nombre reservado con SERVICIO NACIONAL MIGRACIONES

CORTE DE APELACIONES DE CHILLÁN ROL N° PROTECCIÓN-611-2026 Chillán, catorce de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos:

1° A folio 1, comparece el abogado don Pablo Daniel Peñaloza Parra, en representación de don nombre reservado, de nacionalidad turca, con cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región de Ñuble, interponiendo acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado legalmente por don nombre reservado, por la omisión arbitraria e ilegal en que ha incurrido en la tramitación de su solicitud migratoria.

El recurrente sostiene que su representado ingresó al país de manera regular en calidad de turista, y una vez en el territorio nacional procedió a regularizar su situación migratoria, obteniendo una visa de residencia temporaria con el fin de desarrollar su proyecto de vida dentro del país. Con fecha 29 de diciembre de 2025, solicitó el beneficio migratorio de residencia definitiva, trámite al cual se le asignó el identificador N° 74884783, constando en el respectivo comprobante de solicitud.

Asevera el actor que a la fecha de la interposición del recurso, es decir, el 6 de julio de 2026, han transcurrido aproximadamente seis meses y cuatro días sin que la autoridad recurrida haya emitido la resolución exenta terminal que apruebe o rechace su solicitud de residencia definitiva. Sostiene que esta dilación prolongada e injustificada constituye una omisión arbitraria e ilegal que vulnera de manera permanente sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley.

En cuanto a las consecuencias de la omisión reclamada, el recurrente detalla extensamente que el actor se encuentra en un estado de profunda incertidumbre y de perjuicio continuo en su vida cotidiana. Manifiesta que, al no contar con una cédula de identidad físicamente renovada y vigente, se ve severamente limitado para realizar diversos trámites de primera necesidad frente a distintas instituciones públicas y privadas. Expone que de forma verbal se le exige sistemáticamente la presentación de una cédula de identidad vigente para realizar cualquier tipo de contratación o ejercicio legal. Entre las limitaciones específicas, describe la imposibilidad de contratar servicios esenciales, abrir o renovar productos bancarios, solicitar créditos financieros, postular a mejores oportunidades de empleo acordes a sus calificaciones y renovar o solicitar su licencia de conducir. Sostiene que si bien la normativa señala que la solicitud de permanencia en trámite le confiere un estado de residencia regular, en el plano pragmático esto no corresponde a la realidad de quien se encuentra en dicha situación.

Asimismo, el recurrente alega que la excesiva demora del Servicio le genera incertidumbre respecto a la posibilidad de reunificarse con sus familiares en el territorio nacional, ya que la resolución favorable de la permanencia definitiva es un requisito sine qua non exigido por la autoridad migratoria para dar inicio a los trámites de reunificación familiar. De esta manera, estima conculcado además el derecho a la protección de la familia.

Con la finalidad de fundamentar la ilegalidad de la omisión, invoca las disposiciones de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, citando especialmente los artículos 4, (principio de escrituración, gratuidad, celeridad y economía procedimental), 7 (principio de celeridad), 9 (principio de economía procedimental), 23 (obligatoriedad de plazos para la administración) y 27. Sostiene que el artículo 27 de la referida ley establece de forma perentoria un plazo de seis meses para la conclusión de los procedimientos administrativos, salvo caso fortuito o fuerza mayor. Asevera que el plazo de seis meses es fatal y obliga a las autoridades públicas, de manera que su incumplimiento genera la ilegalidad del actuar posterior.

El recurrente sostiene que la autoridad migratoria no puede justificar la demora basándose de forma abstracta en la cantidad masiva de solicitudes pendientes, ya que ello pugna con el deber constitucional de servicialidad del Estado prescrito en el artículo 1° inciso cuarto de la Constitución.

Aduce que la Administración debe adoptar las medidas oportunas para dar cumplimiento a los plazos legales, no pudiendo trasladar el costo del colapso del sistema informático o la falta de personal al ciudadano. Al efecto, cita jurisprudencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción en causa Rol N° 48188-2022, en la que se descartó la procedencia de caso fortuito por la crisis sanitaria y se ordenó resolver de inmediato las solicitudes.

En respaldo de sus alegaciones relativas a la ineficiencia de la recurrida, el actor acompaña el Informe Final N° 178/2022 de fecha 12 de mayo de 2023, emitido por la II Contraloría General de la República, derivado de una auditoría al Servicio Nacional de Migraciones. Destaca que en dicho informe se constataron retrasos sistemáticos de entre 180 y 990 días corridos en la tramitación de residencias temporales y definitivas, así como la existencia de más de 158.000 solicitudes de permanencia definitiva sin gestionar al mes de agosto de 2022 en la plataforma 'SIMPLE'. Asimismo, señala que dicho informe acreditó la caída del sistema informático 'B-3000' en octubre de 2021, provocando la pérdida de datos y postulaciones que impidieron garantizar la eficiencia de la función pública, vulnerando el artículo 3° inciso segundo y 5° de la Ley N° 18.575.

