Protección contra Corporación Educacional nombre reservado’’’

Chillán, diez de septiembre de dos mil veinticinco.

VISTOS: 1°. - Que, comparece nombre reservado, en representación de su hija menor nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Corporación Educacional nombre reservado’’’, sostenedora del COLEGIO nombre reservado, representada legalmente por nombre reservado, por haber incurrido en acciones arbitrarias e ilegales en contra de la menor, consistentes en no cumplir con el protocolo de denuncias frente a acoso sexual como las resoluciones dictadas por los tribunales de justicia.

Relata que es madre de la menor nombre reservado, y que además ejerce su cuidado personal, exponiendo que en el año 2023 su hija sufrió agresiones de carácter sexual, consistentes en tocaciones que atribuye a su compañero de curso nombre reservado, lo que dio origen a la causa P-1065-2024, del Juzgado de Familia de Chillán.

Señala que comenzó a notar actitudes de mi hija poco usuales, entre ellas se notaba más retraída, con cambios de humor repentinos tendencia a aislarse en su habitación sin tener contacto con sus demás hermanas ni con la progenitora.

Sólo por insistencia de la madre, relató lo que le había ocurrido.

Agrega que la menor conversó con la orientadora sobre los abusos que sufría por parte del menor ya mencionado. Precisa que solicitó que cambiaran de curso al estudiante, sin que el colegio adoptara tal medida, y añade que pese a sus insistencias, no se han activado los protocolos necesarios frente a situaciones de abuso sexual.

Agrega que en múltiples ocasiones ha solicitado que le exhiban el protocolo escolar, y que se diga efectivamente cuáles son las medidas que se llevarán a efecto para garantizar los derechos de su hija. Indica que lo anterior, ha traído como consecuencia que su hija experimente cambios de humor repentinos, que no se sienta segura en el colegio, y además manifieste constantes problemas para dormir. Refiere que la menor ha experimentado rabia, frustración y no se siente protegida por el Colegio.

Argumenta que, frente a situaciones de acoso sexual, claramente no se está en un plano de igualdad con el presunto agresor, por lo que, el colegio no puede tratar de igual manera a ambos estudiantes, haciendo caso omiso de las instrucciones dictadas por el Tribunal de Familia y el Tribunal de garantía de Chillán.

Esta situación, relata, ha provocado que su hija manifieste extrema sensibilidad frente a diversas situaciones, presentando llanto fácil y frecuente, así como también tendencia a reprimir sus emociones, experimentando episodios de angustia. Señala que incluso, ha presentado comportamientos de autolesión.

Expone que, en la audiencia llevada a cabo el 12 de noviembre del año 2024, ante el juzgado de familia de Chillán, se arribó a una solución colaborativa, en cuya virtud la adolescente nombre reservado se mantendrá en atención particular con profesional con una psicóloga que remitirá antecedentes de forma trimestral respecto de avances y retrocesos en dicha intervención. Además, expresa, de decretó la Prohibición de Acercamiento del adolescente presunto agresor nombre reservado, a la adolescente nombre reservado, a su domicilio, establecimiento educacional, cualquier lugar en que se encuentre y/o frecuente en un radio de 10 metros, y por cualquier medio telemático, telefónico, correo electrónico, redes y aplicaciones.

Además, refiere que se ofició al establecimiento recurrido, reiterando la obligación de aplicar el Protocolo de Convivencia Escolar en relación con las conductas abusivas de índole sexual que han afectado a la estudiante en su calidad de víctima; finalmente, se ordenó remitir los antecedentes al Ministerio público, para los fines investigativos que haya lugar.

Relata que con fecha 28 de noviembre de 2024, se notificó dicha medida al estudiante nombre reservado a través de su madre, y que fecha 05 de noviembre de 2024, la Directora del Colegia informó al Tribunal de Familia de Chillán la activación de protocolos; Sin embargo, la recurrente señala que ello no le consta, ya que su hija asistió todo el año 2024 a clases en conjunto con su agresor.

Manifiesta que, con posterioridad a la audiencia de juicio, acudió al Colegio a informar lo que había resuelto el tribunal a fin de que el Colegio tomara todas las medidas necesarias para resguardar la integridad de su hija, sin éxito.

