nombre reservado con COLEGIO SAN BUENAVENTURA

Chillán, uno de junio de dos mil veinticuatro.

Vistos:

1°.- Que, comparece la abogada Paulina Natalia Lagos Valenzuela, domiciliada en domicilio reservado, en representación del adolescente nombre reservado, y deduce recurso de protección contra la Fundación Divina Providencia, Colegio San Buenaventura De Chillán y en contra de su director, don nombre reservado, profesor, ambos domiciliados en domicilio reservado, solicitando restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de las garantías constitucionales, con costas.

La recurrente señala ser madre de Cristóbal, de 15 años de edad, quien previo a los hechos del presente recurso, cursaba el 1ero medio B en el establecimiento educacional Colegio San Buenaventura de Chillán, del que fue expulsado.

Expone que desde el año 2022, su hijo Cristóbal ha presentado dificultades en el ámbito psicológico, estando en constante atención psicológica y psiquiátrica, siendo diagnosticado desde el mismo año con trastorno de ansiedad, trastorno de conducta opositor y desafiante, síndrome de hiperactividad con predominio de déficit atencional y actualmente con depresión con ideación suicida en algunas ocasiones, debiendo tomar las medidas para monitorear y acompañar a su hijo, llevándolo sin falta a sus sesiones psicológicas, potenciándolo en sus actividades deportivas como recreativas y en general, otorgándole todo el cariño y atención que una madre puede darle.

Agrega que en el año 2023, informó dicha situación al Director del Establecimiento en la que también estaba presente el Inspector General nombre reservado y que les solicitó apoyo especial, también para su otro hijo, Joaquín, quien conoce del estado de su hermano.

Señala la letrada que, sin perjuicio de haber informado la situación de su hijo, comenzó a notar en él que los malos episodios de salud mental se exacerbaban en la jornada escolar, siendo su propio hijo quien en varias ocasiones le manifestó que se sentiría perseguido y acosado por parte del Inspector General, ya que éste tendría un trato degradante con él, refiriéndose con expresiones tales como: “Delincuente”, “Flaite” u “Ordinario”, humillándolo por su forma de vestir o peinarse, e incluso dejándolo fuera de clases por un simple retraso, mientras que para los demás alumnos se autorizaba el ingreso sin problemas, y lo que más le ha afectado, es decirle que es una desilusión para la recurrente. Lo anterior ha sido corroborado por otros alumnos, quienes también han sido objeto de este trato degradante por parte del inspector.

Agrega que la conducta de su hijo desde el inicio de año se ha vuelto complicada al verse sometido a situaciones de estrés y, particularmente en aquellas en que considera que está siendo tratado injustamente; que este último tiempo Cristóbal se ha mantenido en constante monitoreo por su psicóloga, al manifestar ideas de tipo suicida; que cada vez que concurría al colegio a retirar a su hijo lo encontraba cabizbajo e indiferente, refiriéndose en varias ocasiones a situaciones de maltrato por parte del Inspector General; que en algunas ocasiones, en que ha tenido algún conflicto con algún compañero, se le acusa injustamente, siendo señalado como culpable sin haberlo escuchado, pero sí a los otros involucrados, otorgándoles mayor credibilidad y protección, afectándolo generando un sentimiento de indignación y malestar.

Indica que con motivo de una pelea en que se vio involucrado su hijo la primera semana de clases, se le citó a conversar con la encarga de convivencia, llegando al acuerdo que cambiaría de psiquiatra, porque tal vez podría ser diagnosticado con otro trastorno y cambiarle la medicación, sin perjuicio, de hacer presente que en el hogar no presentaba problemas. En otra ocasión, su hijo le dijo llorando que sus amigos le habían señalado que la encargada de convivencia, doña nombre reservado les había prohibido juntarse con él.

A raíz de lo anterior, en abril de este año envió un correo electrónico al inspector general con copia al director del establecimiento a fin de dar a conocer su malestar por los malos tratos que estaba recibiendo su hijo, para que tomaran conocimiento y adoptaran medidas, puesto que ya no podía mantenerse indiferente ante las situaciones relatadas.

Respecto a los hechos que motivan el recurso, relata que el 03 de abril de 2024, aproximadamente a las 10:00 horas, recibe una llamada del Inspector General para que concurriera al establecimiento a retirar a Cristóbal, a causa de una pelea con su hermano Joaquín, estudiante del mismo curso, y como se encontraba fuera de la comuna por motivos laborales, concurrió en su reemplazo su madre, doña nombre reservado, para retirar a Cristóbal, quien se entrevistó con el Inspector General señalándole que sus dos nietos habrían peleado por lo que se suspendería a Cristóbal. Luego, su madre le consulta a Cristóbal qué había sucedido, percatándose que estaba descompensado y le señala, entre otras cosas: “Estoy cansado del trato del inspector General, siempre me trata de flaite, delincuente y todo lo que sucede me responsabiliza, ayer dejaron entrar a todos los que llegaron a las 15:05 menos a mí porque me dijeron que había orden expresa que él debía autorizar y se encontraba en reunión, dejándome ingresar a las 16:20 horas cuando la clase termina a las 16:30 horas”. Lo expresado fue corroborado por otros compañeros, quienes señalaron que el Inspector General regularmente los trata de aquella forma. Asimismo, le señala que el Inspector General lo habría tomado bruscamente del brazo para sacarlo de la sala y que en el pasillo este lo habría instigado a pegarle.

