Protección contra COLEGIO nombre reservado

Chillán, seis de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos: 1°.- Que, comparece nombre reservado, en favor de su hijo nombre reservado, estudiante de cuarto medio de 17 años, quien interpone recurso de protección en contra del COLEGIO nombre reservado, representado legalmente por su Rectora nombre reservado, en razón de los fundamentos de hecho y derecho que pasa a exponer.

Expresa el apoderado que el acto impugnado es la medida de expulsión inmediata aplicada a su hijo, lo que le impide finalizar su año escolar. Manifiesta que esta sanción se origina por una riña con otro alumno, ocurrida fuera del establecimiento, sin uniforme escolar y previo acuerdo entre ambos, debido a problemas reiterados sobre los cuales el colegio no habría tomado medidas efectivas.

Sostiene además que, desde el reciente fallecimiento de su abuelo, su hijo se encuentra en tratamiento psicoterapéutico por sintomatología ansiosa, condición que era de conocimiento del colegio.

Indica el recurrente que existían conflictos previos entre su hijo y el otro estudiante que eran conocidos por el establecimiento, pero no se adoptaron medidas preventivas para evitar el altercado, manifestando una negligencia por parte de los encargados de convivencia escolar. Argumenta el abogado que la decisión del colegio es arbitraria, desproporcionada y vulnera el debido proceso, así como el interés superior del niño y su derecho a la educación.

Asimismo, sostiene que la sanción es discriminatoria y que se violaron las garantías constitucionales del artículo 19 de la Constitución, en sus numerales 1° (integridad física y psíquica), 2° (igualdad ante la ley), 3° (debido proceso) y 24° (derecho de propiedad sobre su calidad de alumno).

Argumenta que la expulsión afecta el derecho de propiedad de su hijo en diversas formas: sobre su condición de alumno, sobre su progresión académica y sobre la futura obtención de su licencia de enseñanza media. Añade que la situación ha provocado un desacreditamiento y un daño emocional en el estudiante, quien se encuentra en tratamiento psicológico. Informa también que más de 80 compañeros de cuarto medio solicitaron formalmente la reincorporación del alumno, lo que a su juicio demuestra que se trata de un hecho aislado. Señala que el asunto ya está siendo abordado en una mediación judicial, por lo que su hijo no puede ser sancionado dos veces por el mismo hecho.

Finalmente, solicita que se acoja el recurso, se deje sin efecto la expulsión, se ordene la reincorporación de su hijo al colegio, se le permita rendir las evaluaciones pendientes y se condene en costas al recurrido. 2°.- Que, informa el abogado Oscar Oyarzo Vera, en representación de la Fundación Educacional nombre reservado, solicitando el completo rechazo del recurso, con costas.

Manifiesta el letrado que, con fecha 17 de junio de 2025, el establecimiento tomó conocimiento de una agresión perpetrada por el alumno nombre reservado en contra de otro estudiante de tercer año medio en un local comercial cercano al colegio.

Sostiene que, tras aplicar su Reglamento Interno de Convivencia Escolar y el protocolo correspondiente, la investigación concluyó que la agresión fue sin provocación previa y que el alumno recurrente utilizó un elemento contundente.

Expresa que la víctima sufrió una fractura de nariz, calificada como lesión de carácter grave por el Hospital Clínico Herminda Martin, y que los hechos fueron denunciados al Ministerio Público.

Indica el representante del colegio que, contrariamente a lo señalado en el recurso, la agresión no fue concertada y que la institución no tenía conocimiento de ninguna situación de acoso o dificultades previas entre los alumnos involucrados. Argumenta que el alumno sancionado incurrió en una infracción gravísima según el reglamento del colegio, consistente en una agresión física con lesiones constatadas por un servicio de salud, lo que autoriza la expulsión.

Asimismo, sostiene que no existió vulneración de garantías constitucionales. En cuanto a la igualdad ante la ley, señala que el colegio se limitó a aplicar su reglamento frente a una agresión injustificada. Respecto al debido proceso, asegura que el alumno y sus apoderados tuvieron todas las oportunidades para ser oídos, presentar descargos, ofrecer pruebas y solicitar la reconsideración de la medida, derechos que de hecho ejercieron.

Descarta también una afectación al derecho de propiedad, ya que la calidad de alumno está sujeta al cumplimiento del reglamento, y su transgresión grave contempla la expulsión.

