nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS HEROES

Chillán, veintiuno de agosto de dos mil veintiséis.

Visto:

1°.- Que comparece la abogada Claudia Paz Espinoza Beltrán, en representación de doña nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, por el acto ilegal y arbitrario consistente en solicitar, procesar, cargar, recaudar y/o permitir descuentos por planilla sobre la remuneración de su representada respecto de un crédito de la Caja Los Héroes indebidamente descontado por planilla, operación N° 101741521, cuya reactivación y descuento actual resulta improcedente, abusivo, ilegal y arbitrario.

Señala que, el acto recurrido se materializó en las liquidaciones de remuneraciones de mayo y junio de 2026, bajo la glosa “Crédito Personal Caja Los Andes Cuota 1/1”, por un monto total mensual de $219.847, pese a que su representada sólo reconoce como vigentes y procedentes dos descuentos de la Caja Los Andes que ascienden en conjunto a $157.904, consistentes en un crédito de cuota mensual de $27.174 y otro por la suma de $130.730.

Expone que, la diferencia exacta de $61.943 mensuales corresponde a la cuota del crédito de la Caja Los Héroes, operación N° 101741521, de fecha de otorgamiento 7 de mayo de 2014, presentado actualmente como deuda castigada e incorporado por planilla a través de la Caja Los Andes, sin información previa suficiente, sin claridad en la glosa aplicada al empleador y sin que exista un título judicial ejecutable que habilite a afectar su sueldo.

Sostiene que, la actuación de las recurridas resulta ilegal y arbitraria, por cuanto se utiliza una vía excepcional de cobro sobre remuneraciones para revivir administrativamente una deuda antigua o castigada, privando a la trabajadora de parte de su sueldo al margen de un procedimiento que le permita discutir su procedencia, vigencia y exigibilidad.

En cuanto a las garantías vulneradas, estima conculcado el derecho de propiedad sobre sus remuneraciones, garantizado por el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, y la protección constitucional del trabajo y su justa retribución consagrada en el artículo 19 N° 16 de la Carta Fundamental.

Finaliza solicitando que se acoja el recurso, se ordene el cese inmediato y definitivo de los descuentos por sobre el monto reconocido de $157.904, se deje sin efecto la instrucción de descuento de $61.943 asociada a la operación N° 101741521 cursada a su empleador Sociedad Radiológica Chillán S.A., se ordene la restitución de la suma de $123.886 por los descuentos de mayo y junio de 2026, se ordene a las recurridas abstenerse de cobros futuros de dicha deuda por planilla, se entreguen los antecedentes íntegros del crédito, con costas.

2°.- Que comparece el abogado Daniel Ortúzar Gana informando en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes.

En primer término, expone que con fecha 7 de mayo de 2014 la recurrente suscribió con su representada un crédito social, operación N° 101741521, por un monto de $1.379.384, pactado en 36 cuotas mensuales de $64.840 cada una, obligación que fue incumplida por la deudora, manteniendo la deuda en estado de morosidad, haciendo presente además la existencia de la operación de crédito social N° 827205 por un capital de $2.846.696.

Sostiene que los descuentos practicados encuentran sustento en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 y el artículo 58 del Código del Trabajo, disposiciones de orden público que imponen al empleador la obligación legal e irrenunciable de deducir y retener de las remuneraciones del trabajador las cuotas de créditos sociales vigentes o morosos, de modo que dicho actuar no es ilegal.

Añade que la obligación mantiene plena vigencia por cuanto no existe declaración judicial alguna de prescripción respecto de las acciones ordinaria o cambiaria de cobro, y que el recurso de protección no es la vía idónea para declarar la prescripción de una deuda, por ser una materia de lato conocimiento que debe discutirse en la justicia ordinaria.

No obstante lo anterior, expresa que no existe capricho o arbitrariedad en el cobro, toda vez que se dio estricto cumplimiento a la notificación previa obligatoria exigida por el punto 3.1.17.3 del Libro III del Compendio de Normas de la Superintendencia de Seguridad Social y por la jurisprudencia, habiendo remitido al deudor, con fecha 22 de mayo de 2026, una comunicación detallando el estado de la deuda y otorgándole un plazo de 15 días para regularizar o aclarar su situación.