Posteriormente, su madre ingresa nuevamente a Inspectoría a entrevistarse con el Inspector General, en atención a lo develado por Cristóbal y sus compañeros, sin embargo, le negó todo de forma sarcástica, riendo y provocando, constantemente, tanto a su madre como a su hijo, quien se descompensa y golpea la mesa del Inspector general, solicitando la concurrencia de Carabineros, ante la angustiante situación. Al llegar Carabineros, su madre, se encontró con la sorpresa que el establecimiento los había llamado por supuestas amenazas y lesiones, faltando gravemente a la verdad, ya que su hijo no amenazó ni lesionó a otra persona, y fue Cristóbal quien solicitó llamar a Carabineros.

Agrega que su madre se encontraba afectada señalándole entre lágrimas “como permitía que esta persona humillara de esta forma a su nieto”, indicándole a ella que conversara directamente con el director, y luego de explicarle lo sucedido, él le menciona que debía retirar a Cristóbal y que iniciaría una investigación para aclarar lo sucedido, aplicándole la medida disciplinaria (no como cautelar) de suspensión en el intertanto. Resalta que, sin perjuicio de tratarse de una pelea entre sus dos hijos, sólo hubo una imputación de responsabilidad a su hijo Cristobal, lo que a su juicio demuestra la animadversión hacia este último.

Destaca no se le entregó comunicación escrita alguna por parte del establecimiento.

Añade que el 8 de abril recibió un correo electrónico de la encargada de convivencia escolar, citándola a reunión para el 10 de abril; que en dicha reunión, se le notifica el Procedimiento de Aula Segura y se determina la medida de Expulsión en contra de Cristóbal, informándole que la solicitud de reconsideración deberá ser presentada en el plazo de 5 días hábiles, quedando plasmado en documento emitido por el director del establecimiento, junto a informe de 8 de abril firmado por la encargada de convivencia escolar doña nombre reservado.

Posteriormente, el doce de abril, solicita información por correo al Director respecto a la investigación que determinó la expulsión de su hijo, a fin de evacuar la solicitud de reconsideración, pero se le respondió que sólo se le podía entregar copia de resoluciones finales, dado que la investigación contiene declaraciones de menores de edad, lo que la posiciona en una notable indefensión al no poder controvertir los hechos de la expulsión, haciendo presente que también existe la declaración de la profesora, que no es menor de edad y las de sus hijos, que tampoco le fueron entregadas.

Agrega que se reunió con la profesora nombre reservado, quien le señaló que los hechos no habían ocurrido en la forma descrita por el colegio, ya que ella no había sido empujada intencionalmente por Cristóbal sino que ello ocurrió al tratar de separar a los jóvenes que peleaban.

Señala que el 16 de abril remitió por correo electrónico la solicitud de reconsideración de la medida de expulsión; que el 23 del mismo mes le notificaron por la misma vía la aplicación de la medida de expulsión, señalándole el plazo para presentar reconsideraciones e informándole que la reconsideración presentada era improcedente ya que debía presentarse como descargos, lo que en su concepto no es efectivo, debido a lo que se le comunicó el 10 de abril fue la determinación de aplicar la medida de expulsión por el procedimiento de aula segura, por lo que la reconsideración sería procedente.

Destaca que tuvo a la vista los siguientes documentos: a) Resultados (sic) que determina aplicar la expulsión notificada el 10 de abril por el director, acompañado con su respectivo informe concluyente de investigación de 8 de abril, que señala “nombre reservado se trenza a golpes con su compañero de curso y hermano Joaquín”; b) Informe de investigación de 8 de abril, realizado por la encargada de convivencia escolar, que señala que Cristóbal y Joaquín se golpean violentamente, poniendo en riesgo la seguridad tanto de la docente como de sus compañeros, donde aquella resulta violentada (empujada) (cuestión que niega la profesora señalando que no fue intencional); c) Resultados (sic) que nuevamente determina aplicar la medida de expulsión, notificada el 23 de abril, señalando que la determinación fue el 17 de abril, el cual señala: “que su hijo (no especifica cuál de mis dos hijos) agredió mediante golpes de puño al interior de la sala de clases a su hermano y alumno del establecimiento, ambos alumnos se golpean en mi presencia con golpes de puño en el rostro y de manera reiterada, sin respetar ningún tipo de advertencia que lograra determinar dicha situación, los intentó separar a lo que la acción violentada lleva a empujarme desplazándose con fuerza. d) Parte policial de 3 de abril obtenido que señala “en instantes que dos alumnos comenzaron a agredirse mutuamente, los cuales son dos hermanos de nombre Joaquín y nombre reservado de 14 y 15 años respectivamente, no logré separarlos porque sus agresiones eran muy fuertes entre combos y patadas (jamás señaló que fue empujada).