Señala que el tribunal con fecha 10 de noviembre de 2024, recomendó al Colegio nombre reservado modificar su protocolo de convivencia escolar estableciendo medidas sancionatorias, y no solo la derivación a organismos externos.

Refiere que, no obstante estar vigente la medida prohibición de acercamiento, en reiteradas ocasiones la menor le ha escrito que su agresor sigue compartiendo el aula con ella, estando en el mismo lugar.

En otro aspecto, advierte que el Colegio recurrido no cuenta con un protocolo de convivencia escolar visible ni en su página web, que la Directora ofreció enviarle una copia del mismo, pero que hasta la fecha no lo ha recibido.

Agrega que con fecha 21 de marzo de 2025, el Juzgado de Garantía de Chillán, a solicitud del Ministerio Público, decretar una medida cautelar en contra de nombre reservado, consistente en la prohibición del imputado de acercarse a la víctima nombre reservado, y a su domicilio, lugar de trabajo o estudio.

Indica que el Establecimiento no ha acatado la medida. Como resultado de este incumplimiento los menores siguen siendo compañeros de aula.

Precisa que solo durante la segunda semana de abril de este año, el colegio decidió dejar en clases telemáticas al adolescente agresor, soslayando que la orden de alejamiento implicaba distancia tanto física como virtual.

Argumenta que los hechos y omisiones del colegio son ilegales y arbitrarias, y que han afectado el derecho de su hija, consagrado en el artículo 19 N° 1 de la Carta Fundamental, y además se vulnera el artículo 3 y 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Considera también se han vulnerado los derechos que a la menor le confiere el estatuto que proscribe la violencia de género, contenido en la Ley 21.675 que estatuye Medidas para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres.

Concluye solicitando que se declare admisible el recurso, y se acoja, ordenando al colegio antes individualizado, que tome las medidas necesarias para respetar, resguardar y garantizar la integridad física y psíquica de la niña, y las medidas de protección de las garantías fundamentales que se estimen prudentes para asegurar el respeto de ellas.

Acompaña variados documentos. 2°. - Que, informando, el abogado Nelson Lobos Camerati, en representación de la parte recurrida, opone en primer término una excepción dilatoria por la ineptitud del libelo por razón de falta de algún requisito legal en el modo de proponer la demanda.

Expresa que el recurso se interpone contra: “la CORPORACIÓN EDUCACIONAL nombre reservado, (…) sostenedora del COLEGIO nombre reservado, representada legalmente por su sostenedor don nombre reservado (…)”. Luego, señala, se solicita que se acoja en todas sus partes y se restablezca el imperio del derecho ordenando al colegio antes individualizado (…)”. Finalmente, en la parte petitoria del libelo señala que se dirige en contra de la Corporación Educacional Darío Salas, sostenedora del COLEGIO nombre reservado, representada legalmente por su sostenedor don nombre reservado, (…).

Indica que la recurrente no cumple con uno de los presupuestos básicos que debe contener toda demanda, esto es, una debida singularización de la demandada. En el caso de marras, sostiene, no basta con enunciar el nombre domicilio y profesión u oficio de la demandada, ya que, como se trata de una Corporación Educacional, parte de la individualización supone, necesariamente, que haya claridad absoluta respecto de la calidad o no de sostenedor del demandado, que es quién, en definitiva, le corresponde hacerse cargo de los asuntos vinculados al establecimiento educacional.

Añade que la recurrente ya interpuso previamente una acción contra el colegio, sindicando como representante legal a su directora, en los autos 2105- 2025, de esta misma Corte, desistiéndose finalmente de dicho recurso frente a la formulación de excepciones opuesta por la Sra. Directora; Al tratarse – el presente- del segundo recurso que se interpone de manera inadecuada, que implica gastos para esta parte, solicita que en caso de acogerse esta excepción se haga expresamente en costas, sin perjuicio del resultado final de la acción de protección incoada.