Asimismo, señala que la restitución de las cuotas es improcedente puesto que los pagos extinguen parcialmente una obligación civil vigente y, aun en el evento hipotético de que la acción estuviera prescrita, se trataría del pago de una obligación natural, el cual resulta irrepetible de conformidad al artículo 1470 N° 2 e inciso final del Código Civil.

Finalmente, niega haber conculcado las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, debido proceso y derecho de propiedad contempladas en el artículo 19 de la Carta Fundamental, solicitando en definitiva el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas.

3°.- Que, comparece la abogada Inés Riquelme Arao en representación de la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, informando y solicitando el rechazo del recurso de protección en todas sus partes por no existir de su parte ningún acto ilegal o arbitrario.

Explica que su representada ha actuado en calidad de diputada para recibir el pago por encargo de la C.C.A.F. Los Héroes, en virtud del convenio y mandato recíproco denominado “Proyecto Intercajas”. Detalla que este sistema, amparado en el Sistema Nacional de Información de Cajas de Compensación (SINACAF), permite a las distintas corporaciones recaudar créditos sociales, vigentes o morosos, contraídos con otras Cajas de Compensación, encontrándose amparado legalmente por los artículos 1° y 41° N° 12 de la Ley N° 18.833, bajo la operación técnica del prestador SINACOFI.

En este contexto, aduce que desde el mes de mayo de 2026 informó al empleador de la recurrente, Sociedad Radiológica Chillán S.A., la retención por concepto de “Descuento Intercajas” por un monto mensual de $61.943, sumas que han sido y serán remitidas a la Caja Los Héroes, careciendo su representada de mayores antecedentes del mutuo por tratarse de información privada entre dicha entidad y la deudora.

Por otra parte, informa que la recurrente mantiene vigentes directamente con Caja Los Andes dos operaciones de crédito social, las cuales se encuentran con sus pagos al día: a) Operación N° 014CON104571950, otorgada el 1 de octubre de 2025, por un capital de $709.587, a una tasa de interés mensual de 2,45%, pagadero en 48 meses con una cuota de $27.174; y b) Operación N° 014CON104602016, otorgada el 2 de enero de 2026, por un capital de $3.640.785, a una tasa de interés mensual de 2,1%, pagadero en 48 meses con una cuota de $130.730.

Finalmente, defiende la legalidad del descuento sobre la base del artículo 22 de la Ley N° 18.833 y las reglas de la diputación para el pago de los artículos 1580 a 1586 del Código Civil, citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema que valida el sistema de cobro coordinado entre Cajas, por lo que concluye que el descuento es ajustado a derecho y solicita el rechazo definitivo de la acción constitucional.

4º.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

5º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

6º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

7°.- Que el acto que la recurrente reprocha como arbitrario e ilegal consiste en los descuentos practicados por la Caja de Compensación Los Andes sobre su remuneración, en los meses de mayo y junio del presente año, por la suma de $61.943 mensuales, correspondientes a un crédito suscrito con la C.C.A.F. Los Héroes durante el año 2014, actualmente presentado como deuda castigada.

Por su parte, la recurrida C.C.A.F. Los Héroes sostiene que la recurrente mantiene una obligación asociada a la operación N°101741521, otorgada el 7 de mayo de 2014 por un monto original de $1.379.384, pactada en 36 cuotas mensuales, con incumplimiento desde su otorgamiento. Agrega que no hay ilegalidad ni arbitrariedad en su actuar al tratarse del ejercicio legítimo de una potestad legal consagrada en el artículo 22 de la Ley N°18.833.

Y finalmente, la Caja de Compensación Los Andes sostiene que sólo ha actuado como diputada para recibir el pago en virtud del convenio intercajas.