También relata que una apoderada del colegio le comentó que estaban obligando a los niños a declarar que Cristóbal le había pegado un combo a su hermano y que su hijo le había comentado que esto había ocurrido en un contexto de juego, que es lo mismo que le señalan a ella sus hijos.

Manifiesta que el diecisiete de abril, la profesora informó a los alumnos que iba a presentar licencia y ausentarse por dos semanas; que el Inspector General, una vez notificado de la denuncia efectuada por ella por los tratos degradantes hacia su hijo, también presentó licencia.

Agrega que el resultado final le fue enviado a su correo el dos de mayo y que señala que el 30 de abril se resolvió por el consejo de profesores confirmar la medida de expulsión por Ley Aula Segura; que dicho consejo se realizó mientras el segundo plazo de reconsideración estaba vigente; que el 30 de abril presentó nuevamente solicitud de reconsideración, la que no fue tomada en cuenta, con la comunicación de la aplicación de medida de expulsión antes referida. Precisa que en dicha resolución final, se señala: “por cuanto la falta cometida es de las más graves contempladas en nuestro reglamento”, sin expresar cuál fue la falta y con argumentos confusos, toda vez que el diez de abril se le señaló que el motivo era que los hechos afectan gravemente a la convivencia escolar.

Hace presente, que su hijo Cristobal se mantuvo en el colegio hasta el día de su expulsión; que en ese periodo se mostró tranquilo; que no se volvió a ver envuelto en conflictos de ningún tipo y que tal situación pudo darse en atención a la falta de contacto con el Inspector General.

En cuanto al derecho, cita el artículo 19 de la Constitución Política de la República y sostiene que la presente acción se dirige en contra del acto cometido por la recurrida Establecimiento Educacional Colegio San Buenaventura de Chillán, consistente en la medida de expulsión contra su hijo Cristobal, decretada sin fundamentos legales, careciendo de imparcialidad, dentro de un contexto de acoso y maltrato por parte del Inspector General, en un procedimiento viciado e irregular.

Explica que dicho acto es ilegal y arbitrario en dos aspectos, de fondo y forma. Respecto al fondo, sostiene que la medida fue decretada en base a fundamentos que no se ajustan a la ley Aula Segura, ya que el establecimiento el 10 de abril determinó la expulsión por considerar que se afecta gravemente la Convivencia Escolar, al causar daño a la integridad física de un miembro de la comunidad escolar, sin embargo la ley establece un “estándar” de lo que debe entenderse como un daño a la integridad física, exigiéndose, como resultado del acto, que se hayan producido lesiones, circunstancia que es descartada con el parte policial de Carabineros N°167 de la Segunda Comisaría de Chillán, por lo que concluye que la causal legal que invoca el establecimiento para aplicar la sanción de expulsión, esto es, la afectación grave a la convivencia escolar, no se configura en la forma requerida por la ley.

Añade la existencia de un actuar doloso por parte del establecimiento en perjuicio de su hijo Cristóbal al modificar y alterar la dinámica de los hechos en su perjuicio, a fin de fundamentar la decisión de expulsión, lo que queda de manifiesto en la comunicación de 23 de abril, en la que el establecimiento señala que los hechos de 03 de abril habrían versado sobre una agresión cometida por parte de Cristóbal en perjuicio de su hermano Joaquín, basándose en lo narrado por la profesora, quedando expuesta la mala fe del recurrido, al indicar a Cristóbal como el “agresor” y a Joaquín como la “Víctima”, conclusión que no puede extraerse de la declaración, ya que ambos estudiantes se agreden mutuamente pero solamente Cristóbal fue sancionado y sujeto al procedimiento de Aula Segura lo que deja entrever una parcialidad en perjuicio de Cristóbal. Indica también que el establecimiento decidió la expulsión a pesar de existir situaciones de maltratos denunciadas que no tuvieron respuesta, ya que fue determinada por el Sr. director sin tomar en consideración el maltrato sufrido por su hijo y los efectos que le generaron en su salud mental. Hasta el día de hoy no ha tenido respuesta por parte del director, aun cuando le fueron informadas personalmente dichas situaciones, las que fueron incluidas como hechos a tener presente en el procedimiento de Aula Segura, resaltando la gravedad que el maltrato proviene de una persona que tiene el deber de protección, cuidado y respeto hacia los niños, niñas y adolescentes que están bajo su cuidado.