Finalmente, argumenta que los problemas familiares del alumno, si bien son lamentables, no justifican su actuar violento. Concluye que la tesis del recurrente consagraría "la ley del más fuerte", impidiendo al establecimiento garantizar la seguridad de su comunidad educativa. Por todo lo anterior, solicita tener por evacuado el informe y rechazar el recurso en todas sus partes. 3°.- Que, con fecha veintisiete de agosto de dos mil veinticinco, esta Corte estimó indispensable para la acertada resolución del recurso, decretar como medida para mejor resolver el requerimiento a la Superintendencia de Educación, a fin de que informara al tenor del recurso y remitiera todos los antecedentes relacionados con el alumno nombre reservado.

En cumplimiento de dicha medida, el Director Regional de Ñuble de la mencionada Superintendencia informa que, en el ejercicio de su facultad de revisar la legalidad de los procedimientos de expulsión, se tomó conocimiento del expediente CAS NUM000, ingresado por el establecimiento educacional con fecha 22 de julio de 2025.

El informe señala que la causal de expulsión invocada por el colegio fue una agresión física con resultado de lesiones graves que afectó la convivencia escolar, enmarcada en la Ley de Aula Segura y calificada como falta gravísima en el reglamento interno. Sin embargo, la revisión del procedimiento disciplinario reveló irregularidades significativas.

Agrega que se constató que el reglamento interno del establecimiento no contempla adecuadamente el procedimiento de notificación de la expulsión ni el recurso de reconsideración. De manera crucial, la notificación entregada a la familia el 7 de julio de 2025 no especificaba cuál era la medida disciplinaria aplicada, lo que provocó que la familia solicitara la reconsideración de la "eventual aplicación de aula segura" sin tener claridad de que la sanción era la expulsión.

Esta irregularidad se extendió a la consulta realizada al Consejo de Profesores, quienes votaron sobre la "Aplicación de Aula Segura" de manera genérica, sin que se les indicara explícitamente que la medida a ratificar era la expulsión.

En consecuencia, la Superintendencia concluyó que el procedimiento no se ajustó a la normativa educacional vigente, que el reglamento del colegio erróneamente presenta la expulsión como única alternativa ante faltas gravísimas y que las etapas de descargos y reconsideración deben ponderar realmente la aplicación de otras medidas formativas. A raíz de estos fundamentos, los antecedentes fueron derivados a la Unidad de Fiscalización Regional para instruir un posible procedimiento administrativo sancionatorio en contra del establecimiento. 4°.- Que, con fecha veintiocho de agosto de dos mil veinticinco, esta Corte, también estimó indispensable para la resolución del presente recurso, decretar como medida para mejor resolver oficiar al “programa de mediación penal juvenil del servicio nacional de reinserción social juvenil de Ñuble”, a fin de que remita los antecedentes que tiene en su poder respecto de nombre reservado. En cumplimiento de lo anterior, el Director Regional de Ñuble del referido servicio remitió el informe elaborado por la Mediadora Penal Juvenil a cargo del caso.

Dicho informe da cuenta de que el adolescente fue derivado al programa por el Juzgado de Garantía de Chillán por el delito de lesiones graves, aceptando voluntariamente participar en el proceso de mediación. El documento concluye que el joven presenta consciencia del daño ocasionado y un deseo genuino de repararlo, participando activamente en la búsqueda de acuerdos.

Se destaca que cuenta con factores protectores como el apoyo familiar y la asistencia a terapia psicológica para el control de impulsos, lo que, sumado a un avance en su madurez emocional, permitiría concluir que existen bajas probabilidades de reincidencia.

Finalmente, el informe resalta el gran impacto emocional que ha tenido en el estudiante la suspensión de clases presenciales, dado que se encuentra cursando su último año de enseñanza media, y su deseo de poder finalizar esta etapa junto a sus compañeros. 5º.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo. 6º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 7º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 8°.- Que, para una adecuada resolución del presente recurso de protección, es menester tener presentes los argumentos de ambas partes. El recurrente sostiene, en síntesis, que la expulsión de su hijo es un acto arbitrario e ilegal, toda vez que la riña que la motiva ocurrió fuera del establecimiento, sin uniforme y fue producto de conflictos previos y reiterados que el colegio conocía y negligentemente no abordó. Argumenta que la sanción es desproporcionada, vulnera el debido proceso, el interés superior del niño y diversas garantías constitucionales, como la igualdad ante la ley, el derecho a la educación y a la integridad psíquica, más aun considerando que el alumno se encontraba en tratamiento psicológico, situación que era de conocimiento del establecimiento.