Finalmente, para justificar la procedencia del recurso, el recurrente rechaza la aplicabilidad del silencio administrativo positivo como vía idónea en reemplazo de la acción constitucional, afirmando que el recurso de protección es la vía escogida para amparar de forma directa las garantías vulneradas ante omisiones arbitrarias, no siendo necesario el agotamiento de la vía administrativa conforme al criterio de la Corte Suprema en causa Rol Civil N° 81212-2021. Cita jurisprudencia uniforme de la Corte de Apelaciones de Concepción en causas Rol N° 3564-2022 y N° 74521-2022, y de la Excelentísima Corte Suprema en causas Rol Civil N° 12629-2022 y N° 22692-2022, las cuales acogieron recursos de idéntica naturaleza con expresa condena en costas al Servicio. En virtud de lo anterior, solicita acoger el recurso y ordenar al Servicio pronunciarse en un plazo improrrogable de 30 días, con costas.

2°. A folio 7, el abogado don Manuel Ignacio Espinoza Belmonte, en representación y como mandatario judicial del Servicio Nacional de Migraciones, evacua el informe requerido solicitando el rechazo total del recurso de protección, con expresa condena en costas al actor.

En cuanto a los hechos de la causa, la recurrida expone que el extranjero efectivamente solicitó la residencia definitiva con fecha 12 de diciembre de 2025, bajo el identificador ID N° 74884783. No obstante, hace presente de manera enfática que la solicitud no se encuentra paralizada, inactiva o desatendida. Al respecto, informa que la postulación ya ha superado con éxito las etapas de admisibilidad y el análisis de fondo de los antecedentes, encontrándose desde el 3 de junio de 2026 en la etapa final de 'Firma' del acto administrativo, por lo que se está sustanciando el procedimiento con un tiempo global menor a un año, restando únicamente la rúbrica y dictación final de la resolución correspondiente conforme al artículo 146 de la Ley N° 21.325.

Respecto de la legalidad de la tramitación, el Servicio recurrido desarrolla latamente argumentos de derecho. En primer lugar, precisa el concepto de residencia definitiva consagrado en el artículo 78 de la Ley N° 21.325, así como las potestades del Servicio establecidas en el artículo 37 del mismo cuerpo legal. En segundo lugar, y en relación al plazo de seis meses contemplado en el artículo 27 de la Ley N° 19.880, sostiene que dicho término entra indiscutiblemente en la categoría de los plazos 'no fatales' para la Administración del Estado. Fundamenta esta tesis señalando que la ley no establece de forma expresa una sanción de caducidad de la competencia o nulidad del acto con posterioridad al vencimiento del plazo, por lo que este debe interpretarse como una norma de ordenación procedimental de carácter referencial y prudencial, que obliga a la Administración a pronunciarse en un plazo razonable, pero que no le impide actuar tardíamente.

El Servicio sostiene que esta interpretación ha sido zanjada de forma definitiva y uniforme por la Excelentísima Corte Suprema, en sentencia de unificación de criterios de fecha 20 de marzo de 2023, causa Rol N° 115064-2022 con el objeto de unificar la jurisprudencia dispersa de los tribunales inferiores del país. En dicho fallo, el máximo tribunal determinó expresamente en su considerando Décimo que el plazo del artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es fatal y que la obligación de la Administración consiste en pronunciarse dentro de un término razonable.

Asimismo, la recurrida argumenta la inexistencia de un actuar arbitrario, toda vez que el leve retraso en la emisión del acto terminal se encuentra debidamente justificado por una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito en los términos de la misma norma, consistente en el incremento exponencial, masivo e imprevisto de los flujos migratorios de ingreso al país en los últimos años, compuestos principalmente de nacionales de Venezuela y Haití. Esta situación de sobrecarga material e incremento sustantivo de solicitudes ha sido expresamente calificada por la jurisprudencia de los tribunales como una justificación plausible que exime de reproche de arbitrariedad a la dilación del Servicio.

En lo tocante a la supuesta vulneración de garantías constitucionales, el Servicio recurrido sostiene que el marco regulatorio actual contempla una sólida y completa protección jurídica para todos los extranjeros solicitantes de residencia que se encuentran en estado de pendencia. Expone que en virtud de los artículos 1 N° 25, 38, 43 y 45 de la Ley N° 21.325, y del artículo 45 de su Reglamento, todo ciudadano extranjero que cuente con su 'Certificado de Residencia Definitiva en trámite' mantiene plenamente su condición de residente regular en el país. En consecuencia, el artículo 38 le asegura la libertad de entrada y salida del país sin límite de ingresos y egresos, e igualmente se le faculta para continuar desarrollando actividades lícitas remuneradas e incorporarse válidamente al mercado laboral.