En cuanto a la forma, señala deficiencias en la notificación de la medida de suspensión y del inicio del procedimiento, ya que no se le entregó por parte del establecimiento algún tipo de comunicación escrita al estudiante, infringiendo lo dispuesto en el artículo 1 N° 3 de la ley Aula Segura, ya que fue comunicado verbal y escuetamente en la oficina del director a la apoderada suplente, abuela, de manera que no habría conocimiento de los fundamentos por los cuales se inicia el procedimiento, ni los plazos para presentar descargos, vulnerándose el derecho a ser oído e informándose a la madre de la recurrente la suspensión de 5 días como medida disciplinaria y no como medida cautelar tal como prescribe la Ley. Enfatiza que la decisión de expulsión estaría previamente acordada, de acuerdo a las comunicaciones remitidas por el establecimiento donde se informa la decisión de expulsar al estudiante el 10 de abril. Sin embargo, en la comunicación de 23 de abril, se informa la aplicación de la misma medida, la cual supuestamente habría sido acordada tras deliberación realizada el 17 de abril del presente, deliberación que resulta del todo ilógica pues la medida ya había sido acordada. Lo anterior lo reafirma con el informe de 8 de abril que señala que se cita a la apoderada a efectos de notificar la determinación de aplicar la sanción de expulsión, lo que resulta contrario a un juicio previo, racional y justo, establecido en el DFL 2 de 1998 del Mineduc y carta fundamental, pues las decisiones fueron tomadas en instancias previas a su resolución.

Precisa que desde un punto de vista procesal, y respecto a lo señalado precedentemente, la resolución que determina la sanción de expulsión puede ser asimilada a la sentencia, por lo que resulta contrario a la lógica procesal y a los principios del debido proceso, volver a evacuar el mismo acto por haberse consumado el 10 de abril; que entre una y otra resolución el establecimiento modificó expresamente las motivaciones y antecedentes para resolver la expulsión; es decir, emiten una sentencia y al percatarse que esta carece de fundamentos, vuelven a emitirla con otros fundamentos.

Destaca que las comunicaciones remitidas por el establecimiento son confusas y que inducen a error, puesto que la efectuada el 10 de abril informa la determinación de aplicar la sanción de expulsión y el plazo para la reconsideración dentro de los 5 días hábiles, y la de 23 de abril vuelve a comunicar lo anterior e indicando además que la reconsideración presentada no tenía cabida ya que debían presentarse como descargos, lo que a su juicio produce una verdadera confusión acerca de las etapas del procedimiento y la forma de ejercer una debida defensa. Sin perjuicio de ello, de la primera y segunda comunicación, donde nuevamente informan plazo para presentar reconsideraciones, entre los días 24 y 30 del mismo mes, en comunicación enviada el 02 de mayo le informan que el Consejo de Profesores se habría reunido el 30 de abril para adoptar la decisión final, es decir, dentro del mismo plazo de reconsideración, por lo que sostiene que no se habrían respetado los plazos para presentar las defensas.

Señala que el procedimiento de aula segura se produce en relación a un hecho específico ocurrido el 03 de abril de 2024, pero se utilizan de fundamento adicional sucesos ocurridos con anterioridad, lo que no corresponde por exceder del objeto del procedimiento de dicha Ley. Refiere que en el DFL 2 de Ministerio de Educación, se establecen 2 tipos de procedimiento, uno ajustado al reglamento interno, y el procedimiento de Ley Aula Segura, que establece causales específicas y plazos acotados. En este caso la parte recurrida hace mención a otros hechos, confundiendo los procedimientos. También destaca que conforme al DFL 2 de Ministerio de Educación, el reglamento de convivencia escolar, debe ser informado y notificado a los padres y apoderados para lo cual se debe entregar una copia al momento de la matrícula o de su renovación cuando éste haya sufrido modificaciones, dejándose constancia escrita de ello, mediante la firma del padre o apoderado correspondiente, lo que no ha ocurrido en el presente caso, encontrándose únicamente publicado en la página web; que sin perjuicio de ello, el reglamento de la página web no hace mención a este nuevo procedimiento y sus causales no están claramente escritas, pues sólo hace mención a la expulsión según ley vigente.

Afirma que el acto es arbitrario o ilegal al no incorporar el establecimiento, el procedimiento de Aula Segura en su reglamento; que conforme a la Ley Aula Segura se entiende que afectan gravemente la convivencia escolar las agresiones físicas que produzcan lesiones; y que el DFL 2 de Ministerio de Educación, resguarda el principio del interés superior del niño, al momento que un NNA sea expulsado.

Destaca que el recurso de protección, es el mecanismo especial idóneo, rápido y eficaz para restablecer sus derechos conculcados, siendo además su hijo sujeto de protección, por vulneración graves de sus derechos, según consta en causa RIT- P-650-2024 del Juzgado de Familia de Chillán.