Por su parte, la recurrida sostiene que actuó en todo momento conforme a su reglamento interno, aplicando la sanción de expulsión tras un procedimiento que garantizó el debido proceso. Fundamenta su decisión en que la investigación interna acreditó que el alumno sancionado cometió una agresión física grave y sin provocación previa en contra de otro estudiante, causándole lesiones constatadas médicamente. Afirma no tener conocimiento de situaciones de acoso previas y que la medida adoptada es una consecuencia establecida para faltas gravísimas, siendo su deber garantizar la seguridad e integridad de toda la comunidad educativa. 9°.- Que, previo al análisis del fondo del asunto, resulta pertinente citar la Ley N° 21.130, conocida como "Aula Segura", que introduce importantes modificaciones a la letra d) del artículo 6º del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1996, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales.

En efecto, dicho precepto señala en su párrafo quinto que "Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse cuando sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley".

A su vez, el párrafo octavo dispone que "Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, el director del establecimiento deberá haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones e implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento interno del establecimiento educacional, las que en todo caso deberán ser pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre el interés superior del niño o pupilo. No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un período del año escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional".

El párrafo noveno, por su parte, exceptúa de lo anterior a las conductas que atenten directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar, de conformidad al Párrafo 3º del Título I del decreto con fuerza de ley Nº2, de 2009, del Ministerio de Educación, caso en el cual se procederá con arreglo a los párrafos siguientes.

Finalmente, el párrafo décimo indica que "Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula sólo podrán adoptarse mediante un procedimiento previo, racional y justo que deberá estar contemplado en el reglamento interno del establecimiento, garantizando el derecho del estudiante afectado y/o del padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida". 10°.- Que, no es un hecho controvertido por las partes que el estudiante nombre reservado incurrió en una conducta de agresión física en contra de otro alumno del establecimiento, hecho que ha sido calificado como una falta gravísima. La discordancia entre recurrente y recurrido radica fundamentalmente en el contexto en que dichos actos se produjeron y en las supuestas omisiones previas del establecimiento educacional. Atendido lo anterior, para la correcta resolución de la Litis, se hace necesario revisar si el procedimiento disciplinario interno, que culminó con la medida de expulsión, cumplió con las exigencias establecidas en su propio reglamento, en la ley y en las directrices impartidas por la Superintendencia de Educación. 11°.- Que, en relación al razonamiento anterior, la Superintendencia de Educación, en su informe remitido a esta Corte, expuso una serie de irregularidades detectadas en la revisión del procedimiento disciplinario aplicado por el establecimiento educacional. Señaló que la decisión de expulsar al estudiante no fue notificada por escrito de manera explícita, ya que el documento entregado a la familia solo indicaba la continuidad del proceso sancionatorio y la mantención de una suspensión, sin especificar la medida final aplicada. Asimismo, observó que, a consecuencia de lo anterior, la familia solicitó la reconsideración de la medida sin tener claridad respecto de cuál era la sanción que estaban apelando.

Finalmente, el órgano fiscalizador indicó que la consulta al Consejo de Profesores, etapa necesaria para resolver la reconsideración, se realizó sin que los docentes tuvieran conocimiento explícito de que la medida a ratificar era la expulsión, continuando así la irregularidad detectada desde la etapa de notificación. 12°.- Que, revisado el procedimiento y los documentos acompañados, esta Corte constata la efectividad de las observaciones indicadas por la Superintendencia de Educación. En efecto, se constató que la "Notificación de resultados de investigación proceso sancionatorio por eventual aplicación de Aula Segura" carecía de la precisión necesaria para informar al alumno y a su apoderado de la sanción de expulsión, vulnerando así su derecho a una defensa adecuadamente informada. Del mismo modo, se verifica que el escrito de reconsideración de la familia refleja esta confusión y que la consulta al Consejo de Profesores se realizó sobre la base de ratificar la "Aplicación de Aula Segura" de forma genérica, y no sobre la medida específica de expulsión, viciando con ello una etapa esencial del procedimiento. 13°.- Que, las irregularidades constatadas precedentemente no constituyen meras falencias de forma, sino que configuran una vulneración sustancial de las garantías constitucionales del estudiante amparado. En efecto, al no existir una notificación clara, explícita y fundada de la sanción de expulsión, se privó al alumno y a su apoderado de la posibilidad de ejercer eficazmente su derecho a la defensa. Si bien la garantía de un procedimiento administrativo racional y justo no se encuentra expresamente protegida por el recurso de protección, dicha garantía debe ser reconducida a la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales, establecida en el artículo 19 N°3, inciso quinto, de la Constitución Política de la República. Ello, por cuanto la autoridad del establecimiento educacional, al apartarse de las normas que su propio reglamento establece para la aplicación de una sanción, actúa fuera del marco de su competencia, constituyéndose en una comisión especial para el caso concreto.