Enfatiza especialmente el Servicio que, de conformidad con el artículo 43 inciso final de la Ley N° 21.325, la vigencia de la cédula de identidad de extranjeros se entiende prorrogada de pleno derecho y por el solo ministerio de la ley mientras se sustancie la solicitud de residencia definitiva y el extranjero acredite contar con su certificado en trámite vigente. Por ende, el recurrente cuenta con un documento oficial de identificación plenamente válido y vigente ante cualquier organismo público y privado, criterio también asentado por la Excelentísima Corte Suprema.

En lo concerniente a las dificultades que terceras entidades públicas o privadas pudiesen oponer verbalmente al recurrente por el rechazo fáctico de sus documentos en trámite, el Servicio alega su total falta de legitimación pasiva, lo que debería ser materia de acciones jurisdiccionales dirigidas contra de tales entidades y no en contra del Servicio.

Acompaña y cita jurisprudencia de apoyo reciente de la Excma. Corte Suprema que reitera este criterio uniforme de rechazo, mencionando los Roles N°(s) 54666-2024, 44598-2024, 56252-2024, 55515-2024, 56005-2024, 55974-2024, 55770-2024, 56561-2024, 60699-2024, 60420-2024, 60041-2024 y 8286-2025. Asimismo, invoca fallos de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago en causa Rol N° 2741-2025 y de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel en Rol N° 300-2025, que desestimaron recursos análogos por no configurarse afectación a garantías. Concluye solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

A folio 9 se ordenó traer los autos en relación y se agregaron los antecedentes a la tabla extraordinaria de fecha 5 de agosto de 2026.

3°. Que, el recurso de protección consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción constitucional de naturaleza cautelar, de tramitación sumaria, destinada a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado frente a actos u omisiones que, revistiendo caracteres de ilegalidad o arbitrariedad, perturben, priven o amenacen el legítimo ejercicio de alguna de las garantías fundamentales que el constituyente ha seleccionado de manera expresa en la referida disposición.

Para que la acción de protección pueda prosperar, se requiere la concurrencia copulativa de tres requisitos: a) la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria; b) que dicho acto u omisión produzca una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho constitucional preexistente; y c) que dicho derecho se encuentre contemplado dentro de la enumeración del artículo 20 de la Carta Fundamental.

4°. Que, del mérito de los antecedentes incorporados en autos, de lo expuesto por las partes en sus respectivas presentaciones y de las constancias de los sistemas informáticos acompañados, han quedado acreditados como hechos pacíficos de la causa los siguientes: 1) Que, don nombre reservado es ciudadano de nacionalidad turca y ostenta cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado; 2) Que, el recurrente solicitó ante el Servicio Nacional de Migraciones el beneficio migratorio de residencia definitiva, asignándosele el ID N° 74884783; 3) Que, el Servicio otorgó al recurrente un “Certificado de Residencia Definitiva en trámite”, de fecha 29 de diciembre de 2025; 4) Que, a la fecha del informe del Servicio (17 de julio de 2026), la referida solicitud se encuentra en la etapa final de 'Firma' desde el 3 de junio de 2026, habiendo superado el análisis técnico y de admisibilidad.

5°. Que, en primer término, corresponde analizar la legalidad del actuar de la recurrida a la luz de la supuesta infracción al artículo 27 de la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. Dicha norma dispone, en lo pertinente, que el procedimiento administrativo no podrá exceder de seis meses desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

Sobre el particular, cabe recordar que el plazo contemplado la aludida norma ha sido unánime y firmemente calificado por la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal como un plazo no fatal para los órganos de la Administración. En efecto, como ha fallado la Excelentísima Corte Suprema en sentencia unificadora de fecha 20 de marzo de 2023, causa Rol N° 115.064-2022,cuyo criterio se reitera en fallos subsiguientes, el vencimiento de dicho término no acarrea la caducidad de la competencia de la autoridad administrativa para pronunciarse ni la invalidez del acto dictado con posterioridad. Se trata de una norma de ordenación procedimental que impone a la Administración el deber de actuar con celeridad y resolver dentro de un tiempo razonable, pero cuyo incumplimiento formal no torna el actuar posterior en ilegal, máxime cuando la complejidad y delicadeza del control migratorio exige un acabado y riguroso estudio de los antecedentes de fondo aportados por los solicitantes, a fin de velar por la seguridad nacional y el cumplimiento de los requisitos legales sectoriales.

