nombre reservado con SERVICIO DE SALUD ÑUBLE HOSPITAL HERMINDA MARTIN

Chillán, diecinueve de agosto de dos mil veintiséis.

Visto:

1°.- Que, comparece doña nombre reservado interponiendo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Regional Ñuble.

Relata que el 1 de junio de 2026 la Superintendencia de Seguridad Social dictó la Resolución Exenta N° R-01-UME-77363-2026, en virtud de la cual confirma el rechazo de las licencias médicas 127656483-4; 127692522-5 y 128133920-2, las cuales fueron extendidas por 67 días, por enfermedad de su hijo menor de un año, dando como causal de rechazo “que los antecedentes médicos evaluados, no justifican la necesidad de cuidado permanente... por enfermedad grave de niño menor de 1 año”.

Agrega que el fundamento señalado por SUSESO para el rechazo es que: “los documentos médicos otorgados no indican el cuadro clínico del paciente, sintomatología ni evolución, tampoco requerimiento de consultas a servicios de urgencia u hospitalizaciones por cuadros infecciosos recurrentes. No se detallan las causas que llevaron a la solicitud de estudio. Por otra parte, el diagnóstico de Deficiencia primaria de Inmunoglobulina A no es posible hacerlo antes de los 4 años, debido al lento desarrollo de esta Inmunoglobulina antes de ese periodo de vida”.

Posteriormente, el 26 de junio de 2026, se notificó la Resolución Exenta N° R-01-UME-91269-2026, en virtud de la cual se confirma el rechazo de la licencia médica N° 128521476-5, extendida por 30 días a contar del 3 de mayo de 2026, dando como justificación del rechazo la ya mencionada.

Afirma que cada licencia médica se encuentra plenamente justificada y respaldada por informes médicos emitidos por el especialista que las extendió y que el rechazo de las mismas se debe a una diferencia de criterios más que a la justificación del reposo, ya que nunca se le solicitaron informes periciales u otros exámenes que el Reglamento y la Ley facultan, prescindiéndose de ellos sin mayor argumento por las recurridas.

En cuanto a su situación médica y laboral, destaca que es químico farmacéutica y se desempeña en el Centro de Salud Familiar San Ramón Nonato de Chillán, lo que implica una continua exposición a focos de infecciones, que se incrementan en la temporada invernal, y que puede traspasar a su hijo, nacido el 13 de agosto de 2025 y el cual, desde los primeros meses, presentó una serie de enfermedades recurrentes anómalas que le ha llevado a realizarle una serie de exámenes y derivaciones a especialistas, viviendo diversas situaciones de urgencias que relata.

Sostiene que en razón de tales situaciones, desde los 5 meses de edad de su hijo le han otorgado licencias médicas por enfermedad grave de éste, las que derivan de su estado de inmunodeficiencia, con recurrentes cuadros respiratorios que se agravan rápidamente, así como cuadros de alergia que requieren de constantes tratamientos y cuidados para su efectiva recuperación. Reitera que en atención al trabajo que desarrolla, se expone a diversos virus e infecciones que podrían ser letales para su hijo, añadiendo que carece de redes de apoyo y ejerce labores de cuidado de su madre, una persona adulta mayor con movilidad reducida que padece diversas enfermedades como diabetes, hipertensión, pancreatitis crónica, depresión, psoriasis, vértigo, visión borrosa y neuropatía diabética, por lo que ésta no puede asumir el cuidado del menor.

Plantea que, según los señalado en los informes que se acompañaron en cada reconsideración de rechazo de licencia médica a la COMPIN y SUSESO, el objetivo de las licencias era permitir que pudiera efectuar una lactancia materna exclusiva a libre demanda que le permitiera traspasar de la mejor y más sana manera posible los anticuerpos que su hijo requiriera, evitando el contacto con otras personas que le pudieran contagiar de diversas enfermedades, además de otorgarle un cuidado en casa, ya que existe recomendación médica de evitar su concurrencia a sala cuna hasta que su sistema inmune se fortalezca, por lo que considera que lo que se está discutiendo no es una cuestión baladí, ya que el debido cuidado de su hijo impacta claramente en su desarrollo y en su vida futura, así como a su familia y también a toda la sociedad.

Indica que otro fundamento de las resoluciones que se recurren plantean que “…los documentos médicos otorgados no indican el cuadro clínico del paciente, sintomatología ni evolución, tampoco requerimiento de consultas a servicios de urgencia u hospitalizaciones por cuadros infecciosos recurrentes…” sosteniendo al respecto que las atenciones que ha tenido su hijo son muy recurrentes y por cuadros que no son sencillos, por eso su constante preocupación como madre y padre, manifestando que si las recurridas hubieren tenido duda de la veracidad del cuadro clínico pudieron haber hecho uso de sus facultades legales para requerir dicha información a los lugares en que su hijo ha sido atendido, lo que no han realizado.

