Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

Chillán, doce de septiembre de dos mil veinticinco.

Visto: 1°.- Que, comparece la abogada Carola Cifuentes Saldaña, en representación de doña nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección contra la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), en razón de los actos y hechos que privan y perturban en forma ilegal y arbitraria, las garantías señaladas en los artículos 19 N°2, 3, 9, 18 y 24 de la Constitución Política de la República, respecto de su representada.

Expone que la recurrente trabaja como asistente de apoyo operacional en un pronto COPEC, realizando tareas administrativas y de atención a una gran cantidad de público ya sea en jornadas de día o de noche, y hace 2 años fue diagnosticada con episodio depresivo moderado más trastorno de estrés postraumático desencadenado por ser víctima de violencia intrafamiliar, lo que ha provocado que sufra de constantes ataques de pánico e incluso planeación suicida. Añade que durante el año 2024 se le suma la enfermedad y fallecimiento de su anciano padre quien se encontraba postrado, lo cual empeoró el estado emocional de la Sra. nombre reservado.

Indica que la actora actualmente está recibiendo atención multidiscliparia en el programa de Salud Mental del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria de Chillán Viejo, con controles de asistente social, médico y psicóloga del programa, indicándosele como tratamiento los siguientes fármacos: Sertralina 100 Mg: 3 comprimidos cada 24 horas;

Quetiapina 10 Mg ½ comprimidos (noche) y Clonazepam 2 Mg (1 comprimido por noche).

Hace presente que doña nombre reservado no tiene acceso al sistema de salud privada por motivos económicos por lo que sólo tiene posibilidad de adherirse a las prestaciones médicas y psicológicas que ofrece el CESFAM para poder tratarse, y a pesar de las dificultades del sistema público, ella ha colaborado y sido responsable con sus terapias y toma de medicamentos.

Señala que no obstante lo expuesto, la COMPIN rechazó 4 licencias médicas de la recurrente, N°s NUM000, NUM001, NUM002 y NUM003. Respecto de dichos rechazos, la Superintendencia de Seguridad Social, estimó que en las dos primeras el reposo se encontraba justificado, mas no respecto de las dos últimas, confirmado el rechazo emitido por la COMPIN, mediante RESOLUCIÓN EXENTA NUM004 de fecha 30 de junio de 2025 notificada vía correo electrónico a la recurrente.

Reclama que la decisión carece de un fundamento jurídico y fáctico pues señaló genéricamente que el reposo no está justificado sin explicar cómo se establece la inexistencia de una incapacidad laboral de la recurrente, no obstante contar con los antecedentes médicos y psicológicos presentado por su representada, los cuales señalan el diagnóstico, tratamiento farmacológico prescrito, objetivos terapéuticos, avances y logros pendientes, pero haciendo énfasis en su inestabilidad psíquica, física y emocional junto con las dificultades del manejo de sus habilidades personales, emocionales y sociales.

Asimismo, sostiene que el acto es ilegal y arbitrario y ha significado una grave privación, perturbación y/o amenaza en su legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el artículo 19 de la Constitución Política de la República N°1, 2, 3, 9, 18 y 24, ya que se le ha dado a doña nombre reservado una desigual protección de sus derechos, en el caso específico, a los derechos de seguridad social que en su calidad de trabajadora le corresponden, se le negó la protección a la salud, pues se le negó la posibilidad de obtener el subsidio por incapacidad laboral, siendo privada de dineros que legalmente le corresponden, más aún cuando se trata de su remuneración. También ha burlado su derecho de propiedad, como titular cotizante y sujeto para acceder al beneficio del subsidio por incapacidad laboral justificada por licencia médica legalmente extendida.

Finaliza solicitando a esta Corte tener por presentado en tiempo y forma recurso de protección en contra de Superintendencia de Seguridad Social, ya singularizada; admitirlo a tramitación; y acogerlo, declarando que debe reestablecerse el imperio del derecho, en términos tales de que se ordene a la recurrida a autorizar las licencias médicas NUM002 y NUM003 y el pago inmediato del subsidio y cotizaciones correspondientes, como asimismo cualquier otra medida que este tribunal considere necesaria para restablecer el imperio del derecho y asegurar el debido resguardo y respeto a las garantías fundamentales de la Sra. nombre reservado, con costas. 2°.- Que, comparece la abogada Romina Ugalde Rañileo, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social y alega primeramente la improcedencia de la acción por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al Sistema de Seguridad Social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En cuanto al fondo, luego de referirse latamente al marco jurídico regulatorio de la licencia médica, descarta un acto arbitrario o ilegal de su parte, por cuanto la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social se ajusta rigurosamente a lo previsto en los artículos 2, 3, 27 y 38 de la Ley N° 16.395, modificada recientemente por la Ley N° 20.691 del año 2013; y en el Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud. Sostiene además que la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de su aplicación que fue creado por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados y en el caso de la Sra. nombre reservado, claramente su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas reclamadas.