En la especie, habiendo transcurrido un poco más de seis meses desde la presentación de la solicitud, efectuada a fines de diciembre de 2025, hasta la interposición de la presente acción, se constata que la autoridad migratoria ha dado una tramitación concreta e ininterrumpida al expediente, dándole curso progresivo y logrando finalizar el análisis técnico, encontrándose el trámite desde el 3 de junio de 2026 en etapa de “Firma” del acto exento ex terminal. Por consiguiente, tratándose de un procedimiento en pleno desarrollo que se halla en su fase final de dictación y habiéndose sustanciado en un plazo global de alrededor de seis meses, no se divisa una inactividad o dilación irrazonable que permita calificar el retardo como ilegal, descartándose la vulneración por este concepto.

Que, en segundo lugar, corresponde examinar la concurrencia del reproche de arbitrariedad formulado en contra del Servicio. La arbitrariedad importa un actuar carente de racionalidad, fundado en el capricho, la voluntad inmotivada o el mero arbitrio del funcionario público, desprovisto de motivos de hecho o de derecho que lo sustenten.

En este sentido, y como ha justificado fundadamente la recurrida, el leve retraso verificado en la dictación de la resolución terminal obedece a una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito de público conocimiento, consistente en el extraordinario incremento de las solicitudes de permanencia y de regularización migratoria presentadas ante el organismo, producto de los flujos migratorios masivos que ha experimentado el país en los últimos años. Esta sobrecarga de trabajo objetiva y la limitación material de medios exime al Servicio de un reproche de arbitrariedad, por cuanto la demora no responde a un capricho o negligencia inexcusable, sino a la necesidad de procesar de manera ordenada y segura el enorme volumen de postulaciones, dando preeminencia al interés público y al debido control fronterizo del Estado.

6°. Que, en tercer término, y de manera primordial para la procedencia de la presente acción, es indispensable que la omisión impugnada perturbe, prive o amenace de forma real y efectiva alguna garantía de rango constitucional. Al respecto, el recurrente aduce que la demora en resolver su residencia definitiva lesiona su derecho a la igualdad ante la ley previsto en el artículo 19 N° 2 de la constitución Política de la República, así como su derecho a la protección de la familia.

Frente a ello, es preciso destacar que el régimen de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería introdujo un cambio sustancial y específico en la protección de los extranjeros que se encuentran tramitando beneficios migratorios, superando las históricas deficiencias del Decreto Ley N° 1.094. En efecto, el legislador se ocupó de prever de manera expresa las consecuencias de la pérdida de vigencia temporal de los documentos de identificación de extranjeros durante el periodo de pendencia del trámite.

De esta manera, el artículo 43 inciso final de la Ley N° 21.325 prescribe literalmente que: 'Se entenderá que la cédula de identidad mantiene su vigencia, siempre y cuando el extranjero acredite que cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente o hasta que la autoridad migratoria resuelva la respectiva solicitud' En concordancia con ello, el artículo 45 del Reglamento de la citada ley ratifica que dicho certificado acredita plenamente la condición migratoria regular en el territorio nacional.

7°. Que, de lo reseñado fluye con absoluta claridad, que don nombre reservado mantiene su situación migratoria regular en el país y, además, cuenta con cédula de identidad plenamente vigente por el solo ministerio de la ley. En consecuencia, el actor cuenta con un documento de identificación oficial y válido ante todas las entidades del territorio de la República. Por tanto, no se encuentra privado ni impedido de realizar ningún trámite civil o administrativo esencial para el desarrollo de su vida diaria, estando plenamente facultado para celebrar contratos, abrir y mantener productos financieros, desempeñar actividades remuneradas lícitas e incluso ingresar y egresar del país de conformidad al artículo 38 de la ley de migraciones, gozando de la plenitud de sus derechos civiles en los términos del artículo 57 del Código Civil. Cualquier inconveniente que sufra en particular con alguna institución pública o privada deberá ser resuelta mediante acciones dirigidas contra dichos organismos, no teniendo responsabilidad alguna el Servicio Nacional de Migraciones.

8°. Que, en consecuencia, al no constatarse la existencia de una omisión arbitraria o ilegal imputable al Servicio Nacional de Migraciones, ni acreditarse la concurrencia de una afectación, privación o amenaza a las garantías constitucionales del recurrente, la presente acción cautelar constitucional no puede prosperar y debe ser rechazada, tal como se declarará en lo resolutivo de esta sentencia.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que, se rechaza sin costas, el recurso de protección interpuesto en lo principal de folio 1 por el abogado don Pablo Daniel Peñaloza Parra, en representación del ciudadano turco don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo de la ministra suplente Carolina Vásquez Epuñan.

No firma la ministra señora Gallardo, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente haciendo uso de permiso.

Rol N° 611-2026 Protección.

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