Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes

Chillán, nueve de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos:

1°.- Que comparece don nombre reservado, por si, quien interpone acción constitucional de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, fundado en que esta última habría efectuado descuentos en sus remuneraciones que estima arbitrarios e ilegales, vulnerando con ello la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, relativa al derecho de propiedad.

Expone, que en el año 2024 adquirió un crédito social en la Caja de Compensación Los Andes, respecto del cual alcanzó a pagar cuatro cuotas de un total de cuarenta y ocho, puesto que quedó sin trabajo durante ese periodo lo que conllevó a no seguir pagando dicha deuda.

Explica que a partir de febrero de 2025, comenzó a trabajar en diferentes lugares, pero no de manera estable, sin embargo la segunda quincena del mes de mayo de 2025, encontró un trabajo como guardia de seguridad en la empresa Inversiones y Servicios nombre reservado, la que presta servicios a la empresa Colún en la sucursal de Chillán. Alude que con fecha 30 de junio del presente al revisar su liquidación de sueldo de ese mes, notó que se le descontó por concepto de cuota de crédito social un monto $313.042, correspondiente a las cuotas insolutas del préstamo solicitado a la recurrida en el año 2024. Hace presente que el total de haberes en su liquidación de dicho mes, fue por un total de $733.545, el que, según afirma, se reajustará a un total de $660.423, en los próximos meses por concepto de sueldo mínimo.

Sostiene como garantía constitucional vulnerada la del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, esto es, su derecho de propiedad. Añade como antecedente que han pasado 3 meses y la recurrida no ha iniciado demanda ejecutiva en su contra.

Termina solicitando se ejecuten las acciones correspondientes ante los tribunales de justicia con el objeto que se detengan los descuentos y que la recurrida inicie el juicio de cobro ejecutivo en su contra.

2°.- Que, informando la recurrida, Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada por el abogado don Sergio Abarca Vargas, solicita el rechazo íntegro de la acción constitucional, por estimar que no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno respecto del recurrente.

Expone que el 28 de noviembre de 2023 otorgó a don nombre reservado el crédito social código N°014CON204138805, por un capital inicial de $5.392.176, con una tasa de interés mensual de 2,5%, pagadero en 48 mensualidades de $199.284 cada una, correspondiendo el primer vencimiento al 31 de enero de 2024. Señala que las cuotas correspondientes a enero, febrero, marzo y abril de 2024 fueron pagadas, mientras que el 31 de mayo del mismo año recibió la suma de $128.879, imputada como abono a la cuota correspondiente a dicho mes.

Añade que el crédito se encuentra actualmente en mora por la diferencia de la cuota de mayo de 2024 y por las mensualidades correspondientes al período comprendido entre junio de 2024 y mayo de 2026, esto es, desde la cuota N°6 hasta la N°29, sosteniendo que se trata de un crédito plenamente vigente y actualmente exigible, cuyas acciones no se encuentran prescritas.

En cuanto al fundamento jurídico de su actuación, refiere que las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son corporaciones de derecho privado sin fines de lucro que administran prestaciones de seguridad social, entre ellas el régimen de crédito social contemplado en la Ley N°18.833. Invoca particularmente el artículo 22 de dicho cuerpo legal, conforme al cual las cantidades adeudadas por concepto de crédito social deben ser deducidas de las remuneraciones del trabajador por la entidad empleadora, retenidas y remesadas a la Caja acreedora, sujetándose a las mismas normas de pago y cobro aplicables a las cotizaciones previsionales.

Sostiene que el descuento por planilla constituye un mecanismo especial de pago inherente al régimen de crédito social, cuya aplicación no depende de una decisión discrecional de la Caja, sino de la regulación legal que rige esta clase de prestaciones. Agrega que el trabajador no puede oponerse al descuento mientras la obligación se encuentre vigente y exigible y que la Caja tampoco requiere obtener previamente una sentencia judicial para informar el descuento al empleador.

En relación con la vulneración del derecho de propiedad alegada por el actor, manifiesta que ésta no se configura, puesto que no existiría apropiación ni afectación ilegítima de sus remuneraciones, sino la aplicación del mecanismo de recaudación expresamente previsto por el artículo 22 de la Ley N°18.833 respecto de un crédito vigente. Añade que mientras no exista declaración judicial de prescripción de las acciones derivadas del crédito, la deuda continúa siendo exigible y susceptible de ser recaudada mediante descuento por planilla.