Hace presente que tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

Finaliza solicitando a esta Corte, tener por evacuado el informe solicitado respecto de la acción de protección interpuesta por doña nombre reservado y con su mérito rechazarlo en todas sus partes, con costas. 3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo. 4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 6°.- Que la alegación de improcedencia de la acción formulada por la SUSESO, por tratarse de posibles vulneraciones del derecho a la seguridad social y no estar este bajo la protección constitucional que se pide, será desestimada, desde que consta que el arbitrio ha sido deducido por estimarse infringidas, al menos, las garantías contenidas en los numerales 1, 2, 3, y, 24 del artículo 19 del Constitución Política de la República, que sí se encuentran dentro del catálogo establecido en el artículo 20 del mismo cuerpo legal. 7°.- Que, en síntesis, la recurrente, nombre reservado, reclama en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por el acto arbitrario e ilegal que imputa, consistente el rechazo de dos licencias médicas, materializado al desestimar la reconsideración que dedujo. 8°.- Que, atendida la situación planteada por la recurrente, debe tenerse en consideración lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto Supremo N°3, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

Asimismo, el citado Decreto, en su artículo 21, indica que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica” 9°.- Que, la Superintendencia de Seguridad Social, sostuvo en la resolución recurrida, que “los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 148 días de reposo ya autorizados por la misma patología. Que, los informes médicos emitidos adjuntos, no exponen elementos psicopatológicos-diagnósticos de gravedad que permitan justificar tal extensión del reposo, así como tampoco detallan un plan de tratamiento farmacológico concordante con la extensión del periodo de reposo.” 10°.- Que, en el contexto señalado, aparece que, sin considerar necesario solicitar nuevos informes médicos, los profesionales de la Superintendencia de Seguridad Social, evacuaron sus conclusiones con los antecedentes ya aportados, sin que se decretara y evacuara una nueva evaluación de la recurrente, con el objeto de verificar su estado actual de salud, procediendo al rechazo de su reconsideración, y con ello, al pago del subsidio. 11°.- Que, conforme a lo señalado previamente, la conducta de la recurrida no se ajusta a la reglamentación que rige la materia sometida al conocimiento de esta Corte, por cuanto su decisión no aparece suficientemente fundada, al no haber decretado nuevos exámenes o disponer una evaluación médica, con el propósito de esclarecer la condición actual de salud de la actora, diligencias imprescindibles para dar mayor certeza al diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad de la recurrida, con la posterior falta de pago de la licencia médica. 12°.- Que, es así como se torna del todo arbitrario desestimar el pago de la licencia médica concedida sin ningún motivo adicional suministrado por la entidad criticada, simplemente sobre la base de la ponderación de los antecedentes tenidos a la vista, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar, frente al paciente, cualquier duda, en especial, sometiéndola a evaluaciones médicas accesorias.

Lo anterior, además, se ve reforzado, por el hecho de haber resuelto, en la misma resolución recurrida, acoger la reconsideración respecto de otras dos licencias (que no son las cuestionadas), y rechazarla, respecto de las aquí reclamadas, pues, se contó con los mismos antecedentes, y en ambos casos, se invocaron razonamientos genéricos, sin poder comprender el por qué del trato diferenciado. 13°.- Que, de esta manera, se advierte que la negativa del pago de la licencia médica que indica la actora implica de parte de la autoridad el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, al ejercitar sus derechos, en concreto, si como en este negocio se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas.

Finalmente, el rechazo de la licencia médica, mediante resoluciones carentes de fundamentación suficiente, ha privado a la actora del subsidio por enfermedad, afectándose de esta manera su derecho de propiedad, protegido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías constitucionales, se acoge, sin costas, el deducido por la abogada Carola Cifuentes Saldaña, en representación de doña nombre reservado y en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, sólo en cuanto se ordena que esta deberá disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio de la recurrente, encargue un informe pericial médico, acerca de la patología de que da cuenta el recurso, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen las licencias médicas materia de autos (NUM002, y NUM003, por 14 y 30 días, respectivamente, a contar del 21 de noviembre de 2024) y, cumplido ello, se pronuncie nuevamente acerca de su procedencia.

Notifíquese.

Redacción a cargo de la Ministra Erica Pezoa Gallegos.

ROL 614-2025 PROTECCIÒN.