Sostiene que la resolución que impugna es constitutiva de un acto administrativo arbitrario e ilegal porque es contraria a diversas disposiciones legales que señalan expresamente que los actos administrativos deben ser debidamente fundados. Destaca que las expresiones contenidas en el acto recurrido no cumplen con ese estándar mínimo, detallando que ambas recurridas indican que el reposo prescrito no se encuentra justificado; que la SUSESO, tratando de dar algún fundamento a su decisión, señala: “… No se detallan las causas que llevaron a la solicitud de estudio... el diagnóstico de Deficiencia Primaria de Inmunoglobulina A no es posible hacerlo antes de los 4 años, en los cuales la deficiencia selectiva de Inmunoglobulina A debido al lento desarrollo de esta Inmunoglobulina A antes de ese periodo de vida.”

Expresa que si bien en una primera mirada la resolución podría presentar la apariencia de una fundamentación, un mejor análisis lleva a la conclusión contraria y que se debieron haber aprobado las licencias, pues al señalar que no se detallan las causas que llevaron a la solicitud de estudio, implica claramente que el organismo no tomó en consideración ninguno de los informes que fueron acompañados, toda vez que cada uno de ellos señala el motivo del estudio, el cual se debía a una intolerancia digestiva a la alimentación láctea o sospecha de APLV, lo que motiva tanto a la derivación a un especialista inmunólogo como a la realización de los diversos exámenes que derivaron en el diagnóstico de su hijo, el cual fue establecido en virtud de parámetros objetivos obtenidos de un examen de laboratorio (menos de 1,1 mg/dl) y complementados por un examen clínico y, en segundo lugar, al señalar de manera categórica que el diagnóstico no es posible hacerlo, no niegan la inexistencia de la deficiencia inmunológica detectada en su hijo, la cual ha traído diversas consecuencias en su salud según ha señalado y se ha plasmado en los informes que señala acompañar La recurrente sostiene que respecto de la exigencia de gravedad que implica el tipo de licencia que se le emitieron (Tipo 4), estima que ello está absolutamente claro, toda vez que al padecer de un sistema inmune deprimido su hijo ha sufrido diversos y constantes cuadros respiratorios y alérgicos, que no han sido de extrema gravedad atendido a que ha tenido lactancia materna exclusiva y sus cuidados en casa, los cuales han evitado su exposición a diversas infecciones que le ocasionaran graves enfermedades que dificultarían tanto su desarrollo como su vida y calidad de vida futura, manifestando que en cuanto a la alegación de que los antecedentes “... no justifican la necesidad de cuidado permanente de la madre, padre o tutor legal por enfermedad grave de hijo menor de 1 año”, estima que dado todos los antecedentes médicos y de laboratorio tal alegación no tiene ni el más mínimo criterio y resuelve aspectos humanos con una mirada puramente económica, lo que no puede ser aceptado en un estado democrático de derecho.

En cuanto a las garantías constitucionales conculcadas la actora plantea que el actuar tanto de COMPIN Ñuble como de la SUSESO al ser ilegales y arbitrarias afectan tanto el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de su hijo como el de ella, así como también su derecho de propiedad, sosteniendo que la ilegalidad radica en que su emisión se ha hecho en contra de lo establecido por diversas disposiciones legales que señalan expresamente que los actos administrativos deben ser debidamente fundados, artículos 40 inciso final, 41 inciso 4° y 11 inciso 2° de la Ley 19.880 sobre Procedimiento Administrativo, artículo 16 del Decreto Supremo Nº 3 del Ministerio de Salud del año 1984, así como fallos dictados por la Corte de Apelaciones en sentencia de 31 de agosto de 2021 sobre recurso de protección ROL 7.058-2021; Rol 7095-2018 y Rol 1728-2020, haciendo presente que la arbitrariedad queda demostrada al no haberse utilizado por ninguna de las recurridas las facultades legales que le entrega el artículo 21 del Reglamento.

Respecto al derecho a la vida y la integridad física y psíquica estima que su afectación estaría dada por cuanto el tratamiento prescrito por el profesional especialista en el que se incluía las licencias médicas para permitir la lactancia materna exclusiva y a libre demanda que le permitiera entregarle a su hijo la carga hormonal necesaria para que no quedara con secuelas de por vida, se encuentran claramente justificadas, lo que le afecta como persona y como madre, pues todo el estrés que ha implicado que las licencias médicas emitidas hayan sido rechazadas, le ha tenido en un estado de angustia y ansiedad, lo que también le tiene muy afectada.

Respecto al derecho de propiedad plantea que el acto recurrido le impide el acceso al subsidio por incapacidad laboral temporal que le corresponde, lo que no hubiera ocurrido si los recurridos hubieran ponderados como se debía la documentación que disponían al momento del rechazo de las licencias médicas ya especificadas.