Cita jurisprudencia que, a su juicio, reconoce la legalidad de este mecanismo de cobro cuando se trata de créditos vigentes y exigibles y descarta la existencia de arbitrariedad cuando la reanudación de los descuentos se produce dentro de plazos razonables.

Concluye señalando que su representada se limitó a ejercer una facultad expresamente reconocida por el ordenamiento jurídico, por lo que solicita rechazar el recurso de protección, al no existir acto ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace alguna de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente.

3°.- Que, encontrándose la causa en estado de acuerdo, esta Iltma. Corte, para mejor resolver, dispuso requerir a la recurrida a fin de que informara acerca de la fecha en que se comunicó al recurrente el reinicio de los descuentos por planilla, requerimiento que fue evacuado por la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.

Al efecto, la recurrida informó que el reinicio de los descuentos fue comunicado al actor mediante correo electrónico remitido a la dirección registrada por éste ante la institución durante el mes de mayo de 2026, indicando que dicha comunicación se efectuó con anterioridad a la materialización de los descuentos y tuvo por finalidad poner en su conocimiento la existencia de cuotas impagas y que su pago sería reanudado mediante descuentos en sus remuneraciones, conforme a la modalidad convenida al otorgarse el crédito.

Explica que el numeral 3.1.17.3 del Libro III del Compendio de Normas de la Superintendencia de Seguridad Social regula el reinicio de descuentos después de seis meses sin deducciones y exige que el trabajador sea previamente informado, con una anticipación de al menos quince días corridos antes de comunicar el descuento al empleador.

Finalmente, sostiene que dicha exigencia habría sido cumplida en la especie, afirmando que el reinicio de los descuentos fue comunicado durante el mes de marzo de 2026 (sic) al correo electrónico registrado por el recurrente, antes de los pagos que comenzaron a registrarse desde mayo del mismo año, solicitando tener por evacuada la medida para mejor resolver.

4°.- Que, para resolver el asunto sometido al conocimiento de esta Corte, cabe recordar que la acción constitucional de protección, establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una medida cautelar destinada a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que provoquen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguna de las garantías fundamentales que dicha disposición contempla.

5°.- Que, por consiguiente, constituye presupuesto indispensable para la procedencia de esta acción la existencia de un acto u omisión que pueda ser calificado de ilegal o arbitrario y que, además, produzca actualmente alguno de los efectos antes señalados respecto de un derecho indubitado cuyo amparo se encuentre comprendido dentro del ámbito de protección del artículo 20 de la Carta Fundamental.

6°.- Que, como primera cuestión de la que debe dejar constancia corresponde señalar la Ley 18.833, que establece un nuevo estatuto general para las cajas de compensación de asignación familiar (C.C.A.F.), define su naturaleza jurídica, constitución, formas de afiliación, objeto y funciones.

Así, en lo que al presente recurso interesa, consagra, en el artículo 21, que las Cajas de Compensación podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero y que estará regido por un reglamento especial.

Al respecto, el artículo 22 en sus incisos 1° y 2° dispone: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

Practicada la deducción al trabajador, se entenderá extinguida a su respecto y de sus codeudores la parte correspondiente de la deuda, desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no haya sido remesada por el empleador a la Caja, debiendo dirigirse exclusivamente contra éste las acciones destinadas al cobro de las sumas no enteradas.”

Esta disposición consagra un mecanismo legal de cobro para los créditos sociales otorgados por las Cajas de Compensación, que revisten un carácter especial dado su fin de seguridad social y su naturaleza no lucrativa. Este mecanismo no es una facultad discrecional de la Caja, sino una obligación impuesta por ley al empleador, una vez que la deuda es informada.

En consecuencia, las Cajas acreedoras pueden hacerse pago del crédito moroso a través de la planilla de remuneración del afiliado, sin perjuicio de los límites a dicha facultad que se examinarán a continuación.

7°.- Que, de lo expuesto por las partes y de los antecedentes que obran en este recurso, se constatan los siguientes hechos:

a) Don nombre reservado contrató con la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes un crédito social código N°014CON204138805, otorgado con fecha 28 de noviembre de 2023, pactándose su pago en 48 cuotas mensuales.

b) Las cuotas correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2024 fueron pagadas, mientras que respecto de la cuota correspondiente a mayo de ese mismo año se efectuó un abono parcial, cesando posteriormente los descuentos por planilla durante un período superior a seis meses.

c) Luego de dicho período sin descuentos, éstos fueron reanudados en las remuneraciones del recurrente, constando en su liquidación de sueldo correspondiente al mes de junio de 2026, un descuento por la suma de $313.042, bajo la glosa “Créditos Personales CCAF”.

