acción ilegal arbitraria y contaminante de la recurrida.

Por todo lo anterior, terminan solicitando que se acoja el recurso, declarando que los actos de la recurrida importan afectación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 número 1, 8, 21 y 24 de la Constitución Política, disponiendo las medidas que se estime necesarias para restablecer el imperio del derecho, solicitando, en especial, que se disponga el cese de la actividad que afecta las enunciadas garantías constitucionales, ordenando de inmediato la paralización del sistema de conducción y descarga al mar de los efluentes del CFI Nueva Aldea, mientras la autoridad respectiva no certifique con absoluta seguridad que los hechos causantes de la afectación de las garantías constitucionales referidas no se repetirán, para lo cual solicitan que se disponga que la recurrida debe contratar una empresa externa especialista para que efectúe una revisión total del estado de todo el ducto, recomiende las medidas, acciones y soluciones que garanticen que estos hechos no volverán a repetirse y se verifiquen estas soluciones a satisfacción de la autoridad respectiva, ello sin perjuicio de que se disponga como medida para restablecer el imperio de los derechos amagados que, la recurrida, antes de iniciar la operación del ducto, deba reemplazar el sistema de vigilancia y seguridad del mismo por uno de tecnología más eficiente, a fin de que pueda dar confianza a las personas que son vecinos del ducto que los hechos que afectan las garantías constitucionales no volverán a repetirse, medidas que solicita sean decretadas sin perjuicio y/o en subsidio de cualquier otra que se pueda arbitrar en forma adicional, complementaria o alternativa a lo solicitado que, con mejor conocimiento de los hechos, se estime pertinente para restablecer el estado de derecho y otorgar la debida protección a los recurrentes con el fin de asegurar el efectivo amparo de los derechos constitucionales amagados, con costas.

De fojas 1 a 213 la recurrente acompaña documentos consistentes en: 1.- Copia de las informaciones de los diversos medios de comunicación sobre la rotura del ducto, derrame e inundación de tierras agrícolas, de 14 de Noviembre de 2013; 2.- Copia de las informaciones de los diversos medios de comunicación de los incidentes de roturas del ducto de descarga de residuos industriales del CFI Nueva Aldea y la consiguiente contaminación, hechos ocurridos los días 17 de Diciembre de 2010; 21 de Septiembre de 2011 y 09 de Octubre de 2013; 3.- Set de fotografías tomadas en el predio "El Mirador"; 4.- Copia de la RCA del proyecto Sistema de Conducción y descarga al mar de los efluentes del CFI Nueva Aldea", contenida en Resolución Exenta N° 51/ 2006 de la COREMA Región del BioBio de fecha 20 de febrero de 2006; 5.- Copia de la Resolución Exenta N° 295/2011 de la Comisión de Evaluación Ambiental, Región del Bio Bio; 6.- Copia simple de la inscripción de dominio del predio "El Mirador", a nombre de la sucesión de nombre reservado, que rola a fs. 652 N° 1158 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Quirihue, año 2008; 7.- Certificado de aptitud o clasificación del suelo del predio "El Mirador", emitido por el Servicio de Impuestos Internos y del Decreto N° 83/ 2010 del Ministerio de Agricultura que declara clasificación de suelos agropecuarios y forestales en todo el país; 8.- Copia de la escritura pública de 10 de Diciembre de 2013 otorgada en la Notaría de Santiago de nombre reservado, en la que consta la personería de nombre reservado, para actuar por nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado y; 9.- Copia de correo electrónico de la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