Concluye que el acto arbitrario e ilegal perturba y amenaza el derecho a la vida e integridad física y psíquica de su hijo, la igualdad ante la ley y el derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos (vulnerándose el debido proceso) , asegurados en el artículo 19 N° 1, 2 y 3 respectivamente, de la Constitución Política de la República, privándolo además de su legítimo derecho a la educación regulado en el artículo 19 N° 10, el cual sin embargo no es objeto del presente recurso a pesar de ser una garantía fundamental de todas las personas.

Explica que dicha perturbación y privación ha menoscabado la integridad psíquica de su hijo, como efecto directo de haber sido expulsado de manera arbitraria e ilegal en un contexto de maltrato y acoso por parte del Inspector General; que tal circunstancia genera hasta el día de hoy una situación de malestar y tristeza en Cristóbal, quien entiende que ha sido todo injusto pues fue sancionado sin presumir su inocencia; que Cristóbal se encuentra en enseñanza media y debe prepararse para la universidad; que tiene antecedentes de salud graves por el actuar del recurrido; que está preocupado de sus inasistencias y la pérdida de clases; que tiene temor de tener que ingresar a un colegio en que pueda verse enfrentado a algún factor de riesgo en su calidad de adolescente; y que actualmente se encuentra con trastornos del sueño, lo que además afecta a su entorno familiar.

Añade que se ha vulnerado el debido proceso, en atención a los vicios e irregularidades que le impidieron ejercer una adecuada defensa; que la garantía de un juicio racional y justo se ve totalmente invalidada cuando ocurren situaciones como la falta de notificación adecuada del inicio de un procedimiento, la existencia de duplicidad de decisiones finales, la dictación de resoluciones que confunden e inducen a error, la vulneración de los plazos para presentar reconsideraciones, la inclusión de hechos que están fuera del objeto del procedimiento y el incumplimiento de normativa básica en cuanto a los Reglamentos Internos, que implican un grave perjuicio a la posibilidad de contrarrestar adecuadamente las imputaciones en contra de su hijo Cristóbal, como también la bilateralidad de la partes, presunción de inocencia y derecho a ser oído.

Finalmente, la garantía de igualdad ante la ley, conforme a la cual ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias ha sido vulnerada, pues dentro de esa misma semana ocurrieron tres peleas dentro del establecimiento, con sus respectivas denuncias en la Superintendencia de Educación y también con la llegada de Carabineros y ninguno de los involucrados fue expulsado. Dicha vulneración también queda manifiesto en el hecho de que su otro hijo tampoco haya sido sancionado.

Termina solicitando que se acoja el presente recurso de protección en todas sus partes con expresa condenación en costas de la recurrida, ordenándose: 1.- La reincorporación inmediata de su hijo nombre reservado, al establecimiento educacional Colegio San Buenaventura de Chillan al nivel 1 ° medio B. 2.- Tomar todas las medidas necesarias para el resguardo la integridad física y psicológica de mis hijos en relación a las situaciones de maltrato descritas en el presente recurso, teniendo especial resguardo en relación a los problemas de salud mental que enfrenta Cristóbal. 3.- Tomar todas las medidas necesarias para una adecuada reincorporación académica, en cuanto a que se le integre en todas las materias y evaluaciones. 4.- Demás que V.S.I estime pertinente.

2°.- Que, comparece en representación del Colegio San Buenaventura de Chillán, el Director, don nombre reservado, quien evacúa el informe solicitado en estos autos, y pide el rechazo del recurso en todas sus partes en atención a que su actuar se ha ajustado a la normativa vigente.

Refiere que el estudiante nombre reservado, fue integrante de la comunidad desde el año 2014, y que la recurrente señora nombre reservado, es madre y apoderada de Cristóbal y de Joaquín; que desde el año 2022, Cristóbal viene con un cambio de actitud negativo, siendo derivado en diversas situaciones de convivencia escolar, en el que protagonizaba acciones que no se ajustaban a la sana convivencia, al incurrir en agresiones físicas y verbales con compañeros del establecimiento, manteniendo una actitud desafiante y displicente con sus profesores, no respetando normas ni instrucciones, todo lo cual está registrado en la hoja de vida del estudiante que da cuenta desde el año 2022 a la fecha, de la existencia de registros realizados por diversos profesores que consignan las actitudes de Cristóbal, como el abandono del aula sin autorización, interrupción de clases, ver películas en el teléfono, contestar de manera desafiante a docentes e inspectores, agresiones a otros estudiantes entre otras, siendo puestas en conocimiento de doña nombre reservado, dejando registro de ello en las hojas de vida del estudiante, las cuales se encuentran con su firma en señal de toma de conocimiento, por lo que tenía conocimiento del comportamiento de su hijo desde el año 2022.

Hace presente el recurrido que, Cristobal repitió de curso el año 2022, quedando en el mismo curso que su hermano Joaquín. Agrega, que debido a su comportamiento, la recurrente fue citada en reiteradas ocasiones por la Encargada de Convivencia Escolar, el Inspector General como el Director, para que tomara conocimiento de los hechos, y de las medidas de apoyo que se entregaron.