8°.- Que, de lo expuesto por las partes y los antecedentes que obran en este recurso, se constatan los siguientes hechos:

a) Con fecha 7 de mayo de 2014, doña nombre reservado obtuvo el crédito social N°101741521 de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes por la suma de $1.379.384, obligación que debía ser pagada en 36 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $61.943 cada una.

b) La actora pagó 4 cuotas de ese crédito, correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2014.

c) La deuda figura como castigada desde el 30 de noviembre de 2015.

d) El 20 de mayo de 2026 la Caja de Compensación Los Héroes remitió correo a doña nombre reservado, informándole el número de cuotas impagas, instándosele a regularizar su situación dentro del plazo de quince días y señalando que en caso contrario la caja podría reanudar el descuento de sus remuneraciones o de la pensión según corresponda.

e) En las liquidaciones de sueldo de la recurrente, correspondientes a los meses de mayo y junio de 2026 se descontó, junto con las cuotas de créditos que reconoce como vigentes, una cuota del crédito adquirido el año 2014.

9°.- Que, para resolver el asunto es útil consignar que la Ley 18.833, que establece un nuevo estatuto general para las cajas de compensación de asignación familiar (C.C.A.F.), define su naturaleza jurídica, constitución, formas de afiliación, objeto y funciones.

Así, en lo que al presente recurso interesa, consagra, en el artículo 21, que las Cajas de Compensación podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero y que estará regida por un reglamento especial.

Al respecto, el artículo 22 en sus incisos 1° y 2° dispone: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

Practicada la deducción al trabajador, se entenderá extinguida a su respecto y de sus codeudores la parte correspondiente de la deuda, desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no haya sido remesada por el empleador a la Caja, debiendo dirigirse exclusivamente contra éste las acciones destinadas al cobro de las sumas no enteradas.”

Esta disposición consagra un mecanismo legal de cobro para los créditos sociales otorgados por las Cajas de Compensación, que revisten un carácter especial dado su fin de seguridad social y su naturaleza no lucrativa. Este mecanismo no es una facultad discrecional de la Caja, sino una obligación impuesta por ley al empleador, una vez que la deuda es informada.

En consecuencia, las Cajas acreedoras pueden hacerse pago del crédito moroso a través de la planilla de remuneración del afiliado, sin perjuicio de los límites a dicha facultad que se examinarán a continuación.

10°.- Que, el numeral 1.17.2 de la Circular N°3.567 de la Superintendencia de Seguridad Social, de 4 de enero de 2021, que fija el texto refundido de las instrucciones impartidas sobre el régimen de prestaciones de crédito social administrado por las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, señala que, en la cobranza de los créditos morosos, las C.C.A.F. deberán regirse por las disposiciones del artículo 37 de la Ley 19.496 y las instrucciones impartidas por la Superintendencia.

Asimismo, indica que las C.C.A.F. deberán realizar siempre a lo menos una gestión útil de cobranza extrajudicial, sin cargo para el deudor, cuyo fin sea el debido y oportuno conocimiento del deudor sobre la mora o retraso en el cumplimiento de sus obligaciones, dentro de los primeros quince días siguientes a aquel en que el empleador, entidad pagadora de la pensión o el trabajador independiente debía enterar la cuota correspondiente, enviando carta de cobranza al deudor principal y, si procede, copia a sus avales, remitidas ambas a los domicilios particulares del deudor principal y avales.

Por otro lado, indica que la cobranza judicial deberá iniciarse no más allá del sexto mes de morosidad, a menos que el Gerente General, basado en razones fundadas y de acuerdo con las pautas generales definidas por el Directorio de la C.C.A.F., estime inconveniente iniciar acciones judiciales dentro del plazo antes establecido. Además, en los respectivos contratos de cobranza que las C.C.A.F. celebren con entidades o abogados externos, deberán contemplar, entre otras, cláusulas orientadas a cautelar la debida custodia de los pagarés y la obligación de informar, a lo menos trimestralmente, el estado de tramitación del cobro de los pagarés respectivos.

Finalmente, señala que la verificación sobre la morosidad de los créditos y el análisis del estado de avance de las acciones de cobranza tanto extrajudiciales como judiciales, deberán hacerse, a lo menos, trimestralmente.

Luego, el numeral 1.17.3 de la citada Circular dispone, respecto del reinicio de los descuentos, que en caso que no haya sido posible descontar regularmente las cuotas de un crédito social desde la remuneración o pensión de un trabajador o pensionado en los últimos seis meses y pudieren reanudarse tales descuentos, la Caja previo a informar para descuento a la entidad empleadora o pagadora de pensión la respectiva cuota de crédito social, deberá enviar un aviso al trabajador o pensionado informando que tiene una deuda de crédito social impaga por los meses que se individualizarán y que los descuentos de las cuotas de crédito social se reanudarán de conformidad a lo acordado entre las partes al momento de otorgarse el crédito, esto es, mediante descuento en las remuneraciones o pensiones.