Termina solicitando se tenga por interpuesta la presente acción constitucional en contra de las recurridas ya singularizadas, se le otorgue tramitación y, en definitiva, sea acogido en todas sus partes, declarando arbitrarias e ilegales las resoluciones N° R-01-UME-77363-2026 y R-01-UME-91269-2026, de fecha 1 y 26 de junio de 2026, respectivamente, emitidas por la recurrida, dejándola sin efecto, y declarando en su reemplazo que respecto a las licencias médicas número 127656483-4; 127692522-5; 128133920-2 y 128521476-5, procede el pago del subsidio por incapacidad correspondiente a ellas, o bien se adopten las medidas que se estimen pertinentes para restablecer el imperio del derecho, todo ello con costas del recurso.

2°.- Que, informa don nombre reservado, Presidente de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de la Región de Ñuble, solicitando el rechazo de la acción interpuesta.

Luego de referirse a los antecedentes y objeto de su informe y efectuar una síntesis cronológica y administrativa del caso, plantea que se autorizó inicialmente los primeros 28 días de reposo a contar del 28 de enero de 2026. Sin embargo, a partir de los reposos indicados desde el 25 de febrero de 2026, la Contraloría Médica procedió al rechazo de los formularios sucesivos, señalando que la fundamentación técnica de dichos rechazos radica en que los antecedentes médicos evaluados no detallan el cuadro clínico actual, la sintomatología aguda ni una evolución que justifique la necesidad de un cuidado domiciliario permanente por una enfermedad grave activa, añadiendo que las apelaciones y los informes acompañados por la usuaria se orientaron a justificar la competencia del médico emisor y a exponer argumentos teóricos sobre los riesgos potenciales de la falta de inmunoglobulina A, evidenciando un uso eminentemente preventivo del reposo.

Manifiesta que las resoluciones emitidas por la Comisión y ratificadas posteriormente por la Superintendencia de Seguridad Social, se dictaron bajo un procedimiento estrictamente reglado, fundamentado en criterios técnicos explícitos y debidamente tramitado a través de las plataformas digitales oficiales del Estado, no existiendo vicio formal ni desprotección en sede administrativa dentro del ingreso RIC N° 595-2026, puesto que la recurrente ejerció activamente sus derechos de impugnación, deduciendo los recursos de reposición y reclamación correspondientes ante las instancias de control previsional, lo que demuestra el pleno conocimiento y la tramitación oportuna de los actos de esta autoridad.

En cuanto a las garantías constitucionales plantea que, la resolución de rechazo adoptada por la COMPIN Regional y discutida en el proceso RIC N° 595-2026 no vulnera de modo alguno las garantías fundamentales consagradas en la Carta Fundamental, desde que las decisiones se basaron en una evaluación técnica contemplada en la ley y la afectada dispuso de todos los mecanismos de revisión técnico-administrativa que contempla el ordenamiento previsional, habiendo ejercido su derecho a reclamar ante la SUSESO, órgano que confirmó lo resuelto por la Comisión, así como tampoco considera procedente una privación ilegal del derecho de propiedad desde que el subsidio por incapacidad laboral constituye una expectativa de derecho condicionada a la validación médica de la procedencia del reposo y al determinarse técnicamente que las licencias no se orientaban a la recuperación de una enfermedad grave activa, sino a fines preventivos ajenos al seguro social, el derecho al cobro de las prestaciones económicas nunca llegó a incorporarse al patrimonio de la recurrente.

Solicita se tenga por evacuado el informe y, en definitiva, se rechace en todas sus partes el recurso de protección, con costas, por ajustarse el actuar de la Comisión estrictamente a la legalidad vigente.

3°.- Que, informa doña nombre reservado, abogada de la Superintendencia de Seguridad Social, quien solicita se declare la improcedencia de la acción de protección, por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva los autos.

En cuanto al fondo del asunto, señala que conforme consta en el expediente administrativo PAE código R-60469-2026, la actora recurrió el 7 de abril de 2026, reclamando por cuanto la COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 127656483-4. 127692522-5, 128133920-2, extendidas por un total de 67 días, por no comprueba enfermedad grave del hijo menor de 1 año.

Indica que según Resolución Exenta N° R-01-UME-77363-2026, de 1 de junio de 2026, previo análisis exhaustivo del caso, consta: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 127656483-4, 127692522-5, 128133920-2, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos evaluados, no justifican la necesidad de cuidado permanente de la madre, padre o tutor legal, por enfermedad grave de niño menor de 1 añ. Que, los documentos médicos otorgados no indican el cuadro clínico del paciente, sintomatología ni evolución, tampoco requerimiento de consultas a servicios de urgencia u hospitalizaciones por cuadros infecciosos recurrentes. No se detallan las causas que llevaron a la solicitud de estudio. Por otra parte, el diagnóstico de Deficiencia primaria de Inmunoglobulina A no es posible hacerlo antes de los 4 años, debido al lento desarrollo de esta Inmunoglobulina antes de ese periodo de vida.”.