En subsidio, informa el recurso, partiendo por acusar que el arbitrio no es la vía legal para proteger los derechos supuestamente vulnerados que acusa la recurrente. Señala que existen vías especialmente creadas por el legislador para ello, a decir, en el caso de a) la supuesta falta de aplicación de protocolos, o la supuesta no entrega de los Reglamentos Internos, debe concurrir a la Superintendencia de Educación; b) En el caso del supuesto incumplimiento de resoluciones judiciales, hay otras vías para hacer efectiva esa responsabilidad.

Advierte que el derecho no es Indubitado y no vulnera garantías protegidas por este recurso. Actualmente, indica, no se está vulnerando ningún derecho de la adolescente mencionada, representada por su madre, puesto que el adolescente presuntamente responsable del delito denunciado no está asistiendo al establecimiento educacional, de tal manera que esta Ilustrísima Corte no puede ordenar que se restablezca el imperio del derecho si este no está siendo vulnerado.

Sostiene que la recurrente no ha presentado ningún antecedente que acredite las acusaciones, falsas, que ha proferido contra la Corporación y contra el colegio. De este modo no puede estimarse, desde ya, que ha tenido motivo plausible para litigar, puesto que un litigante diligente presenta los antecedentes que respalden sus dichos.

Reconoce que es efectivo que la adolescente individualizada, hija de la recurrente, es estudiante del establecimiento educacional, así como el adolescente denunciado. Admite también que su representada tiene conocimiento de procesos judiciales respecto de los hechos señalados por la recurrente. Sin embargo, advierte que la Corporación y sus funcionarios no tienen conocimiento sobre los detalles de lo obrado en dichos procesos judiciales.

Aclara que no es efectivo que la Corporación no haya hecho entrega de los protocolos a la recurrente, los que le habrían sido enviados vía correo electrónico.

Manifiesta que no es efectivo que el establecimiento educacional haya incumplido las órdenes emanadas del tribunal. Lo que ha ocurrido, en más de una ocasión, es que las resoluciones dictadas por el tribunal no han sido notificadas en tiempo y forma; afirma que la última orden de alejamiento hasta la fecha no ha sido notificada a su representada.

Descarta, además, que el denunciado adolescente asista a clases de ninguna forma, ni presencial ni telemática. En ambos casos porque se ha cumplido a cabalidad con las órdenes del tribunal cuando se ha tomado conocimiento legal de éstas y, en el segundo caso, además, porque el establecimiento no tiene los medios ni recursos para realizar clases telemáticas. Lo que se ha estado haciendo, es otorgar al estudiante un plan de apoyo pedagógico, que acompaña.

Detalla que en ocasiones excepcionales la presunta víctima ha coincidido en clases con el presunto responsable de los hechos que se le imputan, lo que ha acontecido en aquellas brechas temporales que median entre la expiración del plazo de la orden de alejamiento y la notificación de aquella que la renueva. En tales lapsos, argumenta, no se le puede impedir el acceso al colegio.

Señala que es falso que no se hayan aplicado los protocolos, sino que fueron aplicados en tiempo y forma, con respeto irrestricto de los procedimientos, incluyendo la notificación a ambas partes, de los resultados de ésta. Es más, indica que el padre de la denunciante denunció al establecimiento ante la Superintendencia de educación, la cual se tramitó en el expediente NUM000, que arrojó resultado favorable al establecimiento en el sentido de concluir que se habían cumplido todos los protocolos.

Concluye solicitando que se rechace el recurso, con expresa condenación en costas.

Acompaña variados documentos. 3°. - Que, en primer lugar, corresponde pronunciarse sobre la excepción dilatoria o de previo y especial pronunciamiento que opone la recurrida, fundada en la ineptitud del libelo.

Sobre el particular, conviene recordar que la doctrina reconoce a esta acción, el estar sujeta a un procedimiento informal, inquisitivo unilateral, breve y concentrado, abierto y provisorio. (Lautaro Ríos A. “El recurso de protección y sus innovaciones procesales”, Revista Chilena De Derecho, 20(2 y 3), 453– 466). En tal contexto, es evidente que precisamente por esos atributos, no es procedente un análisis tan acabado de la precisión del recurso, como lo exige la recurrida.