2°.- Que, a fojas 245 informan el recurso, en representación de la recurrida, los abogados don Ramón Domínguez Águila y don Cristian Celis Bassignana, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quienes señalan que el complejo industrial Nueva Aldea consta de una planta de trozado, un aserradero, una planta de paneles y una planta de celulosa, que comenzó a operar el 31 de agosto del 2006, Planta que fue autorizada ambientalmente por Resolución Exenta N° 76/2005 de 10 de marzo de 2005 de la Comisión Regional de Medio Ambiente (COREMA) del Bío Bío, en forma inicial, para la producción de 856.000 toneladas de celulosa kraft blanqueada al año, capacidad que fue aumentada por Resolución Exenta numero 42/2010 de la misma Comisión a un total de RUT reservado toneladas de celulosa al año, contando además con la RCA numero 051/2006 de la COREMA del Bío Bío de 20 de febrero de 2006, que aprobó el proyecto "Sistema de Conducción y Descarga al Mar de los Efluentes del CFI Nueva Aldea de Celulosa Arauco y Constitución S.A.", procesos de evaluación ambiental que analizaron los eventuales impactos ambientales relacionados con la construcción y operación de la Planta de Celulosa Nueva Aldea y sus obras relacionadas, como también los potenciales impactos derivados de posibles situaciones de contingencia, como una eventual filtración de efluentes tratados desde el sistema de conducción de efluentes y disposición al mar, existiendo planes al efecto, que fueron debidamente revisados y aprobados por las autoridades sectoriales y ambientales, siendo esencial, en este caso, comprender la calidad de los efluentes o riles que la planta produce, atendida la preocupación por la antigua tecnología y sus problemas, siendo impensable operar plantas que mantengan dichos problemas, porque por un lado se ha desarrollado normativa específica para regular estas situaciones, además los proveedores de equipos continuamente desarrollan tecnologías que incorporan el cumplimiento de estándares aún más restringidos que la normativa nacional, en especial en cuanto a una mayor eficiencia en el tratamiento de los efluentes, unido a la presión constante que ejercen por parte de la comunidad, todo lo cual fue parte de las complejidades de la evaluación ambiental de la Planta Celulosa Nueva Aldea, a la cual se le impusieron condiciones adicionales y exhaustivos planes de seguimiento y monitoreo ambiental, que aseguran que lo evaluado corresponda al desempeño real, de modo que dicho sistema de conducción y descarga al mar de los efluentes de la referida planta, fue una exigencia impuesta por la Resolución Exenta Nº76/2005 en su considerando 7.1, ítem 3), no obstante que el proyecto cumplía la normativa para la descarga de efluentes del D.S. 90/2000 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que establece las “Normas de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales”,y aun cuando estaba asegurada la inocuidad de los riles, se le impuso dicha condición adicional, la cual tiene un completo y exhaustivo monitoreo externo y uno propio, minuto a minuto, diario, semanal, mensual, trimestral y/o semestral, para asegurar la inocuidad de las emisiones, existiendo un sistema computacional en línea con la autoridad que informa en tiempo real las principales variables monitoreadas y, a la fecha, se han revisado 34 informes que dan cuenta del cabal cumplimiento de la normativa y exigencias adicionales impuestas por la autoridad.

Agregan que, la operación de la Planta de Celulosa se regula ambientalmente por la Resolución Exenta numero 76/2005 de 10 de marzo de 2005, la cual fue producto del proceso de evaluación que se inició con la presentación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto "Obras Nuevas y Actualizaciones del Complejo Forestal Industrial Itata", proyecto evaluado por más de 16 servicios públicos, incluyendo un completo período de participación ciudadana y el análisis de las observaciones recibidas por la comunidad, que versaron sobre el tratamiento y descarga de riles como también al control de los olores emanados de la industria y su fiscalización, pues al inicio los riles tratados descargaban al rio Itata, por lo que la evaluación aseguraba que los usuarios del rio mantuvieran inalterados sus derechos respecto a cantidad y calidad del agua, generándose 23 monitoreos específicos, entre ellos: caracterización de la calidad del efluente y la calidad del agua del río, previo y después de la descarga de los efluentes tratados, análisis de toxicidad aguda y crónica, más completos estudios a las especies hidrobiológicas presentes en el Río Itata, de manera de constatar la inocuidad de los riles tratados, sin perjuicio de que, en los primeros años de operación, la Planta Nueva Aldea fue auditada por auditores independientes nacionales e internacionales, los que dieron cuenta del desempeño ambiental de la misma y su nivel de excelencia frente a otras en Chile y en el mundo, teniendo las modificaciones posteriores sus respectivos procesos de evaluación ambiental concluidos satisfactoriamente, de modo que el cambio de la descarga de los efluentes tratados en el mar, previa conducción de los efluentes por un sistema de 50 kilómetros, correspondió a una imposición de la COREMA que buscaba asegurar más aún la minimización de potenciales conflictos y disminuir la percepción de vulnerabilidad manifestada por usuarios del rio Itata, contando la revisión de más de 20 servicios públicos y participación de la comunidad, no obstante haberse comprobado la inocuidad, durante más de 3 años, de descarga en el rio Itata desde la Planta de Tratamiento de Efluentes del Complejo Nueva Aldea, a través de un sistema de conducción de 50 km., hasta un emisario de 2,3 km de largo que descarga los mismos en el mar a una profundidad de 34 metros, conforme lo consigna la RCA numero 051/2006 de la COREMA del Bío Bío de 20 de febrero de 2006, que aprobó dicho proyecto, estando las contingencias y/o incidentes y la forma en que la empresa se debe hacer cargo, previstas y contempladas en la RCA 051/2006, párrafos 3.1.3.2.2 y 3.1.3.2.3, que cita, de lo que se concluye que las afirmaciones contenidas en el recurso, en orden a que los efluentes que son descargados desde la Planta contienen "basura, colillas de cigarro, plásticos y otros material no identificable", no son efectivas, pues lo descargado por el emisario son efluentes debidamente tratados.