11°.- Que, por otro lado, si bien el sistema de recaudación denominado “descuento intercajas” encuentra sustento normativo en los artículos 1° y 41 N° 12 de la Ley 18.833, dicho amparo legal no autoriza a las Cajas de Compensación a reactivar indiscriminadamente obligaciones inactivas por el transcurso del tiempo.

En efecto, permitir que una deuda contraída el año 2014, sin gestión de cobro por más de diez años, sea reincorporada al descuento por planilla desnaturaliza la finalidad tutelar y excepcional que el legislador confirió al mecanismo de deducción directa de remuneraciones.

En el mismo sentido, por tratarse de una vía excepcional de cobro, la prerrogativa contemplada en el artículo 22 antes transcrito debe interpretarse restrictivamente, de manera que la caja acreedora no puede ejercer la facultad de descuento directo sobre la remuneración del deudor respecto de créditos de una antigüedad como la del presente caso, morosos prácticamente desde su origen, sin que ello importe una alteración arbitraria de la situación patrimonial de la trabajadora.

Así las cosas, se concluye que la vía utilizada por las recurridas excede el beneficio de la norma, sustituyendo la discusión sobre la vigencia y exigibilidad de la deuda por una vía administrativa unilateral.

12°.- Que, por consiguiente, el acto impugnado, debe calificarse como arbitrario, por constituir el ejercicio de una facultad legal desviada de su finalidad y contexto propios, al pretender hacer revivir por una vía expedita una obligación morosa de larga data, y también como ilegal, en cuanto excede los márgenes de la habilitación conferida por el artículo 22 de la Ley N°18.833, norma que, como se ha razonado, no faculta a la Caja acreedora para ejercer la potestad de descuento directo sobre la remuneración del deudor respecto de créditos de una antigüedad como la del presente caso.

13°.- Que, en tales circunstancias, el actuar de las recurridas ha afectado el derecho de propiedad de la recurrente sobre las remuneraciones devengadas, garantizado por el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, por cuanto se ha privado a doña nombre reservado de una parte de su remuneración mensual sin que exista un procedimiento previo que garantice su derecho a comparecer y a oponer las defensas que estimare pertinentes, entre ellas, la eventual prescripción de la obligación.

14°.- Que, a mayor abundamiento, cabe tener presente que la Excma. Corte Suprema se ha pronunciado en el mismo sentido, señalando: “Que, la normativa supone el ejercicio oportuno de esta facultad de cobro, y es por lo que, resulta relevante analizar las circunstancias en que se verifica el descuento.

Así, en los casos de incumplimiento por parte del deudor y en que la respectiva Caja de Compensación inició el cobro judicial de la deuda o, en los casos en ya se ha declarado la prescripción de la misma o, en los que han pasado más de cinco años en que no se ha realizado gestión alguna para el cobro, se considera que acudir al mecanismo especial contemplado en el artículo 22 de la ley N°18.833 resulta arbitrario, porque evidentemente se soslayan los procedimientos jurisdiccionales iniciados por la acreedora, transformándose el cobro por esta vía especial en una especie de autotutela o bien, las circunstancias fácticas en las que operó el crédito ya no son las mismas por lo que la respectiva cobranza debe zanjarse en sede jurisdiccional.” (SCS, seis de noviembre de dos mil veinticinco Rol 17.433-2025).

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en representación de doña nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, debiendo ambas abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social otorgado a la actora el año 2014, operación N° 101741521, vía descuentos de sus remuneraciones.

Asimismo, la Caja de Compensación Familiar Los Héroes deberá proceder a la devolución de los montos indebidamente descontados de sus liquidaciones, a partir del mes de mayo de 2026 en adelante.

Lo anterior, sin perjuicio del derecho de la acreedora a perseguir la satisfacción de la obligación, por la vía jurisdiccional pertinente.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la ministra Erica Pezoa Gallegos.

Rol N°603-2026 – Protección.