Dicha actuación, además, al apartarse del procedimiento reglado, deviene en un acto arbitrario que, a su vez, conculca la garantía de igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 N°2 de nuestra Carta Fundamental ya que el estudiante no ha tenido las mismas oportunidades de defensa que otros que pudieran estar en circunstancias similares, y afecta el derecho del estudiante a permanecer en el sistema educacional, todo lo cual hace procedente analizar la procedencia de dejar sin efecto parte de este procedimiento disciplinario que vulneró las garantías antes indicadas. 14°.- Que, la decisión de esta Corte no implica un pronunciamiento sobre la procedencia o mérito de la sanción de expulsión en sí misma, sino que busca retrotraer el procedimiento disciplinario a una etapa que garantice de manera efectiva el derecho del estudiante a conocer con total certeza la medida que se le aplica, para así poder ejercer adecuadamente sus argumentaciones defensivas.

Por consiguiente, esta Corte advierte la ilegalidad y arbitrariedad en la forma en que se ha tramitado, resuelto y notificado la medida, más que en su pertinencia sustantiva. Dicha pertinencia deberá ser ponderada por la autoridad educacional a la luz de una debida defensa, una vez que la sanción sea comunicada correctamente, en el marco de un procedimiento previo, racional y justo, que garantice el derecho del estudiante y su apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida, en estricto cumplimiento de los estándares establecidos en el ya citado artículo 6°, letra d), párrafo décimo, del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 de 1998 del Ministerio de Educación. 15°.- Que, en virtud de lo razonado, el procedimiento deberá retrotraerse a la etapa procesal en que el establecimiento educacional, primero analice y resuelva claramente y de acuerdo a la normativa vigente y criterios exigidos por la Superintendencia de Educación, cuál es la medida disciplinaria aplicable al estudiante, y luego notifique de manera específica, clara e inequívoca dicha medida, a fin de que la eventual solicitud de reconsideración que interpongan los afectados sea debidamente informada. En consecuencia, la autoridad del establecimiento deberá analizar y resolver dicho recurso en estricto cumplimiento de la normativa educacional vigente y conforme a las directrices señaladas por la referida Superintendencia, implementando el colegio recurrido las correcciones necesarias para que el reglamento interno no contemple la expulsión como única alternativa ante faltas gravísimas, de modo que en las etapas de descargos y reconsideración se ponderen efectivamente otras posibles medidas formativas.

Para ello, deberá tener especialmente a la vista la información recibida como medida para mejor resolver, tanto de la Superintendencia de Educación como del Programa de Mediación Penal Juvenil del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil de Ñuble. 16°.- Que, en mérito de todo lo razonado en los considerandos precedentes, el presente recurso de protección deberá ser acogido, pero solo en cuanto se retrotraiga el procedimiento disciplinario sustanciado en contra del estudiante a la etapa en que el colegio determine previamente y de acuerdo a la normativa vigente, cuál es la medida disciplinaria específica que corresponda aplicar al estudiante, y acto seguido, se le notifique de manera clara y correcta dicha medida que el establecimiento ha resuelto aplicar, en los términos que se detallarán en lo resolutivo de este fallo. 17°.- Que, por los fundamentos antes expuestos, habiéndose constatado la existencia de un acto arbitrario e ilegal que ha vulnerado las garantías constitucionales del recurrente, la presente acción de protección necesariamente deberá ser acogida.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en favor de su hijo nombre reservado, en contra del Colegio nombre reservado, solo en cuanto se deja sin efecto la medida de expulsión y todo lo obrado en el procedimiento disciplinario a contar de la dictación de la "Notificación de resultados de investigación proceso sancionatorio por eventual aplicación de Aula Segura", de fecha 7 de julio de 2025.

En consecuencia, el procedimiento se retrotrae al estado en que el establecimiento educacional recurrido determine previamente, y de acuerdo a la normativa vigente, cuál es la medida disciplinaria específica que corresponda aplicar al estudiante, y acto seguido, notifique al alumno y a su apoderado, de manera clara, explícita y fundada dicha sanción, a fin de que estos puedan ejercer debidamente su derecho a solicitar la reconsideración de la medida, debiendo la recurrida resolverla en estricto apego a la normativa vigente.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Fabián Huepe Artigas, quien no firma por no haber integrado sala hoy.

R.I.C. N°587-2025 PROTECCIÓN.