En cuanto al hecho ocurrido el 14 de noviembre último, manifiestan que se contradicen los recurrentes con los hechos detectados por las autoridades sanitarias y medioambientales que se constituyeron en el lugar, porque se detectó una acumulación no habitual de agua en un sector aledaño a una de las cámaras del Sistema de Conducción Terrestre de Efluentes tratados del CFI Nueva Aldea, en el sector "Boca Itata", cercano a la finalización del tramo terrestre del emisario, lugar al que se envió personal especializado que observó que se trataba de una filtración de efluentes que afloró abarcando una superficie cercana a las dos hectáreas, procediendo de inmediato a cumplir el protocolo establecido al efecto contenido en la RCA 051/2006, conforme lo describe paso a paso, encontrándose a la fecha completamente reparado el origen del afloramiento, tomando contacto con los habitantes del lugar y propietarios de las parcelas afectadas, disponiéndose a costa de la empresa recurrida, la provisión de agua embotellada para que no se vieran privados de ella. Asimismo, se creó una mesa de trabajo en coordinación con la I. Municipalidad de Trehuaco y vecinos del sector, a fin de lograr una comunicación directa entre los eventuales afectados, para acordar las medidas de mitigación, no obstante que los análisis efectuados a los efluentes realizados por el prestigioso Laboratorio SGS Chile Limitada el día de la ocurrencia de los hechos, determinan que se cumplía la normativa ambiental del D.S. 90/2000 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y, voluntariamente, se encomendó al Laboratorio de Oceanografía Química de la Universidad de Concepción, realizar un monitoreo de la calidad del agua de seis sitios donde ocurrió la filtración, concluyéndose in situ que no había existido mayor alteración ni aumentos progresivos o instantáneos a la temperatura del agua de los pozos, así como que la conductividad, sólidos disueltos totales y salinidad presentaban un patrón común de distribución, siendo esperable a juicio del Laboratorio, siendo las mayores concentraciones de conductividad y salinidad de las aguas producto de una condición particular de los pozos, la que no está directamente relacionada con el incidente ocurrido, informe que se adjunta, siendo la calidad de las aguas aceptadas para el consumo humano, ya que estaban dentro del rango permitido por la Norma 409, sin que se haya afectado, entonces, la calidad de las aguas evaluadas, de modo que el incidente no afectó ni tuvo el potencial de afectar a los recurrentes, fue de inmediato detenido y reparado, interviniendo los organismos ambientales y sanitarios competentes, no siendo efectivo lo sostenido en el recurso, por lo que no se ha podido provocar afectación de los derechos constitucionales referidos en el recurso de protección, ni tampoco se ha incurrido en un acto ilegal o arbitrario por parte de la recurrida, debiendo por tanto rechazarse el recurso.