Manifiesta que durante el año 2023, el adolescente fue denunciado por un apoderado del mismo curso, mediante medida de protección interpuesta en favor de su hija con diagnostico TEA, en causa rol P-2725-2023, producto de burlas y molestias reiteradas, en el cual Tribunal de Familia de Chillán no dio lugar a la medida, pero remitió los antecedentes al establecimiento y a la Superintendencia de Educación para la investigación, lo que derivó en el proceso administrativo sancionador REX 2024/FC/16/0130, vigente a la fecha.

Relata que el 3 de abril del presente, durante la jornada de clases, en circunstancias que se desconocen, Cristóbal se ve envuelto en una riña con su hermano Joaquín, en una situación de descontrol, en presencia de los compañeros de curso y de la profesora que se encontraba a cargo, siendo esta última empujada al intentar separarlos, quien producto de ello, pidió ayuda inspector general interviniendo a controlar la situación. Se llamó a la apoderada, doña nombre reservado, quien no concurre, sino que lo hace la apoderada suplente, la abuela materna de los estudiantes. En dicha entrevista, Cristóbal, alterado y sin control increpa al inspector general, dando con su puño un golpe en el escritorio rompiendo el taco de calendario, debiendo intervenir el Director para controlar la situación.

En virtud de los hechos, agrega el recurrido que el establecimiento notificó en dicho instante el inicio del procedimiento aula segura, en el marco de la ley 21.128, decretándose la medida cautelar de suspensión de clases para resguardar la integridad física de los miembros de la comunidad educativa. De forma paralela, activó el protocolo de maltrato de adulto a estudiante a fin de investigar las acusaciones que se realizaron en contra del inspector general señor nombre reservado, el cual se concluyó en que no existió maltrato físico o psicológico hacia el estudiante Cristóbal. Añade que, pese a la suspensión, tanto el adolescente como la recurrente, hicieron caso omiso, al no respetar el Reglamento Interno, concurriendo de igual forma al establecimiento, pese de estar desarrollándose la investigación referida. Sostiene que una vez más la recurrente se muestra indiferente con la normativa del establecimiento; que pese a las reiteradas citaciones, la recurrente no concurrió al establecimiento en las fechas indicadas, justificándose al ser funcionaria de una repartición pública, abogada, y que dado su trabajo no puede asistir en cualquier momento.

Describe que realizada la investigación, el diez de abril se le notifica por correo certificado a su domicilio, de la resolución que da cuenta de la expulsión de Cristóbal, quien además tenía condicionada la matrícula, y del derecho a apelar de la medida, y el plazo para ello. La apoderada presentó la apelación, siendo conocida y sometida, conforme a la ley, a consulta del consejo de profesores y profesoras, quienes de forma unánime se pronunciaron rechazando la apelación, lo que llevó al Director a rechazarla, confirmando la aplicación de la medida disciplinaria de expulsión, decisión que se da a conocer mediante resolución fundada y detallada de todos los aspectos tenidos en consideración a la hora de determinar la medida.

Añade que el adolescente, entre los meses de marzo y abril, se vio involucrado en la activación de tres protocolos de actuación sobre situaciones de maltrato escolar.

En cuanto a las licencias médicas indicadas por la recurrente, señala que estas han sido otorgadas a los funcionarios por sus médicos tratantes, no siendo carga de su parte acreditar o pronunciarse sobre el tiempo del reposo ni la efectividad del diagnóstico. Recalca que la profesora que se encontraba en el aula y el inspector general son funcionarios de trayectoria en el establecimiento, quienes cuentan con la idoneidad profesional y moral para trabajar con menores, no registrando antecedentes ni inhabilidades para trabajar en colegios.

Precisa que toda actuación fue notificada junto con las copias de las resoluciones, y que las solicitudes de antecedentes por parte de la recurrente lo fueron solo por correo electrónico, no concurriendo a las citaciones presenciales para conversar del tema con la dirección. Asimismo, agrega que la recurrente además de la acción de autos, presentó en contra del inspector general una medida de protección y una denuncia en Carabineros de Chile, y una denuncia en la Superintendencia de Educación en contra de este establecimiento que actualmente se encuentra en tramitación.

Señala que la recurrente hizo llegar un informe psicológico de Cristóbal, emitido el 5 de abril de 2024, con posterioridad a la ocurrencia de los hechos que motivaron el procedimiento aula segura, el que da cuenta de los diagnósticos del estudiante y algunas recomendaciones para tratar con él, y tiene además, otro informe de septiembre del año 2022. En ambos informes el diagnóstico y recomendaciones son similares, lo que darían cuenta de un nulo avance, orientando el trabajo al colegio no vinculado al apoyo familiar.