Resuelve dicho acto administrativo: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s 127656483-4, 127692522-5, 128133920-2, de acuerdo a lo anteriormente expuesto. Se deja constancia que, en contra de la presente resolución, se podrá interponer con nuevos antecedentes un recurso de reposición ante esta Superintendencia, dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos, contados desde el día hábil siguiente de la fecha de notificación de la presente Resolución, de acuerdo a lo señalado en los artículos 59 y 25, de la Ley N°19.880 sobre procedimientos administrativos. Dicho recurso debe interponerse a través de la Página Web de la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl)”.

Añade que, a pesar de haber sido informada expresamente sobre su derecho a interponer un recurso de reposición ésta no lo dedujo, sino que accionó directamente de protección bajo un concepto errado de dicha herramienta constitucional, añadiendo que su representada estudió ampliamente el caso de la recurrida, existiendo fundamentación y motivación en el acto administrativo que pone término al procedimiento, considerando antecedentes técnicos y jurídicos, en concordancia con los antecedentes entregados por la propia parte recurrente.

En cuanto al derecho, luego de referirse latamente al marco jurídico regulatorio de la licencia médica y las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, descarta un acto arbitrario o ilegal de su parte, por cuanto no se trata de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que del estudio y ponderación de los elementos que se han señalado, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en el organismo de control.

Finaliza solicitando a esta Corte, tener por evacuado el informe requerido respecto de la acción de protección interpuesta por doña nombre reservado, y con su mérito rechazarlo en todas sus partes, con costas.

4°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

5°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

6°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

7°.- Que, como se indicó, la presente acción se interpone en contra de las resoluciones de la Superintendencia de Seguridad Social, de fechas, 1 y 26 de junio del presente año, que confirmaron el rechazo de 4 licencias médicas de la recurrente, por enfermedad grave de su hijo menor de un año, antes dispuesto por la otra recurrida, Compin, individualizadas con los N°s -127656483-4, 127692522-5, 128133920-2, y 128521476-5. Las cuatro suman 97 días ininterrumpidos, iniciándose la primera de ellas, el 25 de febrero pasado.

8°.- Que, en cuanto a la alegación de improcedencia opuesta por la Superintendencia de Seguridad Social, será desestimada en atención a que lo planteado por la recurrente, no solo dice relación con el derecho de la seguridad social, desde que, en su recurso, alude expresamente a las garantías de los numerales 1 y 24, que sí son abarcados por la acción deducida.

9°.- Que, para la adecuada resolución del fondo del asunto, se debe consignar primeramente que el artículo 16 del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

Por otra parte, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social, la Ley N°16.395, modificada por la Ley N°20.691, señala en su artículo segundo, entre las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social, la siguiente: “c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia”.

Luego, en el artículo tercero del mismo cuerpo legal, se dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia. La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones”.

10°.- Que, de la normativa reseñada emana que le corresponde a la recurrida SUSESO la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que los administren, dentro de la esfera de su competencia y de conformidad a la ley. Luego de acuerdo con los artículos 2° y 3°, la referida entidad tiene la calidad de organismo técnico de control.

En el sentido que se viene señalando se ha pronunciado la jurisprudencia más reciente de la Excelentísima Corte Suprema al resolver acerca de las decisiones que emiten los órganos técnicos atingentes a la procedencia del pago de los subsidios por incapacidad laboral (Roles N°42.908-2025, N°42.829-2025 y N°52.667-25, entre otros).

11°.- Que, de acuerdo con los antecedentes de autos y el tenor de las decisiones impugnadas, se debe concluir que la Superintendencia se ajustó al marco legal y reglamentario que establece sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, con arreglo al carácter técnico que ostenta, dejándose constancia, en el respectivo acto administrativo, de los fundamentos y antecedentes médicos tenidos en vista para decidir el rechazo del pago reclamado y en correspondencia con el análisis de los antecedentes clínicos tenidos a la vista.

12°.- Que, por último, la decisión de la Superintendencia de no disponer los exámenes complementarios previstos en el artículo 21 del Decreto Supremo N°3, cuando se estima por los profesionales médicos del servicio que los que tienen a la vista son suficientes para adoptar una resolución fundada, no deriva necesariamente en la falta de motivación del acto administrativo.

13°.- Que, como corolario de lo dicho se concluye que no existe ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de las recurridas, que vulneren las garantías invocadas en la acción deducida, motivo por el cual esta debe ser rechazada.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Regional Ñuble.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la ministra Erica Pezoa Gallegos.

ROL 595-2026 PROTECCIÓN.