Sobre el mismo punto refiere que se constituyó en el lugar la SEREMI de Salud del Bío Bío y dispuso la toma de muestras de las aguas existentes en el lugar, así como de las punteras y pozos de captación de agua para consumo humano y animal para determinar alguna alteración en la calidad de las mismas, concluyendo que la superficie que tomó contacto con el afloramiento de efluentes fue de aproximadamente una hectárea; supervisó directamente el cumplimiento de los planes de contingencia adoptados por su representada y cumpliendo lo dispuesto en la RCA 051/2006; determinó que los efluentes que afloraron no constituyen un residuo industrial crudo, sino que contaba con tratamiento secundario cumpliendo con los parámetros de descarga al mar según la norma de emisión D.S. N° 90/00 MINSEGPRES; determinó la no evacuación de la población cercana al punto de filtración y que se le abasteciera de agua potable en tanto se realizaban los análisis y muestreos en pozos, punteras y agua del sector; constató en terreno que el ducto fue completa e íntegramente reparado, lo que fue explicado a vecinos del sector y determinó, luego de los análisis de rigor, que las punteras están alteradas en sus parámetros bacteriológicos, no atribuibles a la rotura del ducto, sino a las condiciones de la fuente de captación, la que no se encuentra regularizada, gestionándose de inmediato con la Municipalidad de Trehuaco, la regularización del sistema de agua potable, todo lo cual, estima, permite concluir que el efluente que afloró el 14 de noviembre de 2013 no se trató de aguas infestas y contaminantes, sino de efluente tratado, por lo que no se trató de un evento contaminante; que las medidas previstas y contempladas en la RCA fueron adoptadas, reparándose el ducto; y que no existió infiltración en las napas subterráneas, precisando que los índices de coliformes fecales de las punteras existían antes, durante y después del evento que constituye fundamento de la presente acción constitucional, lo que se explica por las características propias de las punteras y pozos, no existiendo relación causal entre el aludido evento y los índices alterados detectados por la autoridad sanitaria, la que, en coordinación con la Municipalidad de Trehuaco han efectuado esfuerzos por dotar de agua potable rural a los vecinos del sector, por lo que estima no ha existido de parte de su representada acto ilegal o arbitrario y consecuentemente, no ha podido infringir los artículos 2 de la Ley 19.300, 11 del DL 3557 y 73 del Código Sanitario, ni menos la RCA 051/206, al no haber existido evento contaminante como lo sostienen los recurrentes, ni ha sido calificado como tal por parte de los órganos competentes y por lo tanto, no se han afectado los derechos constitucionales referidos en el recurso de protección.

Agregan que, por otra parte, los hechos que motivan el recurso ya se encuentran sometidos al imperio del derecho, no obstante lo breve de su eventualidad, por lo que el libelo carece de oportunidad, en cuanto se dio cumplimiento al protocolo legal como ya ha referido, tomando cartas en el asunto el Ministerio Publico, la Superintendencia de Medio Ambiente, la Secretaria Regional Ministerial de Salud, la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR) de la Armada de Chile, con sede en Lirquén, dentro de sus respectivos mandatos legales, y se han tomado las debidas medidas del caso, no existiendo, a la fecha, una medida de urgencia que deba adoptarse, por lo que si no existe afectación alguna de un derecho fundamental o si no existe medida alguna que pueda adoptarse para hacer cesar su supuesta privación, perturbación o amenaza, el recurso de protección que se interponga carece de finalidad, siendo innecesario pronunciarse sobre la supuesta afectación del derecho invocado por los recurrentes, pues en último término su objetivo sería obtener una sentencia declarativa, la que no es el objeto ni se condice con la naturaleza de la presente acción constitucional.

Finalizan señalando que, la petición del recurrente requiere que se disponga de una serie de medidas que tienen que ver con la fiscalización ambiental del emisario que transporta los efluentes tratados desde la planta de celulosa del CFI Nueva Aldea hacia el océano, medidas que por su naturaleza, son de competencia exclusiva de otro órgano, pues conforme a la Ley 20.417 publicada en el Diario Oficial el 26 de enero de 2010, corresponde a la Superintendencia del Medio Ambiente sancionar las infracciones que describe, de modo que la petición no resulta pertinente en el marco del presente recurso de protección, resultando así otro motivo para rechazarlo, con costas.

De forma separada se adjuntaron al recurso los documentos acompañados por el recurrido consistentes en: 1) Copia de Resolución Exenta número 076/2005, de 10 de Marzo de 2005 de la COREMA Región del Bio Bio; 2) Copia de Resolución Exenta número 51/2006 de 20 de febrero de 2006 de la COREMA Región del Bio Bio; 3) Copia de correo electrónico enviado por don nombre reservado, en representación de Celulosa Arauco y Constitución S.A. a don nombre reservado de la Superintendencia de Medio Ambiente, de fecha 14 de noviembre pasado; 4) Copia de acta de inspección ambiental efectuada por la Superintendencia de Medio Ambiente en la Planta CFI Nueva Aldea el 14 de octubre de 2013; 5)Copia de ORD MZS/055 de 18 de Noviembre de 2013 de la Superintendencia de Medio Ambiente;6)Copia de informe emitido por Celulosa Arauco y Constitución S.A. a la Superintendencia de Medio Ambiente en el marco del ORO MZS/055 acompañada en el número 5 precedente; 7)Copia de resolución Exenta número 1351 de 28 de noviembre de 2013; 8)Acta de inspección número 144606 de la SEREMI de Salud de 14 de octubre de 2013;9) Acta de declaración y respuesta dada por Celulosa Arauco y Constitución S.A. a la SEREMI de Salud; 10)Copia de correo electrónico enviado por don nombre reservado, Gerente de Planta Nueva Aldea a la DIRECTEMAR informando los hechos acaecidos el 14 de Noviembre pasado; 11)Copia de carta enviada por Celulosa Arauco y Constitución S.A. a don nombre reservado, Capitán de Navío Litoral, Gobernador Marítimo de Talcahuano, de fecha 20 de Noviembre de 2013; 12)Copia de correo electrónico enviado por don nombre reservado a la Superintendencia de Servicios Sanitarios informando acerca de los hechos que ocurrieron el 14 de Noviembre de 2013; y 13)Copia de correo electrónico enviado por don nombre reservado, Sub Gerente de Medio Ambiente de nombre reservado a don nombre reservado, Fiscalizador UGA de la SEREM1 de Salud Bio Bio.