Sostiene que la conducta desplegada por Cristóbal, es de aquella descrita como falta gravísima contemplada en el Reglamento Interno, manifestando que la recurrente, siendo la apoderada y madre, abogada, tiene conocimiento y acceso a la información por sobre el promedio de un apoderado, por lo que consideran no podría alegar desconocimiento o haber perdido oportunidades para ejercer las acciones en el marco del debido proceso, cuestión que queda de manifiesto en todas las acciones que ella realizó en contra del establecimiento y el inspector general ante el Tribunal de Familia de Chillán.

Respecto al derecho, indica que la recurrente busca mediante la acción de protección invalidar la media adoptada para que Cristóbal sea reintegrado a la comunidad educativa. Cita el artículo 76 de la Constitución Política de la República y el artículo 8° del Código Civil, indicando que la recurrente no podría alegar desconocimiento de la ley 21.128 por ser ley vigente. Agrega que el Decreto con Fuerza de Ley N° 2 del año 2010 del Ministerio de Educación, faculta a las comunidades educativas a acordar sus normas mínimas de convivencia en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar; que la ley 21.128, establece el procedimiento que debe aplicarse con ocasión de la ocurrencia de hechos que afecten gravemente la convivencia escolar, señalando cuáles son las conductas que afectan gravemente la convivencia y en quienes recae la responsabilidad de tales conductas. Cita lo dispuesto en el numeral 3, respecto al procedimiento sancionatorio que debe iniciar el director ante conductas graves o gravísimas establecidas en los reglamentos internos y que afecten gravemente la convivencia escolar, y concluye que de acuerdo a ello, y los antecedentes que se acompañan, el establecimiento cumplió con todos los requisitos que exige la norma, y que, además, no concurrían circunstancias previas que permitieran modificar la responsabilidad del adolescente, como circunstancias atenuantes, por el contrario, con los antecedentes tenidos a la vista, y con el comportamiento que mantenía solo permitía confirmar la sanción aplicada.

En cuanto a la falta de notificación y entrega del reglamento de convivencia escolar que alega la recurrente, argumenta que el DFL 2 de Ministerio de Educación indica que los reglamentos internos deberán ser informados y notificados a los padres y apoderados, entregándoles una copia al momento de la matrícula o de su renovación, dejándose constancia mediante la firma del padre o apoderado correspondiente. Indica que la entidad educativa pone a disposición de la comunidad el Reglamento Interno de Convivencia Escolar en formato físico en la institución y en formato digital a través de su página web, el cual no puede ser modificado a voluntad, ya que debe pasar por aprobación previa en el Consejo Escolar. Además, copia del Reglamento Interno vigente para el año 2024 ha sido enviado a la autoridad respectiva. No obstante lo anterior, aunque no hubiera sido así, la ley 21.128 no establece que la actualización de los Reglamentos Internos conforme a sus disposiciones sea una condición que postergue la entrada en vigencia del procedimiento que dicha ley incorpora, de modo que sus disposiciones deben ser observadas, con independencia de si los reglamentos de los establecimientos educacionales se encuentren ajustados o no a la referida esta normativa.

Concluye que, de los antecedentes agregados al proceso, no existe ningún elemento de convicción que permita acreditar la existencia de un acto arbitrario o ilegal imputable a su parte y que pudiera significar una privación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales del recurrente, sino que la conducta se ha ajustado a las previsiones legales contendidas en la ley 21.128, informándose en todo momento de las actuaciones y otorgándose las instancias para que la recurrente o su hijo hicieran las alegaciones pertinentes. Además, señala que en todo momento se tuvo a la vista el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, por el deber de garantizar la seguridad, la integridad física y psíquica de los estudiantes y funcionarios, por ello, pese a la suspensión decretada como cautelar, la que no fue cumplida, en resguardo del interés superior de Cristóbal permitió que durante la investigación estuviera en el establecimiento, no siendo privado de acceder al establecimiento, sin embargo, el resguardo del interés superior de NNA, alcanzaría además el velar por los interés de todos los estudiantes, y que quienes son los primeros llamados a velar por el interés superior de NNA son las familias, remitiendo la información oportuna y fidedigna de diagnósticos médicos, que deben orientar en las estrategias de abordaje de situaciones de desregulación.

Pide tener por evacuado el informe, rechazando la acción en todas sus partes, con costas.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, en la especie la recurrente reclama contra la expulsión del alumno nombre reservado, la que habría tenido lugar, según lo referido por la recurrida, en el contexto de aplicación de la Ley “Aula segura” y que a juicio de la actora resulta arbitraria e ilegal, entre otras infracciones porque no se señalan los hechos que constituyen la infracción al reglamento escolar, ni sus fundamentos y que la sanción no es más que el corolario de una persecución en contra del alumno, y sin que se configuren los requisitos para aplicar la normativa citada.