d) La recurrida sostiene que el crédito se mantiene vigente y con cuotas impagas, y que la reanudación de su cobro mediante descuento de las remuneraciones se encuentra amparada por el mecanismo especial previsto para los créditos sociales en el artículo 22 de la Ley N°18.833.

e) Asimismo, es un hecho de la causa que el recurrente controvierte la circunstancia de haber sido previamente avisado de la reanudación de los descuentos razón por la cual esta Corte, como medida para mejor resolver, requirió a la recurrida para que precisara la fecha en que dicha comunicación habría sido efectuada y aportara los antecedentes correspondientes.

f) Al evacuar dicho requerimiento, la recurrida afirmó haber comunicado al actor el reinicio de los descuentos mediante correo electrónico dirigido a la casilla registrada por éste en el mes de mayo del presente año.

8°.- Que, en este sentido, el numeral 1.17.3 de la Circular N°3.567 de la Superintendencia de Seguridad Social dispone que, cuando no haya sido posible descontar regularmente las cuotas de un crédito social desde la remuneración o pensión del trabajador o pensionado durante los últimos seis meses y pudieren reanudarse tales descuentos, la Caja, previo a informar para descuento a la entidad empleadora o pagadora de la pensión la respectiva cuota de crédito social, deberá enviar un aviso al trabajador o pensionado informándole que mantiene una deuda de crédito social impaga por los meses que se individualicen y que los descuentos de las respectivas cuotas serán reanudados conforme a lo acordado al momento de otorgarse el crédito.

9°.- Que, por consiguiente, el acto impugnado, debe calificarse como ajustado a derecho legal por constituir el ejercicio de una facultad legal cuya fuente se encuentra en el artículo 22 de la Ley N°18.833, norma que faculta a la Caja acreedora para ejercer la potestad de descuento directo sobre la remuneración del deudor respecto de créditos morosos. En tales circunstancias no resulta sostenible que el actuar de al recurrida haya afectado el derecho de propiedad del recurrente sobre las remuneraciones devengadas garantía constitucional recogida en el artículo 19 N° 24 de la CPR, por cuanto el recurrente no se ha visto privado de una parte de su remuneración mensual.

10°.- Que, a mayor abundamiento, cabe tener presente que la Excma. Corte Suprema se ha pronunciado en el mismo sentido, señalando: “Que, la normativa supone el ejercicio oportuno de esta facultad de cobro, por lo que, resulta relevante analizar las circunstancias en que se verifica el descuento.

Así, en los casos de incumplimiento por parte del deudor y en que la respectiva Caja de Compensación inició el cobro judicial de la deuda o, en los casos en ya se ha declarado la prescripción de la misma o, en los que han pasado más de cinco años en que no se ha realizado gestión alguna para el cobro, se considera que acudir al mecanismo especial contemplado en el artículo 22 de la ley N°18.833 resulta arbitrario, porque evidentemente se soslayan los procedimientos jurisdiccionales iniciados por la acreedora, transformándose el cobro por esta vía especial en una especie de autotutela o bien, las circunstancias fácticas en las que operó el crédito ya no son las mismas por lo que la respectiva cobranza debe zanjarse en sede jurisdiccional.” (SCS, seis de noviembre de dos mil veinticinco, Rol N°17.433-2025).

En otras palabras el fallo recién referido permite concluir que como en la especie si bien no se ha iniciado el cobro judicial de al deuda, declarado el cobro judicial de la misma y considerando además que no han pasado mas de 5 años en que la acreedora no hay realizado alguna gestión de cobro, el hecho de acudir esta al mecanismo especial contemplado en el artículo 22 no resulta arbitrario porque no se soslayan los procedimientos que puede iniciar la acreedora recurrida no pudiendo estimarse que el cobro por esta vía especial sea una especie de autotutela o bien las circunstancias fácticas en las que opero el crédito ya no son las mismas por lo que la respectiva cobranza debe zanjarse en sede jurisdiccional. La circunstancia de haber comunicado debidamente al deudor al reanudación de la cobranza del crédito social suscrito por el recurrente hace que tal decisión, resulte legal y procedente en derecho y no ilegal y/o arbitraria como lo ha pretendido el recurrente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 N°1 y N°4 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección interpuesta por don nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Fiscal Judicial don nombre reservado.

No firma la ministra suplente señora Carolina Vásquez Epuñán, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por haber cesado en el cargo.

Rol N° 591-2026-Protección.