3°.- Que, a fojas 272 rola ORD.N° 002 de la Seremi del Medio Ambiente, Región del Bío Bío, el que, evacuando el oficio remitido, señala que los hechos materia del recurso y lo informado por la empresa recurrida, son de competencia de la Superintendencia del Medio Ambiente.

4°.- Que, a fojas 310 rola ORD. 030 del Director del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Bío Bío, de 9 de enero de este año, por el que se comunica que a través de Resolución Exenta N° 295, de 26 de diciembre de 2011 de la Comisión de Evaluación de la Región del Bío Bío, se dio inició a un proceso para determinar responsabilidades y establecer sanciones al titular del proyecto Obras Nuevas y Actualización del Complejo Forestal Industrial Itata, por eventual incumplimiento a la Resolución Exenta N° 76/2005, en el que participaron diferentes órganos de la administración del Estado, proceso que concluyó mediante Resolución Exenta N° 098 de 16 de abril de 2012, mediante la cual se resolvió sancionar a la empresa Celulosa Arauco y Constitución S.A. con una amonestación por escrito por estimar que los hechos materia del proceso pudieron ser minimizados, además de haberse verificado que los incumplimientos detectados derivaron de una situación de contingencia que debidamente pudo ser controlada e informada a la autoridad. Adjunta a su informe resolución exenta que dio inicio al procedimiento referido, la que obra de fojas 278 a 309.

5°.- Que, de fojas 316 a 319 rola ORD.: 5594 de la Secretaria (R) Regional Ministerial de Salud de la Región del Bío Bío, por el cual adjunta informe de resultados respecto al análisis microbiológico de las muestras de agua tomadas los días 15, 19 y 21 de noviembre, 3 y 11 de diciembre, de 2013, conforme a las cuales los parámetros bacteriológicos se encuentran alterados debido a las condiciones de las punteras, las cuales no se encuentran autorizadas por esa Autoridad Sanitaria, no contando con sistema de desinfección, concluyendo que no es atribuible a la rotura del ducto de la empresa Celulosa Nueva Aldea, sin perjuicio de efectuar nuevos análisis a las fuentes de captación; y hace presente que se ha iniciado sumario sanitario para determinar las causas basales, sumario que se encuentra en tramitación. Adjunta informe de resultados de fojas 320 a 328.

6°.- Que, a fojas 338 rola ORD. N° 147 de la Superintendencia del Medio Ambiente, de 4 de febrero en curso, por el cual se informa que se halla conociendo de una denuncia fundada en los hechos descritos en el recurso de protección 620-2013 del ingreso de esta Corte de Apelaciones, el que se encuentra en trámite de acuerdo a lo dispuesto por la ley, comunicando, adicionalmente, que efectuó una inspección el mismo día que ocurrieron los hechos y que actualmente está elaborando un informe de fiscalización respecto de ellos, el que será luego remitido a la Unidad de Instrucción de Procedimientos Sancionatorios de la Superintendencia del Medio Ambiente, para los fines pertinentes.

7°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

8°.-Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

9°.-Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.- 10°.- Que, entrando en el examen del arbitrio interpuesto, se estima pertinente dejar establecido, primeramente, que los recurrentes y la recurrida no discrepan, esencialmente, en cuanto a que el día 14 de noviembre de 2013, se rompió el ducto que conduce los efluentes desde la Planta de nombre reservado hasta llegar al mar, con motivo de lo cual se produjo la inundación de parte del inmueble de propiedad de los primeros; y sí discuten acerca de los efectos que tal hecho produjo, tanto en el inmueble propiamente tal, como en las aguas que se extraen de los pozos existentes en el sector.