Por su parte la recurrida, indica haber informado el inicio del procedimiento, resuelto la petición de reconsideración y puesto los antecedentes en conocimiento del consejo de profesores, órgano que dispuso mantener la sanción de expulsión, por lo que en su entendido, no habría arbitrariedad o ilegalidad en su conducta.

7°.- Que, para resolver acerca de la legalidad del acto impugnado, es pertinente dejar asentados los siguientes hechos, que se desprenden de las alegaciones de las partes y los documentos acompañados:

a.- El 3 de abril de 2024 el alumno nombre reservado estuvo involucrado en una pelea dentro del colegio San Buenaventura de Chillán.

b.- En dicha pelea participó su hermano Joaquín y a lo menos un compañero más.

c.- Con motivo de la pelea, el colegio decide aplicar únicamente a Cristóbal el procedimiento establecido en la Ley 21.128 y lo suspende de inmediato por cinco días.

d.- Durante los días 3 a 10 de abril se llevó a cabo la investigación.

e.- El 10 de abril el Director se entrevistó con la apoderada y le notificó que el 3 de abril se había iniciado el proceso Aula Segura; que a partir de esa fecha se le impuso la medida disciplinaria de suspensión por cinco días; que se determinó la expulsión de Cristóbal y que dispone de cinco días hábiles para pedir reconsideración de la medida.

f.- El 16 de abril de 2024 la apoderada presentó reconsideración de la medida de expulsión.

g.- El 18 de abril el consejo de profesores ratifica la medida.

i.- El 2 de mayo de 2024 la dirección del colegio San Buenaventura de Chillán notificó por correo electrónico a doña nombre reservado, madre de Cristóbal, el fallo proceso Aula Segura.

8°.- Que el artículo 6° del Decreto con fuerza de ley N° 2, del Ministerio de Educación, de 1998 establece los requisitos que deben cumplir los establecimientos de enseñanza para impetrar el beneficio de la subvención y dentro de ellos se encuentra el de contar con un reglamento interno que rija las relaciones entre el establecimiento, los alumnos y los padres y apoderados.

Dicho requisito se regula extensamente en la letra d) del referido artículo, y fue objeto de modificaciones a partir de la entrada en vigor de la Ley 21.128, conocida como “Aula Segura”, incorporándose los siguientes párrafos décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto y décimo sexto:

"El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en los reglamentos internos de cada establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley.

El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento, y que conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley.

El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. En dichos procedimientos se deberán respetar los principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros.

Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta culminar su tramitación. La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como son la expulsión o la cancelación de la matrícula." 9°.- Que, si bien el colegio recurrido afirma que la apoderada suplente del alumno fue notificada verbalmente del inicio del procedimiento “Aula Segura”, lo cierto es que, por un lado, ello no fue acreditado, y por otro, de ser efectivo, dicha forma de notificación se aparta de lo establecido en el artículo 6 letra d) del Decreto con fuerza de ley N° 2, del Ministerio de Educación, de 1998 y sus modificaciones, transcritas más arriba.

En efecto, al haberse iniciado el proceso “Aula Segura” y haberse dispuesto la medida cautelar de suspensión, la notificación debía hacerse al alumno y a su apoderado por escrito, junto con los fundamentos de la decisión, lo que no se hizo en el caso de marras.

Asimismo, consta de los antecedentes, que recién el día 10 de abril, cuando ya había concluido la investigación se notifica de ella a la madre y se le señala que dispone de cinco días hábiles para presentar una reconsideración de la medida de expulsión, ya decidida ( sin perjuicio de que más adelante se le representa que debió presentar descargos y no reconsideración).

De otra parte, resulta claro que no se permitió a la apoderada conocer el contenido de la investigación ni solicitar o rendir prueba.

10°.- Que, de esta forma, la decisión de expulsar del colegio al alumno nombre reservado, no ha sido precedida de un debido proceso, pues no se han respetado los principios de presunción de inocencia, bilateralidad y derecho a presentar pruebas, expresamente consagrados en la ley.

Tal actuación en consecuencia, resulta ilegal y arbitraria, por cuanto no emana de un procedimiento previo y legalmente tramitado, afectándose la garantía de igualdad ante la ley invocada por la recurrente, en razón de lo cual el presente recurso debe ser acogido.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Paulina Natalia Lagos Valenzuela, en representación del adolescente nombre reservado, contra la Fundación Divina Providencia, Colegio San Buenaventura de Chillán y en contra de su director, don nombre reservado, y en consecuencia se ordena la reincorporación del adolescente al establecimiento recurrido, debiendo adoptarse por la Fundación Educacional todas las medidas necesarias para regularizar su situación académica.

Notifíquese, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección y regístrese.

Procédase a la anonimización de la sentencia, en los términos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema Redacción a cargo de la Ministra Erica Pezoa Gallegos, quien no firma por encontrarse con licencie médica.

Asimismo no firma el abogado integrante señor Ortega, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente.

Rol 613-2024 Protección.