Por otra parte, el DFL N° 2, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº20.370 - General de Educación- con las normas no derogadas del Decreto Con Fuerza De Ley Nº 1, De 2005), en su artículo Art. 46 prescribe: “El Ministerio de Educación reconocerá oficialmente a los establecimientos educacionales que impartan enseñanza en los niveles de educación parvularia, básica y media, cuando así lo soliciten y cumplan con los siguientes requisitos: a) Tener un sostenedor. Serán sostenedores las personas jurídicas de derecho público, tales como municipalidades y otras entidades creadas o reconocidas por ley, y las personas jurídicas de derecho privado cuyo objeto social único sea la educación. El sostenedor será responsable del funcionamiento del establecimiento educacional." De tal suerte que, en virtud de la normativa señalada, puede concluirse la indisolubilidad que el legislador establece entre el sostenedor y el centro docente, pues como ha señalado la doctrina, aquél es la persona jurídica que lo organiza y mantiene en funcionamiento, garantizando la continuidad del proceso de enseñanza y tiene la responsabilidad de administrar y gestionar los fondos públicos, subvenciones, que eventualmente perciba el establecimiento educacional” (Flores, Juan, “Naturaleza y estatuto jurídico de la calidad de sostenedor educacional en el derecho chileno. Aspectos públicos y privados”.

VIII Jornadas de Derecho Administrativo: Lo público y lo privado en el Derecho Administrativo, Pontificia Universidad Católica de Chile) 4°. - Que, en virtud de lo previsto en el considerando precedente, se desechará la excepción de forma opuesta por el abogado de la Corporación Educacional Recurrida. 5°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo. 6°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 7°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 8°. - Que, la recurrente plantea, en síntesis, que el establecimiento educacional no adoptó las medidas necesarias para investigar y sancionar hechos de connotación sexual sufridos por su hija, ni se le ha brindado la protección necesaria para mitigar las consecuencias psíquicas y emocionales de tales hechos. 9°. - Que, la institución recurrida, por su parte, sostiene que activó el protocolo, y que ello fue corroborado por la Superintendencia de Educación; añade que denunció el hecho al Juzgado de familia, y que a raíz de aquello se dictó una medida cautelar de prohibición de acercamiento que favorece a la menor, que el colegio ha acatado. Finalmente, expone haber hecho entrega del protocolo de Convivencia escolar a la recurrente. 10°. - Que, de lo informado por la Corporación recurrida, y los documentos acompañados, es posible constatar que los actos de relevancia sexual en que habría incurrido nombre reservado, en perjuicio de nombre reservado, fueron sometidos a conocimiento judicial, tanto en sede proteccional como penal, y que la víctima hoy está amparada por una medida cautelar que impone al denunciado la prohibición de acercamiento a ella o a su hogar.

En virtud de lo anterior, no existe actualmente algún hecho u omisión atribuible a la Corporación educacional recurrida, que se encuentre lesionando o amenazando la garantía de integridad física o síquica de la menor nombre reservado 11°. - Que, en virtud de lo considerado en el párrafo final del basamento precedente, no es posible dar por satisfecho el primer presupuesto de la acción constitucional intentada, esto es, el derecho indubitado del recurrente, cuya protección sea necesaria disponer en esta sede cautelar.

Por otra parte, la misma falencia obliga a concluir que no ha sido posible dar por acreditada una actuación ilegal o arbitraria ejecutada por la Corporación Educacional recurrida, que vulnere actualmente la garantía constitucional invocada por el recurrente y susceptible de ser subsanada por esta vía.

En razón de lo anterior, resultando inoficioso ponderar las garantías fundamentales, que la recurrente estima vulneradas. 12°. - Que, de este modo, no concurriendo el primero de los requisitos indispensables para el éxito de la acción constitucional de protección, el presente arbitrio deberá necesariamente ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el interpuesto por nombre reservado, en representación de su hija menor nombre reservado, en contra de la Corporación Educacional nombre reservado, sostenedora del Colegio nombre reservado, representada legalmente por nombre reservado.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Redacción a cargo del abogado Baltazar Guajardo Carrasco.

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