11°.- Que, en efecto, los recurrentes sostienen que los efluentes que salieron del ducto tenían un fuerte olor a cloro, siendo notoriamente pestilentes, habiendo contaminado el inmueble de su propiedad y las aguas antes aludidas, sin que la Empresa haya tomado las medidas que la contingencia ameritaba, conforme a la Resolución que aprobó el proyecto de funcionamiento de la Planta, afectando las Garantías Constitucionales de los números 1, 8, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado.

Por su parte, la recurrida afirma que las aguas que salieron del ducto no produjeron el efecto referido, pues habían sido tratadas previamente, en tanto que lo ocurrido con las aguas de los pozos no resulta vinculado a la rotura del ducto; y que, conocida la situación, tomó de inmediato todas las providencias a que estaba obligada, comunicando, asimismo, la situación a todas las autoridades competentes o vinculadas con el hecho ocurrido.

12°.- Que, con relación a la contaminación de las aguas de los pozos, cabe tener en cuenta el mérito del informe evacuado por la Secretaria Ministerial de Salud desde fojas 516, en el que se señala que “… el análisis realizado a las fuentes de agua (punteras), demuestra que los parámetros bacteriológicos se encuentran alterados con coliformes fecales, debido a las condiciones de la puntera, las cuales no se encuentran autorizadas por la informante, por lo que no cuentan con sistema de desinfección. Lo anterior no es atribuible a la rotura del ducto empresa Celulosa Nueva Aldea”.

En consecuencia, corresponde concluir que la situación anómala en que se encuentran los pozos no resulta imputable a la recurrida, por lo que sólo cabe desechar el recurso en esta parte.

13°.- Que, en cuanto, esta vez, a la contaminación que la recurrente alega haber sufrido en el inmueble de su dominio debido a la conducta de la recurrida que califica como negligente, referida en el motivo 11° precedente, lo cierto es que, apreciados los antecedentes incorporados a los autos conforme a las reglas de la sana crítica, no es posible concluir y tener por acreditada tal aseveración, tanto en lo que respecta a si la Empresa adoptó las medidas de contingencia pertinentes con la rapidez que la situación aconsejaba, como en lo que concierne a la contaminación que se le imputa; y son, precisamente, dichas cuestiones las que se encuentran sometidas al conocimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente, órgano que, en ejercicio de sus facultades privativas y como consta en el informe remitido a esta Corte, se encuentra realizando un proceso de investigación, a partir del cual, y siempre que los antecedentes lo ameriten, se tendrá por probada la contaminación referida, así como su causa, y eventualmente, se aplicará a la recurrida las sanciones que correspondan.

Por lo dicho, es efectivo, como lo plantea la Empresa, que el hecho que tuvo lugar el 14 de noviembre del año pasado, se encuentra sometido al imperio del derecho.

14°.- Que, por otra parte, debe considerarse que el recurso de la especie, está destinado a poner en ejercicio las facultades de la Corte, a fin de que, a través de un procedimiento concentrado y breve, se restablezca el imperio del derecho, cuando corresponda, pudiendo adoptarse, con urgencia, todas las medidas pertinentes.

Por lo mismo, el presente arbitrio no constituye un juicio declarativo de derechos.

15°.- Que, así las cosas, este Tribunal no está en situación de acoger la acción deducida, por cuanto se estima que las medidas adoptadas por las autoridades competentes, especialmente, por la Superintendencia del Medio Ambiente, constituyen diligencias urgentes, oportunas, proporcionadas y eficaces, en relación con lo pedido a fojas 214 y siguientes y en consecuencia, la protección solicitada carece de oportunidad, resultando inoficioso examinar la eventual trasgresión de las garantías constitucionales que se dicen conculcadas, sin perjuicio del derecho de los recurrentes de ejercer en la sede que corresponda, las acciones que estimen pertinentes, a fin de obtener la reparación que afirman haber sufrido.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara que SE RECHAZA el interpuesto de fojas 214 a 230 por don nombre reservado, actuando por sí y en nombre reservado, Zarol nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado, en contra de Celulosa Arauco Constitución S.A., representada por don nombre reservado.- Notifíquese.

En su oportunidad, dése cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción del Fiscal Judicial, señor nombre reservado.

ROL 620-2013-PROTECCION.

Pronunciada por el Presidente Subrogante Ministro señor Guillermo Arcos Salinas, el Ministro señor Claudio Arias Córdova y el Fiscal Judicial señor nombre reservado.

En Chillán, a diecinueve de febrero de dos mil catorce notifiqué por el estado diario la resolución que antecede y la de fojas 342.

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